Eslacaña
Madmaxista
El sector de la farmacia está en el punto de mira del gobierno como uno de los siguientes a liberalizar:
http://tinyurl.com/btfvqfb
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El vasto historial de trabas inventadas por las comunidades autónomas para frenar cualquier intento de liberalización comercial ha servido de acicate al Gobierno para diseñar un cortafuegos que frustre los más que probables intentos de muchas administraciones regionales de diluir los efectos de la nueva ley comercial que ultima el Ministerio de Economía.
El objetivo es blindar la medida estrella que incluye la norma, la denominada apertura exprés de comercios gracias a la supresión de las licencias que hasta ahora eran necesarias para poner en marcha un pequeño negocio.
Aquellas administraciones que entorpezcan de cualquier modo, ya sea mediante una ley, reglamento o acto de cualquier tipo, la pretendida liberalización podrían enfrentarse a duras sanciones con base en la responsabilidad patrimonial correspondiente. Una amenaza que sobrevolaría las delicadas finanzas de autonomías y ayuntamientos, que han necesitado de la respiración asistida del Estado central para empezar a abonar las facturas pendientes.
La prueba de fuego para calibrar el impacto sobre el comercio de esta medida liberalizadora es cómo y en qué plazo la incorporen a sus respectivas normas los gobiernos autonómicos, los titulares de las competencias sobre el comercio.
En los últimos años han mostrado una sorprendente capacidad para inventar atajos (criterios medioambientales, de impacto urbanístico, etc.) a diferentes leyes nacionales y europeas con el fin de no tener que desmontar la red clientelar de pequeños comerciantes locales.
En regiones españolas como Cataluña, los denominados botiguers han acabado teniendo una capacidad de presión e influencia fuera de toda racionalidad. En consecuencia, la burocracia en España es la segunda más profusa de Europa para crear una empresa, lo que ha provocado que las distintas cadenas de hipermercados mantengan congelada una inversión posible de 2.500 millones de euros a la espera de recibir los permisos necesarios.
El empeño liberalizador del Gobierno popular viene precedido por el indiscutible éxito de las políticas seguidas en la Comunidad de Madrid, que han generado un mayor crecimiento del empleo en el sector respecto a otras comunidades, al tiempo que han permitido contener las subidas de la inflación.
De ahí que la pretensión del equipo económico gubernamental sea extender antes de verano la eliminación de las licencias de apertura a otras muchas actividades, como los mercados ocasionales o periódicos, la venta por correo y por catálogo, todo tipo de tiendas de productos no alimenticios, talleres de reparación e, incluso, farmacias; lo que se completaría con una línea de liquidez a través del ICO por valor de 224 millones de euros.
