J
Josec
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En pleno siglo XXI existe en España, en Europa, una zona donde la gente
no es libre, donde se persiguen las ideologías, donde se amenaza y se
asesina. ¿Que hace el P$OE por sus compañeros y en favor de la libertad en
esa zona de España donde ya se les tenia casi acorralados a los terroristas?
ETA-Batasuna ha conseguido que más de un centenar de concejales del País
Vasco y Navarra hayan renunciado «de hecho a sus puestos, en una estrategia
de la banda y su entramado para controlar de nuevo los ayuntamientos
J. M. ZULOAGA / R. L VARGAS
Madrid- Más de un centenar de concejales del País Vasco y Navarra han
renunciado a sus puestos como consecuencia de la campaña promovida por
ETA-Batasuna para que los «electos ladrones» dejen los escaños que, de
haberse presentado las candidaturas promovidas por la coalición, habrían
correspondido, según ellos, a individuos de esta formación política. Se
trata de un plan de intimidación que se desarrolla en silencio, casi sin
publicidad. El diario «Gara» ha informado en varias ocasiones de la marcha
de la campaña.
Sin formalizar. Sin embargo, las supuestas renuncias no se han
formalizado de manera oficial y las Juntas Electorales, que ordenan su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, sólo tienen conocimiento de
unas quince, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas.
En cualquier caso, se trata de una estrategia urdida por ETA-Batasuna
para que los ayuntamientos en los que, antes de ser ilegalizada la
coalición, disponían de alcalde o contaban con un cierto número de
representantes, no puedan, como persigue la Ley de Partidos al excluir a los
proetarras del juego electoral, funcionar democráticamente y para preparar
el terreno de cara a los próximos comicios en los que podrían estar
presentes si el «proceso negociador» entre el Gobierno y ETA va por buen
camino.
El 31 de julio del año pasado, «Gara» publicaba una información, que ya no
se puede consultar en su página web, en la que daba cuenta de unas
declaraciones de uno de los líderes de Batasuna, Fernando Barrena, en las
que anunciaba que iban a enviar una carta a 417 (esta cifra la han subido a
492 en posteriores publicaciones) para exigirles su dimisión porque «ocupan
ese puesto ilegítimamente».
«Después de las elecciones municipales de 2003, hay 417 puestos de
concejales que no corresponden a las personas que, en estos momentos y según
la legalidad española, son sus titulares», señalaba. De los 417, 277
pertenecían a la coalición PNV EA, 41 al PSE, 30 al PP-UPN, 14 a EB, 10 a
Aralar, 2 a CDN, 1 a Batzarre y 42 a otro tipo de candidaturas.
Seis meses después, el 13 de enero de 2005, «Gara» anunciaba que «cada
vez son más las personas que no ocupan una concejalía correspondiente por
voluntad popular a las plataformas declaradas ilegales por el Estado español
(...) ya son 81 las vacantes». A raíz de esta información, que facilitaron
en rueda de prensa representantes de las «plataformas ilegalizadas» , las
Fuerzas de Seguridad trataron de comprobar cuantas de dichas renuncias se
habían formalizado ante las Juntas Electorales y sólo eran quince, sin que
en todos los casos se pudiera afirmar que el motivo era la presión
proetarra.
Presión de ETA. Las mencionadas fuentes señalan que «estamos ante un
nuevo capítulo, especialmente grave, de la acción de ETA sobre la sociedad
vasca. La banda y los que la apoyan han diseñado toda una estrategia para
volver a estar presentes y controlar los ayuntamientos del País Vasco y
Navarra en los que estaban antes de que fuera promulgada la Ley de Partidos.
El aspecto ruidoso y público de este plan se conoce por las algaradas y
ocupaciones que realizan los proetarras, pero el asunto es mucho más sutil,
como demuestran las cifras facilitadas por las referidas plataformas con
unas renuncias que, aunque no estén oficializadas, se deben estar
produciendo "de hecho"».
«La "fuerza" que da tener una banda terrorista detrás es la que permite
a los instigadores la realización de esta campaña», subrayaron.
