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El gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana que preside Alberto Fabra fue el primero en reconocer en julio que necesitaba la ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico y ha sido el primero en cumplir el requisito exigido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para recibir esos fondos: empezar a desmantelar el sector público dependiente del gobierno regional. Mientras los demás lo preparan con suma discreción, el gabinete de Fabra lo aplica y pasa de 76 ‘entes públicos’ a 30, además de reconocer que supondrá recortar las plantillas en un 40 por ciento. Es la fórmula que tendrán que aplicar el resto de los gobiernos regionales.
La mayoría de las Autonomías, en especial Cataluña y la Comunidad Valenciana, están en quiebra técnica pero seguían sin aplicarse la receta de adelgazamiento que les exige el Gobierno consistente en reducir organismos públicos varios, entes, fundaciones, observatorios, consejos consultivos, empresas paralelas, agencias consorcios y demás instancias creadas en los últimos años a la sombra del incesante crecimiento del Estado autonómico. A finales de 2011 el número de ese tipo de organismos en toda España llegaba a las 2.359 y el noventa por ciento estaban en la órbita de las Comunidades autónomas.
Además del plan de proveedores que el Ejecutivo puso en marcha para que empresas y particulares pudieran cobrar antes del verano sus deudas con las administraciones, gobiernos regionales como el catalán han necesitado créditos extraordinarios del ICO de hasta 500 millones para poder pagar las nóminas de los funcionarios. El colapso financiero es total. Gastan más de lo que ingresan, no tienen ni para pagar las nóminas y carecen de capacidad para acudir a los mercados a ningún precio porque nadie les presta. Pero como es el caso de Artur Mas, algunos se niegan a desmantelar las estructuras ‘de Estado’ y el aparato de propaganda y control sobre sectores económicos y sociales organizados desde el poder.
El Estado ha tenido que recurrir a sus avales ante los bancos y a Loterías para constituir ese Fondo de Liquidez Autonómico para que buena parte de las Autonomías, y la primera la Generalitat de Cataluña, no entre en ‘default’ este mismo otoño. Con el FLA, en Hacienda dicen estar dispuestos a que no se convierta en un “ICO 3” y, además de vigilar directamente a dónde va cada partida del fondo (a pagar facturas y servicios concretos), exigen dietas de adelgazamiento en la administración paralela y de intervención económica y social que se han montado casi todas las Autonomías.
El argumento es obvio: con los mismos organismos y plantillas, las Comunidades volverían a tener las mismas deudas y parecido déficit que antes de recurrir al FLA. Antes de tener que seguir con los recortes en los servicios básicos al ciudadano como la Educación y la Sanidad, dicen que ha llegado la hora de la poda drástica de ese sector público autonómico que suma hasta 2.000 entes de distintas características y cuyas plantillas están compuestas en su inmensa mayoría por personal ‘no funcionario’. El censo oficial de funcionarios en España está en 2.600.000 personas, pero los empleados públicos en su conjunto llegan a los 3,1 millones en números redondos.
“El ejercicio de 2013 será el de la reducción de plantillas, de interinos y de empleados públicos contratados sin oposición, tanto en el sector público dependiente de la Administración central como en el autonómico”, reconocen en fuentes del equipo económico del Gobierno, donde no quieren dar cifras globales de bajas, entre otras cosas porque la mayoría de esas bajas corresponde acometerlas a las Autonomías. Sólo la Junta de Andalucía tiene en nómina a 260.000 personas.
En las negociaciones entre Hacienda y los gobiernos autonómicos acogidos al ‘rescate’ (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares, Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha) se les recuerda la obligación de la poda en entes públicos y similares para cumplir el objetivo de déficit y no volver a generarlo.
La reducción del aparato de los medios públicos de comunicación va aparte y de forma muy desigual. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid se lo han tomado en serio con severos recortes y anuncios de privatización, mientras otras Autonomías como Aragón y Castilla-León se limitan a hacer ajustes porque su gasto es mucho menor. Caso aparte es de Cataluña y País Vasco, decididos a mantener el grueso de su déficit.
Alberto Fabra, después de ser el primero en acometer el ERE y la externalización de RTVV, también ha sido el primero en aprobar el desmantelamiento del sector público adicional. Ha pasado de 76 entes públicos a 30 y de una plantilla total de 7.555 empleados suprimirá 3.000 puestos de trabajo para ahorrar 315 millones de euros el próximo año.
El mecanismo de trasvase de personal está también entre las ‘recomendaciones’ del Gobierno. Los funcionarios y personal laboral originario y con plaza en la Administración pasa a la Administración. Pero son los menos. Los interinos y contratados no fijos por los entes públicos tendrán que pasar al sector privado, si es que sus funciones se mantienen por la vía de la contrata. La vía más drástica de recorte se aplicará, igual que en las empresas privadas, con la no renovación de los contratos temporales. Se amortizan 46 puestos de directores de las respectivas sociedades que desaparecen.
