Ya tenemos nuestro Echelon. Algo es. Al menos, en versión telefonía móvil, que todo se andará. Su nombre es Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel), objeto de las iras de entes tan dispares como la Asociación de Internautas, colectivos antisistemas y el Partido Popular, por ejemplo. Todos denuncian el secretismo de su puesta en marcha y el complicado encaje legal de su uso sin orden judicial.

¿Existe o no existe? Según diversas fuentes, no contrastadas, su origen sería, curiosamente, de 2001. El periódico anarquista Diagonal, en concreto, afirma que, ya después del atentado de las Torres Gemelas, treinta y seis millones de euros pagó en 2001 el Gobierno de Aznar a la multinacional Ericsson para que desarrollara un sistema de intercepción de llamadas telefónicas.

Esa es también la tesis de la Asociación de Internautas. Es decir, aún con el PP en la Moncloa, el Gobierno lo adquirió, desarrolló e implantó, aunque hasta la llegada de Rodríguez Zapatero a la Moncloa en 2004 no se procedió a activar dicho software. La afirmación es de Víctor Domingo, el presidente de los internautas.

Dicha frase está contenida en un escrito dirigido el 23 de septiembre al Defensor del Pueblo denunciando que el uso del ya denominado Sitel se ha generalizado sin debate alguno y casi clandestinamente, no consta acto demostrativo alguno de su puesta en servicio. Es decir, al margen del control judicial. Y, por supuesto, de la Agencia de Protección de Datos.

El Sitel es uno de los asuntos más oscuros de la historia de la democracia, según Domingo, quién denuncia además la creación a hurtadillas de una comisión interministerial por la vicepresidenta De la Vega para gestionar la presunta herramienta que permite espiar conversaciones a través de teléfono móvil y fijo. Sin embargo, nadie lo ha visto.

Este sistema de espionaje, adscrito al Ministerio de Interior, fue regulado por el Gobierno con un Reglamento evitando que la opinión pública pudiera tener conocimiento de la puesta en marcha de una herramienta terriblemente invasiva para la intimidad, describía Domingo al Defensor del Pueblo. Ese reglamento es el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.

Ya en 2005 la Asociación de Internautas lo denunció ante el Tribunal Supremo, que desestimó la demanda porque durante el desarrollo del proceso había sido promulgada la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación que elevó a rango de ley gran parte del contenido del reglamento.

La cuestión es que, como Echelon, ni siquiera se sabe quiénes son los directores de los centros, ni donde están ubicados, afirmaba Diagonal. Según los internautas, su control corresponde al Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil y Policía Nacional.

Diagonal añade que en el caso de la Policía Nacional emplea un sistema operado por Fujitsu España Services, y que según el BOE se encontraría en las instalaciones del Complejo Policial de Canillas. Esta concesión le ha supuesto a la compañía informática unos ingresos de 854.400 euros. Pero todo son dudas.

Aunque la Agencia Española de Protección de Datos también ha abierto una investigación acerca de Sitel y la legalidad de sus presuntas escuchas. Las denuncias, presente en la red, hablan de que desde instancias policiales ?hoy por hoy se puede pinchar teléfonos y acceder a una serie de datos asociados al tráfico de los terminales bajo una dudosa cobertura legal.

Como Echelon. Nuestra vida es la vida de los otros. El día 5 de septiembre de 2001, el propio Parlamento Europeo denunciaba la existencia de Echelon, una red de espionaje de dimensión planetaria. Este sofisticado sistema de interceptación, nacido al finalizar la Segunda Guerra Mundial, continúa plenamente operativo.

Esta red de espionaje de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda capta todas las llamadas y mensajes, que dejan un "rastro electrónico" por radio o satélite es decir, teléfono fijo, móvil, faxes y mails los selecciona y los almacena al servicio de los servicios secretos.

Conspiranoia
Lo hace según un diccionario que encierra las palabras que podrían poner en peligro a la humanidad, relativas a la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado. Aunque desde la conspiranoia se afirma que se usa también para reflotar intereses económicos y, sobre todo, para el control ciudadano.

Por medio de tu tarjeta de crédito y tu uso de internet controlan tus hábitos de consumo esos libros de autores sospechosos, por ejemplo, de antiamericanismo que lees, no solamente tus compras. Su nueva denominación es secreto militar.

Este interés por la identificación de conductas sospechosas pone, precisamente, en riesgo la vida privada de todos los demás ciudadanos. Es el mismo argumento que encara la puesta en marcha del Sitel, según unos y otros.

En principio, la excusa de la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación es el uso de teléfonos móvil prepago por los terroristas islámicos que atentaron el 11-S en Madrid. Yen el marco de esa ley, según la Asociación de Internautas, se escuda Sitel, pero también la campaña de identificación obligatoria de las tarjetas prepagos.

En España hay 20.686.469 de usuarios de telefonía móvil en prepago, según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, referidos al segundo trimestre de 2009. Aunque no hay datos rigurosos aún, la estimación de Redtel, la patronal que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, es de que, aproximadamente, cuatro millones de ellos están si identificar.

