MonteKarmelo
Madmaxista
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Cambió el decreto tras recibir en Moncloa al laboralista Fernando Valdés / El original incluía propuestas de Sagardoy que le había transmitido Botín
El presidente del Gobierno rebajó de forma sustancial, y en los aspectos que podrían resultar más controvertidos, la reforma laboral que tenía preparada para enviar al Consejo de Ministros del pasado 16 de junio, tras una reunión con dos catedráticos de Derecho del Trabajo: uno de ellos, Jesús Cruz Villalón, está considerado uno de los expertos próximos al PSOE; el otro, Fernando Valdés Dal-Re, es asesor habitual de la UGT y quien le recordó al presidente que podía producirse un choque frontal con el sindicato si mantenía la propuesta inicial.
El cambio experimentado por el texto que inicialmente se había dado por bueno sorprendió a los juristas que habían estado semanas trabajando en la elaboración de borradores y notas, que iban intercambiando hasta plasmar con exactitud -y cotejando las posibilidades de cada punto- las directrices dadas desde el Gobierno.Sigue en página 4
Editorial en página 3
Asuntos como, por ejemplo, la concreción en las causas del despido objetivo o la posibilidad de descolgarse de los convenios laborales prevista para las empresas en crisis con el fin de evitar males mayores, quedaron aparcados a pesar de haber recibido el visto bueno de los cargos altos y medios de Moncloa y de Trabajo; de especialistas como Alfonso Morón, director del Gabinete para el Diálogo Social, o de José Enrique Serrano, el director del Gabinete del presidente.
La sorpresa fue mayor porque las modificaciones se introdujeron cuando ya parecía que el contenido de la reforma estaba cerrado. De hecho, muchos de los cargos que habían contribuido a elaborarla no se enteraron de los cambios hasta después de su aprobación en el Consejo de Ministros. Tampoco fueron los únicos en sentir cierta perplejidad: el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, que había hablado con Rodríguez Zapatero en las jornadas previas, consideró igualmente que se había producido un giro inesperado.
La posición del jefe del Ejecutivo sobre la reforma fue evolucionando en las últimas semanas, desde su negativa a llevarla a cabo sin consenso previo de los interlocutores sociales, pasando después (tras el Pearl Harbor de Bruselas) a planteamientos más próximos a la patronal, hasta su decisión final, concretada en un decreto que esta semana ni siquiera ha logrado el respaldo unánime de la bancada socialista en el Congreso.
El jueves 10 de junio, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, entregó a los sindicatos un borrador sobre el que no hubo acuerdo tras más de 11 horas de reunión. El fiasco llevó a CCOO y UGT a concretar la convocatoria de una huelga general contra la reforma para el próximo mes de septiembre.
El citado borrador fue difundido por los medios de comunicación el viernes 11 de junio.
Ese mismo día, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, telefoneó al experto en temas laborales Juan Antonio Sagardoy para pedirle su opinión sobre la propuesta del Gobierno. El banquero estaba preocupado por la reacción de los mercados ante la reforma. Un día después, Sagardoy le remitió a Botín un par de folios en los que resaltaba los ocho puntos que, a su entender, hacían que el proyecto del Gobierno fuera claramente insuficiente.
En resumen, Sagardoy proponía que los contratos por obra tuvieran una duración mayor de tres años si el empresario justificaba la duración de la misma; apostaba por la universalización del contrato de fomento de empleo de 33 días de despido (desterrando los contratos de 45 días); recomendaba poner un tope de uno o dos años a los convenios ya vencidos, además de facilitar el descuelgue de los convenios no sólo en materia salarial, sino también en las condiciones de trabajo; pedía una mayor flexibilización de los contratos a tiempo parcial; la integración de la formación en el contrato de trabajo; y, por supuesto, la tasación de las causas del despido objetivo por razones económicas, fijando para ello un periodo de pérdidas de las empresas que evitara la discrecionalidad de los jueces a la hora de determinarlo.
Botín movió todos los hilos. Habló con representantes de la CEOE y del Partido Popular y con el portavoz parlamentario de CiU. De hecho, la expresión «churro» que utilizó Josep Antoni Duran Lleida para calificar la reforma, fue la misma que usó el presidente del Banco de Santander en su conversación con él.
Y, por último, efectivamente, conversó con Rodríguez Zapatero.
El presidente del Gobierno fue muy receptivo a los planteamientos del banquero y le pidió que le remitiera el papel elaborado por Sagardoy.
