bez - Los jueces y fiscales tendrán que revisar cerca de un millón de causas judiciales
Jueces y fiscales tendrán que revisar cerca de un millón de causas penales para decidir si prorrogan la investigación, la archivan o la envían a juicio tal y como esté. Este será el efecto inmediato de la limitación de los plazos de instrucción a 6 o 18 meses que entra en vigor el próximo 5 de diciembre. En juego está el futuro de grandes casos como la Púnica, los ERE, Bankia, o los que afectan a Rodrigo Rato, la familia Pujol o Miguel Blesa.
Las seis principales asociaciones de jueces y fiscales se han unido para rebelarse contra el Gobierno por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que limitará la instrucción de las causas penales ordinarias a 6 meses y las complejas a 18 meses: Dicen que faltan medios para aplicarla y que ofrecerá impunidad a los corruptos.
En un comunicado conjunto, jueces y fiscales han calificado la reforma de una “auténtica ley de punto final”, en referencia a la ley argentina del mismo nombre promulgada en 1986 por el entonces presidente, Raúl Ricardo Alfonsín, para evitar que se procesara a los responsables de la dictadura militar y que fue derogada en 2013.
La reforma entrará en vigor el próximo 5 de septiembre sin contar con un plazo de adaptación. Esto provocará “la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados”, denuncian las asociaciones que solicitan la suspensión de la reforma hasta que, al menos, se cuente con los medios personales, materiales o informáticos para ello.
El primer efecto de este cambio de la ley procesal será que los fiscales se vean obligados “a sacar del armario todas las causas penales que tengan y pedir una prórroga” a los jueces, advierte el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García. La asociación, una de las firmantes del comunicado, calcula que habrá que revisar cerca de un millón de procedimientos en curso.
De esta forma, los fiscales tendrán que coger causa por causa y decidir si piden una prórroga de la investigación, si solicitan su archivo o si se decantan por requerir la apertura de juicio tal y como esté el procedimiento. La ausencia de notificación se podría entender como una prescripción de los delitos.
Cómo afecta a las investigaciones en marcha
Para las causas que ya están en marcha, entre las que se encuentran los grandes casos de corrupción como la Púnica, los ERE o el caso Bankia, el plazo para contar esos 6 ó 18 meses –estos últimos prorrogables a 36- comenzará a contar desde el próximo 5 de diciembre.
Esta situación puede dejar en la impunidad miles de delitos. Cada vez que las investigaciones lleguen al límite del plazo, el fiscal deberá pedir al juez una nueva prórroga motivada. No bastará con un simple papel. Deberán explicar el porqué de prolongar las pesquisas.
En caso de que se les pase el plazo, la causa podría darse por prescrita, tal y como sucedió con la legislación de “punto y final” argentina, que estableció la “la caducidad de la acción penal” contra los imputados.
“Esta situación puede dejar en la impunidad miles de delitos”, advierte el portavoz de la UPF, quien no se explica cómo el Gobierno no ha puesto un plazo de adaptación y ha hecho que entre en vigor “dos meses antes de las elecciones”.
Fin de las grandes causas penales
Tanto los jueces como los fiscales consideran que esta reforma supone el fin de las grandes investigaciones penales. “Con esta ley no se habrían podido investigar casos como Gürtel, Púnica o los ERE de Andalucía. Todas han rebasado con creces los nuevos plazos”, explica el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.
Esta reforma de una ley que data de 1882 a tres meses de las elecciones puede provocar un “uso fraudulento” del sistema, advierte Sexmero. Desde diciembre, los fiscales asumirán la responsabilidad de controlar los plazos de la investigación, pero no el dominio de toda la causa, que seguirá en manos del juez instructor.
Con este cambio a medias, el fiscal podría forzar la prescripción de una causa cuando evite pedir una prórroga. En ese caso, el juez no podrá hacer nada al respecto y se dará la circunstancia “sencilla” de que solo la Policía pueda seguir investigando, explica Sexmero.
Esta situación se ha dado porque el Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Rafael Catalá, ha introducido un “parche” a la reforma completa a la LECrim que planteó su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y que trasladaba el control de la instrucción del juez al fiscal. Como se hace en la mayoría de países europeos.
“Parece que esto es producto de una ignorancia manifiesta por parte del legislador, pero esta maniobra está más cerca de la intencionalidad”, considera el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, quien recuerda que la reforma se aprobó por mayoría absoluta del Partido Popular (PP).
Hay otros afectados por la reforma que se muestran más prudentes sobre el efecto que puede provocar este cambio. “Ahora mismo nadie sabe qué va a ocurrir”, asegura el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo. Este juez también achaca la reforma a una intencionalidad política de cerrar en falso las causas de corrupción. “Es una ley que solo les favorece a ellos”, apunta Gallardo.
Los efectos que describe son alarmantes: instrucciones mal resueltas, juicios a personas equivocadas, sentencias absolutorias por falta de pruebas y prescripciones de delitos penales. Tampoco se olvida de que los abogados defensores utilizarán el fin de los plazos para forzar el archivo de las causas penales contra sus defendidos.
Un panorama poco alentador para una Justicia bajo mínimos. Ninguno de los portavoces de las asociaciones firmantes del comunicado consideran que el Gobierno vaya a cambiar de opinión y retirar la ley. Solo el Gobierno que surja de las próximas elecciones del 20 de diciembre podrá volver modificar de nuevo el texto para que los tribunales lleven todos los procesos penales hasta el final. También tendrá en sus manos destinar más medios para que los plazos de la Justicia se acorten por su buen funcionamiento y no por imperativo legal.