Tienen hasta el próximo día 9, tras una semana de prórroga, para hacerlo. Sino, perderán su número de teléfono. Técnicamente, según el Ministerio de Interior, se ?desactivarán las tarjetas a partir de ese día, en cumplimiento de la ya citada Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2007, para luchar contra la delincuencia organizada.

En cualquier caso, es curiosa como en diversos medios, incluidos periódicos de máxima difusión, siempre de forma anónima, junto a la información aparecen citas del tipo: «No sabemos si es porque lo han dejado hasta el último minuto o porque son inmigrantes ilegales o delincuentes», comentan fuentes del sector, en alusión a los cuatro millones de tarjetas sin identificar.

Según la Ley 25/2007 y la campaña Identifícate, presentada el 4 de marzo por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, los usuarios no identificados tendrán que dirigirse a un distribuidor con un documento para que registre nombre y apellidos, nacionalidad, documento de identificación y su naturaleza (DNI o pasaporte) y en el caso de empresas el número de identificación fiscal. Redtel ha solicitado al Gobierno, de momento, sin respuesta, que se considera un periodo de gracia, y una vez anulada la línea sea posible recuperarla si se aportan los datos solicitados.

No hay datos, sin embargo, que sirvan para hacer cualquier estimación relativa a los teléfonos de prepago en manos de bandas organizadas o delincuentes. Sea cual sea la decisión que finalmente adopte el Gobierno acerca de la prórroga, desde Redtel se insiste en que todas las operadoras cumplirán la ley y a partir del lunes 9, sólo se podrá llamar al 112 desde los móviles prepago sin identificar.

En cualquier caso, la exigencia de identificar a todos los usuarios de móvil prepago es común para todos los países miembros de la Unión Europea. La medida es obligatoria para todos los países de la UE. En España, en principio, no ha sido objeto de polémica. Tan sólo que bajo la misma cobertura legal se halla en el ojo del huracán el Sitel.

Aunque esto es como todo: cierta protesta está teñida de politifariseísmo (excusen el neologismo). Por un lado, la que pronuncia el PP, que se limita a advertir de que Sitel es ilegal porque no ha sido creada por una Ley Orgánica, sin entrar en el fondo de la cuestión. Pero la otra más seria, y de más enjundia no sólo mete los dedos, sino clava las uñas, en defensa de las libertades informativas y la protección de datos, aunque acaba mezclándose en un totum revolotum difícil de justificar.

Por ejemplo, el debate acerca de la inexistencia de firma digital y encriptación de las grabaciones, que facilita la filtración a terceros no autorizados y abre dudas acerca de la manipulación de las mismas. Desde la conspiranoia se habla de que grabaciones de Sitel han llegado a manos judiciales y han sido admitidos como prueba en formatos digitales básicos. Pero ése es un dato que no está suficientemente probado.

Con lo cual, se infiere la legalidad del Sitel (teóricamente puesta en duda), dejando la polémica en un simple uso del certificado electrónico de la grabación en uso judicial. O la que pone en dada que una la Ley ordinaria sea suficiente para regular Sitel o no, tal y como denuncia Internautas.

El PP, por ejemplo, a través del conseller de Inmigración y Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, Rafael Blasco, apunta a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega como responsable de la regulación de Sitel, el software espía que permite interferir informaciones sin transparencia alguna para los ciudadanos, dijo.

Y denuncia, como la diputada Andrea Fabra, que de su uso se ha servido el Gobierno para conocer datos relativos al caso Gürtel. Hoy, gracias a SITEL, el Estado controla en gran medida a los ciudadanos sin que se respete el secreto de sus comunicaciones, ha llegado a escribir en un curioso artículo en el que mezcla churras, merinas y demás razas.

Nadie discute aquí las bondades de una tecnología que persiga la delincuencia de modo eficaz, añade . El problema es que el fin no justifica los medios y por ello no vale que amparándose en tan loable propósito se haga un uso indebido de los avances tecnológicos y se vulneren derechos fundamentales y garantías jurídicas que nos asisten a todos los ciudadanos.

¿Cuál es el debate entonces?
Además, los denunciantes mantienen que la Ley 25/2007 y el Real Decreto 424/2005 obligan a las operadoras de telefonía a proporcionar a los agentes facultados que lo soliciten -y sin necesidad de contar con una autorización judicial- datos personales que están en manos de las compañías. Entre ellos, la posición geográfica de los interlocutores, llamadas realizadas o datos personales que figuran en su contrato, además del tráfico generado en internet.

En cualquier caso, el art. 1.1 de la Ley 25/2007 deja claro que las operadoras tan sólo tienen la obligación de entregar los datos siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales?.

Ni ley ni real decreto nombran el Sitel. Es más, el art.1.3 de la Ley 25/2007 deja claro que se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el contenido de las comunicaciones electrónicas, incluida la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas. ¿Pero existe entonces realmente Sitel?

