ZONA ROJA INFANTIL

Carne de cañón

Ni la Policía Federal, ni la Justicia, ni el Gobierno porteño reprimen la prostitución infantil en plena calle. Hay zonas liberadas alrededor de la cancha de Huracán. Los concluyentes datos de un informe de la Asesoría Tutelar de Menores.

Por Lucas Schaerer

Depósitos, embotelladoras y galpones para micros; avenidas anchas por las que corre un pesado tránsito de camiones. Ahí, en ese lugar, Buenos Aires tiene su pasarela pública de la explotación sexual comercial infantil.

Así como existe la esquina de los esclavos (Cobo y Curapaligüe, en el Bajo Flores, donde los costureros se ofrecen para capataces de talleres clandestinos), a metros del club Huracán existe la esquina donde cualquiera puede "levantar" un nene de ocho años que se prostituye.

En los cruces de Amancio Alcorta y Perito Moreno, frente a la Villa Zabaleta y una estación de servicio, los chicos están a la espera. Tras varios años en los que se denunció la cotidiana prostitución de menores y adolescentes, ahora los chicos fueron movidos hacia las calles internas, como Pepirí.

Noticias Urbanas accedió en exclusiva al informe de la Asesoría Tutelar que demuestra que por esas calles del sur, durante veinte días, entre la mañana y tarde, sin incluir sus noches y los fines de semana, desfilaron como víctimas de la explotación sexual un total de 127 chicos y adolescentes.

Para sorpresa de los investigadores, se vio a 78 varones y a una sola travesti. Hay menores abusados a cambio de dinero que tienen seis años, o sea la misma edad de los niños que por primera vez se ponen el guardapolvo blanco. La investigación determinó que nueve chicos, de entre seis y diez años, estaban bajo el yugo de la explotación sexual comercial. La mayor cantidad de pibes explotados tiene entre 14 y 18 años; en total son 50. De estos, contra lo que podría suponerse, 32 son varones.

“En el cuadro (ver tabla) se demuestra que la diferencia más importante se observa en los adolescentes de 14 a 18 años (categoría C) donde la población masculina abusada duplica a la femenina, y en la franja de púberes (categoría B, de 11 a 13 años) donde ocurre lo contrario. Este dato resulta llamativo si se cruza con la información obtenida de las entrevistas, en donde se señala que la mayoría de las víctimas de explotación sexual comercial infantil conocidas por las ONG se encuentran dentro de esta franja (13 años, mujeres)”, se dice en el informe que, además, advierte que los llamados clientes son consumidores de cuerpos infantiles que, particularmente en este barrio, se presentan de modo devastado por los padeceres cotidianos. Traducción: a estos clientes los excita abusar de chicos desamparados.

Años atrás se publicaron investigaciones periodísticas sobre la prostitución infantil relacionada al consumo de paco en Pompeya. Las notas periodísticas acerca de estos delitos impunes derivaron en amenazas. Las intimidaciones llegaron a vecinos y miembros de la iglesia católica en la villa 21-24 que dirige el cura José María Di Paola. A punta de pistola un oficial de civil los amenazó de muerte, y la brigada realizó varios seguimientos a los denunciantes.

El punto culminante fue el allanamiento del grupo GEOF a una capilla ubicada dentro de la villa, en busca de armas que, obviamente, nunca fueron halladas en el santuario religioso. En ese momento, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se comunicó con el ministro del Interior, Aníbal Fernández y las intimidaciones finalizaron. Pero, desde entonces, nadie se anima a denunciar en la Justicia ni ante los medios de comunicación la explotación sexual de los menores que ocurre a plena luz del día.



DEJAR HACER, DEJAR PASAR

La Asesoría Tutelar convocó a las comisarías 32 y 36, que derivaron el tema a jefatura de la Policía Federal, comandada por Néstor Valleca. El jefe de la Federal negó las entrevistas entre los funcionarios que velan por los menores y los comisarios que deben ser el instrumento de la Justicia para reprimir los delitos.

