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Espa\u00f1a tiene 2,7 millones de empleados p\u00fablicos en las administraciones auton\u00f3micas y locales, y el coste medio por funcionario var\u00eda de forma notable seg\u00fan la comunidad en la que trabaje. El modelo de financiaci\u00f3n, las transferencias del Estado, la estructura de personal heredada y, sobre todo, la generosidad con la que cada gobierno regional ha negociado los convenios colectivos determinan cu\u00e1nto paga el contribuyente por cada empleado en n\u00f3mina. La diferencia entre la comunidad m\u00e1s cara y la m\u00e1s barata puede superar los 15.000 euros anuales por trabajador, una cifra que, multiplicada por decenas de miles de funcionarios, se convierte en un agujero presupuestario de proporciones considerables.<\/p>\n
El debate sobre el coste del sector p\u00fablico auton\u00f3mico lleva a\u00f1os en la agenda pol\u00edtica espa\u00f1ola sin que nadie se haya atrevido a tocarlo de verdad. Cada vez que un gobierno central intenta hablar de racionalizaci\u00f3n del empleo p\u00fablico, los sindicatos paralizan la conversaci\u00f3n y los partidos regionales, de cualquier color, se ponen de acuerdo en una sola cosa: que sus funcionarios no son el problema. El resultado es un mapa de Espa\u00f1a en el que el esfuerzo fiscal del ciudadano para sostener la administraci\u00f3n var\u00eda enormemente seg\u00fan en qu\u00e9 lado de una frontera auton\u00f3mica viva, aunque el servicio que reciba a cambio no siempre guarde proporci\u00f3n con lo que paga.<\/p>\n
Para entender estas diferencias hay que mirar m\u00e1s all\u00e1 del n\u00famero bruto de empleados p\u00fablicos. Lo relevante no es cu\u00e1ntos funcionarios tiene una comunidad, sino cu\u00e1nto gasta en personal por habitante y cu\u00e1l es el coste unitario de cada puesto. Ah\u00ed el an\u00e1lisis se vuelve inc\u00f3modo, porque algunas comunidades con menos poblaci\u00f3n, y por tanto con menos base fiscal, mantienen estructuras de personal sobredimensionadas que solo se sostienen gracias a las transferencias del Estado central. El contribuyente de Madrid o Catalu\u00f1a financia, v\u00eda Fondo de Compensaci\u00f3n Interterritorial, parte de la n\u00f3mina de funcionarios en regiones que no podr\u00edan pagarla con sus propios ingresos.<\/p>\n
Los datos sobre gasto en remuneraci\u00f3n de asalariados de las administraciones p\u00fablicas auton\u00f3micas, elaborados a partir de las liquidaciones presupuestarias publicadas por el Ministerio de Hacienda, permiten construir un ranking que pocas veces se presenta con esta claridad. No porque los datos est\u00e9n ocultos, est\u00e1n en la web del ministerio y cualquiera puede buscarlos, sino porque presentarlos de forma comprensible requiere un trabajo de normalizaci\u00f3n que los medios generalistas rara vez hacen. Este art\u00edculo lo hace.<\/p>\n
Si se calcula el gasto en personal de cada administraci\u00f3n auton\u00f3mica dividido por el n\u00famero de habitantes, el resultado revela disparidades que van mucho m\u00e1s all\u00e1 de lo que justificar\u00eda cualquier diferencia en el coste de vida regional. Las comunidades forales, Pa\u00eds Vasco y Navarra, encabezan hist\u00f3ricamente el gasto por habitante en empleo p\u00fablico, aunque en su caso el argumento del concierto econ\u00f3mico act\u00faa como escudo ret\u00f3rico permanente: gestionan m\u00e1s competencias y recaudan sus propios impuestos, as\u00ed que el gasto es mayor porque los ingresos tambi\u00e9n lo son. Dicho esto, el coste por funcionario en el Pa\u00eds Vasco supera con claridad la media nacional, con retribuciones complementarias y acuerdos sindicales que ninguna otra comunidad ha podido, o querido, replicar.<\/p>\n
