Después de unas semanas de relativa calma en los precios de las gasolinas, se avecina un nuevo golpe al bolsillo de los conductores españoles. Aunque el precio medio de la gasolina ha bajado ligeramente, situándose en torno a 1,467 euros por litro, y el gasóleo en 1,397 euros, todo indica que esta tendencia se revertirá muy pronto. La culpable: una nueva regulación de la Unión Europea que impondrá un coste adicional al transporte por carretera.
La normativa en cuestión se llama ETS2 (Sistema de Comercio de Emisiones, segunda fase), y forma parte del paquete climático comunitario conocido como “Fit for 55”, cuyo objetivo es reducir un 55 % las emisiones contaminantes antes de 2030. Hasta ahora, el sistema de derechos de emisión afectaba principalmente a industrias pesadas y eléctricas, pero a partir de 2027 –o 2028 si la energía sigue cara– también afectará a las gasolinas, el diésel y los edificios.
¿Qué implica esto para ti?
En la práctica, las empresas que venden carburantes tendrán que pagar por cada tonelada de CO₂ que emitan sus productos. Y como suele pasar, ese coste no se lo quedarán ellas: lo trasladarán al consumidor final.
Los cálculos de Bruselas estiman que esta nueva tasa podría encarecer el litro de gasolina en 11 céntimos y el de diésel en hasta 13 céntimos. Eso supone que llenar un depósito medio de 55 litros podría costar entre 6 y 7,5 euros más. Y en momentos de alta demanda de derechos de carbono, el sobrecoste podría llegar a los 50 céntimos por litro. Sí, has leído bien: más de 25 euros adicionales por depósito en el peor escenario.
¿Por qué lo hacen?
La lógica detrás de esta política es hacer más caro contaminar, para así fomentar la transición hacia vehículos eléctricos, biocombustibles o medios de transporte más sostenibles. Es una especie de «empujón financiero» para que consumidores y empresas cambien sus hábitos.
Pero claro, el cambio no será inmediato, y en el camino muchas familias podrían verse afectadas. Especialmente aquellas que viven en zonas rurales o que dependen del coche para ir a trabajar, donde las alternativas de movilidad son escasas o inexistentes.
Transporte y logística: un sector en la cuerda floja
Uno de los sectores que más notará este cambio es el del transporte por carretera. Según la patronal ASTIC, el ETS2 podría aumentar un 8 % los costes operativos de las empresas de logística y distribución. Y como es lógico, este aumento se trasladará a los precios de los productos que consumimos cada día, desde los alimentos hasta los electrodomésticos.
Es un efecto dominó que podría alimentar nuevas presiones inflacionistas justo cuando el Banco Central Europeo y los gobiernos intentan contener el coste de la vida.
¿Puede España amortiguar el golpe?
En este contexto, España tiene una posición algo ambivalente. Por un lado, cuenta con una flota de vehículos muy dependiente del diésel y envejecida, lo que complica la transición rápida. Pero también está avanzando en proyectos de biocombustibles, energías renovables e infraestructuras de recarga eléctrica, que podrían reducir parcialmente el impacto del ETS2.
Además, el Gobierno ha prometido ayudas a los hogares más vulnerables a través del Fondo Social para el Clima, con el que se podrán financiar medidas como bonificaciones para carburante, mejoras en eficiencia energética o apoyo a la compra de vehículos menos contaminantes.
Eso sí, no será una solución inmediata ni suficiente para frenar por completo el encarecimiento de los combustibles.
Y todo esto, mientras el mundo sigue cambiando
En paralelo, los precios del crudo siguen siendo rehenes de la geopolítica. La tregua en Gaza y ciertos acuerdos de producción en la OPEP han calmado temporalmente el mercado, pero la Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda mundial volverá a subir con fuerza en 2025, empujada por países como China, India o EE.UU.
En otras palabras, los carburantes se encarecerán no solo por la regulación europea, sino también por las tensiones globales. Y eso hará que la factura sea aún más difícil de asumir para miles de consumidores.