El Tribunal Supremo ha dictaminado que el ex ministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, deben ir a prisión provisional sin fianza. La decisión se basa en el «alto» riesgo de que intenten escapar antes del juicio, donde se les juzgará por presuntas irregularidades en contratos públicos para la compra de material sanitario. Las penas solicitadas son muy elevadas, llegando hasta los 30 años de cárcel. Esta es la primera vez que un diputado nacional en activo es enviado a prisión.
El juez encargado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo López, ha explicado que, además de haber pruebas suficientes de que ambos pudieron cometer delitos graves, la posibilidad de que huyan es ahora «extrema». Por ello, considera que no basta con las medidas que tenían hasta el momento (prohibición de salir del país y presentarse en el juzgado cada quince días).
En el caso de Ábalos, se comunicará la decisión a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como exige la ley, junto con el auto que los sitúa a un paso del juicio.
El magistrado ha tomado esta decisión después de revisar las medidas cautelares en unas audiencias, aceptando las peticiones del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares lideradas por el PP. Ambos habían solicitado el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo, argumentando que, al enfrentarse a hasta 30 años de prisión, el riesgo de fuga se ha disparado.
Ábalos llegó al Tribunal Supremo a las 9:12, unos 45 minutos antes de la hora fijada, solo y con una mochila de cuero marrón. El también ex secretario de Organización del PSOE no quiso hablar con la prensa a su llegada, pero sí intervino al final de la audiencia para asegurar al juez que no se fugaría. «No tengo dinero ni a dónde ir», afirmó.
Fuentes cercanas comentan que está «destrozado». Durante las horas que esperó la decisión del Supremo, el ex dirigente socialista estuvo fumando en los patios del antiguo palacio, visiblemente nervioso.
Su abogado, Carlos Bautista, insistió en que no hay riesgo de fuga, alegando, entre otras cosas, su condición de diputado del Congreso. También argumentó que encarcelarle antes del juicio, sin una condena, vulneraría su derecho a la representación política.
Además, la defensa de Ábalos sugirió que el posible ingreso en prisión de su cliente sería una forma de presionarle para que hiciera una «declaración de colaboración». Algo similar ocurrió con el presunto mediador de la trama, el empresario Víctor de Aldama, tras pasar varias semanas en prisión.
Koldo, por su parte, llegó al Supremo justo a la hora prevista, con vaqueros, zapatillas y una mochila grande, acompañado de su abogada, Leticia de la Hoz. Su defensa, que intentó que el caso volviera a la Audiencia Nacional, argumentó que su cliente tiene suficiente arraigo (una madre mayor y una hija pequeña, detalló) como para no huir.
El ex asesor ministerial también quiso hablar ante el juez para reiterar su postura. «No me voy a ir a ningún sitio», dijo y añadió: «Todos tenemos derecho a aprender poco a poco». Los presentes interpretaron esta última frase como el reconocimiento tácito de un error.
El fiscal, por su parte, fue especialmente tajante, sobre todo en la audiencia de Ábalos, llegando a decir que fue su posición en el Gobierno lo que le permitió cometer esos delitos, pero que «ningún poder del Estado tiene derecho a eludir la acción penal». «Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para evitar la responsabilidad penal y, por eso, la Justicia se representa con una venda en los ojos», remachó.
A UN PASO DEL JUICIO
Fue el pasado 3 de noviembre cuando el juez propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión —empresa vinculada al empresario— contratos para la compra de material sanitario durante la crisis del Covid-19.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también solicita una multa de unos 3,9 millones de euros.
Por su parte, las acusaciones populares piden penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, a quienes atribuyen los mismos delitos que la Fiscalía más otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.
Además, tanto Fiscalía como acusaciones piden 7 años de prisión para Aldama, con una pena reducida por su «confesión», que ayudó a destapar la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública que tendría como cabecilla al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.