El encarecimiento de la vivienda ya no se mide solo en euros, sino en platos vacíos. El 31% de los hogares con hipoteca y el 51% de los que están de alquiler empiezan a pasar hambre: desde retrasos en recibos hasta no poder comer carne o pescado cada dos días. España ha convertido el techo en un lujo cotidiano, mientras el Gobierno vende que España va como un cohete.
En cinco años la compra se ha disparado un 46% y el alquiler al menos un 27%. Con los sueldos pisando el freno y la cesta de la compra aún alta, la ecuación no sale: un tercio del gasto anual de cada familia ya se va a la casa y a sus suministros, el doble que a alimentación.
La lista negra del INE es concreta: nueve carencias que van de no poder afrontar un imprevisto de 650 € a mantener la vivienda a temperatura adecuada. En 2024, el 31% de los hogares con hipoteca sufre al menos dos carencias (25% en 2018). El 16% ya arrastra tres, y el 6,7% llega a cuatro. En alquiler, el golpe es mayor: dos carencias en el 51% de hogares (44% en 2018); tres en el 33% y cuatro en el 18,6%. ¿Estado del bienestar? Será en otro código postal.
El mercado se ha convertido en una olla a presión. El índice oficial de precios de vivienda subió un 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025, con la segunda mano marcando un 12,8%. Como la obra nueva brilla por su ausencia, todos se amontonan donde pueden: usado o alquiler. Resultado: m² más caros, menos margen para vivir, más brecha entre quienes heredaron piso y quienes pagan cada mes al casero.
El alquiler sigue cocinándose al fuego fuerte. En septiembre de 2025, la renta ofertada media alcanzó 14,5 €/m², un 10,9% más que hace un año. Mientras se demoniza al propietario pequeño y se anuncian “zonas tensionadas”, la oferta sale por la puerta de atrás: pisos turísticos, habitaciones, alquileres opacos o, sencillamente, carteles retirados. El Gobierno prometió bajar precios interviniendo; los precios no bajan y la oferta tampoco aparece.
La inflación ha regresado a la portada. En septiembre, el IPC interanual subió al 3%, con la vivienda y la energía tirando hacia arriba y la subyacente en el 2,4%. Las facturas de luz y gas vuelven a engordar justo cuando se enciende la calefacción. Eso sí, el relato oficial insiste: “está controlada”. Controlada, salvo para quien pasa del súper a la gasolinera y de ahí al banco.
El problema de fondo es aritmética simple: menos pisos y más gente. España frenó en seco la construcción tras 2008, los hogares crecieron —más población y familias más pequeñas— y el tapón se hizo bola. El déficit ronda 400.000–450.000 viviendas. Para empezar a desatascar, habría que acelerar un 60% la construcción hasta ritmos no vistos desde 2008. Y faltan manos: el sector calcula un agujero de 700.000 trabajadores. ¿Plan de choque? De momento, trámites, vetos de suelo y una maraña que espanta inversión.
La “solución periférica” también pasa factura. Mudarse lejos abarata la hipoteca o el alquiler, pero sube gasolina, peajes y tiempo perdido. Muchas viviendas más baratas además aíslan peor, con lo que calentar la casa acaba costando más. La familia media hace números: lo que ahorra en renta se lo traga el depósito y el recibo de gas. Y vuelta a empezar.
Mientras tanto, se mantiene el peaje silencioso: ahorrar el 30% del valor de la vivienda para comprar es misión imposible para quien paga un alquiler récord. La edad media de acceso a primera vivienda ya ronda los 41 años. El Gobierno promete “derecho a la vivienda” mientras multiplica anuncios y sanciones; lo que no llega son grúas, licencias ágiles y seguridad jurídica para que la oferta vuelva.
Las promotoras piden liberar suelo y ventanillas rápidas. Los propietarios piden reglas claras en alquiler, menos castigo y más garantías. Los inquilinos piden poder comer pollo y calentar la casa sin elegir entre uno u otro. Y las familias hipotecadas piden algo tan exótico como estabilidad: ni sustos en el recibo, ni sustos en la luz.