BIDEN CLASIFICA COMO SECRETAS LAS GRABACIONES QUE (SEGÚN EL INVESTIGADOR ESPECIAL ROBERT HUR) EVIDENCIAN EL DETERIORO DE SU MEMORIA.

[Eric Finch]

BIDEN CLASIFICA COMO SECRETAS LAS GRABACIONES QUE (SEGÚN EL INVESTIGADOR ESPECIAL ROBERT HUR) EVIDENCIAN EL DETERIORO DE SU MEMORIA.

Hace apenas año y medio, los medios de comunicación españoles inundaron el panorama mediático con noticias acerca del intento del anterior mandatario estadounidense, Donald Trump, de invocar el pri…

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BIDEN CLASIFICA COMO SECRETAS LAS GRABACIONES QUE (SEGÚN EL INVESTIGADOR ESPECIAL ROBERT HUR) EVIDENCIAN EL DETERIORO DE SU MEMORIA.

Hace apenas año y medio, los medios de comunicación españoles inundaron el panorama mediático con noticias acerca del intento del anterior mandatario estadounidense, Donald Trump, de invocar el privilegio ejecutivo (es decir, algo más o menos equivalente a la considerar un documento como clasificado y, por tanto, de acceso muy restringido) en relación a los documentos que tenía en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Pues bien esos mismos medios han guardado un clamoroso silencio cuando el actual presidente Biden ha invocado el mismo privilegio para vedar el acceso de un comité de la Cámara de Representantes a las grabaciones que el actual inquilino de la Casa Blanca tuvo con Robert Hur, el investigador especial nombrado para que efectuase las diligencias oportunas tendentes a dilucidar la eventual existencia de responsabilidad penal en Biden por incurrir en el mismo comportamiento que su predecesor, es decir, poseer en su residencia particular documentación clasificada. Como diría cierto corresponsal español ante los Estados Unidos: veamos.

Primero.- Los antecedentes: el informe Hur.

El 5 de febrero de 2024, se hizo público el informe del investigador especial Robert Hur. Dicho informe consideraba acreditado que, en efecto, al cesar como vicepresidente el 20 de enero de 2009, Joseph Biden había retenido en su poder documentación clasificada, y que incluso la había utilizado con la persona encargada de auxiliarle en la redacción de sus memorias (el ghostwriter). No obstante, el investigador especial rehusó presentar acusación, tanto por considerar que la documentación podía haberse retenido “por error” como por, citamos textualmente:

“También hemos considerado que, en el juicio, el Sr. Biden probablemente se presentaría ante el jurado como lo hizo durante que mantuvo con nosotros, como un hombre simpático, bien intencionado, un anciano con mala memoria. Basándonos en nuestro contacto personal y nuestras entrevistas con él, es alguien a quien muchos jurados otorgarían el beneficio de una duda razonable.”

Este documento público dio, pues, carta de naturaleza a lo que era no ya un secreto a voces, sino una evidencia pública: el deterioro mental del actual presidente y candidato demócrata a la reelección. Esa alusión a la mala memoria que se incluyó en la sexta página del informe se amplió en ulteriores apartados. Así, por ejemplo, en las páginas 207 y 208 hay unos párrafos sumamente preocupantes:

“La memoria del señor Biden pareció tener limitaciones significativas, tanto en sus conversaciones que en 2017 mantuvo con Zwonitzer [el ghostwriter que le auxilió en la redacción de las memorias], como las que mantuvo con nuestro equipo, algo que queda acreditado en las grabaciones. Las conversaciones del señor Biden con Zwonitzer en 2017 son con frecuencia dolorosamente lentas, con el señor Biden luchando por recordar hechos y en ocasiones esforzándose en leer y releer sus propias anotaciones.

