
Lo debatimos en este hilo del foro.
La Ertzaintza ha empezado a detallar de dónde proceden los detenidos y los investigados en sus notas y estadísticas, y el movimiento ha encendido el debate en Euskadi. El cambio llega con la delincuencia subiendo puestos en las preocupaciones ciudadanas y con el PNV mirando de reojo el desgaste electoral. Mientras, el Gobierno central sigue instalado en el discurso de la “normalidad” mientras la inseguridad y la inmigración se usan como munición política en todos los territorios.
A mediados de octubre, la Policía vasca modificó su manera de informar: ahora, cada nota de prensa sobre un delito incorpora el área geográfica de procedencia de la persona detenida o investigada. Esta novedad se ha trasladado ya al primer informe estadístico, publicado este miércoles, con datos de enero a septiembre de 2025.
En ese periodo se registraron 80.111 infracciones penales en Euskadi, lo que supone una tasa de 36,28 delitos por cada 1.000 habitantes. Por estos hechos, hubo 5.230 detenidos y 23.528 personas investigadas.
Cuando se desglosan los datos por origen, aparece el punto caliente del debate. Entre los detenidos, el 35% tiene nacionalidad española (vascos o de otras comunidades) frente al 64,21% con origen en otro país. En los investigados, la foto se invierte: 57% españoles y 42,8% extranjeros. Todo ello en una comunidad donde la población nacida fuera de España ronda el 14,8%, lo que alimenta el uso político de las cifras en un sentido y en otro.
El PNV y el PSE, que gobiernan juntos en Euskadi, justifican el cambio como un ejercicio de transparencia para evitar lecturas manipuladas sobre inmigración y delincuencia. Suena bien en rueda de prensa, pero en la calle pesa más la sensación de inseguridad y el miedo a que los datos se utilicen para pescar votos. El partido jeltzale no quiere que en Euskadi pase lo mismo que en Cataluña, donde fuerzas que endurecen el discurso sobre inmigración le están comiendo terreno a los partidos tradicionales.
Además, el giro de la Ertzaintza llega después de meses de presión por parte del PP y, sobre todo, de Vox, que llevaba tiempo exigiendo que se publicara el origen de los detenidos. La única parlamentaria de Vox en Euskadi ha convertido este tema en su bandera, y la dirección del partido se ha apuntado el tanto en redes, atribuyéndose el cambio de criterio de la Policía vasca.
Mientras tanto, el Gobierno central dice defender políticas migratorias “ordenadas”, pero deja que el debate se pudra territorio a territorio, sin un discurso claro que ayude a bajar el ruido y a separar datos de titulares interesados.
Dentro del propio PNV también se nota un endurecimiento del discurso sobre delincuencia. El nuevo alcalde de San Sebastián ha defendido que quien reincide en delitos debe ir a la cárcel o ser expulsado del país. El alcalde de Bilbao ha relacionado el uso de armas blancas con culturas donde “el valor de la vida” sería distinto, y el consejero de Seguridad ha vinculado ciertos delitos con extranjeros sin arraigo. Frente a esa línea, EH Bildu acusa al Departamento de Seguridad de plegarse al marco de la extrema derecha y advierte del riesgo de estigmatizar a colectivos enteros.
El informe entra al detalle por tipo de delito.
En homicidios dolosos y asesinatos consumados, hubo 13 detenidos y 3 investigados. Seis detenidos eran españoles y siete eran extranjeros, dos del Magreb y cinco de Latinoamérica.
En agresiones sexuales, la Ertzaintza detuvo a 172 personas e investigó a 350. Entre los arrestados, 117 eran extranjeros (49 del Magreb y 47 de Latinoamérica) y 55 españoles. Entre los investigados, 166 españoles y 184 procedentes de otros países, con cifras destacadas también de Magreb y Latinoamérica.
En hurtos, entre enero y septiembre se detuvo a 414 personas: 73 españoles y 341 extranjeros. Los investigados por este delito suman 5.645, con 2.718 españoles y 2.927 extranjeros. Dentro del grupo nacido fuera de España, la mayoría procede del Magreb, seguido a bastante distancia por personas originarias de Latinoamérica.
En robos con fuerza en las cosas —viviendas, empresas, comercios…— hubo 460 detenidos (145 españoles y 317 extranjeros) y 917 investigados (447 españoles y 470 extranjeros). De nuevo, el grupo más numeroso entre los nacidos en el extranjero procede del Magreb, con presencia menor de latinoamericanos.
Y en robos con violencia e intimidación, uno de los delitos que más alarma genera en el País Vasco, los datos muestran 437 detenidos (79 españoles y 358 extranjeros) y 409 investigados (113 españoles y 296 extranjeros). Entre los extranjeros destacan, otra vez, los originarios del Magreb, con presencia también de personas procedentes de Latinoamérica.
El problema es que estas cifras se colocan en el escaparate sin que haya un debate serio sobre vivienda, empleo o integración real. Es más cómodo señalar el pasaporte que preguntarse por qué barrios concretos se han convertido en zonas donde se concentra la delincuencia o por qué los recursos sociales siguen siendo insuficientes.
Y mientras se discute sobre si la Ertzaintza debe dar o no el origen de cada detenido, una parte de la ciudadanía solo ve que su barrio ha cambiado, que los delitos violentos llenan titulares y que ni el Gobierno vasco ni el central terminan de explicar qué piensan hacer más allá de pelearse por el relato.
