MonteKarmelo
Madmaxista
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El informe que el Tribunal de Cuentas remitirá esta semana a Las Cortes abre una nueva fase en la oscura súper recalificación de terrenos en Seseña en favor de El Pocero. Su conclusión es que Bono no hizo cumplir en su región su propia Ley urbanística
Es más que probable que el que era entonces dueño del yate y anfitrión, Francisco Hernando, El Pocero, conserve incluso grabaciones de José Bono compartiendo travesía con él por si un día el actual presidente del Congreso niega haberle conocido. El Pocero era a principios de la década una personalidad ante la Junta de Castilla-La Mancha. Después, tras entrar en el ruedo mediático, se ha convertido en un apestado para los mismos que apoyaban su espectacular promoción en Seseña (Toledo): 13.500 viviendas que quintuplicaban la población de la localidad toledana. Bono y su sucesor, José María Barreda, han terminado siendo pasotas incluso con él, según se desprende de las quejas públicas del hastiado promotor, cada vez más cerca de saltar a Guinea Ecuatorial.
La recalificación de esos terrenos de Seseña suponía en el floreciente año 2003 muchos cientos de millones de euros de plusvalías para Hernando y constituye para Bono un episodio delicado que vuelve a la actualidad. Por primera vez una instancia oficial, el Tribunal de Cuentas, enviará esta semana a Las Cortes un informe sobre el caso. Bono asegura que puede documentar que actuó con rigor, pero no es ése el resultado del informe, que le presenta como un pasota. Su problema es la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha que él mismo firmó y promulgó el 15 de junio de 1998. Esta norma prohibía, por ejemplo, en su artículo 39.4, que un ayuntamiento aprobara planes como el de El Pocero sin «justificar expresa y concretamente cuáles son sus mejoras para el bienestar de la población».
Este artículo fue «vulnerado» en múltiples aspectos ante la pasividad de la Junta, según el ponente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que ha recibido el apoyo de los consejeros socialistas. El órgano fiscalizador del Estado apunta que debió activarse el artículo 40 de esa misma Ley, que obliga a la Junta a intervenir en cuanto se produce «una reconsideración total de la ordenación urbanística» en el municipio. ¡Cómo no va a serlo un plan que quintuplicaba la población!
Pero, según el órgano fiscalizador, la Junta cerró los ojos y permitió y facilitó que el ayuntamiento que regentaba el también socialista José Luis Martín, recalificara y adjudicara a El Pocero 1,8 millones de metros cuadrados el 8 de mayo de 2003. Fue en un pleno extraordinario organizado antes en el despacho del consejero de Urbanismo, Alejandro Gil, de confianza de Bono. Había prisa, porque 24 horas después comenzaba la campaña electoral que iba a hacer perder al PSOE el poder municipal. El fiscal del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González, estudia trasladar a Anticorrupción todas las irregularidades a las que vea relevancia penal.
Un mes después de la recalificación y tras asumir el cargo, el actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (Izquierda Unida) escribió a Bono el 23 de junio de 2003 para pedirle audiencia «ante la presión insoportable que se ejerce en este momento sobre la alcaldía» por parte «de determinados promotores» y le subrayaba que no quería ser más explícito por carta. El presidente de la Junta nunca recibió al alcalde que debía gestionar la mayor promoción de la región. ¿Por qué ese pasotismo en alguien tan activo como ha acreditado ser siempre Bono?
Ante tal escándalo constatado por el Tribunal de Cuentas -con su alambicado lenguaje habitual- hay que preguntar por la relación personal entre Bono y El Pocero. En marzo de 2004, siendo él aún presidente de la Junta, las grúas de El Pocero remodelaban la hípica Almenara, propiedad de Bono. Hernando no suele dedicarse a trabajar para otros, pero en esta ocasión hizo una excepción. También fue excepcional que el que contrataba las obras no era el propietario real, sino Porcelanosa y demás grandes empresas patrocinadoras de la hípica.
Si eso se une a todo lo publicado -por ahora- sobre su relación con el presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría, surge otra pregunta: ¿deslumbraron los reyes del ladrillo a Bono? Él lo niega de plano y se muestra indignado por lo que llama «una campaña de difamación con fines electorales» que atribuye a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Bono ha mantenido contactos telefónicos recientes con el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y ex secretario general socialista en la región, Juan Pedro Hernández Moltó. Y, qué coincidencia, éste ha roto por fin su silencio público. ¿Para explicar por fin por qué su ex caja tenía tal agujero que el Estado la ha dedicado la friolera de 7.150 millones de euros, según Bruselas? No. ¿Para agradecer que el Banco de España no haya abierto oficialmente contra él ninguna investigación por administración desleal en contraste con la emprendida contra los curas de la cordobesa Cajasur? No.
Moltó sólo ha asomado para revelar ahora a El País que De Cospedal le forzó en julio de 2007 a ampliar la cuota del PP en el consejo del grupo industrial en la caja para meter a su actual marido, Ignacio López del Hierro. Ella replica que fue Moltó el que tuvo la idea. Fue, como ya contamos en su día en esta sección, un grave error de De Cospedal y de un ejecutivo de la experiencia de López del Hierro. Pero el matrimonio asegura no tener nada que temer y, al contrario, impulsa una investigación incluso penal sobre CCM. Lo que queda claro ya es que Moltó reconoce implícitamente con sus declaraciones que él aceptaba presiones políticas en la caja. De ella... ¿y de quién más?
