El presidente ha cargado contra la “oligarquía tecnológica” y ha puesto a Meta en el centro del disparadero, prometiendo que la empresa dará explicaciones en el Congreso y que llegará una batería de normas para domar las redes. Mucha épica, mucha apelación a los hijos e hijas, y un mensaje claro: el problema está en Silicon Valley. Lo que no queda tan claro es cuánto va a costar todo esto a usuarios, pymes digitales y, en general, a la economía española del día a día.
En el foro Metafuturo de Atresmedia, Pedro Sánchez dibujó las redes sociales como “un estado fallido”, un territorio sin ley dominado por “oligarcas tecnológicos” donde “la mentira y el odio” campan a sus anchas. Aseguró que el 95% de la ciudadanía ve necesario actuar y prometió poner orden en ese “espacio digital” con más regulación y más supervisión pública.
El discurso tuvo un tono casero: habló de “nuestros hijos e hijas”, de democracias convertidas en una simple interfaz y de empresas que se creen por encima del bien y del mal. España y la Unión Europea, avisó, no se van a “arrodillar” ante las grandes plataformas. Sonaba casi a ruptura de relaciones, aunque el Gobierno siga usando a diario esas mismas redes para hacer política, difundir mensajes y lanzar campañas.
Por primera vez el foco no fue genérico: tuvo nombre y apellidos. Meta, la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, será llamada a comparecer en el Congreso por un supuesto espionaje masivo a millones de usuarios, incluso cuando navegaban en modo incógnito o usando VPN. No hablamos de ciencia ficción: si se confirma, serían años de rastreo silencioso convertidos en más precisión publicitaria y más euros por anuncio, mientras el usuario pensaba que “ya estaba protegido”.
Sánchez anunció dos pasos concretos: comparecencia de Meta en la Cámara Baja y una “amplia batería de medidas” en los próximos seis meses. Los cuatro frentes que señala son serios: desinformación, protección de menores, discursos de odio y privacidad. La pregunta incómoda es otra: ¿cómo se traduce eso en la vida real de un ciudadano que madruga, paga hipoteca y usa WhatsApp para hablar con el colegio de los críos y con el jefe?
Más controles suelen significar más pantallas de consentimiento, más filtros de contenido, verificación de edad en aplicaciones y, para muchas empresas españolas, más papeles, auditorías y abogados. Las grandes tecnológicas tienen ejércitos de juristas y departamentos enteros dedicados a adaptar sus servicios a cada país. La tienda online de barrio, la startup que vende en Instagram o la pyme que se anuncia en Facebook… no tanto. El riesgo es que la “oligarquía” sobreviva casi igual y quienes sufran el coste extra sean los pequeños.
En paralelo, el presidente presume de “escudo digital europeo” y de que España marca el paso en Bruselas. Pero las grandes reglas del juego digital ya vienen de la UE: límites al uso de datos, obligaciones a las plataformas y amenazas de multas millonarias. El Gobierno llega ahora con la puesta en escena nacional: comisiones del Congreso, comparecencias solemnes y futuras leyes que, probablemente, volverán a exigir lo mismo a los de siempre: empresas y usuarios.
Hay otra contradicción que nadie terminó de abordar en el Ateneo: el Estado que acusa a las redes de ser un “estado fallido” arrastra sus propios agujeros. Ciberataques a administraciones, bases de datos públicas mal protegidas, aplicaciones oficiales que piden permisos excesivos en el móvil… El discurso contra Meta suena contundente, pero cuesta ver el mismo entusiasmo a la hora de revisar cómo se tratan nuestros datos en hospitales, colegios o ayuntamientos.
En el plano político, la jugada es clara: señalar a las tecnológicas como villanas universales funciona bien en campaña. Hablar de algoritmos malos evita hablar de alquileres caros, gasolina, cesta de la compra o de los problemas de la propia Administración con la digitalización mal hecha: citas previas eternas, trámites online que se caen y mayores que se quedan fuera porque nadie pensó en ellos. Ese también es “espacio digital” y también condiciona la vida diaria.
Queda por ver si la comparecencia de Meta y la futura “batería de medidas” se traducen en más derechos reales para el ciudadano o en otra vuelta de tuerca burocrática que terminará pagando el de siempre: menos competencia, más barreras de entrada y un pequeño sobrecoste en cada producto y servicio que compramos gracias a anuncios en esas mismas redes que ahora se señalan como estado fallido.