Irún vuelve a mirarse al espejo como ciudad frontera, pero esta vez no por el contrabando romántico de antaño, sino por peleas, navajas y trapicheo en plazas donde antes se hacía la compra o se tomaba el vermut. La delincuencia ha subido y la alcaldesa, del PSE, pide más policías al Gobierno vasco mientras este saca pecho con sus estadísticas. En medio, los de siempre: vecinos que cierran antes el bar, jóvenes que ya no vuelven solos a casa y barrios enteros que sienten que se les ha escapado de las manos la noche.
La fotografía es llamativa: un indigente que prefiere dormir en Hendaya porque en Irún le han intentado abrir la mochila varias veces; una plaza junto al Puente de Santiago con grupos bebiendo y vendiendo droga a plena tarde; comerciantes que ven cómo las broncas entre bandas vacían terrazas. No hablamos de una gran capital, sino de una ciudad de algo más de 64.000 habitantes donde muchos recuerdan cuando el problema era el tabaco de Francia, no las reyertas con arma blanca.
Los datos acompañan esa sensación. En 2024 se pasó de dos a cinco homicidios. Las lesiones subieron, los malos tratos en el ámbito familiar se dispararon y el tráfico de drogas creció cerca de un 60%. En los nueve primeros meses de 2025, la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes ha subido unos cuatro puntos, impulsada por robos con fuerza y hurtos, que rondan alza de doble dígito. Mientras en el conjunto de España Interior presume de una ligera caída de la criminalidad, en Irún el papel se lleva mal con la conversación de bar.
La alcaldesa socialista pide refuerzos al Gobierno vasco y amplía la plantilla local. Alega que, por ser ciudad frontera, cada día hay más gente de paso que habitantes censados. Es cierto: el puente con Francia es un coladero de compras baratas y también de trapicheos. Pero la pregunta que se hacen muchos vecinos es otra: si el Estado presume de una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, ¿por qué ellas sienten miedo al volver andando desde el bar hasta casa?
En barrios residenciales como Ventas, con zonas verdes y apariencia tranquila, los robos se han colado en portales y garajes. Allí se escucha una mezcla de resignación y enfado con las fuerzas de seguridad: la Ertzaintza “hace lo que puede”, dicen, pero luego llegan las quejas de que ya no se usan pelotas de goma, de que los agentes aparecen tarde o de que la policía local está más centrada en sancionar patinetes que en patrullar de noche. La sensación de desprotección, aunque no siempre encaje con las tablas de Excel, pesa.
El Gobierno vasco ha añadido gasolina al debate al ordenar que la Ertzaintza detalle los delitos según el origen del detenido. Lo presenta como un ejercicio de transparencia para que la ultraderecha no manipule las cifras, pero el resultado en la calle es otro: conversaciones que empiezan con “yo no soy racista” y acaban señalando “a los magrebíes” como causa de todos los males. Las detenciones muestran casi mitad y mitad entre españoles y extranjeros, pero el relato fácil se impone cuando lo que uno ve en su portal es una bronca con navaja.
Colectivos que trabajan con migrantes recuerdan que la mayoría de marroquíes y argelinos en Irún no delinque, y que el problema se concentra en unas pocas decenas de hombres jóvenes, sin papeles y sin trabajo, enganchados a pequeños robos y al menudeo. Los comparan con los yonquis de los años 90: sobreviven raspando móviles, euros y dosis donde pueden. Lo que nadie termina de explicar es por qué el Gobierno central recorta en programas de inserción, tarda años en resolver papeles y luego se sorprende de que haya más gente viviendo en la calle en una ciudad frontera que hace de embudo de varias rutas migratorias.
Mientras tanto, la factura la pagan otros. Bares de la plaza Urdanibia donde los clientes piden que les acompañen al coche. Comercios del Paseo de Colón que adelantan la persiana porque por la noche “se lía”. Vecinos de calles como Cipriano Larrañaga, rebautizada como “la calle de la mierda”, que quitan valor a su propio piso al contar que ahí “pasa de todo”. Menos vida nocturna, menos consumo, menos atractivo turístico. El miedo también es un impuesto.
La Ertzaintza reclama más agentes, más medios y un cambio legal contra la multirreincidencia. Los sindicatos policiales hablan de grupos que viven en edificios abandonados, sin trabajo conocido y volcados al robo y a la droga. Y, en paralelo, Interior sigue vendiendo balances trimestrales bien redactados donde los homicidios bajan unas décimas y los robos caen unos puntos, como si a la vecina que pide que la acompañen de la parada del autobús a casa le consolara saber que la tasa media nacional está en buena forma.
En Irún, como en tantas ciudades, la jugada se parece demasiado a lo de siempre: gobiernos que discuten si el problema es de cifras, de inmigración o de competencias, mientras los vecinos cambian rutas para volver a casa y el bar de la esquina pierde la caja de las últimas rondas.