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Madmaxista
http://www.nortecastilla.es/prensa/20060823/portada/junta-multa-euros-concejal_20060823.html
La Junta multa con 6.500 euros al concejal del PP de Arroyo que tiene dos viviendas de protección oficial en las que no reside
La Consejería de Fomento califica el hecho de «muy grave», mientras que un juez investiga los ingresos patrimoniales del concejal popular durante los últimos años Javier Cruz, operario de Helios, es propietario de tres viviendas más, de las que dos fueron compradas en el 2005 a la constructora gallega Mahía
J. MORENO J. M./VALLADOLID
La Consejería de Fomento, que dirige Antonio Silván, ha decidido imponer dos sanciones al concejal del PP en Arroyo de la Encomienda Francisco Javier Cruz Sánchez tras haber comprobado que posee desde hace varios años dos viviendas de protección oficial (VPO) en ese municipio en las que no reside.
Cruz, que es operario en la empresa de mermeladas Helios, tiene junto a su esposa tres viviendas más, dos de ellas adquiridas en el año 2005 a la constructora gallega Mahía, empresa con importantes intereses urbanísticos en Arroyo, y a favor de la cual el concejal popular votó en un pleno para la recalificación de uno de sus solares en el sector SAU 9 donde se autorizaba el cambio de uso industrial, fijado en el Plan de Ordenación Urbana, por el de residencial, lo que permitía edificar 2.984 pisos a Mahía cerca de la autovía A-62
Después de casi cuatro meses de investigación administrativa, la Junta de Castilla y León ha dado por finalizado el expediente informativo con la imposición de dos sanciones al edil por cada una de las viviendas de protección oficial, lo que suma un total de 6.500 euros.
La apertura de dicho expediente se inició a los pocos días de que este diario publicase el pasado 13 de mayo una información en la que se resaltaba el incremento patrimonial de este concejal del PP, así como los antiguos vínculos laborales del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Freijo, con María Iluminada Miguel -apoderada de Mahía e hija del diputado provincial y presidente del Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio- encargados ambos de pactar la recalificación de las casi tres mil viviendas, hecho que fue paralizado posteriormente por Fomento.
Según ha podido conocer EL NORTE, el consejero de Fomento ordenó comprobar si el edil popular de Arroyo era titular de esos dos pisos de VPO, por lo que se solicitó tanto al Registro de la Propiedad número 3 como a la Gerencia Catastral información sobre dichas fincas. Los datos oficiales certificaron que tanto Javier Cruz como su esposa son dueños de un piso VPO en la calle Pato número 14, y de otro también de protección oficial en la calle Camino de Zaratán 14, ambos en el núcleo de La Flecha.
El primero de ellos tiene una superficie construida de 95 metros cuadrados, garaje y trastero, y fue adquirido el 28 de abril de 1987 por 3.200.000 de pesetas, de las cuales solo entregó a un particular 400.000 pesetas, por lo que el matrimonio suscribió una hipoteca por el resto con Caja España.
Catorce años después, el 12 de junio del 2001, el concejal y su mujer compraron la segunda vivienda de protección oficial en el Camino de Zaratán 14, piso que tiene una superficie construida de 94 metros cuadrados, garaje y trastero por 8 millones de pesetas (48.080 euros). En ese año ya era concejal de Arroyo de la Encomienda, mandato en el que se inició la declaración de suelo urbanizable del 90% del término municipal propiedad de la familia Ibáñez.
Dos faltas y muy graves
La Consejería de Fomento considera que el «hecho de no destinar estas dos viviendas a residencia habitual y permanente conlleva dos faltas tipificadas como muy graves», por lo que ha decidido imponer las dos sanciones. Por la de la calle Pato le impone 1.500 euros ya que es la residencia en la que el edil permaneció más tiempo hasta que se fue a vivir a un chalé de tres plantas que también tiene en La Flecha.
Por el segundo de los pisos de protección, en el que «no residió ni un solo día», la Junta ha decidido sancionar al concejal del PP con 5.000 euros. Para la imposición de ambas multas, la Dirección de Vivienda ha tenido en cuenta no solo la intencionalidad sino también la reincidencia y el perjuicio causado.
