fin en Girona, el Punt-Avui, Carles Puigdemont (CIU) y Josep Palouzié

Juan Pablo Torroija fue privado de su libertad el 10 de julio en Girona por un supuesto intento de robo. Después de tres horas en el calabozo de la Policía Municipal fue encontrado moribundo y trasladado al hospital Josep Trueta. Tres días más tarde muere solo en la cama del hospital, aun bajo custodia policial. La autopsia apunta a una defunción por asfixia y supuestamente por suicidio. Esta autopsia presenta graves irregularidades: el cuerpo descrito es el de un hombre de 76 años, sin cicatrices, ni tatuajes, ni piercings. Juan Pablo tenía 41 años, tatuajes, piercings y una gran cicatriz en el brazo.

Juan Pablo iba debidamente identificado. Su móvil fue requisado por los agentes y no hubiera sido difícil contactar con sus padres en Argentina o con la progenitora de su hija en Mallorca. Pese a esto, en el informe médico consta que Juan Pablo no tenía familia. El Artículo 37 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares obliga a las autoridades correspondientes a notificar al Consulado del país de origen la defunción de una persona, pero ni la policía, ni el hospital, ni el poder judicial lo hicieron. Lo que si hizo Carles Puigdemont, alcalde de Girona, fue llamar a todos los grupos parlamentarios un día antes de que la noticia saliera en los diarios, pidiendo discreción ante un simple caso de suicidio. La familia no sabrá nada del incidente hasta el día 28 de julio, dos semanas después de la fin de Juan Pablo.

La falta de información sobre la detención, el hecho de que los únicos testimonios sean los propios agentes, y las graves negligencias cometidas por la policía, el hospital y el juzgado, han llevado a la familia a sospechar que Juan Pablo puede haber sido asesinado, que su suicidio puede haber sido inducido, o que puede haber sido torturado física o psicológicamente. El jefe de la Policía Municipal de Girona, Josep Palouzié, escribe en un artículo de opinión del diario El Punt Avui, que estas acusaciones por parte de la familia “superan todas las lineas rojas”, ya que serían propias de “sistemas autoritarios en que los derechos humanos y las libertades públicas no están garantizadas”. Sospechar que Juan Pablo fue víctima de maltratos en dependencias policiales es razonable considerando los casos de torturas por parte de los Mossos d’Esquadra y de las policías locales catalanas en los últimos años. Esto es demostrable no sólo en las hemerotecas de nuestro país, sino en diversos informes de Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos1. En lo que va de año ya son 12 los ciudadanos que han muerto bajo custodia policial en el Estado Español, el doble que el año pasado.

El 4 de agosto, y para acabar con la polémica que envuelve el caso de Juan Pablo, la policía de Girona filtra a la prensa un vídeo que supuestamente convierte en irrefutable la tesis del suicidio: El Diari de Girona i El Punt Avui explican como el vídeo muestra los 19 minutos que pasan desde que el detenido se cuelga con su camisa de los barrotes de la puerta de su celda, hasta que la policía entra a socorrerlo2. A pesar de que ni los familiares ni los abogados tuvieron acceso al vídeo, la jueza, Gemma Garces Sesé, del juzgado de instrucción nº4 de Girona, determina que es prueba suficiente, -junto con la autopsia- de la versión policial de los hechos. El 2 de agosto se cierra el caso con una rapidez administrativa poco frecuente, teniendo en cuenta los graves interrogantes que se desprenden:

Primero: ¿Cómo puede servir de prueba a la jueza un vídeo filtrado a la prensa y narrado con todo detalle en los diarios pero que no ha sido puesto a disposición de la familia ni de los abogados? Y que según el diario el Punt-Avui no documenta el momento del ahorcamiento de Juan Pablo, ya que tiene lugar en un punto que la cámara no puede captar?

Segundo: En el caso de que se tratase efectivamente de un suicidio, o por lo menos, una voluntad por parte de Juan Pablo de llamar la atención, de manifestarse o de querer ser conducido a un hospital; ¿Porqué los policías dejan pasar 20 minutos hasta reaccionar?

Tercero: ¿Cómo se explica que ni la policía, ni el hospital ni el juzgado avisen a la familia o al consulado argentino, dejando morir sólo a Juan Pablo en el hospital?

Cuarto: ¿Cómo puede ser que la interlocutoria de archivo de la jueza dé por válida una autopsia que hace referencia a un cuerpo que no es el de Juan Pablo?

Quinto: ¿Porqué el juzgado de instrucción cierra en tan poco tiempo un caso tan controvertido, después de que la familia haya tenido que esperar más de 15 días para ser notificada de la fin?

Sexto: ¿Porqué se pone en marcha desde Girona una agresiva campaña mediática que hace uso de información confidencial con el claro objetivo de construir un relato y un perfil interesado del difunto a base de especulaciones? ¿Porqué, en cambio, se enaltece en varios artículos el papel supuestamente ejemplar y heroico de unos policías que dejaron agonizar a una persona durante 20 minutos? ¿Porqué nuestra prensa, en lugar de hacer periodismo de investigación independiente, se limita a reproducir una y otra vez la versión de las partes interesadas: Policía Municipal y responsables políticos?

Séptimo: ¿Porqué Carles Puigdemont, alcalde de Girona de CiU, se preocupa en llamar a todos los representantes de los grupos parlamentarios de la ciudad pidiendo discreción sobre el caso pero no se molesta en llamar ni al consulado ni a los familiares que aparecen en el móvil requisado de Juan Pablo?

Finalmente: ¿Cómo es posible que Josep Palouzié, jefe de la Policía Municipal de Girona, muestre tan poca humanidad como para escribir un artículo de opinión en un diario, con el único objetivo de enterrar una polémica más que justificada, que deja graves incógnitas? ¿Cómo se puede poner sobre la mesa el malestar que -según dice- se ha vivido desde la Policía Municipal por culpa de las falsas acusaciones venidas desde Argentina?¿Cómo pueden obviarse una negligencias más que demostradas mientras habla de heroicidad y ejemplaridad? ¿Cómo se pueden tener tan pocos escrúpulos pidiendo a la familia Torroija que se tranquilice una vez haya acabado esta pesadilla?

La pesadilla no ha hecho más que empezar, la de una familia que ve, impotente, como se cierra un caso sin opción a que se sepa la verdad; la pesadilla de una hija que no verá más a su padre, y que ni siquiera pudo visitarle en el hospital antes de morir; pero sobre todo, la pesadilla de una ciudad en plena deriva represiva que alinea intendentes, periodistas, jueces y alcaldes y que convierte a unos cuerpos policiales incuestionables en jueces y ejecutores de una ‘civilidad’ que excluye, multa, persigue y retira a todos aquellos elementos sociales no deseados. Estamos ante una crisis de legitimidad de nuestro Estado de Derecho y de una grave violación de las libertades democráticas por las que hemos luchado durante más de 40 años de fascismo.

Exigimos la reapertura inmediata del caso de Juan Pablo Torroija, muerto bajo responsabilidad del Estado,para dar respuesta a todos los interrogantes que se han planteado.

Barcelona, 9 de agosto de 2012

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