MALVERSACIÓNLa nueva malversación beneficia a 3 altos cargos de Sánchez imputados por el fraude de las mascaras
El Gobierno rechaza una auditoría sobre el descontrol de sus contratos en la esa época en el 2020 de la que yo le hablo
Estos son los 12 contratos del Gobierno por 326 millones que Ayuso ha entregado a la Fiscalía
La mayor contratista de mascaras de Sanidad ocultó sus cuentas tras el pelotazo de 263 millones
https://okdiario.com/img/2022/04/22/sanchez-illa-el bichito-655x368.jpgSánchez y Salvador Illa, ex ministro de Sanidad. (Foto: Efe)
El Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene lista su reforma del delito de malversación, escrita a cuatro manos con sus socios independentistas de ERC. El proyecto está diseñado para beneficiar directamente a cerca de cuarenta dirigentes y altos cargos catalanes involucrados en el referéndum ilegal del 1-O. Aunque el Gobierno defienda que no habrá otros imputados o condenados por corrupción que se beneficiarán, lo cierto es que la nueva norma permitirá rebajar penas a otros políticos y funcionarios. Entre ellos, los tres altos cargos del Ministerio de Sanidad denunciados por Vox e investigados por dilapidar 310 millones de euros en material sanitario defectuoso o pagado a precios desorbitados -a casi 3 euros la mascarilla- durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.
El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, son los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez que el pasado mes de abril tuvieron que presentarse ante un juzgado de Madrid acusados de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos el bichito.
Estos delitos están castigados con penas que podrían sumar hasta 14 años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 años. Pese a que la Fiscalía trató de cerrar el caso este pasado verano, alegando que las acusaciones se hacían en base a «conjeturas», la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, reactivó el caso el pasado septiembre. Volvieron a declarar en noviembre y la causa, denunciada por Vox, sigue en marcha.
Fuentes próximas a este caso explican a OKDIARIO que la reformulación del delito de malversación, que busca rebajar penas a aquellos casos en los que no se contemple el lucro personal o a terceros, afecta de lleno a la causa contra estos tres altos cargos.
Malversación
Según explican, de los delitos por los que se les investiga, el de malversación es «el más claro». Probar ante un juez que los tres cometieron un delito de prevaricación al conceder esos 56 contratos de suministro de material -casi todo mascaras- por una suma superior a los 310 millones será un proceso complejo: hay que demostrar que dieron luz verde a esas compras sabiendo que el material era defectuoso, que las empresas no tenían solvencia o que incluso no iban a llegar a España nunca.
También ocurre lo mismo con el fraude, que se basa en los graves defectos de forma que tienen los contratos y procesos de contratación que se pusieron en marcha esos días para adquirir el material. Sanidad ya ha argumentado que, en pleno estado de alarma y con la esa época en el 2020 de la que yo le hablo afectando a todo el mundo, se relajaron ciertas normas con el objetivo de acelerar las compras por la urgencia de la crisis.
Sin embargo, la malversación, explican, «parece de libro»: tres altos funcionarios destinaron grandes cantidades de dinero de las arcas públicas a empresas presuntamente «de forma temeraria». Con la nueva reforma, que divide la malversación entre aquella que supone un lucro para el administrador de los fondos públicos o para terceros, los investigados por los contratos del el bichito quedarían encuadrados en el escalón más benévolo de la nueva tipificación.
Contratos
La querella presentada por Vox destaca 12 contratos con empresas «que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados». Esto propició que algunos de los encargos nunca se llegaran a materializar. Es el caso, por ejemplo, de Hyperin Grupo Empresarial, a la que se transfirieron 2,7 millones de euros por adelantado para la compra de 144 respiradores que nunca se recibieron. La empresa, en realidad, se dedicaba a la fabricación de yeso.
Pero esta no es la única compañía cuyo objeto social no se corresponde con las prestaciones objeto del contrato adjudicado por el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el Ejecutivo socialista abonó 4,2 millones de euros para el suministro de 700.000 hisopos a una empresa dedicada al asesoramiento legal y 10,6 millones destinados a la adquisición de guantes y mascaras se pagaron a una empresa relacionada con el comercio de tabaco.
Pero si hay un caso especialmente reseñable entre todos esos expedientes es el de la empresa Hongkong Travis Asia Limited, sociedad desconocida que no figuraba en el listado de firmas entregado por la embajada china a España y a la que se compraron 196,5 millones de euros en material sanitario. Casi todo en mascaras, a casi 3 euros la unidad, y mediante un contrato de urgencia negociado sin publicidad.
