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Madmaxista
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia el reparto del fondo extraordinario contra la pobreza infantil y la exclusión social, dotado con 17 millones de euros, pese a las críticas de comunidades como Andalucía, Cataluña, Canarias o Galicia sobre los criterios de reparto.
Del total del fondo, 1,4 millones están destinados a familias gitanas sin recursos económicos, y los 16 millones restantes se dirigen a atajar la pobreza de familias que tienen menores a su cargo.
Si bien la primera cantidad se distribuirá entre las comunidades en función de la población gitana que tenga cada región, el resto del fondo se reparte según el indicador Arope, empleado a nivel europeo para medir la tasa de pobreza.
Críticas de Andalucía, Cataluña y Galicia
Por comunidades autónomas, las que mayor cantidad de dinero recibirán serán Canarias y Andalucía, mientras que las que menos percibirán son Cantabria y la Comunidad de Madrid.
A pesar del global de estos datos, la Junta de Andalucía ha criticado en boca de su consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que no se haya tenido en cuenta el total de la población infantil en riesgo de exclusión social.
De esta manera, ha recordado que al ser la suya una comunidad muy poblada, un niño andaluz en riesgo de exclusión recibirá menos de dos euros, "mientras que en otras regiones esta cifra será mucho mayor".
A estas críticas se ha sumado la consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, quien acusó al Gobierno central de hacer "un esfuerzo muy pequeño" para luchar contra la pobreza infantil, en referencia a la dotación del plan contra la exclusión social de las familias con menores a su cargo, del que ha criticado además que no se tenga en cuenta la población en riesgo de exclusión de cada región española.
Mientras, la consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, ha criticado que en el criterio de reparto del fondo para combatir la pobreza en la infancia, no se tenga en cuanta el tamaño y la población, aparte del índice de pobreza de cada Comunidad Autónoma, como plantea el Gobierno.
Mato asegura no entender las críticas
En respuesta a las críticas de varias autonomías, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado no entender el motivo por el que ahora algunas regiones se quejan, y ha criticado que se centren en discutir sobre el reparto y no en valorar que "es la primera vez que se crea un fondo económico para atajar la pobreza infantil".
Mato ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que participan representantes del ministerio y los consejeros del ramo de las diferentes comunidades, que este indicador suscitó el consenso de las propias comunidades autónomas, de ahí que se haya aplicado para la distribución.
En este sentido, la ministra ha recordado que los años de mayor incremento de la pobreza se dieron entre 2008 y 2011 y los de mayor subida del desempleo entre 2008 y 2012.
Grupo de trabajo sobre los sin techo
Por otra parte, Ana Mato ha informado ante el Consejo de los anteproyectos de reforma de la legislación de protección a la infancia, presentados al Consejo de Ministros el pasado 25 de abril. "Se trata de una reforma que convierte a España en el primer país que instala en su ordenamiento la prevalecía del interés superior del menor", explicó la ministra.
Además, el Consejo ha abordado la situación de las personas sin hogar en España. Casi 23.000 personas, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), viven sin techo en España.
Por ello, el Gobierno y las comunidades han acordado crear un grupo de trabajo, que asumirá la tarea de redactar un documento conforme a unos ejes que versarán sobre medidas laborales, de atención social, educativos, de salud, de vivienda y de alojamientos transitorios.
Evaluación de la Ley de Dependencia
El Consejo Territorial también ha aprobado la tercera Evaluación oficial prevista en la Ley de Dependencia, correspondiente al ejercicio 2013. Entre los resultados, a fecha 31 de diciembre de 2013, la ministra destacó que hay más beneficiarios con prestación, 753.842 frente a los 738.587 de 2011. Es decir un aumento neto de 15.255 personas. El 80% de los beneficiarios con derecho a prestación ya la tienen concedida, según dijo.
Asimismo, se han incorporado al sistema nuevos beneficiarios con prestación. Un total de 224.810 desde 2011, al tiempo que, según el análisis del Gobierno y de las comunidades, hay menos personas pendientes de recibir prestación.
Desde diciembre de 2011 a diciembre de 2013, la lista de espera se redujo en un 37,73%, 115.438 personas menos. "Con posterioridad a la fecha de la evaluación, la reducción ha llegado al 39,8%, la cifra más baja desde la implantación de la Ley", avanzó Ana Mato.
Por último, la ministra informó al Consejo Territorial del proyecto de real decreto por el que se unifican los criterios de uso de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida, de modo que el documento que haya expedido el órgano competente en un municipio sea válido en todos los demás, sin excepción. "Con esta medida se cubre una reclamación histórica de los representantes de las personas con discapacidad", concluyó Mato.
