El fiscal del Tribunal de Cuentas abre otro frente a Bono por su relación con El Poce

El fiscal del Tribunal de Cuentas abre otro a Bono por su relación con El Pocero

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González, ultima un informe sobre la gestión urbanística en Seseña (Toledo), donde el constructor Francisco Hernando, El Pocero, levantó su macrociudad gracias a la complicidad del Ayuntamiento y a la falta de controles por parte del Gobierno autonómico que presidía José Bono. Las conclusiones de la Fiscalía se basan en un documento del propio Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso este diario, donde se denuncian decenas de irregularidades en la aprobación y desarrollo del proyecto urbanístico de El Pocero.


Según fuentes próximas a este organismo, es previsible que el fiscal inicie las actuaciones necesarias para depurar las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que se desprendan de la investigación del Tribunal de Cuentas. Se trata de un nuevo frente para Bono, que ya acumula varias denuncias del Partido Popular ante la Fiscalía General del Estado por el extraordinario crecimiento de su patrimonio en los últimos años.


El "Informe de fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña", cuyo contenido avanzó el diario El Mundo, y que sirve de base al fiscal, fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 24 de junio, y firmado por su presidente, Manuel Pérez Núñez, el pasado viernes, por lo que se espera que llegue al Congreso y al Senado este semana. En sus 330 páginas, incluidas las alegaciones, subraya que "la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería ejercitar, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga y que de haberse practicado adecuadamente podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general".


Es decir, que el Gobierno castellanomanchego, cuando estuvo presidido por Bono y, después, por el también socialista José María Barreda, no cumplió con su obligación de hacer cumplir la ley en el municipio de Seseña, icono de la burbuja inmobiliaria y de la construcción descontrolada sin garantía de abastecimiento de servicios básicos, como el agua. El Plan de Actuación Urbanística (PAU) de El Quiñón, núcleo del Residencial Francisco Hernando, "supuso la reclasificación de 1.822.147 metros cuadrados de suelo rústico a suelo urbanizable de uso residencial". "Además, implicó la creación de un nuevo núcleo de población, con una configuración urbanística de densidad muy alta y edificabilidad próxima al límite", señala el informe.


El proyecto implicaba un crecimiento de la población de Seseña de entre el 500 y el 750%, o lo que es lo mismo, entre 32.000 y 47.000 habitantes más. Y para el Tribunal de Cuentas no queda lugar a dudas: esta masiva reclasificación de suelo carece de "fundamentación y soporte alguno, no estando justificada la edificabilidad y densidad residenciales en análisis de viabilidad, ni en estudios de mercado que permitan pronunciarse sobre su adecuación a la mejora del bienestar de la población o al desarrollo del término municipal".


Polémica aprobación del proyecto urbanístico

La aprobación de este plan se remonta al 8 de mayo de 2003, cuando el Ayuntamiento de Seseña estaba dirigido por el socialista José Luis Martín, y la Comunidad estaba regida por Bono. Se celebró un Pleno extraordinario en el consistorio cuando la legislatura tocaba a su fin, pero sin poner a disposición de los concejales la documentación necesaria para conocer el proyecto. De hecho, como reitera el Tribunal de Cuentas, el informe de evaluación ambiental previa, fechado el 29 de abril, no entró al ayuntamiento hasta el 9 de mayo, un día después de la celebración del pleno.

"Además, en el Acta del Pleno del 8 de mayo de 2003 se menciona, pero no se transcribe, que existe informe favorable al PAU de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicho informe está fechado el 8 de mayo de 2003, es decir, el mismo día en que se aprobó el PAU, si bien no consta sellada ni su salida de dicho organismo ni entrada en el Ayuntamiento a través de los respectivos registros", denuncia el organismo fiscalizador. El ambicioso proyecto de El Pocero volvió a aprobarse en octubre de 2003, pero como apunta el Tribunal de Cuentas, seguía sin justificarse adecuadamente la adjudicación de las obras a la empresa de El Pocero Onde 2000, S.L.


