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Madmaxista
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Así empezó el 'café para todos'
La 'Constitución de Gades', borrador de 1977, dibujaba tres estatutos y regiones sin parlamento; al Rey le gustaba
Una España asimétrica en el borrador constitucional de 1977
¿Cómo le va a usted, Suárez?, preguntó Francisco Franco al joven gobernador civil. Turrubuelo, Segovia, 4 de julio de 1968. El general se había desplazado a este pequeño pueblo castellano, a la altura de Sepúlveda, para inaugurar una modesta estación de ferrocarril de la línea Madrid-Burgos. El gobernador tuvo una rápida respuesta. Llevaba meses esperando aquel momento. Era ambicioso. Quería llegar lejos.
–No sé qué decirle, Excelencia– respondió Adolfo Suárez González con su perenne sonrisa de joven promesa del Régimen.
–¿Qué quiere decir?
–Que no sé, Excelencia, si los segovianos querrán sentirse ciudadanos de segunda clase...
Franco ni se inmutó, como era habitual en él, pero dejó escapar un breve susurro: “Venga a verme...”.
Al cabo de unas semanas, Suárez insistía ante el Generalísimo en el papel que podía tener Segovia en la descongestión de Madrid y obtenía una nota dirigida a Laureano López Rodó, a la sazón ministro comisario del II Plan de Desarrollo, para que fuese calificada como provincia de “acción especial”.
La anécdota es rigurosamente cierta y está extraída del libro 'Adolfo Suárez, ambición y destino' (Debate, 2009), del periodista Gregorio Morán, sin duda la mejor biografía que se ha escrito (en 1979, revisada posteriormente) sobre el hombre que conservaba las claves decisivas de la transición en una memoria hoy imposible de de******ar. Adolfo Suárez tuvo siempre una gran voluntad de poder. Y dispuso de una habilidad innata para captar el pálpito de un país que había dejado de pasar hambre y comenzaba a intuir horizontes de mejora.
“¡No vamos a ser menos!”. En el gobierno civil de Segovia nació la filosofía profunda del café para todos.
Fue un proceso complejo. No es verdad que la actual división de España en 17 autonomías sea fruto de una directa imposición militar, temerosa de los ecos de la Segunda República, que sólo aprobó los estatutos de Catalunya y el País Vasco y no llegó a tiempo de refrendar el de Galicia. Transmitido de generación en generación, ese tópico amenaza con desfigurar la génesis de la descentralización española, hoy sometida a una arrolladora campaña de desprestigio, con foco en el Gran Madrid, distrito federal. Ante la demagogia rampante, no está de más repasar cómo empezó todo. Y descubrir que España estuvo a punto de emprender otro camino: más atento a la tradición, más historicista, más asimétrico, quizá más prudente; menos homogeneizador. Para ello conviene establecer como primera verdad que el ejército vencedor de la guerra 1936-1939 era, ante todo y por encima de todo, partidario de mantener la tutela militar sobre el poder civil, aun aceptando una lenta democratización del país. ETA mataba casi cada semana y cualquier mención a la autonomía –una, dos, tres, o diecisiete–, provocaba malestar en los cuarteles. El café para todos fue entendido como una jugada hábil por los altos oficiales más inteligentes, pero el brebaje se calentó en otros fogones y por otros motivos. Por otras astucias.
En marzo de 1977, cuatro meses antes de las primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez celebró un almuerzo en Madrid con su fiel colaborador José Manuel Otero Novas, entonces jefe de la subsecretaría técnica de la Presidencia del Gobierno, y varios técnicos de la fontanería de la Moncloa. La comida tuvo lugar en el restaurante Casa Gades, propiedad del fallecido bailarín Antonio Gades, en el número 4 de la calle Conde de Xiquena, en la zona ministerial del paseo de la Castellana. Suárez –lo cuenta Morán en un perspicaz pie de página– deseaba celebrar el redactado final del primer borrador de la Restauración. El borrador constitucional que la Unión de Centro Democrático pondría sobre la mesa si lograba ganar las primeras elecciones libres. La sombra protectora de Torcuato Fernández Miranda, el estratega que ideó la ley de Reforma Política para proceder a la autodisolución de las Cortes franquistas, se paseaba por el comedor. Estaban contentos. Y en un arrebato de alegría decidieron bautizar el documento como la 'Constitución Gades'. Podían haberle llamado la 'Constitución de Torcuato', pero eran tiempos de reinvención. Antonio Gades, miembro del Partido Comunista de España, amigo íntimo de Fidel Castro y compañero sentimental de la cantante Marisol, era entonces uno de los hombres de moda en España. Era un gran bailarín.
