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La Policía intercepta una furgoneta de los Mossos con documentación, camino de una incineradora - RTVE.es
Uno de los capítulos del informe se dedica a los altercados del 20 de septiembre, cuando miles de personas, convocadas por ANC y Òmnium, trataron de impedir los registros de la Guardia Civil en la Consejería de Economía en el marco de la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Los papeles de los Mossos recogen las conversaciones que mantuvieron con los líderes de las entidades soberanistas, a quienes los agentes autonómicos reconocen como los dirigentes de la concentración. Para justificar su inacción, pese a que algunos manifestantes destrozaron seis vehículos del instituto armado, los Mossos presentaban en todo momento la movilización por pacífica.
Sin embargo,
los documentos de los Mossos relatan que algunos de sus agentes de paisano fueron atacados con lanzamiento de objetos al ser confundidos con guardias civiles, lo que evidencia que no todo fue pacífico en esa concentración. Los Mossos pidieron a Anna Simó, dirigente de ERC y exsecretaria de la Mesa del Parlament, que mediara para permitir un pasillo para que la Guardia Civil pudiera hacer su trabajo, y esta, según los agentes, les contestó que “estaba claro que la masa no permitiría que nadie saliese del edificio”. Además, Cuixart, Sànchez y Xavier Vidal, también dirigente de la ANC, manifestaron a los agentes de la Generalitat “
que en ningún momento iban a pedir a la gente nada que significase facilitar el trabajo a la Guardia Civil”, según los papeles de la incineradora.
La Policía Nacional cita seis documentos de los Mossos que señalan que Sànchez y Cuixart fueron invitados a participar en todas las reuniones que los mandos de los Mossos mantenían con los de la Guardia Civil y les pedían su opinión sobre cuestiones operativas. Estos papeles revelan, además, que
Teresa Laplana, intendente de los Mossos en el barrio del Eixample, “les trasladó información sensible” en varias ocasiones ese día a los líderes soberanistas, como la llegada de los detenidos, el fin de los registros, o la salida de la Letrada de Administración de Justicia que dirigía el registro por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
Los Mossos trataron de hacer desaparecer documentación que corrobora
su inacción en el referéndum del 1 de octubre y en las jornadas de la campaña para la consulta ilegal. La Policía consiguió salvar 131 impresos que rellenaron en otros tantos colegios de toda Cataluña. La inmensa mayoría revela que ni se impidieron las votaciones, ni se cerró el centro —o se hizo al filo de las ocho de la tarde— ni se pidieron refuerzos a otras unidades para hacerlo. Solo en muy pocos casos, los agentes llegaron a identificar a los miembros de las mesas electorales o de las personas apostadas a la puerta para impedir su actuación.
Durante la campaña del referéndum, también prohibida por los jueces, los Mossos llevaban unas instrucciones para elaborar las actas que se iban a remitir a la fiscalía sobre estos actos públicos.
Estas actas señalaban que los agentes acudían a estas movilizaciones con el “objetivo” de “garantizar el normal desarrollo del acto”. Algunos agentes hicieron notar a sus jefes que lo que la fiscalía esperaba de ellos era “precisamente lo contrario”, es decir, que impidieran los actos. De los 31 actos a los que acudieron los Mossos el 18 de septiembre, solo en tres requisaron material.
Entre los papeles salvados del fuego se encuentran
al menos cinco comunicaciones de los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en los que los responsables de los Mossos reclaman a las patrullas que informe “a través del chat” —vía no reglamentaria— de la presencia y movimientos de policías y guardias civiles. “Parece ser que del barco Piolín están saliendo todas las furgosde CNP y GC”, informaba un tal Xavi Sánchez a sus superiores.
Los papeles que los Mossos iban a quemar complican el futuro de Trapero y Sànchez
si a parte de las declaraciones de un testigo, hay documentación proveniente de los mossos, no le digo.
