Un alcalde es inhabilitado por permitir casas ilegales

El alcalde de Quesada (Jaén), Manuel Vallejo (PSOE), ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos en su término municipal. El fallo responsabiliza a Vallejo de la proliferación de construcciones ilegales en el término municipal, aunque no se ordena el derribo de ninguna de ellas.

El regidor quesadeño anunció ayer que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial. "Tengo la conciencia muy tranquila. Siempre he actuado conforme a la legalidad vigente y en defensa de los intereses de mi pueblo y de mis vecinos", declaró Vallejo, que se quejó durante el juicio de la escasez de medios que su Ayuntamiento tiene para combatir las construcciones ilegales. "Es muy difícil controlar que se cumpla la legalidad urbanística, especialmente en uno de los términos más extensos de la provincia", sentenció. Junto al alcalde, para el que la Fiscalía pedía un año de inhabilitación, también han sido condenados ocho vecinos de la localidad, que no tendrán que demoler las viviendas.

Manuel Vallejo recibió el respaldo de la dirección provincial socialista. El secretario general jiennense, Francisco Reyes, manifestó a Europa Press que la sentencia "es injusta porque el alcalde lo único que ha hecho es trabajar por Quesada".
Un alcalde es inhabilitado por permitir casas ilegales · ELPAÍS.com

Manuel Vallejo Laso, el alcalde socialista de Quesada, ha sido condenado a seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público por no denunciar las casas ilegales levantadas en su término municipal entre los años 2003 y 2005. También han sido castigados con penas de prisión otros ocho vecinos por construir sus licencias.

Se trata del primer caso en el que se condena a un alcalde en activo de la provincia por delitos relacionados con el urbanismo. En román paladino, la Justicia ha considerado que Manuel Vallejo Laso hizo “la vista subida de peso” con numerosas edificaciones levantadas sin licencia en el paraje de El Llano, una zona no urbanizable situada en las afueras de Quesada. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 dice textualmente: “Esas construcciones, que eran conocidas por el alcalde, no fueron deliberadamente denunciadas a la Fiscalía para proceder contra sus promotores, directores o técnicos”. Este proceso judicial comenzó por una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, concluida en junio de 2008. En principio, fueron imputadas veinticuatro personas. No obstante, sólo nueve se sentaron en el banquillo de los acusados. Se trata de seis propietarios, dos constructores y el propio Manuel Vallejo Laso. Los demás casos ya habían prescrito.

La resolución judicial asegura que los acusados levantaron en el paraje de El Llano viviendas unifamiliares de unos cien metros cuadrados, con piscina. Son construcciones destinadas a la segunda residencia y al recreo. Incluso, una de ellas cuenta con dos plantas y casi doscientos metros de superficie. Por ello, los propietarios y los constructores han sido condenados a ocho meses de prisión.

Por otro lado, el Ayuntamiento llegó a paralizar las obras de varias de estas construcciones en más de una ocasión, algunas hasta en seis veces. ¿Por qué, entonces, se ha condenado al alcalde de Quesada? Simplemente, porque conocía la situación de ilegalidad y no la denunció ante la Guardia Civil y Fiscalía “como era su obligación”, tal y como se establece en la sentencia del Penal número 1.

Sobre el espinoso asunto de las demoliciones, la juez ha decidido no derribar lo construido al margen de la normativa. Su razonamiento es el que aplica la jurisprudencia de la Audiencia Nacional. La magistrada Carmen Carpio asegura que en el paraje de El Llano existen unas 115 viviendas, de las que sólo el 40 por ciento son de reciente construcción. Es decir, judicialmente no se puede actuar contra las demás edificaciones, por lo que se quedarán en pie “por los siglos de los siglos”. Si se echan abajo las más nuevas, supondría “un agravio comparativo” para sus propietarios, “además de un elemento de distorsión”. Al respecto, la jueza aporta otros argumentos para no demoler los chales: “Se encuentran junto a otras que no han sido demolidas, no están aisladas, cuentan con acometidas de luz y agua y satisfacen los impuestos de naturaleza urbana”.

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia en el plazo de diez días. El alcalde ya ha anunciado que presentará alegaciones, pues se considera inocente. También se da por seguro el recurso de la Fiscalía, que solicitará al máximo órgano judicial de la provincia que derribe las viviendas ilegales. Rafael Abolafia/Jaén
Condenado el alcalde de Quesada

Un ascenso+condecoración para ese juez.

Inhabilitando, inhabilitando, lo mismo mejoramos la política.