El relato, hay que ganar la batalla del relato y para ello el Ministerio del Interior ha decidido que su prioridad tras el reciente accidente ferroviario no es solo la seguridad en las vías, sino la vigilancia extrema de lo que los ciudadanos comentan en sus móviles. Mientras las familias esperan explicaciones técnicas sobre el estado de la infraestructura, el Gobierno prefiere desplegar un escudo contra las opiniones que considera incómodas bajo la etiqueta de «bulos».
Esta vigilancia digital llega en un momento donde la red ferroviaria española muestra grietas que ya no se pueden tapar con comunicados oficiales. El ciudadano, que paga un abono de transporte cada mes o sufre los retrasos diarios en Cercanías, se pregunta ahora si compartir su indignación o sus dudas en redes sociales le convierte en objetivo de Interior.
Resulta curioso que el despliegue de recursos para «monitorizar» internet sea inmediato, mientras que la inversión en el mantenimiento real de las catenarias y convoyes parece circular por una vía muerta. El Gobierno evita aclarar cuántos efectivos se desvían de la seguridad ciudadana física para rastrear comentarios en la red. ¿Es esta la gestión que necesita un país con los precios de la movilidad por las nubes?
En lugar de transparencia sobre el estado de las inversiones ejecutadas, se nos ofrece vigilancia. Es un mensaje claro para el contribuyente: pague su billete, sufra el retraso y, sobre todo, mida muy bien sus palabras antes de publicarlas.
El efecto redistributivo de estas políticas es evidente. Se protege la imagen institucional a costa de la libertad de expresión del usuario afectado. Al que llega tarde a trabajar porque el tren se ha detenido a mitad de trayecto se le exige silencio, mientras la administración utiliza herramientas públicas para controlar el flujo de información.
No hay explicación convincente para este celo censor cuando los problemas de infraestructura son palpables. El coste de esta monitorización es otra partida opaca que sale de unos presupuestos generales ya asfixiados. El Gobierno parece más preocupado por el impacto electoral de una crítica viral que por evitar que el próximo tren se detenga por falta de mantenimiento.