El 22 de mayo, «Gara» se hacía eco de una rueda de prensa celebrada por
los representantes de AuB, la coalición ideada por Batasuna para las
municipales, que fue también ilegalizada, y otros plataformas anuladas. En
esta ocasión, situaron la cifra de los ediles que aún restan por dimitir en
«más de trescientos» de los 492 «electos ladrones» que ocuparon los puestos
que, según ellos, les correspondían. Es decir, que la cifra de los
«dimisionarios» supera ya con creces el centenar y se puede acercar a los
doscientos.
Petición a Zapatero. Dado el ambiente pre negociador que se vive en
estos días, se dirigieron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, para decirle que « si de verdad quiere ir hasta el final, debe
derogar la Ley de Partidos».
El objetivo final de los que han ideado esta estrategia es el de
provocar que renuncien todos los integrantes de las candidaturas que
obtuvieron ediles en las localidades que les interesa. (Esta puede ser la
razón de que las renuncias no se hayan oficializado). En ese momento, sería
de aplicación el artículo 182 de la Ley Electoral que señala:
« 1.- En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un
concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de
la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.
2.- En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no
quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán
cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa
de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido,
coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de
ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral correspondiente, a
efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso, no podrán
ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en
aquella lista, hubieran renunciado al cargo anteriormente.
3.- En el caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la
correspondiente convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del
número legal de miembros de la corporación, se constituirá una comisión
gestora integrada por todos los miembros de la corporación que continúen y
los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacantes,
conforme a lo previsto en el párrafo anterior».
Ya intervienen. En la actualidad, las plataformas ilegalizadas
intervienen y se les da voz en los plenos en las siguientes localidades:
Ondárroa, Erandio, Guecho, Sestao y Elorrio, en Vizcaya; en Azpeitia, Lezo,
Urretxu, Azcoitia, Beasain, Vergara y Urnieta, en Guipúzcoa; y en Santa Cruz
de Campezo, Salvatierra, Cuartango y Llodio, en Álava.
Uno de los casos que los proetarras sacan a la luz con más profusión en sus
comparecencias es el de la localidad de Lizartza, de la que es alcalde el
dirigente peneuvista Joseba Egibar, al que han llegado a calificar de
«buitre» ya que ocupa un puesto que, según ellos, corresponde a un tal José
Antonio Mintegti, que ya fue alcalde.
no es libre, donde se persiguen las ideologías, donde se amenaza y se
asesina. ¿Que hace el P$OE por sus compañeros y en favor de la libertad en
esa zona de España donde ya se les tenia casi acorralados a los terroristas?
ETA-Batasuna ha conseguido que más de un centenar de concejales del País
Vasco y Navarra hayan renunciado «de hecho a sus puestos, en una estrategia
de la banda y su entramado para controlar de nuevo los ayuntamientos
J. M. ZULOAGA / R. L VARGAS
Madrid- Más de un centenar de concejales del País Vasco y Navarra han
renunciado a sus puestos como consecuencia de la campaña promovida por
ETA-Batasuna para que los «electos ladrones» dejen los escaños que, de
haberse presentado las candidaturas promovidas por la coalición, habrían
correspondido, según ellos, a individuos de esta formación política. Se
trata de un plan de intimidación que se desarrolla en silencio, casi sin
publicidad. El diario «Gara» ha informado en varias ocasiones de la marcha
de la campaña.
Sin formalizar. Sin embargo, las supuestas renuncias no se han
formalizado de manera oficial y las Juntas Electorales, que ordenan su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, sólo tienen conocimiento de
unas quince, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas.
En cualquier caso, se trata de una estrategia urdida por ETA-Batasuna
para que los ayuntamientos en los que, antes de ser ilegalizada la
coalición, disponían de alcalde o contaban con un cierto número de
representantes, no puedan, como persigue la Ley de Partidos al excluir a los
proetarras del juego electoral, funcionar democráticamente y para preparar
el terreno de cara a los próximos comicios en los que podrían estar
presentes si el «proceso negociador» entre el Gobierno y ETA va por buen
camino.
El 31 de julio del año pasado, «Gara» publicaba una información, que ya no
se puede consultar en su página web, en la que daba cuenta de unas
declaraciones de uno de los líderes de Batasuna, Fernando Barrena, en las
que anunciaba que iban a enviar una carta a 417 (esta cifra la han subido a
492 en posteriores publicaciones) para exigirles su dimisión porque «ocupan
ese puesto ilegítimamente».
