Superavit en las cuentas públicas ¿realidad?

La deuda de la contabilidad B de las Administraciones (Central, Autonómica y Local) sigue creciendo como una bola de nieve. Según datos del Banco de España, correspondientes al primer trimestre de 2007, la deuda de las empresas públicas que crean los ministerios, las consejerías autonómicas y los ayuntamientos, se ha incrementado un 28,2% (6.354 millones de euros) hasta alcanzar la cifra récord de 28.826 millones de euros.

Se trata de una argucia contable que permite eludir el cálculo de la deuda pública oficial a efectos del protocolo de déficit excesivo y las restricciones al endeudamiento establecidas en la normativa de estabilidad presupuestaria (déficit cero o superávit). De esta forma, las administraciones públicas crean empresas públicas, con contabilidad propia externa, para realizar inversiones y prestar otro tipos de servicios sin que sus gastos y déficit aparezcan en su contabilidad oficial. Esta modalidad cuenta con la aquiescencia de Eurostat. La agencia estadística europea determina que deben financiarse con ingresos privados que cubran, al menos, el 50% de los costes de producción, incluidas las amortizaciones. En ocasiones, este parámetro no se cumple.

Estas sociedades, por tanto, no figuran en la Contabilidad Nacional y sus pérdidas -que no se consideran déficit, sino deuda- no se suman a las de las cuentas oficiales de la Administración Central, de las autonomías o de las corporaciones locales..

Reparto.

Así, mientras la deuda oficial de todo el Estado es, según datos de 2006, de 389.040 millones de euros (302.888 millones de la Administración Central; 57.690 millones de las autonomías; y 27.461 de los municipios), existe otra deuda oculta de esos 28.826 millones en términos absolutos (15.958 millones de euros de la Administración Central; 9.065 de las autonomías; y 3.803 de los ayuntamientos) que no se suma a las anteriores, pero que habrá que pagar en algún momento. Sobre todo si las sociedades creadas no son capaces de financiarla.

En términos relativos, estas cifras se benefician del crecimiento del PIB, y su porcentaje (2,9%) no parece excesivo, pero sólo en el último año ha crecido medio punto. El problema es que estas empresas públicas, en la mayoría de los casos creadas para realizar las inversiones, están creciendo como setas, sobre todo en las autonomías y en los ayuntamientos. Y, pese a la vigilancia de la Intervención General del Estado y del Banco de España, se están creando también para la prestación de servicios que no tienen nada que ver con el objeto de su creación (desde gestionar suelo público hasta actividades de ocio).

Los expertos dicen que tiene justificación económica la creación de sociedades para realizar inversiones cuantiosas en infraestructuras (por ejemplo, la construcción de la T-4 del aeropuerto de Madrid a través de Aena, o el Ave a Barcelona, a través de Adif) porque hay que diluir el impacto presupuestario en el tiempo. También es aceptable, dicen, que se constituyan empresas públicas para gestionar los servicios públicos de una manera más ágil y eficiente (por ejemplo, los hospitales) porque tienen más flexibilidad a la hora de contratar profesionales o de negociar con proveedores. Pero, al mismo tiempo, consideran que no tiene razón alguna de existir las sociedades que se crean para eludir toda la intervención administrativa y previos controles (por ejemplo, los patronatos deportivos de los ayuntamientos), y de esta forma «despilfarrar gasto a todo trapo y recolocar a amigos, familiares y a compañeros o jubilados del partido». En este sentido, se ha puesto de moda en muchos municipios crear empresas públicas (en las que suelen figurar al frente el equipo de Gobierno y algunos miembros de la oposición) que levantan todo tipo de sospechas que tratan de evitar los controles administrativos de por ejemplo licitación o transparencia. En este tipo de sociedades, que sirven de sobresueldo para muchos responsables políticos, es frecuente también la contratación de personas que no son sino compromisos familiares y políticos.

El Estado tiene 222 sociedades mercantiles creadas, mientras las autonomías registran 495 y los ayuntamientos 1.396. Los expertos dicen que el aumento se debe a su proliferación en los años electorales.

Cataluña, a la cabeza de las 'cuentas B'

Sólo en el último año, la deuda de las empresas públicas extrapresupuestarias de la administración central ha crecido un 35,5%. De los casi 16.000 millones de pérdidas, el 45% corresponde a Aena. El resto se lo reparten Adif, Renfe Operadora y un cajón de sastre de empresas que acumulan 3.137 millones. En términos de PIB, ha crecido tres décimas.

El endeudamiento fuera de balance de las sociedades de las autonomías ha crecido un 28% en el último año, tasa que se eleva a casi el 52% si el cálculo se hace sobre la legislatura pasada (2004 y 2007). La deuda de las empresas públicas de los ayuntamientos, que crean a una media de 150 sociedades anuales, ha crecido un 5% en los últimos doce meses, pero ha superado el 28% en toda la legislatura.

La Generalitat catalana acapara casi la mitad del endeudamiento fuera de balance (47%) de las empresas públicas de las comunidades autónomas con 4.284 millones de euros registrados en el primer trimestre de 2007. Sin embargo, la deuda ha crecido un 64% en toda la legislatura gobernada por el tripartito (un 22% en los últimos 12 meses).

En este ranking autonómico ocupa el segundo lugar la Comunidad Valenciana, con 1.657 millones y un crecimiento del 14,4% en los últimos años.

El tercer lugar es para Madrid que, aunque está lejos de las cifras anteriores, acumula ya una deuda extra presupuestaria de 920 millones de euros. Sin embargo, tiene la tasa más elevada de crecimiento porcentual de todas las autonomías, ya que sólo en el último año el endeudamiento de sus empresas públicas ha crecido un 88% (52% desde hace un año).

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