angeljudom
Madmaxista
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_corrupcion_urbanistica_campana_todos_partidos.html
Efe. Madrid.- - 15/05/2007
La corrupción urbanística en España, cuyo máximo exponente ha sido en los últimos años la Operación Malaya, se ha consolidado ya como uno de los temas de mayor presencia en la campaña electoral, y todos los partidos políticos llevan propuestas en sus programas para combatirla. Juzgados de toda España tienen abiertas diligencias por diversas irregularidades urbanísticas y recalificaciones de terrenos para construir en zonas no urbanizables, así como por el uso y abuso de información privilegiada para enriquecerse, entre los que figuran como denunciados o imputados alcaldes y concejales.
Tras los últimos casos de corrupción urbanística, que han afectado a prácticamente todos los partidos políticos, se ha reabierto la polémica acerca de la necesidad o no de que el Estado recupere las competencias en materia de urbanismo en detrimento de los ayuntamientos, como medio de evitar la especulación del suelo.
El primer gran caso de corrupción urbanística en España -la Operación Malaya, aparecido hace más de un año- supuso la disolución del Ayuntamiento de Marbella y la asunción de competencias, incluidas las urbanísticas, por parte de una gestora.
Catorce meses después de aquello los detenidos por su presunta vinculación con la trama marbellí, la mayoría ex ediles, abogados y empresarios, se eleva ya a más de cien personas.
En Catral (Alicante), gobernado por los socialistas, la Generalitat Valenciana decidió asumir las competencias urbanísticas del municipio ante su "relajación" en la proliferación "exagerada" de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y protegido.
Uno de los últimos casos ha sido el de Andratx (Mallorca), por el que cinco personas fueron detenidas, entre ellas su alcalde, Eugenio Hidalgo (PP) (en la imagen), y el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, Jaume Massot, acusados de delitos de prevaricación, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
Otro de los asuntos sonados fue el que afectó a Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, ex alcaldes del PSOE de Ciempozuelos (Madrid), para quienes el juez decretó prisión eludible bajo fianza por el cobro de comisiones para la recalificación de unos terrenos y por haber ingresado elevadas sumas de dinero en un banco de Andorra.
El caso Faycan
En el archipiélago canario surgió el caso Faycán, que investiga el cobro de presuntas comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), y en Mogán (Gran Canaria), en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde del municipio, José Francisco González (PP), y otras cuatro personas acusados de delitos relacionados con un caso de corrupción urbanística.
Destacado ha sido también el de Seseña (Toledo), que apareció después de que su alcalde, Manuel Fuentes, de IU, denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto "trato de favor" de la Junta de Castilla-La Mancha al promotor del PAU "El Quiñón", Francisco Hernando, "Paco, el pocero".
Ante esta situación, los partidos se han volcado en presentar propuestas para evitar los casos de corrupción urbanística.
Así, el PSOE, en su programa marco para las municipales, apuesta por un nuevo modelo de crecimiento sostenible, que cuente con la participación de los agentes sociales y con la transparencia necesaria en la toma de decisiones.
Según los socialistas, la situación del urbanismo en España es "insostenible" y la "presión urbanística ha provocado fuertes desequilibrios territoriales y ambientales, junto con un indeseable incremento de la especulación".
Este partido apoya un modelo de ciudad "compacta" frente a la urbe dispersa y pretende limitar las modificaciones de los planes que conlleven recalificaciones puntuales de suelo no urbanizable.
El programa marco del PP, bajo el epígrafe "Gobiernos transparentes, políticos honrados", apuesta por la tolerancia cero con los corruptos, los tránsfugas y todos aquellos que utilizan la política para su beneficio.
Promover la declaración de bienes y actividades de los cargos electos al inicio y final de cada mandato, el endurecimiento de las penas de los delitos relacionados con la corrupción y que los bienes incautados se destinen al apoyo de las políticas sociales son otras de las propuestas del partido de Mariano Rajoy.
Bajo el título 'Urbanismo sostenible y vivienda a tu alcance', el PP promete reformar la legislación urbanística de las CCAA para liberalizar el suelo, abaratar su precio y aumentar la transparencia y la seguridad jurídica.
IU, partido que hace pocos días presentó una propuesta de 'Pacto Democrático contra la Corrupción', defiende un modelo de desarrollo sostenible y planificado y aboga por poner coto a la especulación y la corrupción mediante transparencia, participación democrática y planificación razonable y ecológicamente sostenible.
