Lo grave del asunto
es que el Doctor en Economía, Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
ha prometido subir las pensiones conforme al IPC en Diciembre (aunque esté en funciones) por lo que, casi con total seguridad, recurrirá a un Real Decreto-ley y la oposición no tiene lo que se necesita (güebos) para anunciar que interpondrá el oportuno recurso de inconstitucionalidad (ya que no se da el requisito de la "extraordinaria y urgente necesidad)
.
Tengo la convicción de que
el objetivo de esta persona es destruir España (en venganza de lo que le ocurrió durante 2016). Sé que es difícil, pero
la oposición (Vox, Partido Popular y Ciudadanos) debiera, en materia económica, seguir la estrategia de:
a)
exponer con honradez y claridad la precaria situación de las cuentas públicas (ampliación en
DEFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS A MITAD DE 2019)
b)
en relación a los pensionistas, hacerles comprender que la actualización con respecto al IPC podrá hacerse cuando las cuentas de la Seguridad Social o del Estado lo permitan (o incluso, hacerlo de forma no lineal, por ejemplo, se determina qué cantidad corresponde a la pensión más baja y, el importe en términos absolutos, aplicarlo a todas),
pero que asumirla mediante préstamos a pagar por las generaciones que les siguen es MORALMENTE UNA INJUSTICIA.
c)
respecto de la propuesta electoralista de P. Sánchez, constituir entre los tres partidos el grupo de 50 diputados necesario para interponer ante Tribunal Constitucional el oportuno recurso si la subida se opera a través de un Real Decreto-ley. Así el posible desgaste electoral no recaería en un Partido en concreto
POSDATA:
lo dicho para la revalorización de las pensiones es aplicable, en todos sus términos, a la subida prevista de los salarios de los empleados públicos.