La amistad entre Bono y 'El Pocero'

Onde 2000 es uno de los nexos de unión entre Bono y Francisco Hernando, ya que esta empresa llevó a cabo obras en la hípica del actual presidente del Congreso de los Diputados y, según ha reconocido El Pocero, fueron pagadas por los patrocinadores de las instalaciones, y no por Bono. El político socialista y el constructor mantuvieron durante años una estrecha relación de amistad, que se torció cuando Hernando se sintió abandonado por el ex presidente castellanomanchego al multiplicarse los problemas en torno a Seseña.

Sin embargo, durante la larga etapa de más que buenas relaciones entre Bono y El Pocero era muy habitual que las familias de ambos compartieran jornadas festivas en Hípica Almenara, el hipódromo propiedad del político socialista situado a las afueras de Toledo. El constructor y su esposa, María Audena del Saz, acompañados de sus hijos y nietos, solían acudir a la hípica los domingos para que los más pequeños montaran en pony y más tarde compartir la comida. Fue en uno de estos encuentros cuando, según varios testigos, El Pocero presumió de haber regalado a la mujer de Bono, Ana Rodríguez Mosquera, un Porsche Cayenne oscuro valorado en unos 80.000 euros.

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'El Pocero', Bono y los límites del cohecho impropio

EL PRESIDENTE del Congreso ha denunciado que se siente víctima de una campaña orquestada ora por un grupo de comunicación, ora por la secretaria general del PP junto a su marido. Es posible que, en efecto, sobre José Bono se haya puesto una atención especial vinculada con la circunstancia de que, dedicándose a la política, haya reunido un respetable patrimonio personal, pero eso es legítimo, tanto por parte de los medios como de los grupos políticos. Este periódico ya dijo que, de acuerdo con la documentación facilitada por Bono, su actuación podía no casar con la de un líder de izquierda, pero no tenía visos de ilicitud. Cuestión distinta es, como también advertimos, que sea necesario cambiar la ley para que un alto cargo no pueda poner en marcha una actividad comercial como, por ejemplo, una hípica. Pero un nuevo asunto está ya sobre el tablero. La semana pasada, cuando este periódico reveló que un dictamen del Tribunal de Cuentas aprobado por unanimidad consideraba que la Junta de Castilla-La Mancha había cometido una negligencia al no impedir el despropósito de Seseña, Bono aseguró que todo estaba dentro de la legalidad. Sin embargo, no es precisamente ésa la conclusión que se extrae del informe que hoy publicamos de la Intervención General del Estado, que atribuye graves responsabilidades tanto al Ayuntamiento de Seseña como a la Junta en la construcción de la ciudad residencial de El Pocero, ahora abandonada. Lo que el interventor dice es que se incumplió la Ley de Ordenación del Territorio y que se cometió el «desatino» de cubrir la operación bajo «el manto» de un plan parcial, cuando se trataba de una «modificación total», al quintuplicar la población. La no intervención de la Junta en una actuación que convertiría a Seseña «en uno de los municipios más poblados de la comunidad», es tan extraña que, a ojos del interventor, sólo pudo deberse a «grave dejación de responsabilidades o a protección de intereses ilegítimos».

La Intervención está sugiriendo que el Ayuntamiento y la Junta pudieron incurrir en un delito de prevaricación, del cual serían responsables el alcalde y el consejero, Alejandro Gil, hombre de confianza de Bono. Sin embargo, las responsabilidades políticas no se acaban en ellos. El beneficiario de una recalificación urbanística en sí misma que generaba unas plusvalías de más de 1.000 millones de euros era Francisco Hernando, El Pocero, un constructor que realizó obras en la hípica de la familia Bono y que le agasajó en diversas ocasiones. Si se demostrara que El Pocero le otorgó un trato favorable, esto podría llegar a situar la relación de Bono con el promotor en un escenario de cohecho impropio, el mismo delito del que se acusa a Camps con bastante fundamento. El catedrático Enrique Gimbernat explica hoy en EL MUNDO las diferencias entre cohecho propio e impropio. En el primer caso, hay que probar que los funcionarios públicos reciben obsequios a cambio de concesiones. En el segundo, basta con aceptar los obsequios -que pueden tener muchas formas- para que «el funcionario pase a ser un sujeto corruptible y sospechoso, en cuanto que con la aceptación del regalo se ha generado una relación de dependencia respecto de quien realizó el obsequio». El bien jurídico protegido en este delito es el de «preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en el ejercicio de la función pública».

