cujo
Madmaxista
Es del 02/07/2009 pero tiene actualidad debido a los referendums independentistas.
Editorial Expansión: 'Seguridad Social y solidaridad regional'
Editorial Expansión: 'Seguridad Social y solidaridad regional'
Ante las asimetrías territoriales, 'la caja única constituye una de las principales garantías de solidaridad interregional para todos los individuos, por encima de absurdas divisiones territoriales.'
La competencia exclusiva en materia de Seguridad Social ha sido una constante en las demandas del nacionalismo vasco, afortunadamente ahora fuera de Ajuria Enea, y los inspiradores del Estatut de Cataluña, pendiente todavía de que el Constitucional tenga a bien pronunciarse sobre su validez, también coquetearon con esa aspiración, aunque finalmente quedó aparcada.
Los datos aportados por la patronal Unespa permiten entender la trascendencia de lo que se ha denominado la caja única de la Seguridad Social, y por tanto de no sucumbir a las pretensiones de los nacionalismos más radicales.
Sólo cinco comunidades autónomas –Madrid, Canarias, Murcia, Baleares y Navarra– disfrutan de una relación entre cotizantes y pensionistas que permite garantizar la prestación de sus jubilados, y que también les da capacidad para enjugar las insuficiencias de otras regiones y por tanto garantizar la cobertura de las pensiones de otras partes de España.
Estas cinco comunidades tienen una relación superior a 2,1 cotizantes por pensión, que es el umbral mínimo calculado por la Seguridad Social para garantizar que el sistema no ha entrado en déficit. De esta manera, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Valencia estarían en el límite de la solvencia, y a partir de ahí el resto de regiones serían deficitarias en un imaginario sistema de compartimentos estancos.
Estos datos ilustran nítidamente las asimetrías territoriales en el sostén del sistema de protección y, por ello, cómo la caja única constituye una de las principales garantías de solidaridad interregional para todos los individuos, por encima de absurdas divisiones territoriales.
De ahí que las periódicas reivindicaciones nacionalistas para trocear la caja de la Seguridad Social carezcan de fundamento. De hecho, las pensiones del País Vasco, donde el PNV ha sido el más contumaz en reclamar su gestión –ésta era una de las propuestas estrella del plan Ibarretxe–, estarían en quiebra. Lo mismo ocurriría en Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria y Extremadura.
Pero más allá de la constatación de las garantías que ofrece la gestión centralizada de la Seguridad Social, lo cierto es que los datos que ahora aporta Unespa contribuyen a abonar el debate sobre la necesaria reforma de las pensiones y evitar así que en un futuro próximo sean todas las comunidades las que se encuentren en situación de insolvencia y, por tanto, el sistema en su totalidad haga aguas.
Editorial Expansión: 'Seguridad Social y solidaridad regional'
Editorial Expansión: 'Seguridad Social y solidaridad regional'
Ante las asimetrías territoriales, 'la caja única constituye una de las principales garantías de solidaridad interregional para todos los individuos, por encima de absurdas divisiones territoriales.'
La competencia exclusiva en materia de Seguridad Social ha sido una constante en las demandas del nacionalismo vasco, afortunadamente ahora fuera de Ajuria Enea, y los inspiradores del Estatut de Cataluña, pendiente todavía de que el Constitucional tenga a bien pronunciarse sobre su validez, también coquetearon con esa aspiración, aunque finalmente quedó aparcada.
Los datos aportados por la patronal Unespa permiten entender la trascendencia de lo que se ha denominado la caja única de la Seguridad Social, y por tanto de no sucumbir a las pretensiones de los nacionalismos más radicales.
Sólo cinco comunidades autónomas –Madrid, Canarias, Murcia, Baleares y Navarra– disfrutan de una relación entre cotizantes y pensionistas que permite garantizar la prestación de sus jubilados, y que también les da capacidad para enjugar las insuficiencias de otras regiones y por tanto garantizar la cobertura de las pensiones de otras partes de España.
Estas cinco comunidades tienen una relación superior a 2,1 cotizantes por pensión, que es el umbral mínimo calculado por la Seguridad Social para garantizar que el sistema no ha entrado en déficit. De esta manera, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Valencia estarían en el límite de la solvencia, y a partir de ahí el resto de regiones serían deficitarias en un imaginario sistema de compartimentos estancos.
Estos datos ilustran nítidamente las asimetrías territoriales en el sostén del sistema de protección y, por ello, cómo la caja única constituye una de las principales garantías de solidaridad interregional para todos los individuos, por encima de absurdas divisiones territoriales.
De ahí que las periódicas reivindicaciones nacionalistas para trocear la caja de la Seguridad Social carezcan de fundamento. De hecho, las pensiones del País Vasco, donde el PNV ha sido el más contumaz en reclamar su gestión –ésta era una de las propuestas estrella del plan Ibarretxe–, estarían en quiebra. Lo mismo ocurriría en Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria y Extremadura.
Pero más allá de la constatación de las garantías que ofrece la gestión centralizada de la Seguridad Social, lo cierto es que los datos que ahora aporta Unespa contribuyen a abonar el debate sobre la necesaria reforma de las pensiones y evitar así que en un futuro próximo sean todas las comunidades las que se encuentren en situación de insolvencia y, por tanto, el sistema en su totalidad haga aguas.