Del total del fondo, 1,4 millones están destinados a familias gitanas sin recursos económicos, y los 16 millones restantes se dirigen a atajar la pobreza de familias que tienen menores a su cargo.
Si bien la primera cantidad se distribuirá entre las comunidades en función de la población gitana que tenga cada región, el resto del fondo se reparte según el indicador Arope, empleado a nivel europeo para medir la tasa de pobreza.
Críticas de Andalucía, Cataluña y Galicia
Por comunidades autónomas, las que mayor cantidad de dinero recibirán serán Canarias y Andalucía, mientras que las que menos percibirán son Cantabria y la Comunidad de Madrid.
A pesar del global de estos datos, la Junta de Andalucía ha criticado en boca de su consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que no se haya tenido en cuenta el total de la población infantil en riesgo de exclusión social.
De esta manera, ha recordado que al ser la suya una comunidad muy poblada, un niño andaluz en riesgo de exclusión recibirá menos de dos euros, "mientras que en otras regiones esta cifra será mucho mayor".
A estas críticas se ha sumado la consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, quien acusó al Gobierno central de hacer "un esfuerzo muy pequeño" para luchar contra la pobreza infantil, en referencia a la dotación del plan contra la exclusión social de las familias con menores a su cargo, del que ha criticado además que no se tenga en cuenta la población en riesgo de exclusión de cada región española.
Mientras, la consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, ha criticado que en el criterio de reparto del fondo para combatir la pobreza en la infancia, no se tenga en cuanta el tamaño y la población, aparte del índice de pobreza de cada Comunidad Autónoma, como plantea el Gobierno.
Mato asegura no entender las críticas
En respuesta a las críticas de varias autonomías, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado no entender el motivo por el que ahora algunas regiones se quejan, y ha criticado que se centren en discutir sobre el reparto y no en valorar que "es la primera vez que se crea un fondo económico para atajar la pobreza infantil".
Mato ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que participan representantes del ministerio y los consejeros del ramo de las diferentes comunidades, que este indicador suscitó el consenso de las propias comunidades autónomas, de ahí que se haya aplicado para la distribución.
En este sentido, la ministra ha recordado que los años de mayor incremento de la pobreza se dieron entre 2008 y 2011 y los de mayor subida del desempleo entre 2008 y 2012.
Grupo de trabajo sobre los sin techo
Por otra parte, Ana Mato ha informado ante el Consejo de los anteproyectos de reforma de la legislación de protección a la infancia, presentados al Consejo de Ministros el pasado 25 de abril. "Se trata de una reforma que convierte a España en el primer país que instala en su ordenamiento la prevalecía del interés superior del menor", explicó la ministra.
Además, el Consejo ha abordado la situación de las personas sin hogar en España. Casi 23.000 personas, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), viven sin techo en España.
Por ello, el Gobierno y las comunidades han acordado crear un grupo de trabajo, que asumirá la tarea de redactar un documento conforme a unos ejes que versarán sobre medidas laborales, de atención social, educativos, de salud, de vivienda y de alojamientos transitorios.
Evaluación de la Ley de Dependencia
El Consejo Territorial también ha aprobado la tercera Evaluación oficial prevista en la Ley de Dependencia, correspondiente al ejercicio 2013. Entre los resultados, a fecha 31 de diciembre de 2013, la ministra destacó que hay más beneficiarios con prestación, 753.842 frente a los 738.587 de 2011. Es decir un aumento neto de 15.255 personas. El 80% de los beneficiarios con derecho a prestación ya la tienen concedida, según dijo.
Asimismo, se han incorporado al sistema nuevos beneficiarios con prestación. Un total de 224.810 desde 2011, al tiempo que, según el análisis del Gobierno y de las comunidades, hay menos personas pendientes de recibir prestación.
Desde diciembre de 2011 a diciembre de 2013, la lista de espera se redujo en un 37,73%, 115.438 personas menos. "Con posterioridad a la fecha de la evaluación, la reducción ha llegado al 39,8%, la cifra más baja desde la implantación de la Ley", avanzó Ana Mato.
Por último, la ministra informó al Consejo Territorial del proyecto de real decreto por el que se unifican los criterios de uso de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida, de modo que el documento que haya expedido el órgano competente en un municipio sea válido en todos los demás, sin excepción. "Con esta medida se cubre una reclamación histórica de los representantes de las personas con discapacidad", concluyó Mato.
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