¿Cuál es el número de liberados sindicales a tiempo total y parcial de la Administración General del Estado? Ésta es la pregunta que, mañana hace ya un año, el PP registró por escrito en el Congreso, y que repitió hasta 102 veces, por cada uno de los ministerios, organismos públicos y sociedades estatales que figuran en los Presupuestos Generales.
Todo un empeño baldío, el que personalmente acometió la diputada por Palencia Celinda Sánchez y que ahora se transforma en denuncia, ante uno de los secretos mejor guardados por el Ejecutivo. La madeja se extiende a autonomías y ayuntamientos, donde parecen existir liberados que en realidad no son delegados de los trabajadores. Es decir, no han sido elegidos en las elecciones sindicales.
Y es que, antes aún de que Esperanza Aguirre confirmara ayer en la Asamblea autonómica su decisión de reducir el número de liberados en la Comunidad de Madrid, y siguiendo instrucciones de la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, la diputada Celinda Sánchez pedía amparo al presidente de la Cámara, José Bono, ante el muy prolongado silencio administrativo.
En realidad, el Ejecutivo cumplió formalmente con el trámite parlamentario el pasado mes de junio -en vísperas de la huelga de funcionarios públicos- al contestar a 79 de estas preguntas de una tacada y de una única manera: reproduciendo, sin más, los artículos correspondientes del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica Sindical. Pero ni un número, ni un dato ha ofrecido el Gobierno, pasado un año, acerca de lo que hoy no sólo Aguirre ha convertido en prioridad política, sino que también ha asumido desde la oposición el propio Mariano Rajoy.
El presidente del PP, que respaldó personalmente la iniciativa de la presidenta regional del PP, rehusó comprometerse con una propuesta de reducción similar en el Parlamento o con una instrucción, en este mismo sentido, a los demás barones autonómicos del PP: "Lo estudiaremos", se limitó a decir a preguntas de la prensa.
El PP promoverá que se clarifiquen los liberados
Lo que sí hizo Rajoy fue dejar sentado que el PP va a promover una clarificación del número de liberados, tanto en la Administración como en el sector privado. Y, para ello, prometió solicitar "reuniones con las organizaciones sindicales". Se trata, según explicó, de ver dónde se está "en esta materia, porque tampoco hay una claridad total y absoluta".
Esto mismo es lo que defiende la diputada popular, si bien ella se muestra muy escéptica sobre la colaboración de los sindicatos en este sentido: "Las centrales sindicales no van a dar nunca ese dato. En un momento como éste de recortes sociales, millones de parados y una huelga en ciernes, nadie va a soltar estas cifras", decía ayer a este diario.
De ahí su interés -hoy como un año atrás- de que sea la Administración la que lo dé a conocer, "por obligación parlamentaria". Según Celinda Sánchez, «como representante del pueblo tengo tanto derecho a conocer el número de parados que hay en mi provincia, como el número exacto de liberados en los organismos y empresas dependientes del Estado".
"Hay que saber cuántos hay, y lo que cuestan al erario público", añadía, en el bien entendido de que el PP no promoverá ninguna reducción "si el número se ajusta a la Ley".
Un año después, sin embargo, la sospecha se ha agrandado: "El Gobierno está tirando balones fuera, está ocultando el número de liberados porque o no conoce los datos exactos, o tiene una cifra real que es un escándalo en un momento en que el desempleo duplica la media europea. Yo apuesto por esta segunda opción y, en cualquier caso, estoy decidida, como secretaria de la Comisión Constitucional del Congreso, a que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, me lo aclare en la Cámara, y antes de Navidad".
El número de liberados en España es un secreto de Estado | España | elmundo.es
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