Ana Botella avaló adjudicaciones millonarias a Gowex. Jenaro García utilizó la UPM de plataforma par

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La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP); Jenaro García, el empresario que ha confesado la falsificación de las cuentas de Gowex, y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) protagonizaron un triángulo que, en los últimos cinco años, habría sido fundamental para explicar por qué el consistorio de la capital apalancó la expansión de la ingeniería que ha engañado a los mercados.

La primer edil de Madrid avaló con su firma que Gowex lograra adjudicarse algunos de los principales concursos que la UPM había puesto en marcha. Varios ejemplos son los proyectos Rocket, Esmesec e Idespec, fechados en 2010.

Como vice alcaldesa, Botella lideraba desde 2008 el consejo social del campus tecnológico, el máximo órgano de gobierno extra académico, cuya función destacada es el control presupuestario de la universidad.

Proyectos destacados

La colaboración, en distintos grados de compromiso, de la institución docente con la empresa de wifi alcanza el centenar de referencias. Diversas fuentes coinciden en que el idilio de Gowex con las instituciones de Madrid se fragua en este entorno.

La compañía de García se llevó, por ejemplo, el gato al agua para crear una red de comunicación con capacidad de prever y facilitar la gestión de tragedias en el metro y bus madrileño. Al ser un encargo de envergadura, Telefónica I+D y SICE lograron parte del concurso.

En este proyecto también está embarcada la UPM y se financió gracias a los planes Avanza, que puso en marcha el gobierno socialista. En paralelo llegarían las grandes adjudicaciones, como la concesión del servicio de wifi por parte de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Negocio a costa del erario

Gowex se basó en trabajar con el ayuntamiento para aprovechar las subvenciones comunitarias y construir, por cuenta del erario madrileño, redes sobre las que, luego, García implantaba servicios propios como portales de publicidad.

Este patrón, que Gowex reprodujo en otras 90 ciudades, es difícil de rastrear y, por tanto, de cuantificar y es donde radica el presunto engaño. Supuestamente, el grueso de los ingresos provenía de realquilar a otros operadores esa infraestructura desplegada con recursos ajenos, no sólo de ayuntamientos, sino también de empresas con presencia en la vía pública, como los restaurantes.

Origen del engaño

Al esquema de negocio se le atribuyó en las cuentas falseadas ingresos de 184 millones de euros al año. El auditor estadounidense que destapó el escándalo, Gotham, reduce la cifra a una décima parte. Los autores del informe que ha hecho estallar la burbuja de Gowex también aseguran que ni de lejos gestiona los 100.000 puntos de conexión declarados. La cifra estimada es de 5.000.

Cuando Botella avaló las actas del consejo social de la UPM, que visaba las adjudicaciones, García era un reputado empresario. Gowex no sólo ha salpicado a la alcaldesa de Madrid, también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), que le entregó personalmente un premio hace dos meses.

Una vez levantado el velo, Madrid ha anunciado que suspenderá las concesiones si se demuestra el engaño masivo. En la UPM no han respondido a este diario.

Botella aval adjudicaciones millonarias a Gowex


Como vice alcaldesa, Botella lideraba desde 2008 el consejo social del campus tecnológico, el máximo órgano de gobierno extra académico, cuya función destacada es el control presupuestario de la universidad.

Es impresionante como en este país una orate así puede ocupar esos cargos.
 
Nada que no haya denunciado ZParo Reincidente hace ¿años?

El tapón de cosa que hay en las catedras de la UPM va a brotar como un geiser.

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PD:

Sabemos que varios profesores ingresan importantes cantidades de dinero por medio de fundaciones sobre las que se tiene menos control fiscal aún, y que otros con dedicación completa en la UPM ostentan cargos mercantiles en empresas privadas perfectamente conocidas por el rector. Varios fiscales también lo saben, y ahora, leyendo las 63 conclusiones, ya resulta muy evidente que la falta de cualquier tipo de control y el desconocimiento oficial de ingresos de funcionarios públicos forma parte de una política decididamente encubridora y cómplice amparada por la autonomía universitaria de la UPM.
La denuncia al completo:
Nota:
A la Fiscalía Anticorrupción, Tel: 915717415 Fax: 915793846 (solicitando pronto acuse de recibo)
Cc: Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Oficina de Conflictos de Intereses, Inspección de Trabajo, Unidad de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria (AEAT), Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Documento publicado en http://www.miguelgallardo.es/fiscalizando.pdf