La gran incógnita en los recortes del sector público autonómico está en Cataluña, donde los entramados paralelos son más numerosos, de más peso, y están además muy ligados a Convergencia. Además, en plena precampaña autonómica y desafío independentista, los nacionalistas querrán retrasar más las medidas de austeridad ‘estructural’.
Las Autonomías comienzan a desmantelar su inmenso sector público a cambio del rescate - elConfidencial.com
La mayoría de las Autonomías, en especial Cataluña y la Comunidad Valenciana, están en quiebra técnica pero seguían sin aplicarse la receta de adelgazamiento que les exige el Gobierno consistente en reducir organismos públicos varios, entes, fundaciones, observatorios, consejos consultivos, empresas paralelas, agencias consorcios y demás instancias creadas en los últimos años a la sombra del incesante crecimiento del Estado autonómico. A finales de 2011 el número de ese tipo de organismos en toda España llegaba a las 2.359 y el noventa por ciento estaban en la órbita de las Comunidades autónomas.
Además del plan de proveedores que el Ejecutivo puso en marcha para que empresas y particulares pudieran cobrar antes del verano sus deudas con las administraciones, gobiernos regionales como el catalán han necesitado créditos extraordinarios del ICO de hasta 500 millones para poder pagar las nóminas de los funcionarios. El colapso financiero es total. Gastan más de lo que ingresan, no tienen ni para pagar las nóminas y carecen de capacidad para acudir a los mercados a ningún precio porque nadie les presta. Pero como es el caso de Artur Mas, algunos se niegan a desmantelar las estructuras ‘de Estado’ y el aparato de propaganda y control sobre sectores económicos y sociales organizados desde el poder.
El Estado ha tenido que recurrir a sus avales ante los bancos y a Loterías para constituir ese Fondo de Liquidez Autonómico para que buena parte de las Autonomías, y la primera la Generalitat de Cataluña, no entre en ‘default’ este mismo otoño. Con el FLA, en Hacienda dicen estar dispuestos a que no se convierta en un “ICO 3” y, además de vigilar directamente a dónde va cada partida del fondo (a pagar facturas y servicios concretos), exigen dietas de adelgazamiento en la administración paralela y de intervención económica y social que se han montado casi todas las Autonomías.
El argumento es obvio: con los mismos organismos y plantillas, las Comunidades volverían a tener las mismas deudas y parecido déficit que antes de recurrir al FLA. Antes de tener que seguir con los recortes en los servicios básicos al ciudadano como la Educación y la Sanidad, dicen que ha llegado la hora de la poda drástica de ese sector público autonómico que suma hasta 2.000 entes de distintas características y cuyas plantillas están compuestas en su inmensa mayoría por personal ‘no funcionario’. El censo oficial de funcionarios en España está en 2.600.000 personas, pero los empleados públicos en su conjunto llegan a los 3,1 millones en números redondos.
“El ejercicio de 2013 será el de la reducción de plantillas, de interinos y de empleados públicos contratados sin oposición, tanto en el sector público dependiente de la Administración central como en el autonómico”, reconocen en fuentes del equipo económico del Gobierno, donde no quieren dar cifras globales de bajas, entre otras cosas porque la mayoría de esas bajas corresponde acometerlas a las Autonomías. Sólo la Junta de Andalucía tiene en nómina a 260.000 personas.
En las negociaciones entre Hacienda y los gobiernos autonómicos acogidos al ‘rescate’ (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares, Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha) se les recuerda la obligación de la poda en entes públicos y similares para cumplir el objetivo de déficit y no volver a generarlo.
La reducción del aparato de los medios públicos de comunicación va aparte y de forma muy desigual. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid se lo han tomado en serio con severos recortes y anuncios de privatización, mientras otras Autonomías como Aragón y Castilla-León se limitan a hacer ajustes porque su gasto es mucho menor. Caso aparte es de Cataluña y País Vasco, decididos a mantener el grueso de su déficit.
Alberto Fabra, después de ser el primero en acometer el ERE y la externalización de RTVV, también ha sido el primero en aprobar el desmantelamiento del sector público adicional. Ha pasado de 76 entes públicos a 30 y de una plantilla total de 7.555 empleados suprimirá 3.000 puestos de trabajo para ahorrar 315 millones de euros el próximo año.
El mecanismo de trasvase de personal está también entre las ‘recomendaciones’ del Gobierno. Los funcionarios y personal laboral originario y con plaza en la Administración pasa a la Administración. Pero son los menos. Los interinos y contratados no fijos por los entes públicos tendrán que pasar al sector privado, si es que sus funciones se mantienen por la vía de la contrata. La vía más drástica de recorte se aplicará, igual que en las empresas privadas, con la no renovación de los contratos temporales. Se amortizan 46 puestos de directores de las respectivas sociedades que desaparecen.
La gran incógnita en los recortes del sector público autonómico está en Cataluña, donde los entramados paralelos son más numerosos, de más peso, y están además muy ligados a Convergencia. Además, en plena precampaña autonómica y desafío independentista, los nacionalistas querrán retrasar más las medidas de austeridad ‘estructural’.
Las Autonomías comienzan a desmantelar su inmenso sector público a cambio del rescate - elConfidencial.com
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