El Ministerio de Agricultura ha decretado por primera vez el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción mensual de aceite de oliva. La orden, publicada en el BOE, inmoviliza de forma temporal unas 188.000 toneladas hasta el 30 de septiembre de 2027, una medida que llega después de que los productores se plantaran ante el Ministerio que dirige Luis Planas y exigieran la retirada forzosa.
El motivo oficial es una cosecha prevista de 1,6 millones de toneladas, un 23% por encima de la anterior, que amenaza con desplomar los precios. El resultado es una paradoja que escuece: el mismo Estado que presume de mercado libre decide cuánta oferta puede haber en el mercado.
¿Qué dice la letra pequeña de la orden ministerial?
Cada almazara deberá aplicar el 12% de retirada sobre su producción mensual acumulada, con independencia de la categoría de aceite. Las instalaciones tendrán libertad para elegir qué categoría retirar y si el almacenamiento se hace en dependencias propias o ajenas.
La producción mensual y las existencias finales se comunicarán por los canales habituales del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). Para garantizar el cumplimiento se creará un grupo técnico con un plan de control coordinado por el Ministerio y ejecutado por las comunidades autónomas, con inspecciones sobre el terreno.
El detalle que más ha calentado el debate es el de las existencias. A la cosecha prevista de 1,6 millones de toneladas se suman unas existencias iniciales de enlace de 357.040 toneladas, un 23,3% más que el periodo anterior. Sumados ambos volúmenes, la cifra alcanza el 120% de la producción media de las últimas seis campañas, lo que activa los requisitos técnicos previstos en la orden. El plan estará vigente hasta septiembre de 2027, pero en diciembre se revisará en función de la evolución real de la producción.
¿Por qué avisa la CNMC de que subirá el precio?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha dejado pasar la medida. Tras conocerse el plan emitió un informe en el que advierte de que reducir la oferta disponible presiona los precios al alza. Es decir, que la herramienta diseñada para sostener el precio del aceite puede acabar encareciéndolo para el consumidor.
La paradoja es doble: se retira producto para que no se hunda el precio en origen, pero el mismo producto retirado deja de estar disponible en el mercado. El Ministerio sostiene que la medida es temporal y revisable; la CNMC advierte del efecto contrario al que busca el consumidor.
Las cifras clave de la operación
- 12% de la producción mensual: retirada obligatoria por almazara.
- 188.000 toneladas inmovilizadas de forma temporal.
- 1,6 millones de toneladas de cosecha prevista, un 23% más que la campaña anterior.
- 357.040 toneladas de existencias iniciales de enlace, un 23,3% más.
- 120% de la producción media de las últimas seis campañas: el umbral que activa los requisitos técnicos.
- Vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027, con revisión en diciembre.
Qué dicen en el foro
Los foreros se dividen entre quienes ven la medida como un parche necesario y quienes la leen como una intervención que perjudica al consumidor. Un sector defiende que sin la retirada los productores trabajarían por debajo de costes y que la cosecha récord hundiría los precios en origen. Otro sector replica que inmovilizar 188.000 toneladas es decidir desde el BOE cuánta oferta hay en el mercado y que el aviso de la CNMC confirma el riesgo de que el aceite acabe más caro en el supermercado.
Hay quien señala el calendario: la medida llega después de que los productores se plantaran ante el Ministerio, lo que para unos demuestra que la presión funciona y para otros que la política agraria se pliega a los lobbies. Y un tercer grupo pone el foco en la revisión de diciembre: si la cosecha real no es tan alta como la prevista, la retirada podría quedar sin sentido o, peor, agravar la escasez.
Para saber más
- elEconomista — Publicación de la orden y datos de producción y existencias
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