En su entrevista con nuestro equipo, la memoria del señor Biden empeoró. No recordaba cuándo ostentó la vicepresidencia, olvidando en el primer día de las conversaciones incluso cuándo terminó su mandato (“si fue en 2013…cuando dejé de ser vicepresidente”) y olvidando en el segundo día cuándo se inició su mandato (“en 2009, ¿era aún vicepresidente?”). No recordaba, incluso dentro de un margen temporal, cuándo había muerto su hijo Beau. Y su memoria pareció difusa al describir el debate sobre Afganistán que tanta importancia tuvo para él. Entre otras cosas, afirmó erróneamente que “tuvo diferencias” de criterio con el general Karl Eikenberry cuando, de hecho, Eikenberry fue su aliado y el señor Biden lo citó elogiosamente en su informe de acción de gracias que dirigió al Presidente Obama.”

En la página 247 del informe, se alude a estos fallos de memoria y el eventual impacto que tendrían sobre un jurado:

“Para estos jurados, los aparentes lapsus y fallos de memoria del señor Biden en Febrero y Abril de 2017 parecerían consistentes con la disminución de sus facultades y la pérdida de memoria que mostró en sus entrevistas con Zwonitzer y con nuestro equipo.”

Al leer el documento uno tiene la impresión, dado que Robert Hur se encontraba con la espada de Damocles sobre su cabeza: por un lado, no podía cuestionar un hecho objetivo y evidente (reconocido incluso por el interesado) de que una vez finalizó su mandato como vicepresidente en enero de 2017 mantuvo en su poder documentación clasificada, lo cual llevaría necesariamente a un enjuiciamiento penal; por otro, es posible que no deseara concluir que debía llevarse a juicio a Biden, y de ahí que se acogiera a la pérdida de memoria como excusa para no enjuiciar al actual presidente. Orillando lo paradójico de la conclusión a la que se llega en el informe (si se enjuicia a una persona no por los hechos que comete, sino por las simpatías que despierta, muchos evasores fiscales jamás pisarían una sala de vistas, y no digamos los que asaltan entidades financieras) sí que el informe apuntaba a dos hechos claros: la progresiva pérdida de memoria del presidente por un lado, y los primeros síntomas de ese deterioro mental, que sitúa en 2017, es decir, tres años antes de su elección como presidente.

Como es lógico, esos datos, junto con episodios que mueven al espectador a un terreno medio entre el enojo y la piedad (como el célebre instante en el que Biden, que iba cogido del brazo de un invidente, al ser separado de éste preguntó, literalmente: “where am I?”, o aquel otro que en pleno discurso en un aeropuerto cesó bruscamente el discurso quedando en blanco para preguntar ante los atónitos espectadores: “what the hell am I doing here?” arrojaron una duda razonable acerca de las aptitudes de Joseph Biden para ostentar la presidencia.
Y es en este punto donde llega la segunda parte de la tragicomedia.

Segundo.- La invocación por Biden del privilegio ejecutivo.

Dos entidades solicitaron el acceso a las grabaciones que Biden mantuvo en 2017 con su ghostwriter y las que mantuvo en 2023 con el equipo de investigación liderado por Hur. La primera la instó nada menos que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a través de dos de sus comités permanentes, en concreto el Judicial y de Supervisión. La segunda, el pleito iniciado por la CNN al amparo de la Ley de Libertad de Información. La respuesta que a ambas pretensiones ofreció Biden, aconsejado por su nefasto attorney general Merrick Garland (uno de los peores titulares del mencionado departamento ejecutivo) fue clasificar tales grabaciones para impedir el acceso a ellas.

No sólo eso, sino que el pasado día 16 de mayo de 2024 Edward S. Nieskel, asesor presidencial, remitió una carta a los dos comités justificando dicho proceder nada menos que como medida de protección de la independencia del Departamento de Justicia. A continuación, les traduzco el texto del citado documento (omito tan sólo las notas al pie, que tienen referencias a textos y documentos concretos), y léanlo íntegramente porque no tiene el más mínimo desperdicio:

“Como saben, ayer el attorney general solicitó que el presidente invocase el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones que mantuvo con Mark Zwonitzer y con el investigador especial Robert Hur, que han sido solicitadas por los Comités Judicial y de Supervisión de la Cámara de Representantes. Dado el compromiso duradero del presidente de proteger la integridad, la efectividad y la independencia del Departamento de Justicia y sus investigaciones, ha decidido invocar el privilegio ejecutivo sobre tales grabaciones.