La 'Constitución Gades' consideraba una España distribuida en dos pisos: tres estatutos de corte federativo y de distinta sustancia (Catalunya, País Vasco y Galicia) y una amplia desconcentración administrativa en el resto del país, con regiones sin potestad legislativa. Tres estatutos especiales y catorce o quince regiones sin parlamento. Una asimetría similar a la de la Constitución italiana de 1948 (cinco estatutos especiales: Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta, Trentino-Alto Adigio y Friuli-Venecia Julia), que a su vez se inspiró en la experiencia republicana española. Así lo explica Otero Novas en el libro 'Asalto al Estado' (Biblioteca Nueva, 2005), obra en la que este veterano político democristiano, nacido en Galicia y dos veces ministro con Suárez (Presidencia y Educación), ha querido reivindicar la existencia de un documento que al salir de la flamenca Casa Gades nunca más vio la luz.
El Rey estaba a favor de ese planteamiento, sin duda inspirado desde la lejanía por Fernández Miranda. Lo cuenta el periodista Abel Hernández en un libro de reciente aparición sobre las relaciones entre el Monarca y el primer presidente de la democracia ('Suárez y el Rey, Espasa', 2009). Cronista de 'Informaciones' y posteriormente director del diario católico Ya, amigo de Suárez y bien considerado en el entorno del Rey, Hernández ha escrito un libro amable, que en la página 126 afirma lo siguiente: “El Rey prefería que en vez de la España autonómica y el café para todos se procediera a una descentralización administrativa, una especie de mancomunidad de diputaciones, con la excepción del País Vasco y Catalunya, a los que no había más remedio que darles autonomía. Pero el monarca se plegó también en esto a la voluntad general, después de no pocos contactos con unos y con otros y largas conversaciones con el presidente, no siempre de guante blanco”.
“Excelencia, no vamos a ser menos”. Suárez, ágil y sinuoso, tenía buen olfato para el pálpito de la España desarrollista y, por si le fallaba la nariz, en 1977 –meses después de la comida en Casa Gades– nombró ministro adjunto para las Regiones a un catedrático andaluz que tampoco quería ser menos. Manuel Clavero Arévalo: el inventor de la cafetera. El profesor Clavero no formaba parte de la Empresa, nombre coloquial con el que se conocía al principal núcleo dirigente de la UCD, pero Suárez le respetaba. Había sido profesor suyo de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca (también lo fue de Felipe González en Sevilla). Miquel Roca, ponente constitucional de la Minoría Catalana e introductor del término nacionalidades en el controvertido artículo dos, le asigna un papel clave en la generalización del proceso autonómico. “Con todos mis respetos para Otero Novas, debo decir en este asunto quien más influyó fue Clavero, hasta el punto de romper con la propia UCD por la cuestión de Andalucía en 1980”.
Suárez guardó la Constitución de Gades en un cajón. No quiso que la discusión girase alrededor de un texto de UCD. Quizá no podía. Su partido presentaba problemas de cohesión y el PSOE, bien asentado por las elecciones de 1977, seguramente no lo habría aceptado. Felipe González exigía una Constitución prolija y una discusión abierta. La partida se jugaba en varios tableros y Andalucía, la región más poblada de España y con mayor número de diputados en el Congreso (61 sobre 350), iba a ser decisiva.
