El debate sobre los peajes vuelve a encenderse en España y esta vez con visos de materializarse más pronto que tarde. La publicación en el BOE del nuevo Reglamento General de Carreteras, sumado al avance de la Ley de Movilidad, ha creado las condiciones legales necesarias para lo que muchos conductores temían: pagar por circular por autovías hasta ahora gratuitas.
La Ley de Movilidad, que ya ha pasado por el Congreso y espera únicamente el visto bueno del Senado, podría ver la luz entre finales de 2025 y principios de 2026. A partir de ahí, todo quedará listo para activar un modelo de peajes que será completamente distinto al tradicional: nada de barreras físicas ni cabinas de pago, sino un sistema electrónico —probablemente con cámaras— muy similar al que ya funciona en países como Portugal.
Pero la puesta en marcha no será inmediata. La implantación técnica de este sistema, conocido como free flow, requerirá tiempo y obras para adaptar las vías a los nuevos mecanismos de cobro y control. Aunque desde Europa se ha insistido repetidamente en esta medida como parte de las condiciones de financiación vinculadas a los fondos comunitarios, lo cierto es que aún no hay fecha concreta. Eso sí, esta vez hay normativa lista para echar a andar.
Más allá del cuándo, el cómo también genera dudas. El Gobierno ha dejado la puerta abierta a lo que denomina peajes dinámicos: tarifas que varían según múltiples factores. Tipo de vehículo, nivel de emisiones, hora del día o incluso la ocupación del coche podrían determinar cuánto se paga por kilómetro. Además, se contempla que las familias con menos ingresos puedan quedar exentas o disfrutar de bonificaciones, aunque nada de esto se ha concretado aún.
Lo que sí está claro en la normativa ya aprobada es que ciertos vehículos estarán exentos de pagar. Serán los de servicios esenciales —como ambulancias, patrullas policiales o mantenimiento de carreteras—. También se contempla una exención temporal hasta mediados de 2031 para camiones y autobuses que funcionen con electricidad o hidrógeno, una propuesta alineada con los objetivos medioambientales que Bruselas ha trasladado a los Estados miembros.
Sobre las tarifas, ya se manejan cifras orientativas que han salido del sector privado. Seopan, la patronal que agrupa a empresas como Ferrovial, Sacyr o Abertis, ha planteado un modelo en el que los turismos pagarían 3 céntimos de euro por kilómetro y los vehículos pesados hasta 14. Según sus estimaciones, esto permitiría recaudar unos 140.000 millones de euros en 25 años. Un montante que se destinaría, al menos en teoría, al mantenimiento y mejora de las infraestructuras de alta capacidad del país.
Este sistema afectaría a más de 13.600 kilómetros de vías, de las cuales tres cuartas partes están gestionadas por el Estado. El resto, bajo control de las comunidades autónomas. La paradoja es evidente: mientras se eliminan peajes en tramos históricos como la AP-1 o la AP-7, se prepara una estructura completamente nueva para cobrar por usar las principales autovías del país.