El 'crash' de Metrovacesa

Alatriste dijo:

Por eso, analistas como Marian Fernández recomiendan vender: “Ha desaparecido la historia, no hay más de lo que vemos.

Hay un acuerdo entre los accionistas que controlan más del 70% de la compañía y no van a ofrecer más.

Pese a que es una operación muy compleja y todavía falta la opinión de los reguladores, hay que salir; todo el pescado está vendido”.

José Manuel Lara, presidente del grupo Planeta, que a finales del año pasado adquirió el 5,1% de Metrovacesa a 120 euros por acción, tiene previsto acudir.

Ayer, Manuel González García, consejero delegado de Metrovacesa, presentó su dimisión “por motivos de índole personal”, según informó la empresa inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

http://www.elpais.com/articulo/economia/crash/Metrovacesa/elpepueco/20070221elpepueco_4/Tes
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Metrovacesa y la burbuja inmobiliaria

Primo González


La batalla por el control de Metrovacesa está dejando atrapados a unos cuantos miles de accionistas que se las prometían muy felices tras haber comprado acciones de uno de los fenómenos bursátiles más pintorescos de los últimos años. Si es rechazable la idea de que España viva una burbuja inmobiliaria, como hace años los mercados padecieron la burbuja tecnológica, en el caso de Metrovacesa no sería descabellado decir que estamos ante una excepción. Una empresa que cotiza al doble del valor de sus activos —es decir, a precio astronómico— está cerca de vivir cualquier cosa menos una existencia pacífica.

Ahora, a consecuencia del enfrentamiento entre los dos grupos accionariales que controlan alrededor del 80% del capital, la inmobiliaria europea de más éxito bursátil ha decidido, por acuerdo de sus dos socios, partir el negocio más o menos por la mitad y que cada uno vaya por su lado. Una operación indudablemente compleja, no tanto por ver cuánto toca a cada uno sino por la dificultad misma de dividir en dos una empresa que se encuentra en plena actividad y en donde no sólo cuenta el valor de los activos sino otros muchos aspectos susceptibles de valoración, aunque siempre bajo un complejo arbitraje.

La historia de Metrovacesa es aparentemente una historia de éxito, resultado de una estupenda y creativa gestión, cargada en algunos aspectos de audacia pero siempre encarrilada por la vía del beneficio y del crecimiento vertiginoso. Pero, al mismo tiempo, es una historia que revela lo compleja que es la personalidad de los hombres de negocios en nuestro país, reflejo al fin y a la postre de la peculiar idiosincrasia española. Que los personajes implicados en el drama empresarial se tiren los bártulos a la cabeza y rompan el negocio cuando están en la cresta de la ola y en la cima de los negocios, incluso a escala europea, es algo que produce sonrojo, irritación e incluso vergüenza ajena. Pero lo cierto es que ambas partes han llegado, tras las correspondientes OPAs hostiles del año pasado, a la conclusión de que sólo había una forma de resolver el empate técnico en el que habían concluido todas las batallas anteriores: la ruptura pura y simple y la creación de dos o tres empresas nuevas sobre la base de lo que a cada uno le toque en el reparto.

Ahora, sobre los restos de este desastre empresarial, habrá que ver cómo se valoran y encajan los intereses de los accionistas minoritarios, que representan en torno al 20% del capital social. Hay muchos accionistas minoritarios que llevan ya algún tiempo en el capital de Metrovacesa y que, por lo tanto, han visto multiplicado su capital por dos o incluso por tres en un espacio bastante breve de tiempo. El problema para ellos es que ahora pueden perderlo todo, quizás porque se les obligue a elegir entre una u otra empresa resultante de la parcelación de Metrovacesa, decisión que tendrán que tomar previsiblemente a ciegas.

El asunto va a poner a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ante su expediente posiblemente más complicado en su corta existencia. La CNMV se ha hecho cargo, de oficio, de la responsabilidad de dotar de la máxima transparencia a la operación, cosa que por el momento dista mucho de estar en vías de consecución ya que la propia operación de ruptura en dos está prendida con hilos y de forma bastante imprecisa a estas alturas. Hay un acuerdo de principios entre los socios principales pero el desarrollo completo del mismo está por clasificar. La Comisión interrumpió la cotización de la compañía, pero la ha vuelto a levantar este miércoles sin que existan garantías de suficiente conocimiento de las características de la segregación de las dos empresas, más allá del compromiso de los accionistas principales de ofrecer a los minoritarios el mismo precio para sus acciones que el que ellos van a percibir o abonar, según el caso.