Fuera del r\u00e9gimen foral, Madrid y Catalu\u00f1a presentan un gasto por habitante en personal p\u00fablico relativamente contenido en relaci\u00f3n con su tama\u00f1o y la complejidad de sus servicios, no porque sean modelos de austeridad, sino porque la escala les permite distribuir el coste entre una base de contribuyentes mucho m\u00e1s amplia. El problema real aparece en comunidades medianas y peque\u00f1as que han construido estructuras administrativas propias sin tener masa cr\u00edtica suficiente para amortizarlas. Extremadura, Castilla-La Mancha y, en menor medida, Castilla y Le\u00f3n presentan ratios de empleo p\u00fablico sobre poblaci\u00f3n activa que duplican los de las comunidades m\u00e1s densamente pobladas, con el agravante de que sus econom\u00edas privadas no generan los ingresos fiscales necesarios para sostenerlos.<\/p>\n
Canarias y Baleares ocupan una posici\u00f3n peculiar en este mapa: son comunidades con alta actividad tur\u00edstica y, por tanto, con ingresos fiscales estacionales, pero han desarrollado administraciones auton\u00f3micas con un volumen de personal que en los a\u00f1os de crisis demostr\u00f3 ser muy dif\u00edcil de ajustar. El coste por funcionario en ambos archipi\u00e9lagos se sit\u00faa por encima de la media nacional, en parte por los complementos de insularidad que se aplican a determinadas categor\u00edas de empleados p\u00fablicos, lo que a\u00f1ade una capa de gasto estructural dif\u00edcil de reducir sin modificar legislaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n
La retribuci\u00f3n de un funcionario auton\u00f3mico tiene varios componentes: el sueldo base, igual para todos los funcionarios del mismo grupo en toda Espa\u00f1a; los trienios, que tampoco var\u00edan entre comunidades; y los complementos espec\u00edficos y de destino, que s\u00ed son competencia de cada gobierno auton\u00f3mico y que representan la palanca principal a trav\u00e9s de la cual unas comunidades han inflado el coste de su personal por encima de otras. Ah\u00ed es donde la negociaci\u00f3n colectiva y la presi\u00f3n sindical han marcado la diferencia durante d\u00e9cadas. Las comunidades que llegaron a acuerdos m\u00e1s generosos en los a\u00f1os de bonanza econ\u00f3mica, entre 2000 y 2008, arrastraron esos compromisos incluso durante los recortes de 2012 y 2013, cuando el gobierno central oblig\u00f3 a reducir la paga extra de Navidad pero no pudo tocar los complementos auton\u00f3micos.<\/p>\n
A esto se suma la antig\u00fcedad media de las plantillas. Las comunidades con mayor porcentaje de funcionarios en los tramos superiores de la escala retributiva, b\u00e1sicamente las que llevan m\u00e1s tiempo sin renovar plantillas y tienen pir\u00e1mides de edad muy envejecidas, pagan m\u00e1s por el mismo puesto que una comunidad que ha incorporado personal m\u00e1s joven en los \u00faltimos a\u00f1os. Extremadura y Castilla y Le\u00f3n tienen algunas de las plantillas auton\u00f3micas m\u00e1s envejecidas de Espa\u00f1a, lo que se traduce en un coste salarial medio por empleado superior al de comunidades con estructuras de personal m\u00e1s j\u00f3venes, como Murcia o La Rioja.<\/p>\n
El tercer factor es la ratio de personal eventual y de confianza, los llamados \u00abasesores\u00bb y \u00abcoordinadores\u00bb que pueblan los gabinetes de los consejeros auton\u00f3micos, que no aparece en las estad\u00edsticas de empleo p\u00fablico ordinario pero s\u00ed en las partidas de gasto en personal. Este colectivo, que en teor\u00eda deber\u00eda ser reducido y temporal, ha crecido de forma constante en casi todas las comunidades con independencia del signo pol\u00edtico del gobierno, y su coste unitario es habitualmente superior al de un funcionario de carrera equivalente porque no est\u00e1 sujeto a las mismas restricciones retributivas.<\/p>\n