1º Hace pocos días la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha hecho público el INFORME DE LA FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES, ejercicio 2008, cuyas 63 conclusiones son indicios racionales de muy diversa criminalidad, al menos, por presunta malversación de caudales públicos, falsedad documental, así como tráfico de influencias y fraude fiscal que resultaría fácil de evidenciar si la fiscalía requiriese pronto a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid toda la documentación contable que se referencia en el citado informe de 114 páginas, aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 30/5/2011, que se encuentra en disponible en formato PDF en Internet
http://www.madrid.org/camaradecuenta...ica.300611.pdf

La primera conclusión de ese informe dice “Todos los ingresos y gastos derivados de contratos y convenios de investigación y los suscritos al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la LOU se gestionan por la OTT. El departamento de nóminas de la Universidad, que gestiona tanto el pago de las mismas como las retenciones fiscales y de seguridad social, desconoce oficialmente cualquier dato sobre el personal contratado relacionado con estas actividades”. Sabemos que varios profesores ingresan importantes cantidades de dinero por medio de fundaciones sobre las que se tiene menos control fiscal aún, y que otros con dedicación completa en la UPM ostentan cargos mercantiles en empresas privadas perfectamente conocidas por el rector. Varios fiscales también lo saben, y ahora, leyendo las 63 conclusiones, ya resulta muy evidente que la falta de cualquier tipo de control y el desconocimiento oficial de ingresos de funcionarios públicos forma parte de una política decididamente encubridora y cómplice amparada por la autonomía universitaria de la UPM.

Otras conclusiones permiten afirmar que las irregularidades contables no pueden deberse a errores simples, sino que se acumulan siempre en beneficio de funcionarios públicos que tienen perfecto control de sus ingresos fuera de sus nóminas, pero nadie más tiene control alguno sobre ellos.

2º El informe no fiscaliza fundaciones (hay más de una docena) ni empresas (hay centenares de cargos mercantiles en descarada incompatibilidad y serio conflicto de intereses, e incluso hay una sociedad gestora de entidades de capital riesgo que administra fondos de varias docenas de millones de euros que recibió una capitalización de 3 millones de euros de la extinta Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid y numerosas subvenciones y ayudas públicas, incluyendo fondos europeos) dependientes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) administradas por funcionarios públicos con dedicación completa en la UPM. Existen dolosos actos de jactancia sobre sus inicuos negocios, hasta el punto de que el letrado director de la asesoría jurídica de la UPM, Juan Manuel del Valle Pascual, se manifestó en un congreso que pretendía ser científico, textualmente así:
INVESTIGAR POR DERECHO
intranet.funiovi.org/fiscalinves/investigarporderecho.pdf
INVESTIGAR POR DERECHO juan manuel del valle pascual. Oviedo, 21-22 noviembre 2005 .... Albricias, la universidad de hoy puede ser un holding, en el que se ...

3º Tampoco contempla el último informe de la Cámara de Cuentas sobre la UPM el hecho probado de que existen casos de “autocontratación de funcionarios públicos” por medio de las fundaciones en las que son patronos. El fiscal Adrián Zarzosa conoce los autos 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid en los que está documentada la autocontratación de sus patronos prohibida por la Ley de Fundaciones. En ese procedimiento constan escritos de la Subdirectora General de Régimen Jurídico de la Comunidad de Madrid, Natalia Romero Frigols, sobre presuntas autocontrataciones, y lo que es peor, del director de la Fundación Gómez Pardo, Alfonso Maldonado Zamora, que evidencian que, según él, todos los profesores, incluyendo a los patronos de la fundación, “están autorizados para realizar trabajos técnicos o científicos con entidades públicas o privadas”, según sus propias palabras, incluso sin autorización previa del protectorado, lo que está en contra del espíritu y de la letra, al menos de los artículos 12 y 23 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, en descarada autocontratación que es admitida, e incluso defendida, por el rector de la UPM Javier Uceda Antolín y por sus letrados.