Entretanto, la fiscalía de Pompeya no permite el acceso a los expedientes judiciales por parte de la Asesoría Tutelar en los casos de explotación sexual. “La fiscalía la dirige un ex comisario” es el rumor que corre entre las organizaciones sociales y religiosas del sur.

Mientras, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (UFI-Integridad Sexual), que depende del procurado general de la Nación, Esteban Righi, casi no figura en la investigación, algo contradictorio con su propia tarea y con el aporte económico que realiza el Gobierno porteño al funcionamiento de esta institución nacional.

A la vez, en el Gobierno porteño, según la investigación, “se da una difícil articulación entre los organismos de Salud y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Mientras que es imposible con los juzgados y la Policía Federal”. La falta de coordinación va de la mano de la negativa por los altos mandos de la gestión PRO de poner el tema en agenda. Aún se mantiene bajo siete llaves una publicidad televisiva que condena la explotación sexual comercial infantil.

Muy pocos saben que en el Ministerio de Desarrollo Social porteño existe un programa de Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), tanto callejera como en locales o departamentos privados, que, desde noviembre de 2008 hasta abril de 2009, asistió a un total de 73 niñas, niños y adolescentes en situación de explotación.

El responsable de esa área fue Miguel Sorbello, que se retiró, decepcionado, de la gestión macrista. Este medio intentó en reiteradas oportunidades contactar al ex funcionario pero se niega a hablar con la prensa. Sí lo hicieron otros miembros del programa, con la condición de que no se grabe la entrevista ni se difundan sus identidades.

“Sorbello se fue porque la gestión nunca puso en agenda la prostitución infantil. Se iba a hacer una conferencia de prensa con un gravísimo caso de explotación en la Boca pero nunca se hizo, dieron marcha atrás. Sí se ha denunciado penalmente, pero esa causa quedó en nada. Tampoco el macrismo quiere divulgar una propaganda televisiva respecto al tema”, afirmó un funcionario del PRO.

Los integrantes del programa de Explotación Sexual Comercial Infantil del Gobierno porteño expresaron a este medio que existen otras formas de ESCI ligadas a la trata de personas que terminan en departamentos privados o cabarets.

“Me acuerdo que denunciamos un prostíbulo por tener menores y después acompañamos el allanamiento con Gendarmería. Era en una casa con primer piso. A mitad de pasillo había una puerta de rejas y una camarita que filmaba. En el primer piso estaban los cuartos. Hallamos un cuaderno de contactos en el que estaba anotada media comisaría. Estaban tanto los celulares de la brigada como el del comisario. Eso confirmó lo que hasta al momento suponía. Al final, no encontramos ninguna menor pero una chica de 21 años me dejó helado. Me dijo: ‘Llegaron tarde. Desde los 15 años que estoy en los prostíbulos’”, confió un funcionario.


PARA LA LEY, UNA PERSONA ES UNA VACA

Si se trafican personas, los que son atrapados reciben los mismos años de prisión. El código penal lo deja bien claro. En su artículo 167 (quater) se refiere al abigeato, que es el robo de ganado, mientras que en su artículo 145 bis habla de la trata de personas. En esos dos artículos se considera las penas de cuatro a diez años por hurtar vacas y los mismos años de prisión si alguien captara y trasladara a humanos para ser esclavizados o reducidos a la servidumbre.

En el ámbito judicial la situación no parece mejorar. Todo lo contrario. Hace casi un año los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah, de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, se ampararon en el artículo 19 de la Constitución –que dice que una actividad que no afecta a terceros no es delito– para declarar inconstitucional el artículo 17 de la Ley de Profilaxis, abriendo de esta manera la puerta para la legalización de las casas o locales de prostitución regenteadas por terceros.

Los camaristas de la sala I del fuero federal se convirtieron en la vanguardia por la legalización de la explotación sexual de dos o más mujeres en las llamadas casas de tolerancia. La causa “Rojas, Isabel” desde hace meses se encuentra en la sala III de la Cámara de Casación Penal Federal.

