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Como los españoles somos de natural risueños, ha causado hilaridad la propuesta del Gobierno vasco de establecer un canon de nueve euros diarios a los pisos vacíos que no se pongan en alquiler, una fórmula que trata de atenuar las necesidades de vivienda de una parte importante de la población. La idea ha prendido en el Ejecutivo catalán, que ha avanzado que estudiará hacerla suya, y ha sido contemplada con interés desde Galicia, lugares en los que, según parece, abunda menos el sentido del humor. Está claro que no vivimos en la Francia de finales del XVIII, cuando, triunfante la Revolución, se cortaba la cabeza a los acaparadores; tampoco nos parecemos al México actual, cuyo gobierno se propone meter en la guandoca a quienes, acumulando maíz, han provocado la subida de los precios y una grave crisis alimentaria. Aquí a los especuladores de suelo y a los acaparadores de viviendas les llamamos promotores e inversores. De risa, ¿verdad?
En un país en el que entre un 20 y un 25% de la población ha sido excluida del mercado por los precios abusivos, la iniciativa merecería alguna reflexión, antes de ser arrojada al foso de los leones por quienes defienden las bondades de un mercado libre, que si de algo carece es de libertad, y que entonan sin desmayo la vieja cantinela de que el intervencionismo es nefasto, salvo si hablamos de subvenciones a fondo perdido o de sacar las castañas del fuego a nuestros probos emprendedores. Lo público ni verlo, salvo si se trata de dinero.
La primera pregunta que deberíamos plantearnos es por qué uno de los parques de viviendas más grande de Europa –con cifras de 2001 tocamos a más de una por cada dos españoles- tiene un tercio del mismo inutilizado, de manera que sólo el 70% de las viviendas está destinado a residencia habitual. Los datos, contenidos en un estudio de la arquitecta e investigadora Raquel Rodríguez Alonso, son elocuentes: en 2001 -fecha del último censo sobre población y viviendas del INE, que se realiza cada 10 años- el 16% de las viviendas eran segunda residencia y un 14% estaban vacías. Este último porcentaje era en Holanda del 2,3% (en 1999), en Suecia del 3,3% (1998), en Reino Unido del 3,4% (1999), en Alemania, del 3,6% (1998) y en Francia, del 6,9% (1999).
Sobran viviendas, pero ello no ha impedido que el ritmo de construcción haya sido frenético, superior incluso al del baby boom de los años 60, y todo ello mientras el crecimiento demográfico se estancaba. Simultáneamente, la salvaje especulación del suelo ha engordado la burbuja inmobiliaria hasta expulsar del mercado a jóvenes y familias con menos recursos, que vieron como se extinguía prácticamente la construcción de viviendas sociales. A diferencia de Francia, Holanda o Alemania, tampoco ha sido posible recurrir a un parque público de viviendas de alquiler, que hubiera contenido los precios.
Del trabajo de Rodríguez Alonso se concluye que el 10% de las viviendas construidas a partir de los años 80 nunca han llegado a ocuparse. En 2004, de los tres millones de pisos vacíos, casi 1,9 millones estaban en perfecto estado y más de 200.000 hubieran podido estarlo una vez rehabilitados. En conjunto, considerando que hay 2,7 moradores por hogar de media, hubieran podido albergar a más de cinco millones de personas.
Han sido muchos los factores que han provocado que el problema de la vivienda en España sea “el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo”, según pudo constatar el relator especial de la ONU, Miloon Kothari. El primero de ellos, una brutal especulación del suelo, favorecida por el calamitoso estado de cuentas de los Ayuntamientos, los patitos feos de la Administración. El guiso, salpimentado con generosas pizcas de corrupción, ha estado a fuego lento durante años, porque se entendía que la construcción daba de comer a mucha gente –y a muchos partidos- y que era del todo inconveniente poner palos en las ruedas del considerado motor de la economía nacional.
Con independencia de que la cultura de la vivienda en España pase por la propiedad, a nadie le interesó nunca fomentar el alquiler. Cada compraventa representa un pellizco para la Hacienda Pública, cada vivienda nueva genera un impuesto para las arcas municipales, cada recalificación enriquece a un concejal, a un promotor, a un constructor. ¿Qué beneficio tiene para todos ellos el humilde arrendamiento?
La situación actual es paradójica. Pese a su abundancia objetiva, la vivienda constituye un bien inalcanzable para un quinta parte de la población, a la que, por otra parte, se le reconoce un derecho constitucional a su disfrute. En el otro platillo de la balanza y por diversas circunstancias, algunas puramente especulativas, decenas de miles de particulares ostentan la propiedad de varios inmuebles. Parece lógico que los poderes públicos procuren que estas viviendas engrosen el parque de alquiler, ya sea con incentivos a los propietarios o con recargos impositivos, o sean puestas a la venta, lo que redundaría en un descenso de los precios. Si en época de carestía de combustible alguien se dedicara a acapararlo amparándose en su legítimo derecho a la propiedad privada, ¿se le permitiría continuar con esta práctica o se le impediría?
Justificar la escasa oferta de vivienda en alquiler en la inseguridad jurídica de los propietarios tiene cada vez menos sentido. Las agencias públicas de alquiler –de la de Madrid se siente muy orgullosa una liberal como Esperanza Aguirre- ofrecen garantías suficientes, incluidos seguros para atender posibles desperfectos y desahucios.
Dicho esto, es verdad que definir lo que es una vivienda vacía encierra dificultades. Según el INE son aquellas no usadas ni como vivienda principal ni como secundaria (vacaciones, fines de semana) y que no están en ruina. A ellas, la encuesta de 2001 añade otras que no pueden ser englobadas en las categorías anteriores. En la búsqueda de definición, se debería comenzar por las obviedades. Un ejemplo: un propietario de tres viviendas en un mismo municipio que no ha colocado ninguna en alquiler tiene forzosamente alguna de ellas vacía.
La propuesta de establecer un canon para las viviendas vacías no es perfecta. Más efectivo sería lo contrario: elevar significativamente el impuesto sobre bienes inmuebles y establecer las deducciones correspondientes a quienes acrediten su uso como primera o segunda vivienda o exhiban un contrato de alquiler. La vivienda es un derecho que en Francia, tras la protesta de los llamados ‘hijos de Don Quijote’ a favor de los ‘sin techo’, podrá ser exigido ante los tribunales. En España, es el ingenioso hidalgo el que busca piso barato o en alquiler.