_corrupcion_urbanistica_campana_todos_partidos.html
Efe. Madrid.- - 15/05/2007
La corrupción urbanística en España, cuyo máximo exponente ha sido en los últimos años la Operación Malaya, se ha consolidado ya como uno de los temas de mayor presencia en la campaña electoral, y todos los partidos políticos llevan propuestas en sus programas para combatirla. Juzgados de toda España tienen abiertas diligencias por diversas irregularidades urbanísticas y recalificaciones de terrenos para construir en zonas no urbanizables, así como por el uso y abuso de información privilegiada para enriquecerse, entre los que figuran como denunciados o imputados alcaldes y concejales.
Tras los últimos casos de corrupción urbanística, que han afectado a prácticamente todos los partidos políticos, se ha reabierto la polémica acerca de la necesidad o no de que el Estado recupere las competencias en materia de urbanismo en detrimento de los ayuntamientos, como medio de evitar la especulación del suelo.
El primer gran caso de corrupción urbanística en España -la Operación Malaya, aparecido hace más de un año- supuso la disolución del Ayuntamiento de Marbella y la asunción de competencias, incluidas las urbanísticas, por parte de una gestora.
Catorce meses después de aquello los detenidos por su presunta vinculación con la trama marbellí, la mayoría ex ediles, abogados y empresarios, se eleva ya a más de cien personas.
En Catral (Alicante), gobernado por los socialistas, la Generalitat Valenciana decidió asumir las competencias urbanísticas del municipio ante su "relajación" en la proliferación "exagerada" de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y protegido.
Uno de los últimos casos ha sido el de Andratx (Mallorca), por el que cinco personas fueron detenidas, entre ellas su alcalde, Eugenio Hidalgo (PP) (en la imagen), y el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, Jaume Massot, acusados de delitos de prevaricación, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
Otro de los asuntos sonados fue el que afectó a Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, ex alcaldes del PSOE de Ciempozuelos (Madrid), para quienes el juez decretó prisión eludible bajo fianza por el cobro de comisiones para la recalificación de unos terrenos y por haber ingresado elevadas sumas de dinero en un banco de Andorra.
El caso Faycan
En el archipiélago canario surgió el caso Faycán, que investiga el cobro de presuntas comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), y en Mogán (Gran Canaria), en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde del municipio, José Francisco González (PP), y otras cuatro personas acusados de delitos relacionados con un caso de corrupción urbanística.
Destacado ha sido también el de Seseña (Toledo), que apareció después de que su alcalde, Manuel Fuentes, de IU, denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto "trato de favor" de la Junta de Castilla-La Mancha al promotor del PAU "El Quiñón", Francisco Hernando, "Paco, el pocero".
Ante esta situación, los partidos se han volcado en presentar propuestas para evitar los casos de corrupción urbanística.
Así, el PSOE, en su programa marco para las municipales, apuesta por un nuevo modelo de crecimiento sostenible, que cuente con la participación de los agentes sociales y con la transparencia necesaria en la toma de decisiones.
Según los socialistas, la situación del urbanismo en España es "insostenible" y la "presión urbanística ha provocado fuertes desequilibrios territoriales y ambientales, junto con un indeseable incremento de la especulación".
Este partido apoya un modelo de ciudad "compacta" frente a la urbe dispersa y pretende limitar las modificaciones de los planes que conlleven recalificaciones puntuales de suelo no urbanizable.
El programa marco del PP, bajo el epígrafe "Gobiernos transparentes, políticos honrados", apuesta por la tolerancia cero con los corruptos, los tránsfugas y todos aquellos que utilizan la política para su beneficio.
Promover la declaración de bienes y actividades de los cargos electos al inicio y final de cada mandato, el endurecimiento de las penas de los delitos relacionados con la corrupción y que los bienes incautados se destinen al apoyo de las políticas sociales son otras de las propuestas del partido de Mariano Rajoy.
Bajo el título 'Urbanismo sostenible y vivienda a tu alcance', el PP promete reformar la legislación urbanística de las CCAA para liberalizar el suelo, abaratar su precio y aumentar la transparencia y la seguridad jurídica.
IU, partido que hace pocos días presentó una propuesta de 'Pacto Democrático contra la Corrupción', defiende un modelo de desarrollo sostenible y planificado y aboga por poner coto a la especulación y la corrupción mediante transparencia, participación democrática y planificación razonable y ecológicamente sostenible.
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