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Turismo solicita la colaboración de la Agencia Tributaria, que emprenderá más de 1.500 actuaciones para detectar la actividad turística sin declarar. La Ley de Arrendamiento Urbano facilita encubrir las estancias PALMA | MIQUEL MANSO Las cuentas no cuadran. La cifra de visitantes crece año tras año en Balears mientras descienden las pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados. Este desajuste no se explica sólo con los viajeros que acuden a la casa de familiares y amigos. La conselleria de Turismo ha reclamado la ayuda del fisco para poner coto a la oferta ilegal extrahotelera. El conseller del ramo, Francesc Buils, y el delegado especial de la Agencia Tributaria, Raúl Burillo, se han entrevistado para coordinar una actuación conjunta, confirmó ayer el propio Buils.
Los agentes tributarios colaborarán en la detección de la posible actividad económica sin declarar. Estos funcionarios centrarán su labor en los apartamentos y viviendas unifamiliares alquilados a turistas sin que sus propietarios se hayan dado de alta como empresarios del sector. El fisco emprenderá más de 1.500 actuaciones dirigidas a comprobar si se declara el rendimiento de los alquileres y si las sociedades intermediarias abonan los impuestos correspondientes.
El Ejecutivo autonómico desconoce el volumen de negocio que proporcionan estos alojamientos no reglados. Un estudio de la Cámara de Comercio elaborado en 2003 calcula que cada año generan unas veinte millones de estancias.
Para poner fin a esta práctica, los dos organismos implicados en su persecución rubricarán un protocolo de intercambio de información a finales de este mes o principios de mayo, especificó Buils. Los inspectores de la conselleria de Turismo se volcarán en el rastreo de las páginas web, el canal habitual de las redes proveedoras de apartamentos y viviendas.
La conselleria de Turismo se enfrenta a dos problemas a la hora de perseguir la oferta turística ilegal. En primer lugar, la escasez de medios humanos. El cuerpo de inspectores ronda la quincena de funcionarios. En segundo término, la ley de contratos de arrendamiento facilita encubrir las estancias de turistas como si se tratase de alquileres al uso.
Además, fuentes consultadas apuntaron una dificultad extra a la hora de sacar a la luz esta bolsa de economía sumergida. «Muchos viajeros extranjeros ya llegan a Balears con las llaves del apartamento en la mano», reconocen. Al mismo problema de Balears se enfrentan todas las comunidades autónomas costeras que han asistido al desarrollo del sector de la construcción. Por ejemplo, la Generalitat de Catalunya sólo tiene 23.000 apartamentos registrados, unas 90.000 plazas, pero el sector calcula que hay más de 250.000 pisos sin regularizar, lo que se traduce en más de un millón de camas. Esta bolsa de apartamentos sin declarar plantea, según la Generalitat, dos problemas: el primero es fiscal y el segundo es de calidad de los servicios.
Por otra parte, el conseller de Turismo, Franscesc Buils, corroboró que el plan para regular plazas hoteleras se encuentra muy avanzado. En este plan no se incluyen las correspondientes a establecimientos extrahoteleros, como es el caso de las viviendas vacacionales y apartamentos turísticos.
El número de plazas objeto de normalización oscilan entre las 5.000 y las 10.000 en el conjunto de Balears dependiendo de la fuente consultada. Las conversaciones con empresarios y sindicatos para poner en marcha esta regularización se han llevado con sumo sigilo. El anterior conseller de Turismo, Joan Flaquer, siempre negó la existencia de negociaciones encaminadas a sacar a la luz las miles de camas explotadas al margen del control de la Administración pese a que el entonces presidente de los hoteleros, Pere Cañellas, y los propios sindicatos reconocían la celebración de estos encuentros con el director general de Planificación Turística, Josep Aloy.
Turismo solicita la colaboración de la Agencia Tributaria, que emprenderá más de 1.500 actuaciones para detectar la actividad turística sin declarar. La Ley de Arrendamiento Urbano facilita encubrir las estancias PALMA | MIQUEL MANSO Las cuentas no cuadran. La cifra de visitantes crece año tras año en Balears mientras descienden las pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados. Este desajuste no se explica sólo con los viajeros que acuden a la casa de familiares y amigos. La conselleria de Turismo ha reclamado la ayuda del fisco para poner coto a la oferta ilegal extrahotelera. El conseller del ramo, Francesc Buils, y el delegado especial de la Agencia Tributaria, Raúl Burillo, se han entrevistado para coordinar una actuación conjunta, confirmó ayer el propio Buils.
Los agentes tributarios colaborarán en la detección de la posible actividad económica sin declarar. Estos funcionarios centrarán su labor en los apartamentos y viviendas unifamiliares alquilados a turistas sin que sus propietarios se hayan dado de alta como empresarios del sector. El fisco emprenderá más de 1.500 actuaciones dirigidas a comprobar si se declara el rendimiento de los alquileres y si las sociedades intermediarias abonan los impuestos correspondientes.
El Ejecutivo autonómico desconoce el volumen de negocio que proporcionan estos alojamientos no reglados. Un estudio de la Cámara de Comercio elaborado en 2003 calcula que cada año generan unas veinte millones de estancias.
Para poner fin a esta práctica, los dos organismos implicados en su persecución rubricarán un protocolo de intercambio de información a finales de este mes o principios de mayo, especificó Buils. Los inspectores de la conselleria de Turismo se volcarán en el rastreo de las páginas web, el canal habitual de las redes proveedoras de apartamentos y viviendas.
La conselleria de Turismo se enfrenta a dos problemas a la hora de perseguir la oferta turística ilegal. En primer lugar, la escasez de medios humanos. El cuerpo de inspectores ronda la quincena de funcionarios. En segundo término, la ley de contratos de arrendamiento facilita encubrir las estancias de turistas como si se tratase de alquileres al uso.
Además, fuentes consultadas apuntaron una dificultad extra a la hora de sacar a la luz esta bolsa de economía sumergida. «Muchos viajeros extranjeros ya llegan a Balears con las llaves del apartamento en la mano», reconocen. Al mismo problema de Balears se enfrentan todas las comunidades autónomas costeras que han asistido al desarrollo del sector de la construcción. Por ejemplo, la Generalitat de Catalunya sólo tiene 23.000 apartamentos registrados, unas 90.000 plazas, pero el sector calcula que hay más de 250.000 pisos sin regularizar, lo que se traduce en más de un millón de camas. Esta bolsa de apartamentos sin declarar plantea, según la Generalitat, dos problemas: el primero es fiscal y el segundo es de calidad de los servicios.
Por otra parte, el conseller de Turismo, Franscesc Buils, corroboró que el plan para regular plazas hoteleras se encuentra muy avanzado. En este plan no se incluyen las correspondientes a establecimientos extrahoteleros, como es el caso de las viviendas vacacionales y apartamentos turísticos.
El número de plazas objeto de normalización oscilan entre las 5.000 y las 10.000 en el conjunto de Balears dependiendo de la fuente consultada. Las conversaciones con empresarios y sindicatos para poner en marcha esta regularización se han llevado con sumo sigilo. El anterior conseller de Turismo, Joan Flaquer, siempre negó la existencia de negociaciones encaminadas a sacar a la luz las miles de camas explotadas al margen del control de la Administración pese a que el entonces presidente de los hoteleros, Pere Cañellas, y los propios sindicatos reconocían la celebración de estos encuentros con el director general de Planificación Turística, Josep Aloy.