Resulta inexplicable -si no escandaloso- que la Fiscalía Anticorrupción tenga en sus manos desde hace tres años el informe de la Intervención y no haya iniciado un procedimiento penal para investigar los presuntos delitos. En cuanto al presidente del Congreso, tiene la obligación de aclarar por qué permitió que se llevara a cabo «el desatino» de Seseña y si su actuación tuvo algo que ver con su relación con El Pocero.
El mundo via epesimo e-pesimo Auxiliar 1

El interventor denunció el trato de la Junta de Bono a 'El Pocero'

Un informe confidencial atribuye al Gobierno regional 'o grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos' en la recalificación de Seseña

Fue elaborado en 2007 a petición de la Fiscalía Anticorrupción por el jefe de su unidad de apoyo en la Intervención General del Estado Jaime López Alonso
Considera 'un desatino' que una operación con mil millones de plusvalía y que quintuplicaba la población fuera 'cubierta por el manto de un Plan Parcial'

El Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por José Bono vulneró la Ley al autorizar en 2003 la aprobación de la promoción inmobiliaria de Francisco Hernando, El Pocero, en la localidad toledana de Seseña. Sólo hay dos posibles razones para que Bono y su equipo en la Junta permitieran el cúmulo de irregularidades que se produjeron en la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico a favor del constructor: «O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos». Así lo asegura un durísimo informe oficial de la Intervención General del Estado remitido de forma confidencial hace tres años a la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido ahora acceso EL MUNDO.

El jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía en la Intervención General del Estado -dependiente del Ministerio de Hacienda que dirigía en la época Pedro Solbes-, Jaime López Alonso, rechaza y ve «posiblemente nula de pleno derecho» la actuación del Ayuntamiento de Seseña, especialmente en la etapa gobernada por el socialista José Luis Martín, que fue quien impulsó y aprobó la recalificación tras recibir informes de la Junta.

Pero el interventor también ve responsabilidad «muy directa» en la Junta de Bono. «En esta materia, las responsabilidades de la Consejería competente en materia de Urbanismo y de sus órganos provisionales son muy directas», manifiesta en el informe. El titular era entonces Alejandro Gil, considerado de máxima confianza de Bono.

El interventor se muestra asombrado de que la Junta de Castilla-La Mancha dejara que fuera el Ayuntamiento el que llevara las riendas de la adjudicación, como si la aprobación de la propuesta residencial de El Pocero se tratara de un simple Plan Parcial que apenas procedía a una modificación urbanística puntual.

El informe considera que se trataba de una modificación total, al quintuplicar la población de la localidad y, por tanto, la única autoridad competente era el Ejecutivo regional, según la propia ley urbanística de 1998 promulgada por Bono.

«Simplemente por sentido común, no pueden pasar ante los ojos de la Consejería actuaciones urbanísticas de un municipio que lo van a convertir en uno de los más poblados de toda la Comunidad Autónoma sin que ésta asuma sus competencias en materia de planeamiento urbanístico, salvo que exista grave dejación de responsabilidades o se protejan intereses ilegítimos». Con esta dureza se expresa el interventor, sin que su informe haya dado lugar a una iniciativa legal especial por parte de la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, encargada del caso.

En opinión de López Alonso, «desde el punto de vista legal, el cumplimiento de los fines de la actividad pública, territorial y urbanística, descritos en los artículos 5 y 6 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Castilla-La Mancha (LOTAU) parecen especialmente vulnerados por el órgano que ostenta las superiores competencias en la materia». Es decir, por la Consejería de Urbanismo de la Junta. Esos artículos son los que establecen la supremacía del interés general en el urbanismo de la región.

También considera el interventor «especialmente incumplidos por órganos de la Consejería los artículos 34.1, 36.3 y 37 de la LOTAU», que son los que detallan en qué momentos de la tramitación de planes urbanísticos municipales debe actuar el Gobierno regional.