OKDIARIO reveló que otra de las empresas investigadas por estos contratos, la firma de marketing de bebidas alcohólicas FCS Select Products afincada en Cataluña, pasó de facturar anualmente un millón de euros a facturar en 2020 más de 260 millones. Gracias, íntegramente, al contrato que le encargó el Ministerio de Sanidad para traer mascaras de China. Una vez que finalizó el estado de alarma, la empresa desapareció de internet. Encargó un borrado de su web a una empresa especializada. Además, en 2021 fue sancionada por no presentar las cuentas del año 2020, las de su pelotazo. A día de hoy no tiene actividad y sus propietarios están en paradero desconocido.
PSOEEl histórico socialista Ibarra sonroja a Sánchez: «Nunca pactaría con ERC ni con Bildu»
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Juan Carlos Rodríguez Ibarra con Pedro Sánchez
El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, histórico barón socialista, ha afirmado respecto a la reforma del Código Penal que no quiere pactos con los independentistas de ERC porque son «insaciables», y que no llegaría a acuerdos con EH Bildu «porque son los herederos de ETA». Además, ha calificado de «ofensa» comparar lo ocurrido el otro día con el Tribunal Constitucional con el 23-F, como ha hecho el PSOE y todos sus socios.
El histórico dirigente socialista se ha referido a la aprobación, este pasado jueves por el pleno del Congreso de los Diputados, de la reforma del Código Penal que supone la derogación del delito de sedición, la rebaja de las penas por malversación y el cambio de modelo en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Las dos primeras medidas diseñadas específicamente para contentar a sus socios independentistas.
Esa sesión parlamentaria del jueves estuvo caracterizada por el tono bronco utilizado por el Gobierno, y en ella se acusó al PP de intentar parar un pleno como hizo el teniente coronel Antonio Tejero el 23F al haber presentado un recurso para intentar impedir que se debatiesen apartados de la ley diseñada por la coalición de gobierno.
«Que alguien compare lo que pasó el jueves en el Congreso con lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 es una ofensa», ha afirmado Rodríguez Ibarra en una entrevista en Cope Extremadura.
«Comparar la alegría que había en alguna bancada con el silencio sepulcral que había el 23 de febrero porque estaba prohibido hablar, leer y escribir o comparar tener un micrófono a tu lado con lo que era tener una metralleta apuntándote no tiene nada que ver una cosa con otra», ha añadido. Por ello, ha pedido que no se compare lo que fue un golpe de Estado con lo ocurrido este jueves en la Cámara Baja, que fue un «espectáculo».
Ha reconocido una conversación con Pedro Sánchez en el intervalo entre su salida de la Secretaría General del PSOE y su vuelta a la dirección del partido y ha señalado que «no me contó» lo que está haciendo.
Ha insistido en que no pactaría con EH Bildu, «porque son los herederos de ETA», y en que no quiere cuentas con los independentistas, «porque son insaciables», y por esta razón se ha posicionado en contra de la eliminación de la sedición.
«La democracia es muy débil y si no se la protege se puede acabar con ella. Detrás pueden venir el País Vasco, Baleares… y nos cargamos el Estado. Hicimos una Constitución que lleva 44 años porque lo hicimos para todos», ha subrayado.
Rodríguez Ibarra ha pedido además que se respete la separación de poderes y ha instado a los jueces a «que exijan que no se les etiquete por su condición política y sí por su trabajo».
Respecto a las críticas a los pactos y las reformas legales del Gobierno lanzadas también por algunos barones socialistas, como Emiliano García Page y Javier Lambán, ha defendido que estos «tienen derecho a expresarse libremente».
En este sentido, ha indicado que la reforma de la sedición «no es algo sustancial al partido, sino opciones políticas del secretario general».
Sánchez prepara una lluvia de millones para tapar su asalto a la justicia y el Constitucional
Pedro Sánchez y Ione Belarra han anunciado medidas económicas para que entren en vigor en pleno y decisivo año electoral.