El tercer hecho que favorece al crimen organizado es la falta de condenas por la ley de lavado de dinero. Nadie se encuentra entre las rejas por ingresar y hacer circular en la economía legal las fortunas que dejan por ejemplo 813 prostíbulos o 3 mil talleres textiles clandestinos en la Ciudad. Hasta la prestigiosa organización italiana Libera denunció que las mafias italianas lavan en la Argentina dinero del narcotráfico y la trata de personas.

Ante esta situación, la esperanza de las organizaciones antitrata es lograr los cambios a la Ley de Trata. En la Cámara de Diputados de la Nación, el último martes se realizó la primera audiencia pública para mejorar la ley contra los traficantes de personas.

Treinta diputados nacionales escucharon a víctimas de la trata, tanto laboral como sexual. Parlamentarios de diversos bloques, por nombrar algunos, Héctor Recalde (hombre de la CGT en la bancada del FPV), Juliana Di Tulio (FPV, impulsora de la original ley de trata que nunca fue reglamentada por la Presidenta) y Fernanda Gil Lozano (referente en el tema desde la Coalición Cívica), escucharon a diversas víctimas de nacionalidad boliviana que estuvieron esclavizados en talleres o granjas avícolas, y a madres de adolescentes y adultas secuestradas para la esclavitud sexual en los prostíbulos.

Tras la audiencia, varios diputados aseguraron que dentro de dos semanas saldría un dictamen por mayoría para luego llevar el proyecto de modificación al recinto. Las propuestas de las organizaciones antitrata apuntan a quitar la figura del consentimiento para los adultos, reformular el programa de rescate y asistencia a las víctimas, avanzar en la confiscación de bienes de las redes mafiosas con fines sociales, inhabilitar a funcionarios y ex funcionarios vinculados al delito de trata, y formular un programa nacional de búsqueda de personas. La envergadura de la trata puede alcanzar cifras espeluznantes. La cantidad de menores bolivianos traficados a la Argentina, sólo en 2007, alcanzó 15 mil, según funcionarios de ese país.

“El Código Penal protege más al ganado del estanciero que la libertad del peón”, definió ante Noticias Urbanas el abogado penalista especialista en trabajo esclavo Mario Ganora, al comparar los castigos que, en el Código Penal, promueven el artículo 145 bis por trata de personas y 167 quater por robar una vaca.

June 22, 2009

Explotación sexual infantil, verdadero drama mexicano


México-(PL)

Unos 16 mil niños enfrentan la explotación sexual cada año en México, donde algunos funcionarios aseguran que se trata de un mal imposible de erradicar.

Analistas argumentan que la impunidad e inseguridad, violencia y tráficos ilícitos son factores que contribuyen a la permanencia del flagelo.

Según reportes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, alrededor de 85 mil pequeños son usados anualmente en actos de pornografía.

Datos de asociaciones ciudadanas, de estudios internos y de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe revelan que 21 de los 32 estados mexicanos concentran el negocio del turismo sexual.

En opinión de la secretaria de la Comisión de Equidad y Género, Holly Matus, la trata de personas tiene el carácter de clandestinidad y de operación ilegal, lo cual no permite dimensionar la problemática y conocer el número de víctimas reales.

Además, advierte, son personas, sobre todo mujeres y niños, a los que se les suspenden todos sus derechos, quedan literalmente sustraídos del tejido social e incorporados al intercambio de mercancías.

Sin embargo, para la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, el turismo sexual, tráfico de personas, comercio de mujeres, redes de pederastia, plagio y violencia contra miles de migrantes son "males de la humanidad" que México actualmente no puede erradicar.

Estas prácticas han provocado alertas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como denuncias de extranjeras víctimas de una forzosa prostitución y personas extorsionadas.

Pero la funcionaria restó importancia al asunto tras considerar que todo existe desde los orígenes de la migración.
Por estos días, el INM fue denunciado por corrupción y vínculo de sus funcionarios con redes de tráfico sexual.