3º La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, y en especial, el fiscal José Ángel Serrano Herraiz, tiene abundante documentación que evidencia por sí misma que la UPM utiliza a la asesoría jurídica para intentar amedrentar con demandas (una de ellas pidiendo 300.000 euros por supuestos daños al honor de los funcionarios peritos de la Sociedad General de Autores y Editores y denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos contra quien informa verazmente de actos públicos (vistas públicas de juicios) en que participan funcionarios públicos peritos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y BOLIDEN. No es asunto menor el perverso uso que hace el rector de los servicios jurídicos de la UPM, pues compensa el gran celo de los letrados al dedicarse a demandas y denuncias que nada tienen que ver con su función pública con una total libertad y ausencia de controles para que compatibilicen su empleo público con el libre ejercicio privado de la abogacía. Es, al menos, el caso de Juan Manuel del Valle Pascual (basta buscar por su nombre en la jurisprudencia para encontrar, entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 22/2009 sobre materia urbanística en el Principado de Asturias en interés privado), Enrique Naya Nieto en la empresa ADL abogados dedicada también al urbanismo, y Miguel Ángel Davara cuyas estrechas relaciones con funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) explican la sutil eficacia de sus actuaciones. El pacto es evidente: los letrados de la UPM hacen y permiten lo que no deben hacer ni permitir, y a cambio se les permite ejercer libremente, sin límite ni control.

4º La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, y en particular, el Fiscal-Jefe Eduardo Estaban Rincón, conoce numerosas irregularidades que son claros indicios de presunta corrupción en la UPM. Sus dos hijos están estudiando en la UPM, y por varias manifestaciones de compañeros suyos, considerando su sospechosa pasividad, manifiesto mi crítica hacia Eduardo Esteban Rincón hasta el último límite amparado por la Sentencia del Tribunal Supremo STS 3396/2011 que recomiendo leer muy detenidamente a todos los miembros de la Carrera Fiscal en España, porque como criminólogo estoy convencido de que la peor de las corrupciones es la que puede llegar a cometer un fiscal por sus propios hijos. Y no es el único, ni ésa es la única relación corruptelosa entre ciertos fiscales y la UPM. Algún fiscal ha sido invitado a eventos muy amistosos celebrados en la UPM, y ha aceptado gustoso. Pongo por ejemplo a quien fue fiscal especial contra delitos informáticos, Fernando Herrero Tejedor, al menos, en el poco fiscalizado año 2008, en la UPM.

Puede afirmarse que las relaciones de la UPM con fiscales y jueces no son esencialmente distintas de las que tuvo el Ayuntamiento de Marbella con fiscales y jueces que hace años participaban en congresos o veraneaban beneficiándose de favores municipales en Marbella. Pero además, la UPM tienen un enorme atractivo para los fiscales y jueces por ser agasajados también intelectualmente por ingenieros, arquitectos e informáticos que no cuestionan sus doctrinas jurídicas. Si, además, tienen familiares o allegados estudiantes, doctorandos, meritorios, interinos o titulares que aspiran a títulos, reconocimientos, convalidaciones o plazas en la UPM, se produce “corrupción perfecta”.

5º Las inicuas consecuencias económicas, y en algún caso, también las judiciales, de tan perfecta corrupción, llegan a alcanzar muy importantes cuantías y trascendencia gravísima e irreversible. Más allá de los casos de los funcionarios peritos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y BOLIDEN, bien conocidos, al menos, por los fiscales Adrián Zarzosa, Eduardo Esteban y José Ángel Serrano, se sabe del profesor titular Antonio Eduardo Humero Martín que ha realizado más de 70 peritajes en los últimos años, por honorarios que es seguro que superan los 500.000 euros y sobre los que no existe ningún control, según la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, pero peor aún es que funcionarios públicos hagan uso de los símbolos distintivos, sello, escudo y membrete de una institución de derecho público, poniéndolos a disposición del mejor postor. Hasta hace unos meses, el profesor titular de la UPM y habitual perito privado para partes litigantes, Antonio Eduardo Humero Martín, publicaba referencias de sus numerosos peritajes como si fueran proyectos de investigación (que no son), pero desde que es consciente de que investigamos y criticamos su escandalosa actividad pericial, ha borrado las páginas de Internet con sus supuestos méritos, aunque conservamos copia de lo que él mismo publicó jactanciosamente. Según la primera conclusión del informe de la Cámara de Cuentas, la UPM dice ignorar cuáles son los ingresos fuera de la nómina del funcionario que ha facturado más de 500.000 euros a muchas partes litigantes.

