Deadzoner
Madmaxista
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http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/economia_viz/secuelas-boom_20061119.html
Secuelas del 'boom'
JUAN BENGOECHEA/
Secuelas del 'boom'
JESÚS FERRERO
Desde 1997 los precios de las viviendas se han multiplicado por tres. En los últimos meses, sin embargo, esa escalada ha comenzado a remitir. El pasado trimestre, por primera vez en cinco años, han crecido por debajo de los dos dígitos. Esta trayectoria no ha sido originada por las bienintencionadas políticas del redundante Ministerio de Vivienda. Más bien son el reflejo del agotamiento de un 'boom' global. En Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia los mercados residenciales están en franca retirada. La causa se halla en el aumento de los tipos de interés a que ha dado lugar el endurecimiento de las políticas monetarias. Y es posible que también haya influido el auge bursátil, que hace perder atractivo a las inversiones inmobiliarias. En nuestro caso, parece que los promotores no se han enterado de este enfriamiento de la demanda. Sólo así se explica que hayan aumentado la oferta en un país que cuenta ya con más de tres millones de viviendas desocupadas.
Esa inercia de los promotores no es ajena a la enorme cantidad de dinero que ha generado el sector. Los beneficios de las empresas, al igual que su valor en Bolsa, se han disparado. Algunas han iniciado procesos de diversificación (ACS, Sacyr,etc), otras han apostado por el tamaño (Inmocaral). El resultado, en ambos casos, ha sido el nacimiento de una nueva generación de nuevos ricos, cuya vida y milagros comienza a formar parte de nuestro folclore nacional. La mayoría de los españoles también se ha sentido un poco más rica, en la medida en que sus propiedades inmobiliarias se han revalorizado con el 'boom'. Los grandes perdedores de este festín han sido nuestros jóvenes 'mileuristas', a los que el derecho a disfrutar de una vivienda digna (artículo 47 de la Constitución) les resulta un sarcasmo. Especialmente a los residentes en Madrid y País Vasco, cuyo esfuerzo para adquirir un piso duplica el de sus homólogos en Extremadura y Galicia.
Quizá alguien piense que lo deseable sería una caída de los precios, tanto más por cuanto se estima que las viviendas están sobrevaluadas entre un 30% y un 40%. Este escenario, sin embargo, es el que más temen las autoridades, especialmente si se produce de manera brusca. Su temor se debe a que el sector inmobiliario se ha convertido en el motor de nuestro modelo económico. Su contribución directa al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y a la creación de empleo ha sido, desde mediados de los años 90, decisiva. También lo ha sido su impacto indirecto, a través de lo que se conoce como 'efecto riqueza'. La revalorización de los inmuebles ha hecho que las familias se preocupen menos por el futuro, lo que les ha llevado a aumentar los gastos de consumo. Para hacerse una idea de las consecuencias de dicho escenario baste señalar que, según el Banco de España, un descenso del 10% en el precio de la vivienda daría lugar a una disminución del 0,8% en el PIB.
Algunos analistas temen, además, que haya aumentado el riesgo de crisis financieras, a tenor del espectacular incremento registrado en la última década por el endeudamiento de las familias. En relación a la renta bruta disponible, su cuantía se ha más que duplicado, superando con holgura la media de la UE. Con la particularidad de que la mayor parte del mismo está a tipos de interés variable, lo que le hace muy vulnerable a las subidas del precio del dinero practicadas por el BCE. Aún así, la posición patrimonial de los hogares es holgada, debido, precisamente, a la revalorización de su riqueza inmobiliaria. Pero esa holgura momentánea se ha logrado a costa de hipotecar a toda una generación, cuya capacidad de ahorro para afrontar las vicisitudes de la vida se ha reducido hasta extremos inquietantes. Una generación encadenada a plazos de vencimiento de hasta 50 años, lo que, en un mundo tan voluble como el nuestro, son muchos años.
Peor ha sido el inconfundible hedor que ha dejado a su paso este 'boom'. La corrupción se ha cebado en los ayuntamientos, porque son competentes en materia urbanística y están próximos a los grupos de presión. Una simple línea trazada sobre un mapa catastral puede multiplicar por 200 el valor de un terreno, ganándose así el eterno 'agradecimiento' de los afortunados propietarios. Este 'quid pro quo', en un negocio que mueve al año unos 150.000 millones de euros, resulta para algunos una tentación excesiva. Como nos ha ilustrado en sus informes el Defensor del Pueblo, esa práctica es un mal generalizado, alimentada por una cierta sensación de impunidad, que sólo recientemente parece haberse quebrado. La principal damnificada de esta subordinación de lo público a intereses espurios ha sido la democracia, que ha perdido legitimidad frente a unos ciudadanos que con frecuencia se ven en aprietos para llegar a fin de mes.
Lo más grave ha sido, en cualquier caso, el daño irreparable sufrido por el medio ambiente, cuyo valor económico ignoran las estadísticas oficiales. La peor parte se la ha llevado el litoral, invadido por una sucesión de falansterios de aire folclórico (golf incluido) a mayor gloria de nuestra clase media. Para corregir esta insostenible situación, el Gobierno ha presentado su proyecto de Ley de Suelo, que incorpora elementos esperanzadores. Pero, antes de iniciarse el debate, algunas comunidades ya han expresado su rechazo por entender que invade sus competencias. Y es aquí donde se encuentra el meollo de la cuestión, dado el complejo reparto de responsabilidades que, tras las sentencias del Tribunal Constitucional, existe en materia de urbanismo.
Lo deseable hubiese sido mejorar la coordinación entre las distintas administraciones. En su lugar, nos hemos embarcado en una reforma estatutaria en la que no está claro cual será el futuro papel del Estado.