Ejecutivos de ese instituto, en el estado sureño de Yucatán, comparecen ahora ante la justicia por posibles nexos con la red de prostitución que opera entre esa ciudad y zonas de Costa Rica.

La procuraduría de justicia del estado informó en días pasados que se asegurarán las cuentas bancarias del renunciante delegado de esa dependencia, Hernán Vega Burgos, y los vinculados a este delito.

Se presume, según la denuncia, enriquecimiento ilícito de estos sujetos por su participación en la mafia conectada con el tráfico de ciudadanos y la prostitución.

El rescate hace una semana de dos jóvenes costarricenses en Mérida, que dijeron haber sido secuestradas y obligadas a venderse, sacudió a México después que sus casos provocaran alarma en la opinión pública internacional.

Las mujeres relacionaron a Burgos con el caso y presentaron sus declaraciones ante la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en esta capital.

De acuerdo con los primeros informes, la red era dirigida desde Yucatán por Keysi González, alias La Madame, una costarricense radicada en Mérida y contra quien se ha emitido una orden de aprehensión.

En este escanario y ante las acusaciones públicas, Romero expresó que cuando se habla de migrantes siempre se mira al INM.

Dentro de las redes delincuenciales operan también policías estatales, agentes aduanales y funcionarios migratorios, señaló, como si con ello disminuyera la responsabilidad de esa entidad, dependiente de la secretaría de Gobernación.

La Comisión de Equidad y Género, con base en cifras oficiales, denunció que la trata de personas es uno de los tres negocios más lucrativos para la delincuencia organizada a escala mundial, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas.

Estimaciones internacionales muestran que este mal produce ganancias por nueve mil 500 millones de dólares anuales en el orbe.

Tan solo en México existen al menos 15 bandas que se dedican al tráfico de personas, sin que las autoridades puedan combatirlas y sancionarlas conforme a las normas mundiales, afirma esa comisión.

Aunque esto sucede desde los anales de la humanidad, como asegura Romero, hay niñas y niños afectados, mujeres pobres, quienes muchas veces engañadas sueñan con un futuro mejor y terminan enredadas en la maraña regional de la prostitución sin fronteras ni límites.

LLEVABAN A LOS NIÑOS A EEUU PARA FILMARLOS

El principal acusado del escándalo de la Casa Pía de Lisboa dice que los abusos a menores eran frecuentes

Vuelve a implicar al ex ministro socialista Paulo Pedroso, al diplomático retirado Jorge Ritto y al presentador Carlos Cruz


LISBOA.- El principal acusado en el escándalo de pederastia de la Casa Pía de Lisboa, Carlos Silvino 'Bibi', ha declarado que eran "normales y frecuentes" los abusos a menores allí albergados y la prostitución de alumnos de la institución benéfica estatal.

Silvino, acusado de más de 600 delitos de abusos sexuales a menores y pieza clave de la acusación a otros inculpados, ha dicho que algunos alumnos eran trasladados a Estados Unidos "para efectuar filmaciones y sexo" y que en esas actividades participaba un ciudadano estadounidense, de quien sólo facilitó el apellido Roger.

El acusado, que fue alumno antes que funcionario, agregó que entre 1966 y 1968 iban a Casa Pía "señores de algunas embajadas" a buscar alumnos de la institución y que todo era conocido por el director de esa época.

Según Silvino, los alumnos ejercían la prostitución en los muelles del puerto de Lisboa y también iban a "filmar escenas de sexo" acompañados por Carlos Mota, que era entonces ayudante de Carlos Cruz, uno de los acusados más mediáticos del proceso, por su condición de presentador de televisión.

De víctima a verdugo

El ex funcionario dijo que fue violado en la Casa Pía desde que tenía cuatro años, que pasó "mucha hambre, frío y miseria" y que cuando tuvo 10 años ya consideraba "normales" las relaciones homosexuales con otros alumnos.