Ya hace algunos meses, la permanencia de Metrovacesa en la Bolsa y en particular su pertenencia al Ibex 35, el índice selectivo del mercado de acciones españolas, fue puesta en tela de juicio por algunos expertos y la CNMV optó finalmente por no ser beligerante en el asunto. Quizás sea éste el momento de revisar aquella decisión y, en todo caso, exigir cuanto antes la máxima transparencia a las características de la operación, por compleja que sea. El hecho de que muchos de los actuales accionistas minoritarios hayan logrado importantes plusvalías con las acciones de esta inmobiliaria no exime a nadie, y menos a las autoridades, de evitar que la cotización de las acciones se derrumbe de forma súbita como parece probable que suceda si el misterio sigue rodeando a esta operación. Resulta bastante difícil de entender cómo una empresa en estas condiciones puede estar valorada en Bolsa al doble que el precio tasado de sus activos.

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La justicia investiga un fraude fiscal millonario en la venta de dos fincas

• Doce imputados por la transacción del Palau Burés, que está protegido, y un bloque del paseo de Gràcia

• La fiscalía sostiene que parte del dinero viajó a Luxemburgo mediante operaciones ficticias


J. G. ALBALAT
BARCELONA
Un juzgado de Barcelona está investigando un presunto fraude fiscal millonario por la operación de venta de Palau Burés, un edificio modernista clasificado de interés artístico ubicado en el la calle de Girona esquina con Ausiàs March, y de otra finca en el número 91 del paseo de Gràcia, una de las zonas más caras de la capital catalana.

En la trama, según la querella de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, están implicadas familias acaudaladas, abogados de renombre e inmobiliarias. La juez encargada del caso ha citado a declarar como imputadas a 12 personas.

Los dos edificios fueron vendidos en el 2001 y el 2003 por 36,3 millones de euros (6.040 millones de pesetas) y parte de este dinero, unos 12 millones de euros, fueron a parar a sociedades domiciliadas en Luxemburgo para, según la fiscalía, eludir el pago de impuestos en España.

La cuota presuntamente defraudada sería de 2,4 millones de euros.

La acusación pública se querelló en enero, tras recibir los preceptivos informes de la Agencia Tributaria, contra los vendedores, intermediarios y compradores de las fincas, entre los que se encuentran altos directivos de las constructora Bami, que en el 2003 se fusionó con la inmobiliaria Metrovacesa --cuyo presidente, Joaquín Rivero Valcarce está imputado y citado para la próxima semana--, y Eurosigma.

INGENIERÍA FINANCIERA
La querella de la fiscalía, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona y cuya titular ya ha comenzado el interrogatorio de los imputados, destaca que la venta de los dos inmuebles se realizó a través de lo que "podría considerarse operaciones de ingeniería jurídica y financiera", organizadas para eludir el pago de los impuestos.

A su entender, los querellados (algunos pueden quedar fuera del proceso) han cometido tres presunto delitos contra Hacienda.

El edificio número 91 del paseo de Gràcia y el Palau Burés de la calle de Girona, eran propiedad de las sociedades Invertex Barcelona y Diseños Modernos, cuyo verdadero titular, a pesar de que como administradores figuraban otras personas, era Jorge Mas del Carmen.

Tras su fallecimiento en 1999, las fincas pasaron a manos de su viuda, Gloria Rispa Andreva, una de las querelladas y que, según fuentes judiciales, ha admitido que parte del dinero fue a parar a Luxemburgo por unos problemas de herencia con la familia del que fuera su marido.

El 19 de este mes la mujer depositó en el juzgado la cantidad presuntamente defraudada al fisco, 2.4 millones de euros, y ha regularizado sus situación ante Hacienda.

DINERO EN EL EXTRANJERO
Invertex vendió el 22 de noviembre del 2001 el edificio del paseo de Gràcia a Bami por 11,4 millones de euros, IVA incluido.
Dos años después, el 13 de mayo del 2003, la otra empresa, Diseños Modernos, vendió el Palau Burés a Landscape Augusta por 24,9 millones. Según la fiscalía, como estas compraventas suponían unas importantes consecuencias tributarias por el alto beneficio real, la querellada Gloria Rispa, junto con los otros imputados, "diseñaron un fraude" que consistía en simular en ambas operaciones la existencia de supuestas opciones de compra sobre los edificios, a favor de diferentes sociedades, que fueron canceladas con anterioridad a la venta a cambio de "unos importes desorbitados".

Los pagos por la renuncia a las opciones de compra suponían minorar de forma fraudulenta los beneficios y conseguir desviar fondos a Luxemburgo, a nombre de compañías opacas, como The Net Global, y en las que intervino alguna firma radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, según la acusación pública. "La sucesión de contratos de opción de compra aparece como puramente ficticia", según la fiscalía.

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