Cuando decidió optar a la presidencia, el Presidente Biden prometió que reestablecería las antiguas normas relativas a la independencia del Departamento, tras las repetidas vulneraciones que llevó a cabo la anterior Administración. Prometió devolver a ese Departamento el ser el único que decidiera acerca de la presentación de acusaciones, blindando las investigaciones llevadas a cabo de interferencias políticas indebidas y protegiendo la integridad del procedo de ejecución federal. Como Presidente, ha mantenido este compromiso ante el pueblo americano y consecuentemente reforzado su compromiso con el estado de derecho.

Ese respeto es lo que le ha llevado a cooperar plenamente con la investigación llevada a cabo por Hur, incluyendo el someterse voluntariamente a una entrevista durante dos días así como a otras medidas extraordinarias que ayudaron a asegurar que la investigación fuese plena y completa.

Esta Administración ha buscado trabajar de buena fe con el Congreso para satisfacer sus intereses en la investigación llevada a cabo por Hur. El presidente no afirmó el privilegio ejecutivo sobre ninguna parte del informe final, que el Departamento remitió totalmente y con celeridad al Congreso. El Departamento aceptó permitir a Robert Hur testificar públicamente y responder durante más de cinco horas a las preguntas que se le hiciesen. Y el Departamento ha realizado acomodaciones extraordinarias para ofrecer a los Comités la información específica que han requerido, incluyendo las transcripciones de las entrevistas del presidente con Zwonitzer y con Robert Hur, la correspondencia relevante entre el Departamento de Justicia y los abogados del Presidente, y dos documentos clasificados que los Comités requirieron. Como el Departamento ha informado repetidamente, estos materiales (particularmente las transcripciones) cumplen más que satisfactoriamente las necesidades de información.

El Presidente tiene el deber de salvaguardar la integridad e independencia de las funciones ejecutivas y protegerlas de la indebida interferencia partidista que podría debilitar tales funciones en el futuro. Como saben, el Attorney General ha informado que la difusión de materiales como las grabaciones de audio dañarían futuras investigaciones al hacer menos probable la cooperación voluntaria de testigos en las investigaciones de alto nivel. De hecho, incluso un anterior presidente y attorney general de vuestra propia formación ha reconocido la necesidad de proteger de la difusión este tupo de material investigatorio.

La ausencia de necesidad legítima de las grabaciones evidencia su más que probable finalidad: manipularlas, distorsionarlas y utilizarlas para finalidades políticas. No es apropiado exigir tan sensible y constitucionalmente protegido material porque desee manipularlo con objetivos políticos.

En vez de demostrar respeto al estado de derecho, esta solicitud representa el último de los intentos de los Comités para minar la misma independencia e imparcialidad del Departamento de Justicia y el sistema de justicia criminal que el Presidente Biden busca proteger. Vuestras citaciones y amenazas de desacato provienen de la oleada de esfuerzos de los Comités para perseguir a oponentes, atacar a testigos en casos que se desaprueben y a exigir información de investigaciones y acusaciones en curso, pese a las normas según las cuales dichos procesos de investigación deben estar libre de toda interferencia política.

El Presidente continuará protegiendo el estado de derecho, y su Administración continuará trabajando de buena fe para acomodarse a los intereses legítimos del Congreso, y resistiendo las amenazas impropias para la independencia del sistema de justicia de la nación.”

No es difícil imaginar qué hubiera ocurrido si este documento hubiera emanado no de Joseph Biden, sino de su antecesor en el cargo: medios de prensa escrita y audiovisual lo difundirían poniéndolo como absorbe de dómine. No obstante, tanto el hecho que motiva el escrito que acabamos de transcribir como el propio documento han sido silenciados (bien es cierto que era algo esperado) por la prensa española.

El escrito no resiste el más mínimo análisis, y ello por varias razones:

Primero.- Es paradójico que se haga referencia a la “cooperación plena” del Presidente con la investigación de la que era sujeto pasivo (como si tuviese otra opción) y a la inexistencia de objeciones a la remisión del informe final al Congreso. Lo contrario, es decir, que se hubieran puesto dificultades hubiera dado qué pensar.