Clavero encarnaba un regionalismo andaluz de corte pequeño burgués, muy receloso del hegemonismo industrial de Catalunya. Era llegada la hora de la igualación. “No vamos a ser menos”. Ejercía el profesor una notable influencia sobre Alejandro Rojas-Marcos (también alumno de Derecho), promotor del Partido Socialista de Andalucía (PSA), edificado al margen del PSOE y para competir con él. Una UCD de fuerte acento andaluz y el PSA eran una pinza temible para el joven núcleo sevillano que aspiraba gobernar España cuanto antes. En un momento dado, Alfonso Guerra, táctico de primer orden, tomó la decisión: el PSOE levantaba la bandera verde y blanca (la enseña de los Omeyas) y exigía la convocatoria de un referéndum para sumar la gran región del Sur al grupo de las comunidades históricas, en el marco de una Constitución finalmente muy ambigua al respecto. El proceso se escapaba de las manos de Suárez, ahora debilitado en su magmático partido. El Gobierno centrista pidió el voto negativo y perdió la consulta del 28 de febero de 1980 (con un escrutinio dudoso en Almería). Clavero Arévalo dimitió, apuntillando a UCD. El PSOE había ganado la partida. Y en España corría la voz: “¡No vamos a ser menos!”.
José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucia entre 1984 y 1990, regionalista convencido, socialista a fuer que sevillano de vieja raigambre (nieto de un ministro de Alfonso XIII), rechaza la acusación de tacticismo: “No aceptábamos privilegios y pusimos las bases de un federalismo que España debe acabar de desarrollar”.
Con el intento de golpe de Estado vino el frenazo. La Loapa. El pacto de contención UCD-PSOE de julio de 1981. La igualación por abajo (“No vamos a ser menos”), teorizada por el catedrático Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande, jacobino de fina pluma. Algo amortiguados los ecos del 23-F, el Tribunal Constitucional presidido por Manuel García Pelayo derogó en 1983 catorce de los 38 artículos de la ley armonizadora, sentando las bases de una igualación por arriba, plasmada en el pacto PSOE-PP de 1992 y ribeteada por dos decisiones de José María Aznar de verdadero alcance: la transferencia del tráfico a los Mossos d'Esquadra, con el consiguiente refuerzo simbólico del espacio nacional catalán, y la prórroga indefinida de la ley reguladora del concierto vasco (excepción fiscal para la eternidad). En una vida anterior, Aznar casi, casi fue confederal.
José Luis Rodríguez Zapatero prometió lo que prometió en el 2003, abriendo un nuevo y compulsivo proceso de emulación (“No vamos a ser menos”); atrapado ahora por una crisis económica cuya brutal magnitud pocos previeron. El café se está volviendo amargo y España sabe que deberá ser replanteada. ¿Constitución de Gades?
La 'Constitución de Gades', borrador de 1977, dibujaba tres estatutos y regiones sin parlamento; al Rey le gustaba
Una España asimétrica en el borrador constitucional de 1977
¿Cómo le va a usted, Suárez?, preguntó Francisco Franco al joven gobernador civil. Turrubuelo, Segovia, 4 de julio de 1968. El general se había desplazado a este pequeño pueblo castellano, a la altura de Sepúlveda, para inaugurar una modesta estación de ferrocarril de la línea Madrid-Burgos. El gobernador tuvo una rápida respuesta. Llevaba meses esperando aquel momento. Era ambicioso. Quería llegar lejos.
–No sé qué decirle, Excelencia– respondió Adolfo Suárez González con su perenne sonrisa de joven promesa del Régimen.
–¿Qué quiere decir?
–Que no sé, Excelencia, si los segovianos querrán sentirse ciudadanos de segunda clase...
Franco ni se inmutó, como era habitual en él, pero dejó escapar un breve susurro: “Venga a verme...”.
Al cabo de unas semanas, Suárez insistía ante el Generalísimo en el papel que podía tener Segovia en la descongestión de Madrid y obtenía una nota dirigida a Laureano López Rodó, a la sazón ministro comisario del II Plan de Desarrollo, para que fuese calificada como provincia de “acción especial”.
La anécdota es rigurosamente cierta y está extraída del libro 'Adolfo Suárez, ambición y destino' (Debate, 2009), del periodista Gregorio Morán, sin duda la mejor biografía que se ha escrito (en 1979, revisada posteriormente) sobre el hombre que conservaba las claves decisivas de la transición en una memoria hoy imposible de de******ar. Adolfo Suárez tuvo siempre una gran voluntad de poder. Y dispuso de una habilidad innata para captar el pálpito de un país que había dejado de pasar hambre y comenzaba a intuir horizontes de mejora.
“¡No vamos a ser menos!”. En el gobierno civil de Segovia nació la filosofía profunda del café para todos.