Las sospechas de pederastia recaen desde 1975 sobre este funcionario Carlos Silvino, cuando algunos colegas lo descubrieron abusando de un menor que necesitó atención hospitalaria. En 1980, la ex secretaria de Estado Costa Macedo intentó en vano alejar a Bibi de establecimientos estatales que contaran con alumnos.

Después de ocupar el cargo de jardinero en 1981 y pasar a formar parte de la plantilla tres años más tarde, fue expulsado en 1989 por abuso de menores. Sin embargo, logró reincorporase a la Casa Pía tras recurrir judicialmente la decisión en 1991 por orden del Tribunal Supremo Administrativo, aunque alejado del contacto con alumnos.


El juicio más esperado de Portugal

El pasado 25 de noviembre se inició el juicio a los siete acusados de cientos de delitos de abusos sexuales a menores acogidos en la Casa Pía.

Silvino, único de los siete acusados que ha declarado hasta ahora ante el Tribunal, insistió en implicar en el proceso al ex ministro socialista Paulo Pedroso, al diplomático retirado Jorge Ritto y al presentador Carlos Cruz.

Las actuaciones practicadas en la instrucción de la causa se contienen en unos 13.000 folios, divididos en 90 volúmenes, que se han acumulado desde que, en noviembre de 2002, un reportaje periodístico denunció los supuestos abusos sexuales de Carlos Silvino a antiguos alumnos de Casa Pía.


Implicados personajes de la vida pública

Desde entonces, el escándalo ha acaparado portadas de los medios de comunicación y ha salpicado a políticos y personajes célebres, especialmente tras el ingreso en prisión preventiva de Pedroso.

Finalmente, el ex ministro, que era mano derecha del antiguo líder socialista Eduardo Ferro Rodrígues, quedó libre de cargos, pero su prisión interfirió gravemente en la vida pública lusa.

Sobre todo, cuando se filtró a los medios de comunicación el contenido de las escuchas telefónicas de la Policía a políticos portugueses, que alcanzaron hasta al presidente Jorge Sampaio y al del Parlamento, Joao Bosco Mota Amaral.

Iniciado por Trinitario

¿¿¿¿ Y que podemos decir sobre ...

"Las niñas de Alcasser" ????

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Caso Alcàsser: Lo que la verdad oficial esconde

El Palleter (Colectivo en lucha por la verdad del caso Alcàsser)


Lo que la Verdad Oficial esconde

Hasta aquí lo que se conoce como "versión oficial" que es lo que conoce la mayoría de personas. Pero, ¿qué verdad esconde el caso Alcàsser?.

Seguramente el caso Alcàsser sería un "caso más" de secuestro, violación y asesinato sino fuera por la información que revelarían las autopsias practicadas a los cadáveres, particularmente por la segunda autopsia, practicada por el prestigioso profesor Luis Frontela, de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla y por el análisis del ADN mitocondrial de pelos púbicos practicado por el también prestigioso profesor Angel Carracedo, director del conocido Intituto de Medicina Legal de la Univesidad de Santiago de Compostela. ¿Qué revelaron dichas las autopsias y los análisis de ADN?. Algo fundamental: Las niñas fueron sometidas a torturas inimaginables (no las vamos a relatar ahora) y que al menos intervinieron siete personas diferentes en las violaciones y torturas. Ninguno de los pelos púbicos hayados pertenece a Miguel Ricart.

La noticia de que hubieran más personas involucradas y que ninguna era Miguel Ricart cayó como una losa sobre la versión oficial. Pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sr. Enrique Beltrán supo "torear" hábilmente el temporal que se le venía encima y apoyándose en los otros forenses "oficiales" supo imponer su criterio al Tribunal, si bien en la sentencia de la Audiencia de Valencia se dejaba un resquicio para seguir investigando la prometedora pista de los pelos analizados... resquicio que fue cerrado abruptamente en la sentencia en firme del Tribunal Supremo que consideró "inverosímil" la participación de más personas en el triple asesinato, dando así por cerrado el caso para la Justicia. Sin embargo son muchos los juristas que hemos consultado que consideran que esa sentencia contradice ampliamente la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo que siempre ha aceptado los análisis de ADN como válidos a efectos de continuar las investigaciones abiertas.