6º Las diligencias previas 90/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional iniciadas por denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en la llamada “operación SAGA”, ha imputado a directivos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y también al profesor titular de la UPM y socio director de la empresa Microgénesis, Rafael Ramos Díaz. En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, y en especial, en un extraño ente llamado “INNOPRO”, dirigido por Antonio Hidalgo, que consigue proyectos financiados con fondos públicos para la empresa Microgénesis de su compañero también miembro de INNOPRO. Es posible que las relaciones entre la UPM y Microgénesis-SDAE-SGAE ya estén siendo objeto de investigación bajo secreto de actuaciones, pero si no lo son, resulta difícil creer en la competencia de los fiscales anticorrupción que han investigado mínimamente las actividades de Rafael Ramos Díaz en Microgénesis y SDAE-SGAE favorecidas por fondos y funcionarios públicos en la UPM.

La UPM y Microgénesis han borrado numerosas páginas en Internet con datos que pueden resultar de interés para las diligencias previas 90/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. Pero antes de que los borrasen pudimos recopilar algunos documentos que ya pusimos a la disposición de la Fiscalía Anticorrupción con los datos que pueden servir para investigar proyectos, presuntamente fraudulentos, de Microgénesis-SDAE-SGAE-UPM financiados con fondos públicos nacionales y europeos, conseguidos con la ayuda o el aval de funcionarios públicos y también denunciamos la presunta, pero innegable, cesión ilegal de trabajadores a SDAE.

7º Los fiscales que ya conocen no son los únicos funcionarios lentos o presuntamente evasivos, incompetentes, perezosos, cobardes, encubridores o presuntos cómplices de las irregularidades de la UPM que son, como mínimo, indicios racionales de delitos económicos y contra la Administración. Al menos, la Oficina de Conflictos de Intereses, Inspección de Trabajo, Unidad de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria, Comisión Nacional de la Competencia, Dirección General de la Función Pública y diversos cargos de las Consejerías de Educación y Economía de la Comunidad de Madrid han recibido abundante documentación con la que se evidencia su propia incompetencia, en unos casos, pretextando que la autonomía universitaria blinda de cualquier posible actuación inspectora o apertura de expedientes a la UPM, tardando más de un año en dar un simple acuse de recibo y, en otros, ignorando por completo denuncias y evidencias por las que ya deberían haber actuado de oficio. Entre otros, los siguientes funcionarios conocen de alguno estos graves hechos:

La Jefa de Otras Áreas de la Inspección Provincial de Madrid Dª Paloma Urgorri Pedrosa y la Subinspectora de Empleo y Seguridad Social, Dª Mónica Rodríguez García han recibido 3 denuncias sobre la UPM por registro, itmadrid@mtin.es y Fax: 913630678 con Tel 913635600, formando el expediente DE OFICIO/INFORME S/REF 28/0004846/10 NREF O.S. 28/0006300/10. Nuestros escritos están publicados enhttp://www.miguelgallardo.es/inspectora.pdf

La Oficina de Conflictos de Intereses, por su directora Flor López Laguna y su subdirector adjunto Pablo Juan Sanz, han recibido muy abundante documentación que dicen haber trasladado al rector sin que tengamos constancia ni noticia alguna de ninguna respuesta o resolución. Entre otros muchos escritos han recibido y reenviado al rector, al menos, los siguientes:
http://www.miguelgallardo.es/conflictos.pdf http://www.miguelgallardo.es/letradosOCI.pdf
http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf http://www.miguelgallardo.es/denuncia2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/denuncia3.pdf http://www.miguelgallardo.es/red.pdf
http://www.cita.es/upm.pdf y en general, los numerosos enlaces de Incompatibilidades y delitos en la universidad pública española Tercer congreso sobre la corrupción y el acoso en la universidad pública

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) cuyos últimos 3 directores han sido funcionarios docentes (actualmente un profesor titular y antes 2 catedráticos) ha dado un trato represor e inicuo a quien ha publicado datos ciertos sobre los ingresos sin control de funcionarios públicos peritos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Boliden, sancionando sin nunca estimar nada de
http://www.miguelgallardo.es/consultando.pdf http://cita.es/alegaciones.pdf

La Secretaría de Estado de Hacienda http://www.miguelgallardo.es/hacienda.pdf
La Agencia Estatal de Administración Tributaria http://www.miguelgallardo.es/aeat.pdf

La Comisión Nacional de la Competencia en 2007 http://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf
y en el recurso contra su archivo http://www.miguelgallardo.es/contencioso.pdf
Más recientemente, sobre la participación de la UPM en el juego de apuestas en Internet, la denunciahttp://www.miguelgallardo.es/casino.pdf

Pero es el Tribunal de Cuentas, y en especial, toda su fiscalía, quien mejor puede documentar los expedienteshttp://www.miguelgallardo.es/fundaciones.pdf http://www.miguelgallardo.es/axon.pdf http://www.miguelgallardo.es/tcu-patentes.pdfhttp://www.miguelgallardo.es/autocontratado.pdf http://www.miguelgallardo.es/nevada.pdf http://www.miguelgallardo.es/liquidando.pdfentre otros.

