La caída del consumo y de la venta de viviendas provocan un agujero en las CCAA

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La caída del consumo y de la venta de viviendas provocan un agujero en los ingresos de las CCAA
@Carlos Sánchez.- - 11/09/2007
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La desaceleración de la actividad económica y, en particular, del consumo de las familias comienza a pasar factura en términos presupuestarios. Tanto es así que los ingresos por IVA -el principal tributo que grava el consumo- crecieron entre enero y julio únicamente un 5,1% en términos homogéneos, prácticamente la mitad de lo que aumentó la recaudación en los últimos ejercicios (un 12% en 2005 y un 9,6% en 2006).

No se detiene ahí la sangría, en este caso y de manera especial para las comunidades autónomas. Los ingresos derivados de dos tributos cedidos totalmente a las regiones, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, también se han visto afectados negativamente por la ralentización de la actividad económica, en concreto por la caída en el número de transacciones inmobiliarias.

Según datos de los registradores, el número de compraventas ha caído un 12% entre el primer trimestre de este año y el mismo periodo de tiempo del año anterior, hasta las 893.310 unidades (entre viviendas nuevas y usadas), lo que sin duda ha afectado a los recursos de las comunidades autónomas. Sobre todo teniendo en cuenta que la caída en el número de transacciones se ha acelerado en los últimos meses. Y hay que tener en cuenta que, según un reciente estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), realizado por el economista Miguel Ángel García Díaz, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos se han convertido en la segunda fuente de ingresos en los impuestos indirectos (tras el IVA).

El negocio inmobiliario

En concreto, el 11,6% del total de los recursos autonómicos procede en estos momentos de ambas figuras impositivas, por lo que su evolución es una variable relevante a la hora conocer la cuantía de los recursos públicos. Fundamentalmente en algunas comunidades que han hecho de las actividades inmobiliaria la parte del león de sus ingresos. Este es el caso de Madrid, donde Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos aportan, según el citado estudio, cerca de la cuarta parte de sus ingresos (un 21,9%). Murcia (17%), Cataluña (16%) y la Comunidad Valenciana (15,9%) se sitúan a continuación, mientras que en Extremadura y Galicia es donde tienen menor peso ambos tributos. Según el autor del informe, “el intenso incremento en las transacciones inmobiliarias y el desmesurado aumento en los precios de la vivienda son, sin duda, causas determinantes que explican ese comportamiento”.

La desaceleración de los ingresos por IVA también afectará de forma negativa a las comunidades autónomas, ya que el vigente modelo de financiación ancla una parte de los recursos en la evolución del principal tributo que grava al consumo. En concreto, el 35% de la cuota líquida asignada, ya que se trata más de una transferencia del Estado que de una verdadera cesión del tributo. Y, según los últimos datos de la Intervención General del Estado, lo que se observa es un radical cambio de tendencia, en línea con lo que sugieren las encuestas sobre clima económico y confianza del consumidor.

Las CCAA, más afectadas que el Estado

Mientras que el conjunto de los ingresos no financieros (durante los siete primeros meses del año) crece un 11,5% -cinco puntos más que el PIB nominal-, la recaudación por IVA aumenta menos de la mitad (un 5,1%), algo que no sucedía desde hace al menos un quinquenio. Por el contrario, tanto el impuesto sobre la renta como el de sociedades mantienen un buen tono al calor de los buenos datos desde el punto de vista del empleo y de los beneficios empresariales, en ambos casos con crecimientos superiores a los dos dígitos.

La contracción del consumo y de la actividad inmobiliaria afecta más a las regiones que a la Administración General del Estado, toda vez que el Ministerio de Economía tiene mayor margen para actuar. Según el objetivo de estabilidad presupuestaria pactado en mayo, el conjunto de las administraciones públicas deberá cerrar el año 2006 con un superávit presupuestario equivalente al 1,15% del PIB. Pero mientras que la Administración Central será responsable de 0,9 puntos porcentuales (incluyendo la Seguridad Social), las regiones sólo tendrán un excedente de 0,25 puntos del Producto Interior Bruto, lo que en un contexto de desaceleración de la actividad económica hace que su margen de maniobra sea sensiblemente menor.
 

dragon33

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Pues que empiezen a rebajar los sueldos hiper-inflados los políticos de las comunidades, diputaciones y ayuntamientos, quitar gastos de representación y eliminar cargos no necesarios en los que se meten a enchufados.