Fue un proceso complejo. No es verdad que la actual división de España en 17 autonomías sea fruto de una directa imposición militar, temerosa de los ecos de la Segunda República, que sólo aprobó los estatutos de Catalunya y el País Vasco y no llegó a tiempo de refrendar el de Galicia. Transmitido de generación en generación, ese tópico amenaza con desfigurar la génesis de la descentralización española, hoy sometida a una arrolladora campaña de desprestigio, con foco en el Gran Madrid, distrito federal. Ante la demagogia rampante, no está de más repasar cómo empezó todo. Y descubrir que España estuvo a punto de emprender otro camino: más atento a la tradición, más historicista, más asimétrico, quizá más prudente; menos homogeneizador. Para ello conviene establecer como primera verdad que el ejército vencedor de la guerra 1936-1939 era, ante todo y por encima de todo, partidario de mantener la tutela militar sobre el poder civil, aun aceptando una lenta democratización del país. ETA mataba casi cada semana y cualquier mención a la autonomía –una, dos, tres, o diecisiete–, provocaba malestar en los cuarteles. El café para todos fue entendido como una jugada hábil por los altos oficiales más inteligentes, pero el brebaje se calentó en otros fogones y por otros motivos. Por otras astucias.
En marzo de 1977, cuatro meses antes de las primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez celebró un almuerzo en Madrid con su fiel colaborador José Manuel Otero Novas, entonces jefe de la subsecretaría técnica de la Presidencia del Gobierno, y varios técnicos de la fontanería de la Moncloa. La comida tuvo lugar en el restaurante Casa Gades, propiedad del fallecido bailarín Antonio Gades, en el número 4 de la calle Conde de Xiquena, en la zona ministerial del paseo de la Castellana. Suárez –lo cuenta Morán en un perspicaz pie de página– deseaba celebrar el redactado final del primer borrador de la Restauración. El borrador constitucional que la Unión de Centro Democrático pondría sobre la mesa si lograba ganar las primeras elecciones libres. La sombra protectora de Torcuato Fernández Miranda, el estratega que ideó la ley de Reforma Política para proceder a la autodisolución de las Cortes franquistas, se paseaba por el comedor. Estaban contentos. Y en un arrebato de alegría decidieron bautizar el documento como la 'Constitución Gades'. Podían haberle llamado la 'Constitución de Torcuato', pero eran tiempos de reinvención. Antonio Gades, miembro del Partido Comunista de España, amigo íntimo de Fidel Castro y compañero sentimental de la cantante Marisol, era entonces uno de los hombres de moda en España. Era un gran bailarín.
La 'Constitución Gades' consideraba una España distribuida en dos pisos: tres estatutos de corte federativo y de distinta sustancia (Catalunya, País Vasco y Galicia) y una amplia desconcentración administrativa en el resto del país, con regiones sin potestad legislativa. Tres estatutos especiales y catorce o quince regiones sin parlamento. Una asimetría similar a la de la Constitución italiana de 1948 (cinco estatutos especiales: Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta, Trentino-Alto Adigio y Friuli-Venecia Julia), que a su vez se inspiró en la experiencia republicana española. Así lo explica Otero Novas en el libro 'Asalto al Estado' (Biblioteca Nueva, 2005), obra en la que este veterano político democristiano, nacido en Galicia y dos veces ministro con Suárez (Presidencia y Educación), ha querido reivindicar la existencia de un documento que al salir de la flamenca Casa Gades nunca más vio la luz.
El Rey estaba a favor de ese planteamiento, sin duda inspirado desde la lejanía por Fernández Miranda. Lo cuenta el periodista Abel Hernández en un libro de reciente aparición sobre las relaciones entre el Monarca y el primer presidente de la democracia ('Suárez y el Rey, Espasa', 2009). Cronista de 'Informaciones' y posteriormente director del diario católico Ya, amigo de Suárez y bien considerado en el entorno del Rey, Hernández ha escrito un libro amable, que en la página 126 afirma lo siguiente: “El Rey prefería que en vez de la España autonómica y el café para todos se procediera a una descentralización administrativa, una especie de mancomunidad de diputaciones, con la excepción del País Vasco y Catalunya, a los que no había más remedio que darles autonomía. Pero el monarca se plegó también en esto a la voluntad general, después de no pocos contactos con unos y con otros y largas conversaciones con el presidente, no siempre de guante blanco”.