Sin embargo no se acaban aquí las irregularidades del caso y que nosotros, entre otros investigadores, hemos podido averiguar en el transcurso de los últimos meses.

Comenzando por las múltiples contradicciones del único "acusado, testigo y portavoz de la verdad oficial" Miguel Ricart y acabando por las múltiples "casualidades" que ocurrieron el día que unos colmeneros "casualmente" descubrían los cuerpos sin vida de las niñas, pasando por los "extraños" pagos por parte del Ministerio del Interior a las familias de Antonio Anglés y Miguel Ricart, pagos de los que nos informó un "Garganta Profunda" que, al parecer, podría pertenecer a la Guardia Civil y del que tenemos un amplio documento en nuestra web.

Hagamos repaso a algunas de las cosas que esconde la verdad oficial

27 de Enero de 1993. Un día plagado de "casualidades"

0). Siete días antes (el 20 de Enero), el entonces todopoderoso (y oscuro) Secretario de Estado para la Seguridad, el sr. Rafael Vera, se comprometió ante Fernando García a "investigar el caso Alcàsser desde cero", para lo cual prometió que un equipo de investigadores del cuerpo superior de policía (y por tanto ajeno a la Guardia Civil) se desplazarían en breve a Valencia para investigar de manera independiente... tal equipo jamás llegó a poder investigar porque, quizá, su actuación hubiera alterado los planes que se tenían previstos...

1). Dos días antes (el 25 de Enero) Fernando García había viajado en dirección a Londres para emitir un programa especial de la BBC sobre las niñas de Alcàsser. En concreto se pretendía una emisión a los países árabes, por si las niñas hubieran caído en manos de alguna banda árabe dedicada al tráfico de blancas. Al parecer, un conocido millonario de la jet set marbellí financió a Fernando el viaje y los contactos en Londres. Por tanto, Fernando García, que tanto había luchado por encontrar a las niñas, se iba a encontrar por primera vez a miles de kilómetros de distancia de Valencia. Al parecer el millonario marbellí, de nombre Raymond Nakachian, tenía (y tiene) muy buenos contactos con el Ministerio del Interior: no en vano fue el Ministerio del Interior quien rescató sana y salva a su hija de nombre Melody de sus secuestradores unos años antes. No descartamos alguna indicación o influencia del Ministerio sobre el tal Nakachian, pero tampoco es esencial. Lo que sí creemos que era esencial era que desde el Ministerio del Interior se supiera que Fernando García iba a estar a miles de kilómetros durante unos días.

2). Un día antes (el 26 de Enero) desde el Ministerio del Interior se decidió que al día siguiente, esto es, el 27 de Enero, se tenía que marchar el equipo de guardia civiles que integraban el primer contingente de la UCO (Unidad Central Operativa) que hasta ese momento había colaborado con la guardia civil de Valencia en la búsqueda de las niñas. Para ese día, 27 de Enero, estaba previsto que partiera desde Madrid hacia Valencia otro equipo de la UCO para sustituir al que marchaba. Así, hubo un lapso de tiempo de entre 8 a 16 horas en el que no se encontraba ningún equipo de la UCO en Valencia. Incomprensiblemente, se decidió desde Madrid que no era necesario que el primer equipo esperara a la llegada de su relevo para informarle y poner al corriente de la investigación hasta la fecha. Quizás porque se supone que de eso ya se ocupan los "mandos"... Entendemos que había por tanto una "ventana de oportunidad" (como dicen los estrategas) de pocas horas para ejecutar el plan: sin observadores no deseados, sin interferencias y sin dar demasiadas explicaciones. ¿Con qué objetivo?. Vistos los hechos retrospectivamente queda meridianemente claro que la "chapuza" en el levantamiento de cadáveres efectuada por el improvisado equipo de guardia civiles locales hubiera sido inadmisible para un equipo profesional, preparado y con más recursos como el de la UCO. De alguna manera el o los "planificadores" de aquella mentira necesitaban tener lejos a la UCO del escenario preparado para su momento crucial. No obstante, siendo más sutiles, puede existir otra explicación más sencilla: quizás los "planificadores" de aquella mentira no quisieron "enmarronar" a la UCO... quizás pensaron que para la "chapuza" y el trabajo sucio que se advertía ya estaban otros guardias de menor preparación.