En ninguno de los dos casos las sanciones llevan aparejadas la devolución de los pisos o de las ayudas que pudiera haber recibido el edil, ya que la Junta no ha podido confirmar este último extremo al ser las edificaciones promovidas por un constructor privado hace más de dos décadas. Fuentes de Fomento explicaron que en 1987 cualquier persona podía tener derecho al acceso a una vivienda VPO con independencia de sus ingresos. La Junta ha tratado de verificar sin éxito si Javier Cruz ha recibido alguna ayuda pública por la compra de estos dos pisos, bien como préstamo cualificado o como subvención. Sin embargo, Fomento sí ha podido concretar que el precio de los dos pisos estaba dentro de los valores estimados por la Administración regional para la vivienda protegida correspondiente a una promoción del año 1983. El concejal dispone de un mes para recurrir estas dos sanciones ante el consejero de Fomento.La legislación para acceder a una vivienda pública viene marcada por una normativa del año 1978 y corresponde a la comunidad autónoma aplicarla. En la misma se establece como cuantía máxima de una sanción los 6.000 euros para aquellos infractores que sean titulares de una VPO y que no la destinen a su residencia habitual y permanente. Esta exigua cantidad, así como la vieja normativa, ha provocado que la ConsejerÌa de Fomento se planteé la posibilidad de cambiar esta ley para endurecer aquellos comportamientos que rozan la picaresca a la hora de acceder a un piso oficial. En todo caso, no se prevé que este cambio se produzca en esta legislatura. Comunidades autónomas como Andalucía sí que han endurecido el 'mal uso de las viviendas VPO'.
Los servicios jurídicos de la Junta han detectado que durante estos últimos años el concejal del PP Javier Cruz no ha procedido a desclasificar las dos viviendas de protección oficial de promoción privada, lo que hubiera permitido que ambos pisos quedaran como viviendas libres a todos los efectos. Esta circunstancia le hubiera permitido eludir cualquier responsabilidad administrativa no sin antes haber abonado las correspondientes tasas establecidas.
La Junta multa con 6.500 euros al concejal del PP de Arroyo que tiene dos viviendas de protección oficial en las que no reside
La Consejería de Fomento califica el hecho de «muy grave», mientras que un juez investiga los ingresos patrimoniales del concejal popular durante los últimos años Javier Cruz, operario de Helios, es propietario de tres viviendas más, de las que dos fueron compradas en el 2005 a la constructora gallega Mahía
J. MORENO J. M./VALLADOLID
La Consejería de Fomento, que dirige Antonio Silván, ha decidido imponer dos sanciones al concejal del PP en Arroyo de la Encomienda Francisco Javier Cruz Sánchez tras haber comprobado que posee desde hace varios años dos viviendas de protección oficial (VPO) en ese municipio en las que no reside.
Cruz, que es operario en la empresa de mermeladas Helios, tiene junto a su esposa tres viviendas más, dos de ellas adquiridas en el año 2005 a la constructora gallega Mahía, empresa con importantes intereses urbanísticos en Arroyo, y a favor de la cual el concejal popular votó en un pleno para la recalificación de uno de sus solares en el sector SAU 9 donde se autorizaba el cambio de uso industrial, fijado en el Plan de Ordenación Urbana, por el de residencial, lo que permitía edificar 2.984 pisos a Mahía cerca de la autovía A-62
Después de casi cuatro meses de investigación administrativa, la Junta de Castilla y León ha dado por finalizado el expediente informativo con la imposición de dos sanciones al edil por cada una de las viviendas de protección oficial, lo que suma un total de 6.500 euros.
La apertura de dicho expediente se inició a los pocos días de que este diario publicase el pasado 13 de mayo una información en la que se resaltaba el incremento patrimonial de este concejal del PP, así como los antiguos vínculos laborales del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Freijo, con María Iluminada Miguel -apoderada de Mahía e hija del diputado provincial y presidente del Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio- encargados ambos de pactar la recalificación de las casi tres mil viviendas, hecho que fue paralizado posteriormente por Fomento.