La Junta de Bono consideraba esta recalificación «un Plan Parcial» de ordenación urbanística, lo que suponía que debía quedar a iniciativa de El Pocero y en manos del Ayuntamiento de Seseña. Pero el interventor -en coincidencia con el Tribunal de Cuentas en el informe que aprobó hace dos semanas- rechaza este argumento. Asegura que la propia Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Castilla-La Mancha (LOTAU) destina en su artículo 17 el plan parcial «a ordenar en detalle un sector concreto de un municipio, no para ordenar un municipio que va a multiplicar por cinco o por 10 su población».

«Cubrir jurídicamente esta situación bajo un manto de Plan Parcial propuesto por la empresa que va a ser principal beneficiaria de las plusvalías sólo puede estimarse un desatino, considerando tanto el sentido común como la legislación vigente», añade el informe confidencial.

El pasado lunes, cuando este diario publicó el crítico informe del Tribunal de Cuentas con su gestión en Seseña, el hoy presidente del Congreso aseguró, «sonriendo y con documentación», que la Junta que él presidió actuó con «estricta legalidad».

El documento fue elaborado a petición de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada en 2006 por Izquierda Unida (IU) por el escándalo inmobiliario en Seseña. IU denunciaba precisamente a, entre otros, el propio Bono y al entonces consejero de Urbanismo por facilitar el pelotazo de El Pocero.

Realmente era un pelotazo para el promotor, porque, según el interventor, «sólo la recalificación urbanística de los terrenos» generaba «unas plusvalías de más de mil millones de euros». Se trataba de un terreno rústico de 1,8 millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas.

En opinión del interventor, también es destacable que la Junta no reclamara que al menos algunas de las miles viviendas previstas fuera de protección oficial. La LOTAU prevé la obligación de destinar a ese tipo de vivienda parte de lo construido en municipios de más de 20.000 habitantes. En opinión del interventor, Seseña «debe considerarse a efectos de planeamiento como superior a 20.000 habitantes ya que es consustancial a la planificación regular el futuro urbanístico». Es más, no hacerlo sobre un «municipio de urbanismo en ebullición y una previsión tan alta de habitantes podría constituir un fraude de ley».

El interventor resalta que el plan de El Pocero «parece a simple vista la antítesis de lo que la LOTAU define como interés público: situada a varios kilómetros del centro urbano, sin relación con las necesidades de Seseña; entre dos grandes vías de comunicación que la cercan; con grandes problemas de agua, saneamientos, transportes, etcétera». Además, «las plusvalías de los terrenos y la mayor recaudación que supondrá para el municipio están desigualmente repartidas y no parece que contrarresten los indudables perjuicios para el interés público».

El Mundo vía epesimo e-pesimo Auxiliar 1: EL ENRIQUECIMIENTO DESMESURADO DEL SOCIALISTA BONO: El interventor denunció el trato de favor de la Junta de Bono a 'El Pocero'

si parece un chorizo,huele a chorizo y sabe a chorizo generalmente es un chorizo

^^ Si parece una hez, huele a hez y sabe a hez, podemos afirmar que nuestro presidente del congreso es un chorizo ::

Una denuncia discreta

La Intervención General del Estado no vio con buenos ojos la recalificación de suelo que se produjo en tierras de Castilla-La Mancha en el año 2003 para que el constructor Francisco Hernando, El Pocero, materializase en Seseña un sueño para la clase media-baja, si ustedes me perdonan la aliteración. Fueron un millón ochocientos mil metros cuadrados de terreno rústico que pasó a ser urbano en un pispás administrativo. Unos 300 campos de fútbol, para que se hagan ustedes una idea en días como éstos en los que el fútbol es medida de todas las cosas, además del último consuelo.

Hace más o menos 90 años que Emiliano Zapata murió en defensa de su lema tierra y libertad en la creencia de que «la tierra es para quien la trabaja». Francamente, no me extraña que el pobre terminara como terminó, a pesar de lo que mejoró su imagen Marlon Brando en la película que le dedicó Elia Kazan en 1952, el mismo año, vaya por Dios, en el que el director quedó marcado para siempre con el estigma del chivato al denunciar por comunistas a varios amigos suyos ante el Comité de Actividades Antiamericanas que puso en marcha el senador McCarthy. El traidor y el héroe, váyase lo uno por lo otro.

