La mayor de las estafas, desde luego.
El llamado principio de autonomía local se ha mostrado, en España, absolutamente nefasto. De hecho, el mapa de las Administraciones Públicas españolas es vergonzoso y, a duras penas, se salva la Administración General del Estado.
En un principio, sobre el papel, la autonomía local es buena, dado que los Ayuntamientos son las Administraciones que más cerca están de los ciudadanos y, por tanto, conocen los problemas de éstos. Sin embargo, muchos de nosotros nos preguntamos cómo, si tanto conocen nuestros problemas, hacen tan poco para resolverlos. Los Ayuntamientos son sólo eficientes como máquinas de gastar y (en menor medida) recaudar.
Pues es muy sencillo. En los Ayuntamientos democráticos se combinan distintos elementos, con resultados francamente descorazonadores.
1º. A los Ayuntamientos se les ha concedido autonomía, pero con una falta de controles democráticos que permiten que las Alcaldías y las Concejalías sean ocupadas, con carácter habitual, por profesionales y/o sinvergüenzas. ¿Cuántos alcaldes conocemos, sobre todo en municipios medianos y pequeños, que ya lo eran durante la dictadura? Y, sobre todo, ¿a que estos alcaldes no son más demócratas de lo que lo eran antes?
La partitocracia ha sacado los mejores resultados de esta autonomía. La Administración que podría ser más democrática, por próxima a la ciudadanía, se ha convertido en lugar donde los más mediocres trepas de los distintos partidos encuentran su nicho ecológico. Yo ya conozco dos alcaldes de municipios pequeños que han llegado a ser Presidentes de Diputación Provincial y, desde ahí, Presidentes de Comunidad Autónoma.
2º. La Administración Local (con la noble excepción de los Secretarios/Interventores, que son funcionarios de habilitación nacional), se ha convertido en el pesebre de muchos estómagos agradecidos. El hecho de que los funcionarios locales sean elegidos, nombrados y mantenidos por la propia Administración Local, no es garantía, generalmente, de que sus funciones vayan a ser desempeñadas con la ecuanimidad que de ellos se esperaría. Dicho de otra forma: a ver quién le tose al Concejal o Alcalde de turno cuando tienes sospechas de que él ha intervenido para que tú ocupes tu plaza...
3º. Para completar el cuadro, a los Ayuntamientos se les ha privado de una fuente de ingresos regular y suficiente. Ello ha obligado, incluso a aquellos cuyo comportamiento democrático es intachable, a buscarse otras fuentes de financiación; sean legítimas o no.
Yo, en materia de Administración Local, tengo claro qué debería hacerse (y que me llamen antidemócrata):
1º. Los funcionarios de la Administración Local, en su totalidad, desde el más humilde hasta el más alto, deberían ser nombrados por la Administración General del Estado o, al menos, por la Comunidad Autónoma, y depender de ésta. Al Ayuntamiento no le debería quedar competencia alguna en materia de personal fuera de las meramente organizativas (concesión de permisos y licencias, por ejemplo): hasta las propias plantillas orgánicas (o relaciones de puestos de trabajo) deberían ser supervisadas y aprobadas por otra Administración distinta.
2º. Supresión inmediata de las Diputaciones Provinciales, transfiriendo las competencias a las Comunidades Autónomas. Con el actual mapa autonómico, las decimonónicas Diputaciones Provinciales no sólo han dejado de tener sentido sino que son otra máquina de malgastar dinero y hacer favores (a decir verdad, en esto se diferencian muy poco de las Comunidades Autónomas; pero esa es otra cuestión).
3º. Control político y económico estricto de las Administraciones Locales. Dicho de otra forma, a los Ayuntamientos se les debería dotar de suficiente dinero, pero igualmente de un control externo (no el del Tribunal de Cuentas, que llega tarde y no tiene efectos prácticos) que castigase de forma inmediata y ejemplar a los responsables del gasto innecesario o ineficiente.
Igualmente un control político de los cargos locales, que permitiese empapelar al primer caradura que intentase utilizar el Ayuntamiento en su propio beneficio. La norma en España es que ese control sea tardío y excepcional y tenemos que soportar cómo determinados politicastros entran en prisión en olor de multitudes y consideración de héroes populares, gritando su inocencia aunque les hayan pillado en mangoneo continuado. Si las condenas a alcaldes y concejales corruptos se multiplicasen, posiblemente esa plaga huiría en busca de otros campos o se extinguiría por inanición (que sería lo mejor para todos).
Si algún alcalde protesta de que los funcionarios estorban sus proyectos; señal inequívoca de que éstos no son trigo limpio. Normalmente los funcionarios se limitan a cobrar su magro salario y callar ante las tropelías que les vienen impuestas. ¿O es que alguien se piensa que, por ejemplo, si no se tramitan las denuncias por exceso de ruido es culpa únicamente de los administrativos?