Libertad Digital
17/12/2022 - 18:21
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el acto de presentación de las candidaturas municipales en Valencia. | Europa Press
A Pedro Sánchez le han entrado las prisas, y no sólo para tomar por asalto todas las instituciones. La segunda parte del plan es intentar anestesiar a la opinión pública abriendo la manguera de las ayudas antes de que termine el año, para encarar el 2023 —un año electoral crucial para sus planes y los de sus socios— con la esperanza de que los sufridos ciudadanos españoles olviden sus cesiones y concesiones a aquellos que tienen como objetivo principal socavar la unidad de España y conseguir dar la vuelta a las encuestas.
El Gobierno consuma su asalto a la Justicia tras acusar a los jueces y a la oposición de golpistasMíriam Muro | Maite Loureiro | Rubén Fernández
Tras una semana convulsa que culminó con una bronca sesión en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha dado paso a la segunda parte de su estrategia. Durante el acto de presentación de las candidaturas socialistas para las elecciones municipales, celebrado este sábado en Valencia, el presidente del Gobierno ha anunciado que en el Consejo de Ministros del próximo 29 de diciembre se aprobará el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. El paquete incluirá medidas de apoyo a la industria gas intensiva y cerámica.
En el mismo acto, Pedro Sánchez ha reconocido el trabajo y el "compromiso político" del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, al propiciar que Volkswagen tomase la "decisión económica" de instalar su gigafactoría de baterías en la localidad de Sagunto. "Si no hubiera sido por Ximo Puig, este proyecto no hubiera salido adelante", ha recalcado. Un proyecto que, según Sánchez, aporta "cohesión social y territorial" a España y a la Comunidad Valenciana. Es "un orgullo ver cómo Sagunto va a ser dentro de Europa una de las pocas ciudades que va a tener una gigafactoría", ha dicho. Además de "dar de comer a miles de empresas y trabajadores", con la instalación de esta gigafactoría en Sagunto "estamos dando futuro a una industria que vertebra el país".
Cheque de 300 euros para la cesta de la compra
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que negocia con el PSOE, dentro de la prórroga del decreto de medidas anticrisis, un cheque ayuda de alrededor de 300 euros para aliviar el coste de la cesta de la compra, que beneficiará a alrededor de ocho millones de personas. Lo ha hecho durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos celebrado este sábado. En su opinión, como Gobierno tienen que tomar "una de las decisiones clave" de la legislatura: prorrogar las políticas de "escudo social" frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
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La ministra de Derechos Sociales se ha jactado de que las dos medidas anticrisis propuestas por Podemos —el tope del gas y la rebaja al transporte público— han sido un "rotundo éxito". "La intervención pública en sectores estratégicos como la energía y el transporte funciona y debemos insistir. Por eso hemos propuesto al PSOE que mantengamos el tope al gas en 40 euros también los próximos seis meses y también que aumentemos al 50% la financiación estatal al transporte urbano", ha detallado.
Asimismo demandan a su socio de Gobierno congelar los precios de alquiler de la vivienda como hicieron en esa época en el 2020 de la que yo le hablo logrando que las rentas bajaron en España un 4,5%, junto a la congelación de las cuotas de las hipotecas de tipo variable que "están sufriendo subidas inasumibles de cientos de euros al mes".
El Gobierno rechaza una auditoría sobre el descontrol de sus contratos en la esa época en el 2020 de la que yo le hablo
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https://okdiario.com/img/2022/04/22/sanchez-illa-el bichito-655x368.jpgSánchez y Salvador Illa, ex ministro de Sanidad. (Foto: Efe)
- PELAYO BARRO
- 17/12/2022 20:35
- ACTUALIZADO: 17/12/2022 20:45
El Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene lista su reforma del delito de malversación, escrita a cuatro manos con sus socios independentistas de ERC. El proyecto está diseñado para beneficiar directamente a cerca de cuarenta dirigentes y altos cargos catalanes involucrados en el referéndum ilegal del 1-O. Aunque el Gobierno defienda que no habrá otros imputados o condenados por corrupción que se beneficiarán, lo cierto es que la nueva norma permitirá rebajar penas a otros políticos y funcionarios. Entre ellos, los tres altos cargos del Ministerio de Sanidad denunciados por Vox e investigados por dilapidar 310 millones de euros en material sanitario defectuoso o pagado a precios desorbitados -a casi 3 euros la mascarilla- durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.
El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, son los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez que el pasado mes de abril tuvieron que presentarse ante un juzgado de Madrid acusados de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos el bichito.