8º La prensa, salvo una única excepción que conozcamos, trata siempre muy amablemente a la UPM, que premia a periodistas de la Agencia EFE, ABC, Cinco Días y El Economista entre otros, y también contrata con cierta frecuencia a conocidos periodistas como presentadores de actos. No es fácil encontrar alguna noticia mínimamente crítica hacia la UPM excepto una única que informa y analiza las ya mencionadas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, en el artículo titulado “La Universidad Politécnica de Madrid ocultó datos a la Cámara de Cuentas sobre sus operaciones financieras. Un informe revela numerosas inexactitudes en los ingresos y cobros de la institución docente” en La Universidad Politcnica de Madrid ocult datos a la Cmara de Cuentas sobre sus operaciones financieras - Extraconfidencial.com

Por lo expuesto, a la Fiscalía Anticorrupción solicitamos que requiera a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el INFORME DE LA FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES, EJERCICIO 2008, incluyendo toda la documentación contable de la UPM que en él se referencia y valora, y que tras su examen, considerando que no se fiscalizan fundaciones o empresas mediante las cuales funcionarios de la UPM se están enriqueciendo ilícitamente, formule querella por presunta malversación de caudales públicos, falsedad documental, así como tráfico de influencias y fraude fiscal u otros posibles presuntamente cometidos por funcionarios públicos.
 
Jenaro García es un emprendedor modélico que nunca ha recibido ingresos de Venezuela, Cuba, Irán...ni de ningún otro sitio. :roto2:
 
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, y en particular, el Fiscal-Jefe Eduardo
Estaban Rincón, conoce numerosas irregularidades que son claros indicios de presunta corrupción
en la UPM. Sus dos hijos estudian en la UPM, y por varias manifestaciones de compañeros suyos,
considerando su sospechosa pasividad, yo expreso mi crítica hacia Eduardo Esteban Rincón hasta el
último límite amparado por la Sentencia del Tribunal Supremo STS 3396/2011 que recomiendo
leer muy detenidamente a todos los miembros de la Carrera Fiscal en España, porque como
criminólogo estoy convencido de que la peor de las corrupciones que comete un fiscal es por sus
propios hijos. Y no es el único (su mujer también es fiscal), ni ésa es la única relación corruptelosa
entre ciertos fiscales y la UPM. Algún fiscal ha sido invitado a eventos muy amistosos celebrados
en la UPM, y ha aceptado gustoso. Pongo por ejemplo a quien fue fiscal especial contra delitos
informáticos, Fernando Herrero Tejedor, al menos, en el poco fiscalizado año 2008, en la UPM.


podeis verlo en el punto 4 de este informe remitido la fiscalía,la cual ha empezado a actuar

http://www.miguelgallardo.es/almeriense.pdf
 
¿Quién lo hubiera imaginado?

Primero Caja Madrid y ahora Gowex... El PP donde pone el ojo pone la bala.
 
Lo de la UPM viene de largo, hay familias cuyos árboles genealógicos están incrustados en ciertos departamentos, solo cambia el apellido de los consortes.


Yo pensaba que eran casos aislados, hasta que te empiezan a hablar de situaciones en la UPC, o la de Valencia, País Vasco, etc...

Por eso lo del Tribunal de Cuentas no me ha sorprendido... el sitio poco agradable alcanza a todas las instituciones...

Pero tal y como he comentado en otros hilos, yo no centraría el tema de GOWEX en la UPM, me parece una táctica de los políticos para desviar su participación porque las decisiones de financiar a GOWEX y contratar con ellos han sido políticas, y conociendo a los políticos españoles sería a cambio de algo.

Pero evidentemente habrá derivadas para estudiar en esto a la UPM, la auditora, los organismos de control de los mercados, etc...
 
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