«Después de las elecciones municipales de 2003, hay 417 puestos de
concejales que no corresponden a las personas que, en estos momentos y según
la legalidad española, son sus titulares», señalaba. De los 417, 277
pertenecían a la coalición PNV EA, 41 al PSE, 30 al PP-UPN, 14 a EB, 10 a
Aralar, 2 a CDN, 1 a Batzarre y 42 a otro tipo de candidaturas.
Seis meses después, el 13 de enero de 2005, «Gara» anunciaba que «cada
vez son más las personas que no ocupan una concejalía correspondiente por
voluntad popular a las plataformas declaradas ilegales por el Estado español
(...) ya son 81 las vacantes». A raíz de esta información, que facilitaron
en rueda de prensa representantes de las «plataformas ilegalizadas» , las
Fuerzas de Seguridad trataron de comprobar cuantas de dichas renuncias se
habían formalizado ante las Juntas Electorales y sólo eran quince, sin que
en todos los casos se pudiera afirmar que el motivo era la presión
proetarra.
Presión de ETA. Las mencionadas fuentes señalan que «estamos ante un
nuevo capítulo, especialmente grave, de la acción de ETA sobre la sociedad
vasca. La banda y los que la apoyan han diseñado toda una estrategia para
volver a estar presentes y controlar los ayuntamientos del País Vasco y
Navarra en los que estaban antes de que fuera promulgada la Ley de Partidos.
El aspecto ruidoso y público de este plan se conoce por las algaradas y
ocupaciones que realizan los proetarras, pero el asunto es mucho más sutil,
como demuestran las cifras facilitadas por las referidas plataformas con
unas renuncias que, aunque no estén oficializadas, se deben estar
produciendo "de hecho"».
«La "fuerza" que da tener una banda terrorista detrás es la que permite
a los instigadores la realización de esta campaña», subrayaron.
El 22 de mayo, «Gara» se hacía eco de una rueda de prensa celebrada por
los representantes de AuB, la coalición ideada por Batasuna para las
municipales, que fue también ilegalizada, y otros plataformas anuladas. En
esta ocasión, situaron la cifra de los ediles que aún restan por dimitir en
«más de trescientos» de los 492 «electos ladrones» que ocuparon los puestos
que, según ellos, les correspondían. Es decir, que la cifra de los
«dimisionarios» supera ya con creces el centenar y se puede acercar a los
doscientos.
Petición a Zapatero. Dado el ambiente pre negociador que se vive en
estos días, se dirigieron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, para decirle que « si de verdad quiere ir hasta el final, debe
derogar la Ley de Partidos».
El objetivo final de los que han ideado esta estrategia es el de
provocar que renuncien todos los integrantes de las candidaturas que
obtuvieron ediles en las localidades que les interesa. (Esta puede ser la
razón de que las renuncias no se hayan oficializado). En ese momento, sería
de aplicación el artículo 182 de la Ley Electoral que señala:
« 1.- En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un
concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de
la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.
2.- En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no
quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán
cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa
de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido,
coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de
ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral correspondiente, a
efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso, no podrán
ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en
aquella lista, hubieran renunciado al cargo anteriormente.
3.- En el caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la
correspondiente convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del
número legal de miembros de la corporación, se constituirá una comisión
gestora integrada por todos los miembros de la corporación que continúen y
los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacantes,
conforme a lo previsto en el párrafo anterior».
Ya intervienen. En la actualidad, las plataformas ilegalizadas
intervienen y se les da voz en los plenos en las siguientes localidades:
Ondárroa, Erandio, Guecho, Sestao y Elorrio, en Vizcaya; en Azpeitia, Lezo,
Urretxu, Azcoitia, Beasain, Vergara y Urnieta, en Guipúzcoa; y en Santa Cruz
de Campezo, Salvatierra, Cuartango y Llodio, en Álava.
Uno de los casos que los proetarras sacan a la luz con más profusión en sus
comparecencias es el de la localidad de Lizartza, de la que es alcalde el
dirigente peneuvista Joseba Egibar, al que han llegado a calificar de
«buitre» ya que ocupa un puesto que, según ellos, corresponde a un tal José
Antonio Mintegti, que ya fue alcalde.
