Buen artículo y manda webos que en El País no estén con las mismas. ABC hoy también sacaba esto:
http://www.abc.es/20080608/economia-inmobiliario/ministerio-vivienda-protegida_200806080844.html
Con tu permiso, un copypaste:
El Ministerio de la vivienda protegida
POR MARÍA JESÚS PÉREZ. MADRID
Que todas las encuestas sociológicas sitúen a la vivienda como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos no es mera coincidencia. El derecho a una vivienda digna «y adecuada» está recogido en la Constitución Española, en su artículo 47. Sin embargo, como tantos otros derechos, no se cumple a rajatabla, ni mucho menos. A pesar de las reiteradas llamadas a la calma en los dos últimos años, y de las advertencias sobre el fin de la burbuja inmobiliaria, la vivienda en España es un bien sobrevalorado. A un precio de la vivienda descontrolado se ha unido el de los alquileres, «idem» de lo mismo.
Desde el pasado verano, con unos precios ya imposibles para los compradores, aunque afortunadamente ya estancados, la situación se ha recrudecido, como consecuencia de las turbulencias financieras internacionales originadas por la crisis «subprime» en Estados Unidos y por la paulatina subida del Euribor. La consecuente restricción del crédito tanto a promotores como a los posibles compradores de vivienda hacía necesaria la intervención del Gobierno, al que se demandaba desde varios frentes medidas para paliar la difícil situación tanto para el sector como para el ciudadano.
Se antojaba entonces, y se antoja aún ahora, la necesidad de una inyección de ánimo tanto para compradores como para vendedores a través de medidas efectivas. De hecho, desde abril hay un compromiso firme por parte del Gobierno en materia de vivienda. La recién nombrada ministra del ramo, Beatriz Corredor, se propone hacer del alquiler y su versión VPO —vivienda de protección oficial— para arrendar con posterior opción a compra, la fórmula estrella para el futuro del sector inmobiliario en España.
Esta última fórmula, según el Ministerio de Vivienda, dará un cierto respiro a las personas que deseen o que necesiten formar un nuevo hogar y, también insuflará confianza en el sector constructor y promotor al acudir a este mercado bajo el manto de los créditos del ICO.
La ministra Corredor no alberga dudas. Esta semana, en la que ha sido su primera intervención ante la comisión de vivienda del Congreso de los Diputados, explicaba que los grandes objetivos de su Ministerio para los próximos cuatro años pasan por la mejora del acceso a la vivienda protegida, la promoción de alojamientos destinados a colectivos específicos (jóvenes, universitarios, personas mayores, víctimas de malos tratos e investigadores), el impulso del alquiler y la rehabilitación.
Las principales líneas de actuación de su departamento forman la columna vertebral del «Plan Nacional 2008-2012» y, según dijo, permitirá que «uno de cada tres nuevos hogares recibirá algún tipo de ayuda para acceder a su vivienda a lo largo de la legislatura».
Pero «vendía» más. Para reforzar su apuesta por fomentar el alquiler, tanto libre como protegido, otro de los compromisos que anunciaba es que el 40% de las viviendas protegidas que se edifiquen en los próximos diez años lo sean en régimen de alquiler.
Cancha al alquiler
Con la idea de darle cancha al alquiler coinciden muchos expertos. Si bien no lo ven como única medida a poner en marcha. «El alza de tipos —el Euribor ha alcanzado esta misma semana el 5,418%— ha ensanchado tanto el diferencial entre el precio del alquiler y la cuota de una hipoteca que ya compensa más alquilar que comprar. A tipos bajos prima la compra, y a tipos altos gana puntos el alquiler», aseguran desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
Más allá de las medidas dispuestas por el Ejecutivo para impulsar la construcción de VPO y la rehabilitación, agilizar la licitación de obra pública y ayudar a la recolocación de parados, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, se ha mostrado contrario a adoptar medidas excepcionales. «Hay que tener claro que el sector ha acumulado ciertos excesos en años anteriores y que estos deben ser corregidos para que la construcción pueda volver a crecer con normalidad», afirmó en la Comisión de Economía del Congreso.