“Excelencia, no vamos a ser menos”. Suárez, ágil y sinuoso, tenía buen olfato para el pálpito de la España desarrollista y, por si le fallaba la nariz, en 1977 –meses después de la comida en Casa Gades– nombró ministro adjunto para las Regiones a un catedrático andaluz que tampoco quería ser menos. Manuel Clavero Arévalo: el inventor de la cafetera. El profesor Clavero no formaba parte de la Empresa, nombre coloquial con el que se conocía al principal núcleo dirigente de la UCD, pero Suárez le respetaba. Había sido profesor suyo de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca (también lo fue de Felipe González en Sevilla). Miquel Roca, ponente constitucional de la Minoría Catalana e introductor del término nacionalidades en el controvertido artículo dos, le asigna un papel clave en la generalización del proceso autonómico. “Con todos mis respetos para Otero Novas, debo decir en este asunto quien más influyó fue Clavero, hasta el punto de romper con la propia UCD por la cuestión de Andalucía en 1980”.
Suárez guardó la Constitución de Gades en un cajón. No quiso que la discusión girase alrededor de un texto de UCD. Quizá no podía. Su partido presentaba problemas de cohesión y el PSOE, bien asentado por las elecciones de 1977, seguramente no lo habría aceptado. Felipe González exigía una Constitución prolija y una discusión abierta. La partida se jugaba en varios tableros y Andalucía, la región más poblada de España y con mayor número de diputados en el Congreso (61 sobre 350), iba a ser decisiva.
Clavero encarnaba un regionalismo andaluz de corte pequeño burgués, muy receloso del hegemonismo industrial de Catalunya. Era llegada la hora de la igualación. “No vamos a ser menos”. Ejercía el profesor una notable influencia sobre Alejandro Rojas-Marcos (también alumno de Derecho), promotor del Partido Socialista de Andalucía (PSA), edificado al margen del PSOE y para competir con él. Una UCD de fuerte acento andaluz y el PSA eran una pinza temible para el joven núcleo sevillano que aspiraba gobernar España cuanto antes. En un momento dado, Alfonso Guerra, táctico de primer orden, tomó la decisión: el PSOE levantaba la bandera verde y blanca (la enseña de los Omeyas) y exigía la convocatoria de un referéndum para sumar la gran región del Sur al grupo de las comunidades históricas, en el marco de una Constitución finalmente muy ambigua al respecto. El proceso se escapaba de las manos de Suárez, ahora debilitado en su magmático partido. El Gobierno centrista pidió el voto negativo y perdió la consulta del 28 de febero de 1980 (con un escrutinio dudoso en Almería). Clavero Arévalo dimitió, apuntillando a UCD. El PSOE había ganado la partida. Y en España corría la voz: “¡No vamos a ser menos!”.
José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucia entre 1984 y 1990, regionalista convencido, socialista a fuer que sevillano de vieja raigambre (nieto de un ministro de Alfonso XIII), rechaza la acusación de tacticismo: “No aceptábamos privilegios y pusimos las bases de un federalismo que España debe acabar de desarrollar”.
Con el intento de golpe de Estado vino el frenazo. La Loapa. El pacto de contención UCD-PSOE de julio de 1981. La igualación por abajo (“No vamos a ser menos”), teorizada por el catedrático Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande, jacobino de fina pluma. Algo amortiguados los ecos del 23-F, el Tribunal Constitucional presidido por Manuel García Pelayo derogó en 1983 catorce de los 38 artículos de la ley armonizadora, sentando las bases de una igualación por arriba, plasmada en el pacto PSOE-PP de 1992 y ribeteada por dos decisiones de José María Aznar de verdadero alcance: la transferencia del tráfico a los Mossos d'Esquadra, con el consiguiente refuerzo simbólico del espacio nacional catalán, y la prórroga indefinida de la ley reguladora del concierto vasco (excepción fiscal para la eternidad). En una vida anterior, Aznar casi, casi fue confederal.
José Luis Rodríguez Zapatero prometió lo que prometió en el 2003, abriendo un nuevo y compulsivo proceso de emulación (“No vamos a ser menos”); atrapado ahora por una crisis económica cuya brutal magnitud pocos previeron. El café se está volviendo amargo y España sabe que deberá ser replanteada. ¿Constitución de Gades?
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