Hay un dato que pocas veces aparece en el debate pol\u00edtico y que merece atenci\u00f3n: el porcentaje del presupuesto auton\u00f3mico destinado a gasto en personal. En algunas comunidades, m\u00e1s del 40% del gasto total consolidado, incluyendo sanidad y educaci\u00f3n, que son intensivas en mano de obra, corresponde a remuneraci\u00f3n de empleados. Esto no es necesariamente malo si el servicio que se presta es de calidad, pero s\u00ed limita de forma estructural la capacidad de inversi\u00f3n en infraestructuras, tecnolog\u00eda o pol\u00edticas sociales no vinculadas al empleo directo. Una comunidad que gasta cuatro de cada diez euros en n\u00f3minas tiene muy poco margen para invertir en el resto.<\/p>\n
La comparaci\u00f3n con Europa a\u00f1ade perspectiva. Seg\u00fan los datos de Eurostat sobre empleo en el sector p\u00fablico como porcentaje de la poblaci\u00f3n activa, Espa\u00f1a se sit\u00faa por debajo de la media de la Uni\u00f3n Europea en t\u00e9rminos globales, lo que suele usarse como argumento para defender que el empleo p\u00fablico espa\u00f1ol no es excesivo. El problema es que esa media europea incluye a pa\u00edses con sistemas federales maduros, Alemania y Austria entre ellos, donde la distribuci\u00f3n del personal entre niveles de gobierno es mucho m\u00e1s eficiente que en Espa\u00f1a, donde la duplicaci\u00f3n de competencias entre la administraci\u00f3n central, las auton\u00f3micas y las locales genera solapamientos que ninguna reforma ha querido resolver en serio.<\/p>\n
La respuesta honesta es que, individualmente, poco. El contribuyente no elige cu\u00e1ntos funcionarios tiene su comunidad aut\u00f3noma ni cu\u00e1nto cobran. S\u00ed puede, en cambio, exigir que esta informaci\u00f3n sea visible y comparable, algo que actualmente no lo es: el Ministerio de Hacienda publica los datos de liquidaci\u00f3n presupuestaria, pero no elabora rankings de coste por funcionario ni de eficiencia del gasto en personal, porque hacerlo ser\u00eda pol\u00edticamente inc\u00f3modo para todos los gobiernos, incluido el central. Las organizaciones de la sociedad civil y los medios especializados son los \u00fanicos que cruzan estos datos, y lo hacen con recursos limitados.<\/p>\n
Lo que s\u00ed tiene sentido hacer es leer los presupuestos auton\u00f3micos con esta lente antes de las elecciones regionales. Cuando un gobierno auton\u00f3mico promete nuevas contrataciones de personal como medida estrella de su programa, la pregunta pertinente no es cu\u00e1ntos funcionarios se van a contratar sino cu\u00e1nto va a costar cada uno al a\u00f1o, qu\u00e9 servicio concreto va a prestar y durante cu\u00e1ntos a\u00f1os va a comprometer el presupuesto de la comunidad. Son preguntas inc\u00f3modas que los candidatos prefieren no responder y que los periodistas pocas veces formulan, pero son exactamente las que un contribuyente informado deber\u00eda hacer.<\/p>\n
El coste de un funcionario no es una estad\u00edstica para economistas. Es la cantidad exacta que sale cada a\u00f1o de los impuestos de los ciudadanos de una comunidad para pagar un puesto de trabajo en la administraci\u00f3n p\u00fablica. Que ese puesto sea necesario, que est\u00e9 bien dimensionado y que el servicio que presta justifique su coste son preguntas que Espa\u00f1a lleva d\u00e9cadas aplazando, y el precio de ese aplazamiento lo pagan, como siempre, quienes no tienen sindicato que los defienda ni partido que los proteja.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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