Secuelas del 'boom'
JUAN BENGOECHEA/
Secuelas del 'boom'
JESÚS FERRERO
Desde 1997 los precios de las viviendas se han multiplicado por tres. En los últimos meses, sin embargo, esa escalada ha comenzado a remitir. El pasado trimestre, por primera vez en cinco años, han crecido por debajo de los dos dígitos. Esta trayectoria no ha sido originada por las bienintencionadas políticas del redundante Ministerio de Vivienda. Más bien son el reflejo del agotamiento de un 'boom' global. En Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia los mercados residenciales están en franca retirada. La causa se halla en el aumento de los tipos de interés a que ha dado lugar el endurecimiento de las políticas monetarias. Y es posible que también haya influido el auge bursátil, que hace perder atractivo a las inversiones inmobiliarias. En nuestro caso, parece que los promotores no se han enterado de este enfriamiento de la demanda. Sólo así se explica que hayan aumentado la oferta en un país que cuenta ya con más de tres millones de viviendas desocupadas.
Esa inercia de los promotores no es ajena a la enorme cantidad de dinero que ha generado el sector. Los beneficios de las empresas, al igual que su valor en Bolsa, se han disparado. Algunas han iniciado procesos de diversificación (ACS, Sacyr,etc), otras han apostado por el tamaño (Inmocaral). El resultado, en ambos casos, ha sido el nacimiento de una nueva generación de nuevos ricos, cuya vida y milagros comienza a formar parte de nuestro folclore nacional. La mayoría de los españoles también se ha sentido un poco más rica, en la medida en que sus propiedades inmobiliarias se han revalorizado con el 'boom'. Los grandes perdedores de este festín han sido nuestros jóvenes 'mileuristas', a los que el derecho a disfrutar de una vivienda digna (artículo 47 de la Constitución) les resulta un sarcasmo. Especialmente a los residentes en Madrid y País Vasco, cuyo esfuerzo para adquirir un piso duplica el de sus homólogos en Extremadura y Galicia.
Quizá alguien piense que lo deseable sería una caída de los precios, tanto más por cuanto se estima que las viviendas están sobrevaluadas entre un 30% y un 40%. Este escenario, sin embargo, es el que más temen las autoridades, especialmente si se produce de manera brusca. Su temor se debe a que el sector inmobiliario se ha convertido en el motor de nuestro modelo económico. Su contribución directa al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y a la creación de empleo ha sido, desde mediados de los años 90, decisiva. También lo ha sido su impacto indirecto, a través de lo que se conoce como 'efecto riqueza'. La revalorización de los inmuebles ha hecho que las familias se preocupen menos por el futuro, lo que les ha llevado a aumentar los gastos de consumo. Para hacerse una idea de las consecuencias de dicho escenario baste señalar que, según el Banco de España, un descenso del 10% en el precio de la vivienda daría lugar a una disminución del 0,8% en el PIB.
Algunos analistas temen, además, que haya aumentado el riesgo de crisis financieras, a tenor del espectacular incremento registrado en la última década por el endeudamiento de las familias. En relación a la renta bruta disponible, su cuantía se ha más que duplicado, superando con holgura la media de la UE. Con la particularidad de que la mayor parte del mismo está a tipos de interés variable, lo que le hace muy vulnerable a las subidas del precio del dinero practicadas por el BCE. Aún así, la posición patrimonial de los hogares es holgada, debido, precisamente, a la revalorización de su riqueza inmobiliaria. Pero esa holgura momentánea se ha logrado a costa de hipotecar a toda una generación, cuya capacidad de ahorro para afrontar las vicisitudes de la vida se ha reducido hasta extremos inquietantes. Una generación encadenada a plazos de vencimiento de hasta 50 años, lo que, en un mundo tan voluble como el nuestro, son muchos años.
Peor ha sido el inconfundible hedor que ha dejado a su paso este 'boom'. La corrupción se ha cebado en los ayuntamientos, porque son competentes en materia urbanística y están próximos a los grupos de presión. Una simple línea trazada sobre un mapa catastral puede multiplicar por 200 el valor de un terreno, ganándose así el eterno 'agradecimiento' de los afortunados propietarios. Este 'quid pro quo', en un negocio que mueve al año unos 150.000 millones de euros, resulta para algunos una tentación excesiva. Como nos ha ilustrado en sus informes el Defensor del Pueblo, esa práctica es un mal generalizado, alimentada por una cierta sensación de impunidad, que sólo recientemente parece haberse quebrado. La principal damnificada de esta subordinación de lo público a intereses espurios ha sido la democracia, que ha perdido legitimidad frente a unos ciudadanos que con frecuencia se ven en aprietos para llegar a fin de mes.
Lo más grave ha sido, en cualquier caso, el daño irreparable sufrido por el medio ambiente, cuyo valor económico ignoran las estadísticas oficiales. La peor parte se la ha llevado el litoral, invadido por una sucesión de falansterios de aire folclórico (golf incluido) a mayor gloria de nuestra clase media. Para corregir esta insostenible situación, el Gobierno ha presentado su proyecto de Ley de Suelo, que incorpora elementos esperanzadores. Pero, antes de iniciarse el debate, algunas comunidades ya han expresado su rechazo por entender que invade sus competencias. Y es aquí donde se encuentra el meollo de la cuestión, dado el complejo reparto de responsabilidades que, tras las sentencias del Tribunal Constitucional, existe en materia de urbanismo.
Lo deseable hubiese sido mejorar la coordinación entre las distintas administraciones. En su lugar, nos hemos embarcado en una reforma estatutaria en la que no está claro cual será el futuro papel del Estado.
