El Tribunal de Cuentas achaca a Bono negligencia ante 'El Pocero'
Afirma que si la Junta hubiera actuado «adecuadamente» en Seseña se habrían evitado «irregularidades y modificaciones no justificadas en el interés general»
El Tribunal de Cuentas ha aprobado un duro informe en el que descalifica al entonces Ayuntamiento socialista de Seseña en la aprobación del espectacular proyecto inmobiliario de Francisco Hernando, El Pocero, en la localidad toledana de Seseña, y propina un suspenso a la Junta de Castilla-La Mancha por haber actuado con negligencia.
El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, sostiene que el Gobierno regional manchego no cumplió «adecuadamente» -sobre todo en la etapa de José Bono, aunque también en la posterior de José María Barreda- sus funciones de ordenación, inspección y control. Con su negligencia, la Junta no evitó las múltiples irregularidades que, según el informe, perpetró el Ayuntamiento con el proyecto de El Pocero, entre otros.
El informe -de 209 páginas sin contar los anexos y alegaciones- fue aprobado unánimemente tanto por los consejeros del Tribunal nombrados a propuesta del Partido Popular como del PSOE y desestima el grueso de las alegaciones presentadas por el Ejecutivo regional.
«La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería ejercitar, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga y que, de haberse practicado adecuadamente, podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general». Así califica el máximo órgano fiscalizador de la Administración la actuación del Gobierno de la comunidad autónoma. Su dictamen relanza la responsabilidad de las autonomías en el escándalo del ladrillo español.
El Tribunal de Cuentas no menciona expresamente, como es habitual, nombres de funcionarios. Por tanto, no alude directamente al presidente del Congreso, José Bono, pero sí menciona en múltiples ocasiones al Gobierno regional que él presidió hasta abril de 2004, que fue el periodo en que se aprobó el grueso de trámites para el proyecto de El Pocero. En la etapa de su sucesor, José María Barreda, también se ha apreciado negligencia.
Fuentes próximas a Bono negaron ayer a EL MUNDO que éste hubiera mantenido una actuación negligente. «Él dispone de información de los funcionarios sobre el caso que pone de manifiesto que se actuó desde la Junta con el máximo rigor», aseguraron estas fuentes. El Pocero también ha negado irregularidades.
La fiscalización del Ayuntamiento de Seseña fue iniciada en 2008 por el Tribunal de Cuentas y forma parte de los programas de investigación que escoge cada año. Ya entonces Izquierda Unida había presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta connivencia del Ayuntamiento del PSOE y de Bono con El Pocero que no ha desembocado hasta ahora en ninguna querella.
Según ha podido saber este diario, el informe aprobado el jueves por el Tribunal de Cuentas fue objeto de una cierta suavización con respecto a borradores iniciales, pero en él se enumeran varias irregularidades que podrían tener relevancia penal. En el informe se enumera un asombroso abanico de irregularidades por parte fundamentalmente del equipo municipal que dirigía el entonces alcalde socialista José Luis Martín. Entre ellas, que arquitectos municipales valoraban el proyecto en connivencia con el promotor, incurriendo en flagrante incompatibilidad.
El documento también menciona varias actuaciones irregulares por parte de la Junta por no haber vigilado en general al Ayuntamiento toledano en un proyecto que era emblemático para la Comunidad: más de 13.000 viviendas tras una recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico, que requería autorización autonómica. Éstas son algunas de ellas.
LA APROBACIÓN. El llamado Plan de Actuación Urbanística (PAU) El Quiñón, clave para la construcción del llamado Residencial Francisco Hernando, fue aprobado por el Ayuntamiento de Seseña en el último Pleno en que había mayoría socialista antes del cambio electoral municipal. Según el informe del Tribunal de Cuentas, «en el acta del Pleno se menciona, pero no se transcribe, que existe informe favorable al PAU de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha». Según prosigue el texto, «dicho informe está fechado el 8 de mayo de 2003, es decir el mismo día en que se aprobó el PAU, si bien no consta sellada ni su salida de dicho organismo ni entrada en el Ayuntamiento a través de los respectivos registros». El entonces consejero de Urbanismo de Bono, Alejandro Gil, recibió antes del Pleno decisivo esa misma mañana, según no negó a este diario, al entonces alcalde y al propio Hernando. En el acta del Pleno, consta que Martín aseguró que Gil había dado visto bueno, pese a que dos días antes la Comisión Provincial de Urbanismo había acordado la suspensión de la aprobación del Plan Especial de Infraestructuras que debía acompañar al PAU.
SIN IMPUGNAR. Aunque, según el Tribunal de Cuentas, el PAU de El Quiñón fue aprobado sin cumplir el procedimiento autonómico «no consta actuación alguna del Ayuntamiento ni que la Junta impugnase los acuerdos municipales». La Junta alega que no se le puede exigir tal vigilancia posterior de actos municipales, pero el Tribunal sostiene que sí.
LAS 'ZONAS VERDES'. El Ayuntamiento procedió a reducir las zonas verdes en 1.467 metros cuadrados, pese a que la Consejería de Urbanismo había advertido de que no era posible hacerlo al ser «una modificación de carácter estructural». Sin embargo, «dicho requerimiento no fue atendido por el Ayuntamiento, no habiendo realizado la Junta ninguna actuación encaminada a restablecer el interés general afectado».
FUERA DE PLAZO. «La Consejería de Obras Públicas requirió, fuera del plazo previsto en la normativa, la subsanación de deficiencias del expediente, sin que dicho requerimiento fuera atendido por el Ayuntamiento a pesar de que el acuerdo de aprobación se adoptó con posterioridad a dicho requerimiento». «No existe constancia de que la Junta procediera a la impugnación del acuerdo municipal».
INSPECCIÓN. Desde 1996, el Tribunal de Cuentas sólo ha detectado «una sola actuación inspectora por parte de la Junta en el término municipal de Seseña, en la que no se evidenciaron actuaciones ilegales».
AGUA. En octubre de 2003, el jefe de sección de Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas de la Junta emitió un informe en el que aseguró que el proyecto de El Pocero rebasaba «ampliamente el caudal que tiene asignado el municipio». Eso obligaba a que Hernando sólo pudiera construir y vender viviendas a medida que estuviera garantizado el suministro suficiente de agua. Sin embargo, la Junta permitió «la concesión de licencias de obras durante los años 2002-2005 para la construcción de 5.096 viviendas, y no respetó el Plan de Etapas aprobado, al concederse licencias para la construcción de un número de viviendas superior al de las previsiones del Plan».
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