Heteropatriarca
Madmaxista
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Roig, de Mercadona, es más listo. Si miráis las gildas que venden vienen directamente de jovenlandia.
Piden hasta seis años de guandoca para el dueño de La Gilda del Norte por explotar a trabajadores extranjeros
La investigación, ya concluida, afirma que la empresa pagaba en neցro y por debajo del SMI a los empleados, les obligaba a esconderse en caso de inspección y hasta ofreció dinero a una mujer embarazada para que abortara
El empresario vizcaíno F.J.G.Á, titular de la mercantil Agricultura Creativa 2015, S.L. (más conocida como La Gilda del Norte), se expone a penas de guandoca que podrían superar los seis años y a elevadas sanciones económicas por contratar de modo “continuado” a trabajadores extranjeros de modo irregular. Según las conclusiones de la investigación judicial iniciada tras las visitas de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo a los locales de la empresa en Basauri y a los invernaderos de Lezama y como adelantó este periódico, al menos desde 2018 un grupo indeterminado pero elevado de empleados no tenían contrato y no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Se les pagaba con dinero neցro por debajo de los umbrales del salario mínimo interprofesional (SMI) y eran obligados a esconderse cuando había inspecciones, también en cámaras frigoríficas. En un caso, una trabajadora quedó embarazada y declaró que el empresario le invitó a que abortara y que le había ofrecido dinero para ayudarle a costear la interrupción de la gestación.
El titular del juzgado de instrucción 1 de Bilbao, Juan Carlos Mediavilla, ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio contra Gutiérrez y contra su hija, que ejerce labores de responsabilidad en La Gilda del Norte. A la luz de las actuaciones, sustentadas en un durísimo informe de la Policía Nacional, que es el cuerpo que en Euskadi tiene competencias en materia de extranjería, se considera a Gutiérrez como responsable indiciariamente de tres delitos contra los trabajadores. En concreto, sería responsable de “imponer condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo”. También de haber empleado “de forma retirada” a extranjeros sin permiso de trabajo e incluso a menores de edad en esas mismas circunstancias. Y, finalmente, de poner en “peligro grave” la vida de los trabajadores al no haber observado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, particularmente porque forzó a personas con el bichito–19 a trabajar durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo con el ánimo de buscar “inmunidad de rebaño” y reducir las bajas.
Los hechos se destaparon el 1 de diciembre de 2020, en plena segunda fase de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo tras el confinamiento. Ese día, por la mañana, efectivos de la Policía Nacional y dos inspectores de Trabajo se personaron de modo simultáneo en las dos instalaciones de La Gilda del Norte, en Basauri y en los invernaderos. Ya en ese momento se identificó a seis trabajadores sin contrato y se encontraron unas cuartillas manuscritas con los pagos en dinero neցro, de 800 euros mensuales por una jornada completa ordinaria (menos de 10.000 euros anuales) con algunos abonos adicionales si hacían horas (50 euros por trabajar en sábado, por ejemplo). Estaban advertidos de que, si se producía una inspección, tenían que esconderse. Se les dijo que los multados serían ellos (con 6.000 euros) y que podrían ser deportados a sus países de origen, principalmente de América. No tenían vacaciones ni cobraban las bajas. “Si alguno presentaba alguna queja, era inmediatamente amenazado con el despido”, describe en el sumario el abogado de uno de los trabajadores afectados.
Después de esa primera visita, F.J.G.Á. dio la orden a sus trabajadores extranjeros de hacer turno de noche en el convencimiento de que así no serían detectados. Sin embargo, la Policía Nacional mantuvo la vigilancia y volvió a coordinar con la Inspección de Trabajo una nueva entrada en las instalaciones de La Gilda del Norte, esta vez en la tarde–noche de un día de mayo de 2021. De nuevo identificaron a trabajadores sin contrato, algunos de ellos los mismos que meses atrás. El empresario acabó detenido aunque cuando este periódico sacó a la luz estos hechos no solamente negó las irregularidades que se le atribuyen –dijo estar ayudando a personas en situación precaria– sino incluso el mismo arresto, aunque este periódico accedió a la ficha elaborada en la comisaría de la Policía Nacional en Bilbao.
La fiscal María Miranda da por probados los delitos pero solicitará en el juicio una pena menor, de un año de guandoca y que no implicaría su cumplimiento efectivo. Y exime a la hija del dueño, aunque gestiona una filial de La Gilda del Norte llamada Más que piparras y tiene altas responsabilidades en la empresa matriz. Son mucho más contundentes los escritos de acusación de los letrados de algunos de los pocos trabajadores afectados que se han personado para defender sus derechos. La abogada de dos de ellos lamenta que la investigación no ha podido concretar durante cuánto tiempo La Gilda del Norte hizo negocio de esta manera y cuántos son exactamente los extranjeros perjudicados, pero considera acreditado y gravísimo el caso de la mujer embarazada o que incluso hubiese menores trabajando en esas condiciones. También ve “constatado” que nunca se formó a los empleados ni se les proporcionaron los equipos adecuados. “Tenían su plan de negocio basado en la contratación ilegal”, concluye desde el convencimiento de que “hay más” irregularidades que no se han podido encontrar y que también P.G., hija del dueño, es corresponsable de la situación.
