Un informe del CEU CEFAS ha reabierto la caja de los truenos: para mantener el sistema público de pensiones, la edad de jubilación debería retrasarse progresivamente hasta los 73 años. La propuesta, que parte del envejecimiento demográfico y la baja natalidad, choca de frente con una realidad incómoda: la esperanza de vida en España ronda los 81 años para los hombres, lo que dejaría apenas ocho años de descanso. Y no solo eso: muchas de las cotizaciones que se pagan durante la vida laboral se consumen precisamente alrededor de los 73, según cálculos que circulan en ámbitos financieros. El sistema, se argumenta, es un esquema de reparto que funciona como una pirámide, y cuando la base se estrecha, las costuras saltan por los aires.
La inmigración como tabla de salvación (o no)
El debate no se queda en la edad. Una corriente de análisis sostiene que la solución pasa por una inmigración masiva que rejuvenezca la población activa y engrose las cotizaciones. Sin embargo, esta vía encuentra dos objeciones: la primera, que la productividad media de los nuevos trabajadores suele ser baja y su cotización, también; la segunda, que el gasto en prestaciones no contributivas y otros programas sociales crece en paralelo. Hay quien calcula que harían falta 45 millones de inmigrantes adicionales para equilibrar la ecuación, una cifra que suena a brindis al sol. Por el contrario, desde posiciones más críticas se apunta que la prioridad debería ser recortar el gasto superfluo —desde subvenciones a partidos hasta ciertas pagas— antes de alargar la vida laboral de los trabajadores.
Los que ya cobran y los que aún cotizan
Un punto que ningún informe oficial blanquea: cada año que se sube la edad de jubilación no afecta a los actuales pensionistas —los boomers, que ya están cobrando— sino a las generaciones más jóvenes, que verán reducido su período de descanso. En paralelo, la edad de retiro de los funcionarios, que puede ser a los 60 con 30 años de servicio, genera una brecha de trato difícil de explicar en términos de equidad. Mientras tanto, las bajas laborales se han disparado en los últimos años, lo que sugiere que muchos trabajadores no llegan en condiciones óptimas a los 65, y mucho menos a los 73.
El elefante en la habitación: ¿contributivo o asistencial?
Detrás del debate sobre la edad late una pregunta más profunda: ¿son las pensiones un seguro contributivo o una prestación asistencial? Los datos indican que, pasados los 73 años, lo que se cobra excede con creces lo cotizado, financiándose con cargo a presupuestos generales. Algunos analistas proponen que las pensiones contributivas se ajusten progresivamente a la cuantía de una no contributiva a medida que el pensionista envejece, pero ese cambio —el elefante en la habitación— nadie lo toca. Mientras los jubilados sigan siendo un bloque electoral decisivo, la subida de la edad de retiro parece el camino de menos resistencia política.
Con el sistema de pensiones español, que combina una esperanza de vida de las más altas de Europa con una productividad estancada, la ecuación no se cierra ni con 73 años, ni con 67, ni probablemente con 75. La pregunta que queda en el aire es si la solución pasará por alargar la edad, recortar prestaciones, ampliar la base de cotizantes o una mezcla de todo. El informe del CEU CEFAS ha puesto el foco; falta ver quién se atreve a disparar.