Cuatrecasas alerta de que a partir de marzo habrá una ola de quiebras empresariales. Las Provincias
Cuatrecasas alerta de que a partir de marzo habrá una ola de quiebras empresariales
A partir del 1 de marzo, las firmas cuyos bienes inmuebles se hayan devaluado correrán el riesgo de acabar en un concurso de acreedores
19.02.10 - 02:23 -
JULIÁN LARRAZ | VALENCIA.
Quedan 10 días para uno de los horizontes más personas de color que se puede imaginar en la actual crisis. El fin del periodo de vigencia del Real Decreto-Ley 10/2008 del 12 de diciembre llevará a las empresas de toda España a una situación crítica. Sus cuentas van a sufrir un vuelco radical que les va a llevar a una situación de quiebra técnica, especialmente a aquellas firmas que tenga bienes inmobiliarios. Javier Castrodeza, socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, alertó ayer de que a partir del 1 de marzo la oleada de procesos concursales puede tener una dimensión enorme.
«En diciembre de 2008, el Gobierno preveía una vacatio de dos años en la que las pérdidas de activos e inmovilizado no debían contarse. Eso permitía no tener que afrontar el concurso. Desgraciadamente, esta medida acabó el 31 de diciembre de 2009», explicó ayer Castrodeza, que añadió: «Esto significa que muchas empresas no tienen contabilizados en sus fondos propios las pérdidas pero, a partir del 31 de diciembre pasado, tienen que hacerlo».
Según lo explicado por el socio de Cuatrecasas en una jornada de APD organizada por este mismo despacho y La Caixa, el problema llegado a este punto es que las empresas pueden tener una carencia de fondos propios a partir del 1 de enero de 2010 por lo que, pasados dos meses en esta situación, deben presentar el concurso de acreedores el próximo 1 de marzo.
El fin de la medida, sobre el que Elena Salgado, ministra de Economía, no ha anunciado su prórroga, afectará fundamentalmente a promotoras pero también a todas aquellas empresas que tengan bienes inmuebles (naves, locales...), es decir, casi todas. A la delicada situación actual, se les va unir estas nuevas pérdidas que deben aflorar en sus cuentas por lo que a las empresas que están en el filo de la navaja el fin del decreto les puede empujar hacia el concurso de acreedores del que más del 90% de las que allí acuden acaban en liquidación.
Riesgo desconocido
Además, hay un agravante peligroso. Las empresas se creen en situación de solvencia y, por el fin de este decreto, y tienen un alto riesgo de caer en insolvencia. Por su creencia de estar fuera de peligro no están preparando el proceso concursal por lo que cualquiera de sus acreedores, incluso estando al corriente del pago con ellos, podría forzarles a un concurso necesario (proceso promovido por el acreedor y en el que el deudor sale perjudicado).
Jon Palomero, director de la oficina de Forest Partners en Valencia, asegura que aunque el Decreto Ley se refiere de manera genérica a activos materiales, existencias e inversiones inmobiliarias, «es evidente que por motivos económicos y de mercado, los activos que han sufrido una mayor depreciación en esta crisis son los inmobiliarios, siendo por tanto estas empresas las que más se han beneficiado de la aplicación de esta norma, sin excluir empresas industriales que han ampliado la capacidad productiva mediante la compra de activos que también han sufrido depreciación y puedan haberse acogido a esta norma».
Desde la oficina especializada en asesoramiento financiero a empresas en situación de crisis, disputas y litigios empresariales, se sostiene: «Lo que tendrá que plantearse el legislador es, si dada la evolución que ha sufrido la economía y la perspectivas a medio plazo, que no son muy halagüeñas, si estamos ante un problema de tipo coyuntural de mercado y aplicar una prórroga o el problema es estructural y hace falta una iniciativa más contundente».
«Grave error del Gobierno»
El economista y asesor de empresas Fernando Giner asegura que, además del daño que va a generar al tejido productivo de la Comunitat el fin del decreto, se pone de manifiesto que el Gobierno no ha sido capaz de comprender la magnitud de la actual crisis. «El legislador pensaba que, para estas fechas, estaríamos ya en la recuperación. El Gobierno ha tenido un grave error de cálculo al pensar que el problema inmobiliario era coyuntural y no estructural, como se está demostrando que es». Giner, además, avisa de una posible reacción negativa en los mercados bursátiles conforme las empresas tengan que ir computando las pérdidas de valor de sus inmuebles «en un mercado que sigue a la baja».