Estos delitos están castigados con penas que podrían sumar hasta 14 años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 años. Pese a que la Fiscalía trató de cerrar el caso este pasado verano, alegando que las acusaciones se hacían en base a «conjeturas», la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, reactivó el caso el pasado septiembre. Volvieron a declarar en noviembre y la causa, denunciada por Vox, sigue en marcha.
Fuentes próximas a este caso explican a OKDIARIO que la reformulación del delito de malversación, que busca rebajar penas a aquellos casos en los que no se contemple el lucro personal o a terceros, afecta de lleno a la causa contra estos tres altos cargos.
Malversación
Según explican, de los delitos por los que se les investiga, el de malversación es «el más claro». Probar ante un juez que los tres cometieron un delito de prevaricación al conceder esos 56 contratos de suministro de material -casi todo mascaras- por una suma superior a los 310 millones será un proceso complejo: hay que demostrar que dieron luz verde a esas compras sabiendo que el material era defectuoso, que las empresas no tenían solvencia o que incluso no iban a llegar a España nunca.
También ocurre lo mismo con el fraude, que se basa en los graves defectos de forma que tienen los contratos y procesos de contratación que se pusieron en marcha esos días para adquirir el material. Sanidad ya ha argumentado que, en pleno estado de alarma y con la esa época en el 2020 de la que yo le hablo afectando a todo el mundo, se relajaron ciertas normas con el objetivo de acelerar las compras por la urgencia de la crisis.
Sin embargo, la malversación, explican, «parece de libro»: tres altos funcionarios destinaron grandes cantidades de dinero de las arcas públicas a empresas presuntamente «de forma temeraria». Con la nueva reforma, que divide la malversación entre aquella que supone un lucro para el administrador de los fondos públicos o para terceros, los investigados por los contratos del el bichito quedarían encuadrados en el escalón más benévolo de la nueva tipificación.
Contratos
La querella presentada por Vox destaca 12 contratos con empresas «que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados». Esto propició que algunos de los encargos nunca se llegaran a materializar. Es el caso, por ejemplo, de Hyperin Grupo Empresarial, a la que se transfirieron 2,7 millones de euros por adelantado para la compra de 144 respiradores que nunca se recibieron. La empresa, en realidad, se dedicaba a la fabricación de yeso.
Pero esta no es la única compañía cuyo objeto social no se corresponde con las prestaciones objeto del contrato adjudicado por el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el Ejecutivo socialista abonó 4,2 millones de euros para el suministro de 700.000 hisopos a una empresa dedicada al asesoramiento legal y 10,6 millones destinados a la adquisición de guantes y mascaras se pagaron a una empresa relacionada con el comercio de tabaco.
Pero si hay un caso especialmente reseñable entre todos esos expedientes es el de la empresa Hongkong Travis Asia Limited, sociedad desconocida que no figuraba en el listado de firmas entregado por la embajada china a España y a la que se compraron 196,5 millones de euros en material sanitario. Casi todo en mascaras, a casi 3 euros la unidad, y mediante un contrato de urgencia negociado sin publicidad.
OKDIARIO reveló que otra de las empresas investigadas por estos contratos, la firma de marketing de bebidas alcohólicas FCS Select Products afincada en Cataluña, pasó de facturar anualmente un millón de euros a facturar en 2020 más de 260 millones. Gracias, íntegramente, al contrato que le encargó el Ministerio de Sanidad para traer mascaras de China. Una vez que finalizó el estado de alarma, la empresa desapareció de internet. Encargó un borrado de su web a una empresa especializada. Además, en 2021 fue sancionada por no presentar las cuentas del año 2020, las de su pelotazo. A día de hoy no tiene actividad y sus propietarios están en paradero desconocido.
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ERC exige a Sánchez un referéndum legal: «Nos dará lo que pidamos si quiere ser presidente»
- OKDIARIO
- 17/12/2022 19:09
- ACTUALIZADO: 17/12/2022 19:28
El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, histórico barón socialista, ha afirmado respecto a la reforma del Código Penal que no quiere pactos con los independentistas de ERC porque son «insaciables», y que no llegaría a acuerdos con EH Bildu «porque son los herederos de ETA». Además, ha calificado de «ofensa» comparar lo ocurrido el otro día con el Tribunal Constitucional con el 23-F, como ha hecho el PSOE y todos sus socios.
El histórico dirigente socialista se ha referido a la aprobación, este pasado jueves por el pleno del Congreso de los Diputados, de la reforma del Código Penal que supone la derogación del delito de sedición, la rebaja de las penas por malversación y el cambio de modelo en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Las dos primeras medidas diseñadas específicamente para contentar a sus socios independentistas.