Paradojas de la VPO
Se da la circunstancia de que la vivienda protegida tiene un precio más o menos apetecible y asequible dependiendo de la comunidad en la que se encuentre. En las comunidades con un nivel de renta por habitante más bajo, como la extremeña, la VPO es una opción más, sin embargo para la madrileña representa una gran oportunidad comparada con el precio de la vivienda libre. Los desequilibrios de precios entre la protegida y la libre igualmente varían de una provincia a otra. Por ejemplo, en Teruel el metro cuadrado de vivienda libre cuesta 1.049,6 euros, tan sólo medio euro por debajo del de vivienda protegida. Del lado contrario, está el caso de Vizcaya (3.115,1 euros por metro cuadrado el precio de la vivienda libre, frente a los 1.207,3 euros de la protegida) o el de Madrid (3.004 y 1.108 euros, respectivamente).
Momento ideal para comprar
Al margen de estos desequilibrios de precios, para la actual ministra de vivienda ahora es «el momento adecuado para comprar una vivienda si realmente se necesita», y lo justifica indicando que los precios de las casas suben en torno al IPC y que algunos promotores han realizado rebajas en los precios protegidos.
Al hilo de estas declaraciones, la asociación Plataforma por una Vivienda Digna ha puesto el grito en el cielo: «consideramos de una demagogia e irresponsabilidad máxima que se anime a comprar en un entorno en el que el precio de la vivienda está en clara disminución, en el que la jovenlandesesidad por el sobreendeudamiento hipotecario está creciendo vertiginosamente, en el que se afronta un escenario de posibles nuevas subidas de tipos de interés y de grave recesión de la economía española –con aumentos significativos de desempleo— y en el que los vendedores y promotores de vivienda se resisten al único camino lógico que existe para salir del atolladero: bajar los precios significativamente».
Mientras, los promotores, reacios en un principio a las propuestas del Gobierno, ahora confían en que, a corto y medio plazo, con la implantación de medidas sensatas, el sector recupere un nivel de actividad razonable, fruto de la recuperación de la compra extranjera de segunda residencia, del dinamismo en la formación de hogares y de la salida al mercado de una demanda que en los últimos meses ha estado contenida.
Apenas un mes antes de la comparecencia de esta semana de Corredor, para reactivar el sector de la construcción desde la patronal se pedía dar salida al «stock» de inmuebles sin vender, adaptándolo a una nueva categoría de vivienda con un coste superior al de la VPO, pero inferior al precio de venta inicialmente previsto para estas promociones. En este caso, el promotor tendría que «sacrificar» parte del precio de venta previsto, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda, y dar salida así al «stock», pero con precios superiores a los de la VPO para no perder excesivas cotas de rentabilidad.
El pasado mes de abril, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, explicaba que la Administración había subido los precios máximos en pisos protegidos en una media del 30%, «lo que hace rentable para las inmobiliarias convertir su stock de viviendas en VPO», aseguraba. La propia Martinsa-Fadesa dispondría así de 30.000 viviendas libres que podría reconvertir en protegidas.
«Este es el proyecto que más ha sonado desde principios de año —asegura un experto del sector— ya que ayudaría a las constructoras a sobrellevar la crisis y habría gran cantidad de viviendas mucho más económicas para los futuros compradores».
Una postura que no ha gustado nada en la Plataforma de Vivienda Digna: «Le recordamos a la nueva ministra, que el Ministerio de Vivienda es una institución pública que sufragamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tiene suficientes problemas de los que preocuparse como para dedicarse a potenciar la labor comercial de las inmobiliarias. Entre ellas, las innumerables deficiencias en la tramitación de las ayudas al alquiler, la desproporcionada subida sin ningún tipo de justificación de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas, la proliferación de nuevas tipologías de vivienda protegida sin fines estrictamente sociales, o los anómalos mecanismos de financiación municipal y autonómica». Abierto, pues, un nuevo debate: ¿es ético usar los pisos públicos para salvar de la crisis al sector que la provocó? La polémica está servida
Congratulations a Billy y todos los miembros de la Plataforma. Estais haciendo mella y habeis conseguido de ser vistos como verdaderos "EXPERTOS", dignos de ser oidos.
Un poco de critica hacía ABC:
No veo mencionado el sobre-stock existente y sus consequencias para el mercado de la vivienda libre y la futura construccion.
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