Los afectados por la Ley de Costas amenazan con no pagar la hipoteca
Advierten de que se llevarán todo su dinero a bancos extranjeros
Más de 200.000 propietarios españoles no ven otra salida ante el inminente derribo de sus construcciones.
Imagen de la piscina del hotel Sidi Saler, en Valencia - AP
Dejar de pagar sus hipotecas -altísimas en algunos casos- es la única salida que ven los más de 200.000 propietarios de casas edificadas a menos de 100 metros del mar. La Ley de Costas de 1988 prohíbe estas construcciones, aunque no fue hasta el año 2007 cuando la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, puso el acelerador en el cumplimiento de esta normativa con carácter retroactivo.
Ante el inminente derribo de sus propiedades los afectados han decidido que si en septiembre el Gobierno central no les da otra salida, dejarán de pagar sus hipotecas y, además, amenazan con llevarse sus ahorros y nóminas, es decir, todo su dinero, a bancos extranjeros.
«No tiene ningún sentido pagar una casa que van a derribar», aseguró ayer la presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (Pnalc), Carmen del Amo, quien aseguró que se trata de un tema muy delicado que puede tener consecuencias de extrema gravedad para los bancos españoles en un momento de elevada falta de liquidez como el actual.
No se trata solamente de casas, sino que, al tratarse de zonas costeras, hay cientos de hoteles, restaurantes y todo tipo de negocios. Del Amo explicó que muchos de estos establecimientos han intentado renegociar sus hipotecas para prolongarlas y sus bancos no se lo han permitido. Un caso llamativo es el hotel Sidi Saler, en la playa de Valencia, construido desde el año 1960.
La plataforma avisó de sus intenciones a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (Ceca), quienes por el momento todavía no se han pronunciado al respecto. Del mismo modo, los afectados enviaron a principios de año una carta al gabinete del presidente del Gobierno para intentar concertar una reunión. Les contestaron una vez pasadas las elecciones diciéndoles que resultaba imposible «encajar» la entrevista en la agenda del presidente. La mayoría de los afectados están todavía pagando sus hipotecas. Algunas llegan hasta los 400.000 euros de cuantía. El 85% de los afectados por los derribos son españoles, mientras que el 15% son ingleses o alemanes.
Advierten de que se llevarán todo su dinero a bancos extranjeros
Más de 200.000 propietarios españoles no ven otra salida ante el inminente derribo de sus construcciones.
Imagen de la piscina del hotel Sidi Saler, en Valencia - AP
Dejar de pagar sus hipotecas -altísimas en algunos casos- es la única salida que ven los más de 200.000 propietarios de casas edificadas a menos de 100 metros del mar. La Ley de Costas de 1988 prohíbe estas construcciones, aunque no fue hasta el año 2007 cuando la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, puso el acelerador en el cumplimiento de esta normativa con carácter retroactivo.
Ante el inminente derribo de sus propiedades los afectados han decidido que si en septiembre el Gobierno central no les da otra salida, dejarán de pagar sus hipotecas y, además, amenazan con llevarse sus ahorros y nóminas, es decir, todo su dinero, a bancos extranjeros.
«No tiene ningún sentido pagar una casa que van a derribar», aseguró ayer la presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (Pnalc), Carmen del Amo, quien aseguró que se trata de un tema muy delicado que puede tener consecuencias de extrema gravedad para los bancos españoles en un momento de elevada falta de liquidez como el actual.
No se trata solamente de casas, sino que, al tratarse de zonas costeras, hay cientos de hoteles, restaurantes y todo tipo de negocios. Del Amo explicó que muchos de estos establecimientos han intentado renegociar sus hipotecas para prolongarlas y sus bancos no se lo han permitido. Un caso llamativo es el hotel Sidi Saler, en la playa de Valencia, construido desde el año 1960.
La plataforma avisó de sus intenciones a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (Ceca), quienes por el momento todavía no se han pronunciado al respecto. Del mismo modo, los afectados enviaron a principios de año una carta al gabinete del presidente del Gobierno para intentar concertar una reunión. Les contestaron una vez pasadas las elecciones diciéndoles que resultaba imposible «encajar» la entrevista en la agenda del presidente. La mayoría de los afectados están todavía pagando sus hipotecas. Algunas llegan hasta los 400.000 euros de cuantía. El 85% de los afectados por los derribos son españoles, mientras que el 15% son ingleses o alemanes.