3). El 27 de Enero de 1993, por la mañana y temprano, dos apicultores de Llombai (Valencia) se disponían a "ver" sus colmenas una fría mañana de Enero... y decimos a "ver", porque que sepamos en pleno invierno las abejas no están para hacer/ofrecer mucha miel. A partir de entonces, el resto es historia, "historia oficial": José Sala y Gabriel Aquino, los dos apicultores, descubrieron "casualmente" la fosa con los cuerpos semienterrados de las niñas de Alcàsser, avisaron al puesto más cercano de la guardia civil, esperaron un buen rato a que un "equipo especializado" (en realidad un grupo de la brigada de atracos) subiera hasta la fosa, se encontró (también "casualmente") el "famoso papelito" con el nombre de Anglés, al que van a buscar y presuntamente "escapa" etc. etc. y también ("casualmente") se pusieron trabas a que el forense independiente, doctor Frontela, acudiera a la primera autopsia con los forenses "oficiales"... pero de eso ya hablaremos en una próxima carta. Así, los dos descubrimientos más importantes del caso Alcàsser (encontrar los cuerpos de las niñas y la identidad del asesino por un "papelito" igualmente encontrado casualmente en los alrededores) sucedió cuando unos apicultores deciden caprichosamente ir de "excursión" a ver sus colmenas y mientras Fernando García está a miles de kilómetros de Valencia y los miembros de la UCO están, también, de viaje...

Si alguien quiere seguir tragando esas "casualidades" como fruto del azar, allá cada cual con su conciencia: cada uno es libre de creerse lo que quiera, pero, por favor, que ningún poder político, policial, mediático o judicial nos diga lo que tenemos que creer: muchos valencianos ya estamos hartos de tanto abuso a nuestra condición de personas "muelles" (como dijo una vez un rey borbón) y tolerantes. Esto se acabó.

En nuestra personal e intransferible opinión pensamos que de alguna manera el o los "planificadores" de aquella mentira necesitaban que toda la operación se abriera y se cerrara el mismo día, como así fue: prácticamente no quedaron "flecos" relevantes, salvo el asunto de las autopsias, pero para eso tuvieron a un "eficaz" equipo de forenses adoctrinados para "limpiar" ("adecentar" dice el Sumario) cualquier resto en los cuerpos que pudiera contradecir a la "versión oficial"...

Ahora, juzguen ustedes estas tres "casualidades" (cinco, si sumamos lo del curioso "papelito" y la presunta "fuga" de Antonio Anglés... y posiblemente hayan más que desconocemos) y observen hasta que punto "alguien" con el poder o/y la información suficiente (en el Ministerio de Interior o/y en el Cesid, nos da igual) podría planificar el día "D" del descubrimiento de la fosa con facilidad. Y, suponiendo que el Ministerio no influyó en el hecho (1), bastaba con que (2) y (3) se "sincronizasen" con el hecho (1). Tan sólo faltaba una cosa: lograr la colaboración de los apicultores Sala y Aquino. Si el Ministerio o el Cesid conocían de antemano el momento del descubrimiento es porque también debían de conocer el lugar... y, si es así, entonces la respuesta a esa pregunta es obvia: sólo personas allegadas al Ministerio o al Cesid podrían haber colocado los cuerpos sin vida de las niñas en aquél lugar, dando así coherencia a la muy plausible hipótesis del doble enterramiento defendida por el profesor Frontela.