Piden hasta seis años de guandoca para el dueño de La Gilda del Norte por explotar a trabajadores extranjeros
La investigación, ya concluida, afirma que la empresa pagaba en neցro y por debajo del SMI a los empleados, les obligaba a esconderse en caso de inspección y hasta ofreció dinero a una mujer embarazada para que abortara
El empresario vizcaíno F.J.G.Á, titular de la mercantil Agricultura Creativa 2015, S.L. (más conocida como La Gilda del Norte), se expone a penas de guandoca que podrían superar los seis años y a elevadas sanciones económicas por contratar de modo “continuado” a trabajadores extranjeros de modo irregular. Según las conclusiones de la investigación judicial iniciada tras las visitas de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo a los locales de la empresa en Basauri y a los invernaderos de Lezama y como adelantó este periódico, al menos desde 2018 un grupo indeterminado pero elevado de empleados no tenían contrato y no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Se les pagaba con dinero neցro por debajo de los umbrales del salario mínimo interprofesional (SMI) y eran obligados a esconderse cuando había inspecciones, también en cámaras frigoríficas. En un caso, una trabajadora quedó embarazada y declaró que el empresario le invitó a que abortara y que le había ofrecido dinero para ayudarle a costear la interrupción de la gestación.
El titular del juzgado de instrucción 1 de Bilbao, Juan Carlos Mediavilla, ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio contra Gutiérrez y contra su hija, que ejerce labores de responsabilidad en La Gilda del Norte. A la luz de las actuaciones, sustentadas en un durísimo informe de la Policía Nacional, que es el cuerpo que en Euskadi tiene competencias en materia de extranjería, se considera a Gutiérrez como responsable indiciariamente de tres delitos contra los trabajadores. En concreto, sería responsable de “imponer condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo”. También de haber empleado “de forma retirada” a extranjeros sin permiso de trabajo e incluso a menores de edad en esas mismas circunstancias. Y, finalmente, de poner en “peligro grave” la vida de los trabajadores al no haber observado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, particularmente porque forzó a personas con el bichito–19 a trabajar durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo con el ánimo de buscar “inmunidad de rebaño” y reducir las bajas.
Los hechos se destaparon el 1 de diciembre de 2020, en plena segunda fase de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo tras el confinamiento. Ese día, por la mañana, efectivos de la Policía Nacional y dos inspectores de Trabajo se personaron de modo simultáneo en las dos instalaciones de La Gilda del Norte, en Basauri y en los invernaderos. Ya en ese momento se identificó a seis trabajadores sin contrato y se encontraron unas cuartillas manuscritas con los pagos en dinero neցro, de 800 euros mensuales por una jornada completa ordinaria (menos de 10.000 euros anuales) con algunos abonos adicionales si hacían horas (50 euros por trabajar en sábado, por ejemplo). Estaban advertidos de que, si se producía una inspección, tenían que esconderse. Se les dijo que los multados serían ellos (con 6.000 euros) y que podrían ser deportados a sus países de origen, principalmente de América. No tenían vacaciones ni cobraban las bajas. “Si alguno presentaba alguna queja, era inmediatamente amenazado con el despido”, describe en el sumario el abogado de uno de los trabajadores afectados.
Después de esa primera visita, F.J.G.Á. dio la orden a sus trabajadores extranjeros de hacer turno de noche en el convencimiento de que así no serían detectados. Sin embargo, la Policía Nacional mantuvo la vigilancia y volvió a coordinar con la Inspección de Trabajo una nueva entrada en las instalaciones de La Gilda del Norte, esta vez en la tarde–noche de un día de mayo de 2021. De nuevo identificaron a trabajadores sin contrato, algunos de ellos los mismos que meses atrás. El empresario acabó detenido aunque cuando este periódico sacó a la luz estos hechos no solamente negó las irregularidades que se le atribuyen –dijo estar ayudando a personas en situación precaria– sino incluso el mismo arresto, aunque este periódico accedió a la ficha elaborada en la comisaría de la Policía Nacional en Bilbao.
La fiscal María Miranda da por probados los delitos pero solicitará en el juicio una pena menor, de un año de guandoca y que no implicaría su cumplimiento efectivo. Y exime a la hija del dueño, aunque gestiona una filial de La Gilda del Norte llamada Más que piparras y tiene altas responsabilidades en la empresa matriz. Son mucho más contundentes los escritos de acusación de los letrados de algunos de los pocos trabajadores afectados que se han personado para defender sus derechos. La abogada de dos de ellos lamenta que la investigación no ha podido concretar durante cuánto tiempo La Gilda del Norte hizo negocio de esta manera y cuántos son exactamente los extranjeros perjudicados, pero considera acreditado y gravísimo el caso de la mujer embarazada o que incluso hubiese menores trabajando en esas condiciones. También ve “constatado” que nunca se formó a los empleados ni se les proporcionaron los equipos adecuados. “Tenían su plan de negocio basado en la contratación ilegal”, concluye desde el convencimiento de que “hay más” irregularidades que no se han podido encontrar y que también P.G., hija del dueño, es corresponsable de la situación.
