Intermediación inmobiliaria

(22-01-2007)


El ascenso desbocado de los precios de la vivienda provocó que el Gobierno del PP decidiera liberalizar en el año 2000 la intermediación inmobiliaria, de modo que cualquier profesional pudiera ejercer esta actividad. El objetivo era dinamizar la oferta de este tipo de servicios para abaratarlos y neutralizar así un factor de presión adicional sobre los precios de la vivienda.

El resultado de esa medida puede calificarse de discutible. Si bien es aconsejable eliminar rigideces en los procesos de intermediación comercial, también es razonable exigir unos mínimos de profesionalidad y solvencia a las personas y entidades que gestionan y asesoran la que suele ser la operación financiera más importante que llevan a cabo en su vida la mayor parte de las personas. Esa desregulación ha generado un auténtico boom en la oferta de servicios inmobiliarios, y por tanto en el empleo de esta rama de actividad, pero también, y gracias a la bonanza del mercado en años pasados, ha favorecido el acceso al negocio a ciudadanos que no cumplen los mínimos requisitos de preparación y que en ocasiones no ofrecen el asesoramiento adecuado a los clientes. Su contribución a la moderación de los precios tampoco ha sido relevante.

Los profesionales del sector creen que la norma del PP sólo sirvió para 'desprofesionalizar esta actividad y motivar una situación en la que es más fácil vender una casa que una lechuga, ya que a estos últimos profesionales al menos se les exige el título de manipulador de alimentos', según asegura Santiago Baena, presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. El ministerio de Vivienda va a exigir ahora que los profesionales se inscriban en un registro específico, para lo cual será necesario un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos inherentes a este tipo de servicios. No obstante, la norma no debe suponer un corsé que estrangule el desarrollo de uno de los sectores más dinámicos de la economía, y más aún cuando se detecta una incipiente ralentización de la actividad.

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