El lunes 14 de junio, el jefe de Gabinete del presidente, José Enrique Serrano, que formó parte de la cátedra de Sagardoy, habló con él por teléfono y le pidió que le enviara sus recomendaciones. En Moncloa se daba por hecho que la reforma incluiría un periodo de pérdidas de seis meses para determinar las causas para que las empresas recurrieran al despido objetivo por causas económicas, que contempla un despido de 20 días por año trabajado. A esa cantidad habría que deducirle los ocho días que pagaría el Fogasa, con lo que, a fin de cuentas, el empresario sólo pagaría 12 días de indemnización en ese tipo de despidos.
Sin embargo, cuando todo hacía prever que el Gobierno, que ya tenía la amenaza de la huelga general sobre la mesa, iba a apostar por una reforma más en profundidad, Zapatero cambió, para sorpresa del propio equipo de Moncloa.
La causa fue, en definitiva, esa reunión secreta que Zapatero mantuvo con Jesús Cruz Villalón y con Fernando Valdés, doctor en Derecho por la Complutense, presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, director de la revista Relaciones Laborales, asesor de UGT y hombre muy próximo a su secretario general, Cándido Méndez.
Valdés le dijo al presidente que una propuesta como la que tenía sobre la mesa (que incluía algunas de las recomendaciones de Sagardoy) supondría una liberalización sin precedentes del mercado de trabajo que, a la postre, le acarrearía un enfrentamiento frontal con la UGT.
Fueron, finalmente, las propuestas de Valdés las que dieron como fruto el decreto tal cual fue aprobado por el Consejo de Ministros del día 16, convalidado posteriormente en la sesión del Congreso del pasado día 22, con el apoyo exclusivo de 168 diputados del PSOE.
Del proceder del presidente del Gobierno ante la crisis económica habló ayer el ex ministro de Felipe González y alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, para decir que Zapatero «no ha tenido la capacidad de percepción» necesaria para prever la recesión que iba a afectar a España.
«Tuvo credibilidad durante bastante más de cuatro años. Otra cosa es si no ha tenido la capacidad de previsión de lo que venía, bien por los asesores, bien por el entorno», dijo el ex ministro socialista en una entrevista en la cadena Cope, informa Europa Press.
Precisamente, Felipe González ha vuelto a pronunciarse sobre la crisis, en esta ocasión en el prólogo de un libro. González critica en él las medidas para reducir el déficit que se están adoptando en toda la UE -incluida España- y advierte de que se debe seguir estimulando la economía.
El mundo via epesimo
e-pesimo Auxiliar 1: Y ZAPATERO HIZO QUEBRAR AL ESTADO ESPAÑOL: Zapatero rebajo a «churro» la reforma tras hablar con UGT
El presidente del Gobierno rebajó de forma sustancial, y en los aspectos que podrían resultar más controvertidos, la reforma laboral que tenía preparada para enviar al Consejo de Ministros del pasado 16 de junio, tras una reunión con dos catedráticos de Derecho del Trabajo: uno de ellos, Jesús Cruz Villalón, está considerado uno de los expertos próximos al PSOE; el otro, Fernando Valdés Dal-Re, es asesor habitual de la UGT y quien le recordó al presidente que podía producirse un choque frontal con el sindicato si mantenía la propuesta inicial.
El cambio experimentado por el texto que inicialmente se había dado por bueno sorprendió a los juristas que habían estado semanas trabajando en la elaboración de borradores y notas, que iban intercambiando hasta plasmar con exactitud -y cotejando las posibilidades de cada punto- las directrices dadas desde el Gobierno.Sigue en página 4
Editorial en página 3
Asuntos como, por ejemplo, la concreción en las causas del despido objetivo o la posibilidad de descolgarse de los convenios laborales prevista para las empresas en crisis con el fin de evitar males mayores, quedaron aparcados a pesar de haber recibido el visto bueno de los cargos altos y medios de Moncloa y de Trabajo; de especialistas como Alfonso Morón, director del Gabinete para el Diálogo Social, o de José Enrique Serrano, el director del Gabinete del presidente.
La sorpresa fue mayor porque las modificaciones se introdujeron cuando ya parecía que el contenido de la reforma estaba cerrado. De hecho, muchos de los cargos que habían contribuido a elaborarla no se enteraron de los cambios hasta después de su aprobación en el Consejo de Ministros. Tampoco fueron los únicos en sentir cierta perplejidad: el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, que había hablado con Rodríguez Zapatero en las jornadas previas, consideró igualmente que se había producido un giro inesperado.
La posición del jefe del Ejecutivo sobre la reforma fue evolucionando en las últimas semanas, desde su negativa a llevarla a cabo sin consenso previo de los interlocutores sociales, pasando después (tras el Pearl Harbor de Bruselas) a planteamientos más próximos a la patronal, hasta su decisión final, concretada en un decreto que esta semana ni siquiera ha logrado el respaldo unánime de la bancada socialista en el Congreso.