Cuatrecasas alerta de que a partir de marzo habrá una ola de quiebras empresariales
A partir del 1 de marzo, las firmas cuyos bienes inmuebles se hayan devaluado correrán el riesgo de acabar en un concurso de acreedores
19.02.10 - 02:23 -
JULIÁN LARRAZ | VALENCIA.
Quedan 10 días para uno de los horizontes más personas de color que se puede imaginar en la actual crisis. El fin del periodo de vigencia del Real Decreto-Ley 10/2008 del 12 de diciembre llevará a las empresas de toda España a una situación crítica. Sus cuentas van a sufrir un vuelco radical que les va a llevar a una situación de quiebra técnica, especialmente a aquellas firmas que tenga bienes inmobiliarios. Javier Castrodeza, socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, alertó ayer de que a partir del 1 de marzo la oleada de procesos concursales puede tener una dimensión enorme.
«En diciembre de 2008, el Gobierno preveía una vacatio de dos años en la que las pérdidas de activos e inmovilizado no debían contarse. Eso permitía no tener que afrontar el concurso. Desgraciadamente, esta medida acabó el 31 de diciembre de 2009», explicó ayer Castrodeza, que añadió: «Esto significa que muchas empresas no tienen contabilizados en sus fondos propios las pérdidas pero, a partir del 31 de diciembre pasado, tienen que hacerlo».
Según lo explicado por el socio de Cuatrecasas en una jornada de APD organizada por este mismo despacho y La Caixa, el problema llegado a este punto es que las empresas pueden tener una carencia de fondos propios a partir del 1 de enero de 2010 por lo que, pasados dos meses en esta situación, deben presentar el concurso de acreedores el próximo 1 de marzo.
El fin de la medida, sobre el que Elena Salgado, ministra de Economía, no ha anunciado su prórroga, afectará fundamentalmente a promotoras pero también a todas aquellas empresas que tengan bienes inmuebles (naves, locales...), es decir, casi todas. A la delicada situación actual, se les va unir estas nuevas pérdidas que deben aflorar en sus cuentas por lo que a las empresas que están en el filo de la navaja el fin del decreto les puede empujar hacia el concurso de acreedores del que más del 90% de las que allí acuden acaban en liquidación.
Riesgo desconocido
Además, hay un agravante peligroso. Las empresas se creen en situación de solvencia y, por el fin de este decreto, y tienen un alto riesgo de caer en insolvencia. Por su creencia de estar fuera de peligro no están preparando el proceso concursal por lo que cualquiera de sus acreedores, incluso estando al corriente del pago con ellos, podría forzarles a un concurso necesario (proceso promovido por el acreedor y en el que el deudor sale perjudicado).
Jon Palomero, director de la oficina de Forest Partners en Valencia, asegura que aunque el Decreto Ley se refiere de manera genérica a activos materiales, existencias e inversiones inmobiliarias, «es evidente que por motivos económicos y de mercado, los activos que han sufrido una mayor depreciación en esta crisis son los inmobiliarios, siendo por tanto estas empresas las que más se han beneficiado de la aplicación de esta norma, sin excluir empresas industriales que han ampliado la capacidad productiva mediante la compra de activos que también han sufrido depreciación y puedan haberse acogido a esta norma».
Desde la oficina especializada en asesoramiento financiero a empresas en situación de crisis, disputas y litigios empresariales, se sostiene: «Lo que tendrá que plantearse el legislador es, si dada la evolución que ha sufrido la economía y la perspectivas a medio plazo, que no son muy halagüeñas, si estamos ante un problema de tipo coyuntural de mercado y aplicar una prórroga o el problema es estructural y hace falta una iniciativa más contundente».
«Grave error del Gobierno»
El economista y asesor de empresas Fernando Giner asegura que, además del daño que va a generar al tejido productivo de la Comunitat el fin del decreto, se pone de manifiesto que el Gobierno no ha sido capaz de comprender la magnitud de la actual crisis. «El legislador pensaba que, para estas fechas, estaríamos ya en la recuperación. El Gobierno ha tenido un grave error de cálculo al pensar que el problema inmobiliario era coyuntural y no estructural, como se está demostrando que es». Giner, además, avisa de una posible reacción negativa en los mercados bursátiles conforme las empresas tengan que ir computando las pérdidas de valor de sus inmuebles «en un mercado que sigue a la baja».