El Mundo vía e-pesimo Auxiliar 1: MERCADOS: Las huelgas salvajes de los matones sindicales de Zapatero/ ¿Por qué el activo y enriquecido Bono se portó en Seseña así de permisivo?
http://3.bp.blogspot.com/_2a-M0dqbr...RC+El+enriquecimiento+desmesurado+de+Bono.jpg
Es más que probable que el que era entonces dueño del yate y anfitrión, Francisco Hernando, El Pocero, conserve incluso grabaciones de José Bono compartiendo travesía con él por si un día el actual presidente del Congreso niega haberle conocido. El Pocero era a principios de la década una personalidad ante la Junta de Castilla-La Mancha. Después, tras entrar en el ruedo mediático, se ha convertido en un apestado para los mismos que apoyaban su espectacular promoción en Seseña (Toledo): 13.500 viviendas que quintuplicaban la población de la localidad toledana. Bono y su sucesor, José María Barreda, han terminado siendo pasotas incluso con él, según se desprende de las quejas públicas del hastiado promotor, cada vez más cerca de saltar a Guinea Ecuatorial.
La recalificación de esos terrenos de Seseña suponía en el floreciente año 2003 muchos cientos de millones de euros de plusvalías para Hernando y constituye para Bono un episodio delicado que vuelve a la actualidad. Por primera vez una instancia oficial, el Tribunal de Cuentas, enviará esta semana a Las Cortes un informe sobre el caso. Bono asegura que puede documentar que actuó con rigor, pero no es ése el resultado del informe, que le presenta como un pasota. Su problema es la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha que él mismo firmó y promulgó el 15 de junio de 1998. Esta norma prohibía, por ejemplo, en su artículo 39.4, que un ayuntamiento aprobara planes como el de El Pocero sin «justificar expresa y concretamente cuáles son sus mejoras para el bienestar de la población».
Este artículo fue «vulnerado» en múltiples aspectos ante la pasividad de la Junta, según el ponente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que ha recibido el apoyo de los consejeros socialistas. El órgano fiscalizador del Estado apunta que debió activarse el artículo 40 de esa misma Ley, que obliga a la Junta a intervenir en cuanto se produce «una reconsideración total de la ordenación urbanística» en el municipio. ¡Cómo no va a serlo un plan que quintuplicaba la población!
Pero, según el órgano fiscalizador, la Junta cerró los ojos y permitió y facilitó que el ayuntamiento que regentaba el también socialista José Luis Martín, recalificara y adjudicara a El Pocero 1,8 millones de metros cuadrados el 8 de mayo de 2003. Fue en un pleno extraordinario organizado antes en el despacho del consejero de Urbanismo, Alejandro Gil, de confianza de Bono. Había prisa, porque 24 horas después comenzaba la campaña electoral que iba a hacer perder al PSOE el poder municipal. El fiscal del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González, estudia trasladar a Anticorrupción todas las irregularidades a las que vea relevancia penal.
Un mes después de la recalificación y tras asumir el cargo, el actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (Izquierda Unida) escribió a Bono el 23 de junio de 2003 para pedirle audiencia «ante la presión insoportable que se ejerce en este momento sobre la alcaldía» por parte «de determinados promotores» y le subrayaba que no quería ser más explícito por carta. El presidente de la Junta nunca recibió al alcalde que debía gestionar la mayor promoción de la región. ¿Por qué ese pasotismo en alguien tan activo como ha acreditado ser siempre Bono?
Ante tal escándalo constatado por el Tribunal de Cuentas -con su alambicado lenguaje habitual- hay que preguntar por la relación personal entre Bono y El Pocero. En marzo de 2004, siendo él aún presidente de la Junta, las grúas de El Pocero remodelaban la hípica Almenara, propiedad de Bono. Hernando no suele dedicarse a trabajar para otros, pero en esta ocasión hizo una excepción. También fue excepcional que el que contrataba las obras no era el propietario real, sino Porcelanosa y demás grandes empresas patrocinadoras de la hípica.
Si eso se une a todo lo publicado -por ahora- sobre su relación con el presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría, surge otra pregunta: ¿deslumbraron los reyes del ladrillo a Bono? Él lo niega de plano y se muestra indignado por lo que llama «una campaña de difamación con fines electorales» que atribuye a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Bono ha mantenido contactos telefónicos recientes con el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y ex secretario general socialista en la región, Juan Pedro Hernández Moltó. Y, qué coincidencia, éste ha roto por fin su silencio público. ¿Para explicar por fin por qué su ex caja tenía tal agujero que el Estado la ha dedicado la friolera de 7.150 millones de euros, según Bruselas? No. ¿Para agradecer que el Banco de España no haya abierto oficialmente contra él ninguna investigación por administración desleal en contraste con la emprendida contra los curas de la cordobesa Cajasur? No.
Moltó sólo ha asomado para revelar ahora a El País que De Cospedal le forzó en julio de 2007 a ampliar la cuota del PP en el consejo del grupo industrial en la caja para meter a su actual marido, Ignacio López del Hierro. Ella replica que fue Moltó el que tuvo la idea. Fue, como ya contamos en su día en esta sección, un grave error de De Cospedal y de un ejecutivo de la experiencia de López del Hierro. Pero el matrimonio asegura no tener nada que temer y, al contrario, impulsa una investigación incluso penal sobre CCM. Lo que queda claro ya es que Moltó reconoce implícitamente con sus declaraciones que él aceptaba presiones políticas en la caja. De ella... ¿y de quién más?
El Mundo vía e-pesimo Auxiliar 1: MERCADOS: Las huelgas salvajes de los matones sindicales de Zapatero/ ¿Por qué el activo y enriquecido Bono se portó en Seseña así de permisivo?
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