Segundo.- Que se afirme la inexistencia de interés legítimo es algo, cuando menos, discutible. El informe final de Robert Hur habla de la progresiva pérdida de memoria de Biden, que se evidencia en las entrevistas mantenidas, y hace una remisión expresa a las grabaciones que forman parte de la investigación. Por tanto, la petición es más que razonable teniendo en cuenta, además, como se ha expuesto anteriormente, que el informe califica como “dolorosamente lentas” las respuestas de Biden a las cuestiones que se le someten, algo esto que no puede verificarse en una mera transcripción.

Tercero.- La afirmación de que la Cámara de Representantes desea utilizar las grabaciones para manipularlas es directamente una infracción penal. Que diga que su interés es meramente político podría tener un pase y sería lógico (cualquier solicitud emanada de un comité de una cámara dominado por una de las dos formaciones tiene claramente una finalidad política) pero acusar directamente a la Cámara de pretender manipular una prueba es un delito; o eso, o el redactor de la misiva posee una facultad de anticiparse a la comisión de ilícitos penales digna de Minority Report, en cuyo caso sería a su vez un delito no aprovechar tales dotes para prevenir la comisión de ilícitos mucho más graves.

Pero también hay un dato curioso: el escrito ataca de forma inmisericorde a la Cámara de Representantes y su requerimiento sobre las grabaciones solicitadas. Pero guarda un mutismo absoluto acerca del pleito mantenido por la CNN para obtener esas grabaciones. ¿Acaso dicho medio de comunicación tiene unos deseos más “puros”?

Cuarto.- Por último, el escrito manifiesta que un anterior presidente y attorney general republicano han tomado la misma decisión. La nota al pie remite a un documento, el informe emitido el 15 de julio de 2008 por el attorney general Michael B. Mukasey que, en efecto, desaconseja hacer públicos determinados documentos obrantes en la investigación llevada a cabo por un fiscal especial. Ahora bien, cuando uno comprueba qué tipo de documentos exigía el Comité para la Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes (en aquélla época de mayoría demócrata) se comprueba que el objeto de la investigación eran: “informes de la Oficina Federal de Investigación acerca de las entrevistas del investigador especial con el Vicepresidente y alto personal de la Casa Blanca así como notas manuscritas tomadas por agentes del FBI durante algunas de esas entrevistas. La citación requiere igualmente notas tomadas por el Asesor de Seguridad Nacional durante las Conversaciones con el Vicepresidente y altos oficiales de la Casa Blanca y otros documentos suministrados por la Casa Blanca al investigador especial. Gran parte de ese material refleja las deliberaciones entre los altos asesores presidenciales […] relativos a la preparación de vuestro discurso del estado de la unión de enero de 2003, posibles respuestas a las afirmaciones públicas impugnando la veracidad de las afirmaciones en tal discurso y la decisión de enviar al marido de la señora Plame, el embajador Joseph Wilson, a Nigeria en 2002 a investigar los esfuerzos iraquíes para obtener uranio enriquecido. Algunos de esos documentos contienen información acerca de las comunicaciones entre usted y vuestros asesores principales.”

Es imposible, por tanto, equiparar ambas situaciones. En 2008 la información se refería claramente a documentos escritos (no grabaciones) que reflejaban las deliberaciones de órganos ejecutivos (el Presidente, el Vicepresidente, el Consejo de Seguridad Nacional y sus asesores) acerca de cuestiones de naturaleza inequívocamente política. Por el contrario, las grabaciones solicitadas en 2024 se refieren a unas conversaciones mantenidas entre un exvicepresidente y su ghostwriter con el objetivo de redactar las memorias del primero y las entrevistas mantenidas por el ya presidente con el investigador especial con el único objetivo de obtener información acerca de los motivos por los cuales tenía en su domicilio particular documentos clasificados; no se está requiriendo notas relativas a deliberaciones internas de Biden con sus asesores de Seguridad Nacional que, por muy jugosas que pudieran ser a la vista del comportamiento público de Biden, están, efectivamente, protegidas por el privilegio ejecutivo.

En fin, una lástima que los medios hurten al público este interesantísimo y jugoso asunto.