ruixat
Madmaxista
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Se acabó negociar con la comunidad y/o ayuntamiento para poner antenas. Cuando interesa a los amos -multinacionales que les enchufarán a ellos y/o sus hijos, se puede expropiar tranquilamente.
La nueva Ley de Telecomunicaciones, en vigor desde el pasado mayo, ha generado preocupación entre las comunidades de vecinos y los administradores de fincas por un artículo, el número 29, que aunque ya estaba en la normativa anterior (del año 2003) es ahora cuando ha cobrado mayor protagonismo.
Se trata del apartado que permite a las operadoras de telefonía móvil ocupar espacios privados, como la azotea de un edificio, para instalar una antena que permita el desarrollo de su red de telecomunicaciones y la mejora del servicio. Es decir, recurrir a una expropiación forzosa o a una servidumbre forzosa siempre que el proyecto sea declarado de utilidad pública por el Ministerio de Industria y que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, según recoge la ley.
Hasta el momento, según recordaron desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, la efectividad de este tipo de medidas había sido nula «en gran parte porque los ayuntamientos las frenaban mediante ordenanzas y normas de planificación urbanística que impedían obtener los permisos necesarios» y que, en la práctica, dejaban sin efecto la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, la nueva normativa elimina las competencias municipales y también la necesidad de obtener licencias de obras o de realizar estudios de impacto ambiental.
Los ayuntamientos no podrn paralizar la expropiacin de azoteas para ubicar antenas . Las Provincias
La nueva Ley de Telecomunicaciones, en vigor desde el pasado mayo, ha generado preocupación entre las comunidades de vecinos y los administradores de fincas por un artículo, el número 29, que aunque ya estaba en la normativa anterior (del año 2003) es ahora cuando ha cobrado mayor protagonismo.
Se trata del apartado que permite a las operadoras de telefonía móvil ocupar espacios privados, como la azotea de un edificio, para instalar una antena que permita el desarrollo de su red de telecomunicaciones y la mejora del servicio. Es decir, recurrir a una expropiación forzosa o a una servidumbre forzosa siempre que el proyecto sea declarado de utilidad pública por el Ministerio de Industria y que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, según recoge la ley.
Hasta el momento, según recordaron desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, la efectividad de este tipo de medidas había sido nula «en gran parte porque los ayuntamientos las frenaban mediante ordenanzas y normas de planificación urbanística que impedían obtener los permisos necesarios» y que, en la práctica, dejaban sin efecto la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, la nueva normativa elimina las competencias municipales y también la necesidad de obtener licencias de obras o de realizar estudios de impacto ambiental.
Los ayuntamientos no podrn paralizar la expropiacin de azoteas para ubicar antenas . Las Provincias