Jueces y fiscales tendrán que revisar cerca de un millón de causas penales para decidir si prorrogan la investigación, la archivan o la envían a juicio tal y como esté. Este será el efecto inmediato de la limitación de los plazos de instrucción a 6 o 18 meses que entra en vigor el próximo 5 de diciembre. En juego está el futuro de grandes casos como la Púnica, los ERE, Bankia, o los que afectan a Rodrigo Rato, la familia Pujol o Miguel Blesa.
Las seis principales asociaciones de jueces y fiscales se han unido para rebelarse contra el Gobierno por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que limitará la instrucción de las causas penales ordinarias a 6 meses y las complejas a 18 meses: Dicen que faltan medios para aplicarla y que ofrecerá impunidad a los corruptos.
En un comunicado conjunto, jueces y fiscales han calificado la reforma de una “auténtica ley de punto final”, en referencia a la ley argentina del mismo nombre promulgada en 1986 por el entonces presidente, Raúl Ricardo Alfonsín, para evitar que se procesara a los responsables de la dictadura militar y que fue derogada en 2013.
La reforma entrará en vigor el próximo 5 de septiembre sin contar con un plazo de adaptación. Esto provocará “la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados”, denuncian las asociaciones que solicitan la suspensión de la reforma hasta que, al menos, se cuente con los medios personales, materiales o informáticos para ello.
El primer efecto de este cambio de la ley procesal será que los fiscales se vean obligados “a sacar del armario todas las causas penales que tengan y pedir una prórroga” a los jueces, advierte el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García. La asociación, una de las firmantes del comunicado, calcula que habrá que revisar cerca de un millón de procedimientos en curso.
De esta forma, los fiscales tendrán que coger causa por causa y decidir si piden una prórroga de la investigación, si solicitan su archivo o si se decantan por requerir la apertura de juicio tal y como esté el procedimiento. La ausencia de notificación se podría entender como una prescripción de los delitos.
Cómo afecta a las investigaciones en marcha
Para las causas que ya están en marcha, entre las que se encuentran los grandes casos de corrupción como la Púnica, los ERE o el caso Bankia, el plazo para contar esos 6 ó 18 meses –estos últimos prorrogables a 36- comenzará a contar desde el próximo 5 de diciembre.
Esta situación puede dejar en la impunidad miles de delitos. Cada vez que las investigaciones lleguen al límite del plazo, el fiscal deberá pedir al juez una nueva prórroga motivada. No bastará con un simple papel. Deberán explicar el porqué de prolongar las pesquisas.
En caso de que se les pase el plazo, la causa podría darse por prescrita, tal y como sucedió con la legislación de “punto y final” argentina, que estableció la “la caducidad de la acción penal” contra los imputados.
“Esta situación puede dejar en la impunidad miles de delitos”, advierte el portavoz de la UPF, quien no se explica cómo el Gobierno no ha puesto un plazo de adaptación y ha hecho que entre en vigor “dos meses antes de las elecciones”.
Fin de las grandes causas penales
Tanto los jueces como los fiscales consideran que esta reforma supone el fin de las grandes investigaciones penales. “Con esta ley no se habrían podido investigar casos como Gürtel, Púnica o los ERE de Andalucía. Todas han rebasado con creces los nuevos plazos”, explica el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.
Esta reforma de una ley que data de 1882 a tres meses de las elecciones puede provocar un “uso fraudulento” del sistema, advierte Sexmero. Desde diciembre, los fiscales asumirán la responsabilidad de controlar los plazos de la investigación, pero no el dominio de toda la causa, que seguirá en manos del juez instructor.
Con este cambio a medias, el fiscal podría forzar la prescripción de una causa cuando evite pedir una prórroga. En ese caso, el juez no podrá hacer nada al respecto y se dará la circunstancia “sencilla” de que solo la Policía pueda seguir investigando, explica Sexmero.
Esta situación se ha dado porque el Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Rafael Catalá, ha introducido un “parche” a la reforma completa a la LECrim que planteó su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y que trasladaba el control de la instrucción del juez al fiscal. Como se hace en la mayoría de países europeos.
“Parece que esto es producto de una ignorancia manifiesta por parte del legislador, pero esta maniobra está más cerca de la intencionalidad”, considera el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, quien recuerda que la reforma se aprobó por mayoría absoluta del Partido Popular (PP).
Hay otros afectados por la reforma que se muestran más prudentes sobre el efecto que puede provocar este cambio. “Ahora mismo nadie sabe qué va a ocurrir”, asegura el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo. Este juez también achaca la reforma a una intencionalidad política de cerrar en falso las causas de corrupción. “Es una ley que solo les favorece a ellos”, apunta Gallardo.
Los efectos que describe son alarmantes: instrucciones mal resueltas, juicios a personas equivocadas, sentencias absolutorias por falta de pruebas y prescripciones de delitos penales. Tampoco se olvida de que los abogados defensores utilizarán el fin de los plazos para forzar el archivo de las causas penales contra sus defendidos.
Un panorama poco alentador para una Justicia bajo mínimos. Ninguno de los portavoces de las asociaciones firmantes del comunicado consideran que el Gobierno vaya a cambiar de opinión y retirar la ley. Solo el Gobierno que surja de las próximas elecciones del 20 de diciembre podrá volver modificar de nuevo el texto para que los tribunales lleven todos los procesos penales hasta el final. También tendrá en sus manos destinar más medios para que los plazos de la Justicia se acorten por su buen funcionamiento y no por imperativo legal.
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