El jueves 10 de junio, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, entregó a los sindicatos un borrador sobre el que no hubo acuerdo tras más de 11 horas de reunión. El fiasco llevó a CCOO y UGT a concretar la convocatoria de una huelga general contra la reforma para el próximo mes de septiembre.
El citado borrador fue difundido por los medios de comunicación el viernes 11 de junio.
Ese mismo día, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, telefoneó al experto en temas laborales Juan Antonio Sagardoy para pedirle su opinión sobre la propuesta del Gobierno. El banquero estaba preocupado por la reacción de los mercados ante la reforma. Un día después, Sagardoy le remitió a Botín un par de folios en los que resaltaba los ocho puntos que, a su entender, hacían que el proyecto del Gobierno fuera claramente insuficiente.
En resumen, Sagardoy proponía que los contratos por obra tuvieran una duración mayor de tres años si el empresario justificaba la duración de la misma; apostaba por la universalización del contrato de fomento de empleo de 33 días de despido (desterrando los contratos de 45 días); recomendaba poner un tope de uno o dos años a los convenios ya vencidos, además de facilitar el descuelgue de los convenios no sólo en materia salarial, sino también en las condiciones de trabajo; pedía una mayor flexibilización de los contratos a tiempo parcial; la integración de la formación en el contrato de trabajo; y, por supuesto, la tasación de las causas del despido objetivo por razones económicas, fijando para ello un periodo de pérdidas de las empresas que evitara la discrecionalidad de los jueces a la hora de determinarlo.
Botín movió todos los hilos. Habló con representantes de la CEOE y del Partido Popular y con el portavoz parlamentario de CiU. De hecho, la expresión «churro» que utilizó Josep Antoni Duran Lleida para calificar la reforma, fue la misma que usó el presidente del Banco de Santander en su conversación con él.
Y, por último, efectivamente, conversó con Rodríguez Zapatero.
El presidente del Gobierno fue muy receptivo a los planteamientos del banquero y le pidió que le remitiera el papel elaborado por Sagardoy.
El lunes 14 de junio, el jefe de Gabinete del presidente, José Enrique Serrano, que formó parte de la cátedra de Sagardoy, habló con él por teléfono y le pidió que le enviara sus recomendaciones. En Moncloa se daba por hecho que la reforma incluiría un periodo de pérdidas de seis meses para determinar las causas para que las empresas recurrieran al despido objetivo por causas económicas, que contempla un despido de 20 días por año trabajado. A esa cantidad habría que deducirle los ocho días que pagaría el Fogasa, con lo que, a fin de cuentas, el empresario sólo pagaría 12 días de indemnización en ese tipo de despidos.
Sin embargo, cuando todo hacía prever que el Gobierno, que ya tenía la amenaza de la huelga general sobre la mesa, iba a apostar por una reforma más en profundidad, Zapatero cambió, para sorpresa del propio equipo de Moncloa.
La causa fue, en definitiva, esa reunión secreta que Zapatero mantuvo con Jesús Cruz Villalón y con Fernando Valdés, doctor en Derecho por la Complutense, presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, director de la revista Relaciones Laborales, asesor de UGT y hombre muy próximo a su secretario general, Cándido Méndez.
Valdés le dijo al presidente que una propuesta como la que tenía sobre la mesa (que incluía algunas de las recomendaciones de Sagardoy) supondría una liberalización sin precedentes del mercado de trabajo que, a la postre, le acarrearía un enfrentamiento frontal con la UGT.
Fueron, finalmente, las propuestas de Valdés las que dieron como fruto el decreto tal cual fue aprobado por el Consejo de Ministros del día 16, convalidado posteriormente en la sesión del Congreso del pasado día 22, con el apoyo exclusivo de 168 diputados del PSOE.
Del proceder del presidente del Gobierno ante la crisis económica habló ayer el ex ministro de Felipe González y alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, para decir que Zapatero «no ha tenido la capacidad de percepción» necesaria para prever la recesión que iba a afectar a España.
«Tuvo credibilidad durante bastante más de cuatro años. Otra cosa es si no ha tenido la capacidad de previsión de lo que venía, bien por los asesores, bien por el entorno», dijo el ex ministro socialista en una entrevista en la cadena Cope, informa Europa Press.
Precisamente, Felipe González ha vuelto a pronunciarse sobre la crisis, en esta ocasión en el prólogo de un libro. González critica en él las medidas para reducir el déficit que se están adoptando en toda la UE -incluida España- y advierte de que se debe seguir estimulando la economía.
El mundo via epesimo
e-pesimo Auxiliar 1: Y ZAPATERO HIZO QUEBRAR AL ESTADO ESPAÑOL: Zapatero rebajo a «churro» la reforma tras hablar con UGT