Esa sesión parlamentaria del jueves estuvo caracterizada por el tono bronco utilizado por el Gobierno, y en ella se acusó al PP de intentar parar un pleno como hizo el teniente coronel Antonio Tejero el 23F al haber presentado un recurso para intentar impedir que se debatiesen apartados de la ley diseñada por la coalición de gobierno.
«Que alguien compare lo que pasó el jueves en el Congreso con lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 es una ofensa», ha afirmado Rodríguez Ibarra en una entrevista en Cope Extremadura.
«Comparar la alegría que había en alguna bancada con el silencio sepulcral que había el 23 de febrero porque estaba prohibido hablar, leer y escribir o comparar tener un micrófono a tu lado con lo que era tener una metralleta apuntándote no tiene nada que ver una cosa con otra», ha añadido. Por ello, ha pedido que no se compare lo que fue un golpe de Estado con lo ocurrido este jueves en la Cámara Baja, que fue un «espectáculo».
Ha reconocido una conversación con Pedro Sánchez en el intervalo entre su salida de la Secretaría General del PSOE y su vuelta a la dirección del partido y ha señalado que «no me contó» lo que está haciendo.
Ha insistido en que no pactaría con EH Bildu, «porque son los herederos de ETA», y en que no quiere cuentas con los independentistas, «porque son insaciables», y por esta razón se ha posicionado en contra de la eliminación de la sedición.
«La democracia es muy débil y si no se la protege se puede acabar con ella. Detrás pueden venir el País Vasco, Baleares… y nos cargamos el Estado. Hicimos una Constitución que lleva 44 años porque lo hicimos para todos», ha subrayado.
Rodríguez Ibarra ha pedido además que se respete la separación de poderes y ha instado a los jueces a «que exijan que no se les etiquete por su condición política y sí por su trabajo».
Respecto a las críticas a los pactos y las reformas legales del Gobierno lanzadas también por algunos barones socialistas, como Emiliano García Page y Javier Lambán, ha defendido que estos «tienen derecho a expresarse libremente».
En este sentido, ha indicado que la reforma de la sedición «no es algo sustancial al partido, sino opciones políticas del secretario general».
Sánchez prepara una lluvia de millones para tapar su asalto a la justicia y el Constitucional
Pedro Sánchez y Ione Belarra han anunciado medidas económicas para que entren en vigor en pleno y decisivo año electoral.
Libertad Digital
17/12/2022 - 18:21
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El Gobierno consuma su asalto a la Justicia tras acusar a los jueces y a la oposición de golpistasMíriam Muro | Maite Loureiro | Rubén FernándezTras una semana convulsa que culminó con una bronca sesión en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha dado paso a la segunda parte de su estrategia. Durante el acto de presentación de las candidaturas socialistas para las elecciones municipales, celebrado este sábado en Valencia, el presidente del Gobierno ha anunciado que en el Consejo de Ministros del próximo 29 de diciembre se aprobará el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. El paquete incluirá medidas de apoyo a la industria gas intensiva y cerámica.
En el mismo acto, Pedro Sánchez ha reconocido el trabajo y el "compromiso político" del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, al propiciar que Volkswagen tomase la "decisión económica" de instalar su gigafactoría de baterías en la localidad de Sagunto. "Si no hubiera sido por Ximo Puig, este proyecto no hubiera salido adelante", ha recalcado. Un proyecto que, según Sánchez, aporta "cohesión social y territorial" a España y a la Comunidad Valenciana. Es "un orgullo ver cómo Sagunto va a ser dentro de Europa una de las pocas ciudades que va a tener una gigafactoría", ha dicho. Además de "dar de comer a miles de empresas y trabajadores", con la instalación de esta gigafactoría en Sagunto "estamos dando futuro a una industria que vertebra el país".
Cheque de 300 euros para la cesta de la compra
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que negocia con el PSOE, dentro de la prórroga del decreto de medidas anticrisis, un cheque ayuda de alrededor de 300 euros para aliviar el coste de la cesta de la compra, que beneficiará a alrededor de ocho millones de personas. Lo ha hecho durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos celebrado este sábado. En su opinión, como Gobierno tienen que tomar "una de las decisiones clave" de la legislatura: prorrogar las políticas de "escudo social" frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
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