Según ha podido conocer EL NORTE, el consejero de Fomento ordenó comprobar si el edil popular de Arroyo era titular de esos dos pisos de VPO, por lo que se solicitó tanto al Registro de la Propiedad número 3 como a la Gerencia Catastral información sobre dichas fincas. Los datos oficiales certificaron que tanto Javier Cruz como su esposa son dueños de un piso VPO en la calle Pato número 14, y de otro también de protección oficial en la calle Camino de Zaratán 14, ambos en el núcleo de La Flecha.
El primero de ellos tiene una superficie construida de 95 metros cuadrados, garaje y trastero, y fue adquirido el 28 de abril de 1987 por 3.200.000 de pesetas, de las cuales solo entregó a un particular 400.000 pesetas, por lo que el matrimonio suscribió una hipoteca por el resto con Caja España.
Catorce años después, el 12 de junio del 2001, el concejal y su mujer compraron la segunda vivienda de protección oficial en el Camino de Zaratán 14, piso que tiene una superficie construida de 94 metros cuadrados, garaje y trastero por 8 millones de pesetas (48.080 euros). En ese año ya era concejal de Arroyo de la Encomienda, mandato en el que se inició la declaración de suelo urbanizable del 90% del término municipal propiedad de la familia Ibáñez.
Dos faltas y muy graves
La Consejería de Fomento considera que el «hecho de no destinar estas dos viviendas a residencia habitual y permanente conlleva dos faltas tipificadas como muy graves», por lo que ha decidido imponer las dos sanciones. Por la de la calle Pato le impone 1.500 euros ya que es la residencia en la que el edil permaneció más tiempo hasta que se fue a vivir a un chalé de tres plantas que también tiene en La Flecha.
Por el segundo de los pisos de protección, en el que «no residió ni un solo día», la Junta ha decidido sancionar al concejal del PP con 5.000 euros. Para la imposición de ambas multas, la Dirección de Vivienda ha tenido en cuenta no solo la intencionalidad sino también la reincidencia y el perjuicio causado.
En ninguno de los dos casos las sanciones llevan aparejadas la devolución de los pisos o de las ayudas que pudiera haber recibido el edil, ya que la Junta no ha podido confirmar este último extremo al ser las edificaciones promovidas por un constructor privado hace más de dos décadas. Fuentes de Fomento explicaron que en 1987 cualquier persona podía tener derecho al acceso a una vivienda VPO con independencia de sus ingresos. La Junta ha tratado de verificar sin éxito si Javier Cruz ha recibido alguna ayuda pública por la compra de estos dos pisos, bien como préstamo cualificado o como subvención. Sin embargo, Fomento sí ha podido concretar que el precio de los dos pisos estaba dentro de los valores estimados por la Administración regional para la vivienda protegida correspondiente a una promoción del año 1983. El concejal dispone de un mes para recurrir estas dos sanciones ante el consejero de Fomento.La legislación para acceder a una vivienda pública viene marcada por una normativa del año 1978 y corresponde a la comunidad autónoma aplicarla. En la misma se establece como cuantía máxima de una sanción los 6.000 euros para aquellos infractores que sean titulares de una VPO y que no la destinen a su residencia habitual y permanente. Esta exigua cantidad, así como la vieja normativa, ha provocado que la ConsejerÌa de Fomento se planteé la posibilidad de cambiar esta ley para endurecer aquellos comportamientos que rozan la picaresca a la hora de acceder a un piso oficial. En todo caso, no se prevé que este cambio se produzca en esta legislatura. Comunidades autónomas como Andalucía sí que han endurecido el 'mal uso de las viviendas VPO'.
Los servicios jurídicos de la Junta han detectado que durante estos últimos años el concejal del PP Javier Cruz no ha procedido a desclasificar las dos viviendas de protección oficial de promoción privada, lo que hubiera permitido que ambos pisos quedaran como viviendas libres a todos los efectos. Esta circunstancia le hubiera permitido eludir cualquier responsabilidad administrativa no sin antes haber abonado las correspondientes tasas establecidas.