Claro es que si Zapata incurría en errores conceptuales como el citado es porque en su época no se había popularizado la figura de los concejales y los consejeros de Urbanismo. La tierra es, evidentemente, para quien la recalifica.

El Informe de la Intervención General del Estado calcula el valor del pelotazo en más de mil millones de euros, que es una pasta, se mire como se mire, y apunta a dos posibilidades para explicar que la Junta de Castilla-La Mancha, presidida entonces por José Bono, autorizase al Ayuntamiento de Seseña, encabezado por su compañero de partido José Luis Martín, a recalificar aquel enorme descampado, pese a lo que Intervención califica (que no recalifica, ojo) de cúmulo de irregularidades en el cambio de uso de los terrenos: «O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos».

En semejante disyuntiva no queda mucho espacio para la presunción de conductas virtuosas. No parece razonable, argumenta el informe, que la Junta delegara en el Ayuntamiento, como si fuera un plan parcial, una operación que iba a quintuplicar la población de Seseña.

Una cuestión añadida es que el apabullante informe fue entregado por Intervención del Estado a la Fiscalía Anticorrupción hace tres años, sin que hasta ahora se haya filtrado ni un párrafo del documento. «Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda», prescribía el Evangelio de San Mateo a la hora de dar limosnas o comisiones. Admirable discreción que explica la razón de que hayamos venido creyendo que la única corrupción existente en España, que también, llevaba el nombre de Correa (Gürtel, en alemán).

A la espera de que se nos cuantifique el corretaje, Seseña puede acabar disputando el podio a los tres grandes casos de corrupción de los últimos años, medidos en comisiones: Ciempozuelos, 40 millones de euros; Pretoria, 33; Gürtel, 27.

e-pesimo Auxiliar 1: EL ENRIQUECIMIENTO DESMESURADO DEL SOCIALISTA BONO: El interventor denunció el trato de favor de la Junta de Bono a 'El Pocero'

Bono defiende el 'estricto cumplimiento de la ley' en el trato de la Junta a 'El Pocero' | España | elmundo.es

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha apelado esta mañana al "cumplimiento estricto de la ley" en su defensa frente a las acusaciones de "dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos" que se le imputan en el Informe Oficial de la Intervención General del Estado sobre las recalificaciones urbanísticas de Seseña y que ha revelado este lunes EL MUNDO.

Previo a su intervención en la ponencia sobre 'La reforma electoral en España' dentro del ámbito de los Cursos de verano de El Escorial, Bono ha querido mostrar su adhesión a la legalidad "por encima de cualquier campaña de cualquier signo y con cualquier intención".

El informe considera que la modificación de los terrenos de Francisco Hernando, 'El Pocero', era responsabilidad del Gobierno regional -presidido entonces por Bono- y no del Ayuntamiento de la localidad toledana, debido a la magnitud del proyecto urbanístico.
El PSOE de Castilla-La Mancha ve una campaña contra Bono

Desde Toledo, el portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, ha replicado que la Justicia no ha encontrado indicios de delito del Gobierno regional en la tramitación del PAU de El Quiñón y ha denunciado una campaña "sin el más mínimo fundamento" para dañar a Bono y al PSOE, informa Efe.

El socialista ha recordado que este caso ha sido investigado por los tribunales (ese informe fue enviado a la Fiscalía Anticorrupción) y "en ningún caso" se ha apreciado ningún indicio de delito ni ninguna responsabilidad de otro tipo en el Gobierno regional.

De hecho, ha subrayado que "el principal argumento" de ese informe -la autorización de 13.508 viviendas mediante un plan parcial y sin un plan de ordenación municipal- motivó un recurso del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo) que fue desestimado.

Por ello, Molina ha considerado que se trata de una noticia "tergiversada" que busca "montar un escándalo donde no lo hay" dentro de una campaña "para hacer daño a una persona y a un grupo político sin el más mínimo fundamento".

Es un escándalo que Bono todavía no haya sido encarcelado.