Los políticos se espían entre sí, los Estados tienen centros de espionaje, la SGAE tiene espías. Entras en el Metro y estás rodeado de cámaras de vigilancia. Las llamadas de teléfono en operaciones bancarias se graban por seguridad, el Blutooth revela nuestra posición. Barcelona contrata detectives para controlar si las grúas retiran suficientes vehículos. Ojos inteligentes blindan los aeropuertos. ¿Dónde queda nuestra libertad?

Para los Internautas, se está imponiendo una filosofía de la vigilancia que tiene por objetivo controlar al ciudadano, no la seguridad, ni la protección de la infancia, ni tan siquiera los derechos de autor. ¿Forma Sitel parte de esa conspiranoia o es una realidad?

eleconomista.es

Repetido. Creo que es la tercera vez que sale.

Y de secreto no tiene nada. Lo construyó Aznar y ZP lo ha legalizado.

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Eso pasa en todas partes.

Como muchos sabrán, hasta hace poco yo residía en Colombia.

Me compré una tarjeta de movistar, que allí las venden por la calle al grito de 'tarjetas para celular' y me la puse.

Un día hice un experimento. Me llamó una amiga y me dijo que de quedar, y yo, muy gracioso que estaba ese día, le dije que tenía unos asuntillos que solventar, en concreto un cargamento que debía llegar del estado de Nariño (célebre por sus cultivos y enfrentamientos), y que había tenido ciertos problemas con la gente de Don Mario (ahora en la cárcel de los EEUU) y con la banda de los Rastrojos (unos narcos pelín violentos) pero que gracias a la intermediación de las FARC el envío se desbloqueó y ahora mirábamos cómo meterlo en Europa.

Luego nos reímos e hicimos gracietas simpáticas.

Dos días después me llaman al móvil de los hechos: soy de movistar, me dice, necesitamos sus datos personales, dirección y número de cédula. Le digo que compré la tarjeta en la calle y que a nadie que yo conociera se lo habían pedido. Se puso tenso, serio y con su poquito de mala leche: es un delito no haber facilitado sus datos personales, le insto a que inmediatamente se acerque a una oficina de movistar para que puedan tomar sus datos. Esto no es normal, le dije, la gente aquí compra las tarjetas por la calle: se enfureció aún más y me dijo que podía tener problemas con la justicia.

Lo mandé muy educadamente a tomar por culo, apagué el móvil, retiré la tarjeta y la tiré a una de esas papeleras donde revuelven los indigentes, no sin antes hacer una llamada al azar, no sé quién sería el pobre anónimo, para decirle que se anulaba la operación y que no sacaran la mercancía de los almacenes.

Conclusión: además de un posible marrón a un desconocido, la certeza total de que escuchan la mayoría de las llamadas, no sé con qué método ni con qué ingenio, pero lo hacen, y más allí que tienen a los gringos y a los israelíes probando todo tipo de adelantos.

Y nada más, amigos, eso es todo.

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El estado contra el ciudadano.

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Si no quieres que te escuchen, no te escuchan, y aunque quieran escucharte y tu no hagas nada por evitarlo tengo muchisimas dudas de que puedan

Lógicamente si no hablas nada, nadie te va a escuchar, pero hablar a través de un móvil es decirle a mucha gente lo que haces y donde estás. Otra cosa es que interese o no.

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Localizar una llamada o grabar una conversación es tremendamente simple. Me hace gracia cuando veo en una película americana eso de "hazle hablar 1 minuto para poder localizar la llamada"

Que sepáis que desde la red fija o móvil de España, la policía tiene localizada la llamada desde la primera décima de segundo, bien sea por la base de datos de telefónica o por triangulación de la señal de los postes repetidores de telefonía móvil. Y grabar las llamadas es casi igual de fácil.

En cuanto a Internet, es igual. ¿Nadie conoce a alguna persona que haya trabajado en un servidor de correo electrónico? Los mileuristas del Help Desk pueden leer todos los mensajes, imaginaos la policía.

Y eso Vamos que no digáis por el móvil nada que no queráis que la policía sepa.

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Amigo Lerroux, como fantasma que soy me voy a desmaterializar en estos momentos para bloquear tus simpáticos comentarios..

El peyote no lo he probado aún, bastante tengo con la banisterosis caapi, produce unas visiones alucinantes, en la última de ellas te vi ahogado en tu propia mierda, te acompañaba tu puta madre embadurnada en bilis.

Saludos

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esto no es del todo cierto.

Es verdad que interceptar las comunicaciones es muy fácil (siempre lo ha sido), pero para eso tienes que saber que estas buscando y a quien interceptar. No puedes escuchar todas las conversaciones telefónicas, ni puedes leer todos los correos que se envian, y no hay máquinas ni sistemas de almacenamiento suficientemente potentes para guardar todo eso de manera indefinida.

Estamos exactamente igual que estabamos.

Me refiero a a que si "van a por ti" lo hacen con la gorra. No hay dificultad técnica para que la policía intervenga tus emails y llamadas. Y el espinoso tema de pasar por un juez para que la cosa sea legal lo salta el sistema comentado. Las pruebas sacadas con ese sistema no valen, pero una vez saben lo que has hecho o vas a hacer, conseguir las pruebas está chupado.

Es jugar con cartas marcadas.

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