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Una vuelta de tuerca; hipotecas subprime
Sergio Brosa
Tres senadores demócratas propusieron el jueves pasado en EE.UU., la utilización de 300 millones de dólares de fondos federales, para ayudar a refinanciar las problemáticas hipotecas “subprime” con la introducción de una ley que requiera a los intermediarios y prestamistas a actuar en interés de los prestatarios.
Las hipotecas subprime son aquellas que, habiendo clasificado el prestamista como del tipo B, C o D el crédito a conceder, según la capacidad de endeudamiento del prestatario y su historial de devoluciones, descubiertos bancarios y retrasos en el pago de sus tarjetas de crédito, las hipotecas llevan aparejadas una cláusula –o varias– por la que tal hipoteca tendrá un tipo de interés más alto del convencional y una tasa anual adicional para compensar la baja calidad del crédito que merece el prestatario.
Para compensar la mayor cuota mensual que resultaría de aplicar las condiciones anteriores, se establece por lo general, un pago final elevado, por lo que las cuotas así calculadas resultarán más asequibles al deudor, al ser calculadas sobre un importe menor a amortizar. Sin embargo, es claro que esta “facilidad” crediticia se convertirá en un dardo envenenado si, suponiendo que el cliente haya podido satisfacer todas las cuotas mensuales, deberá pagar entonces la cuota final como pueda, para satisfacer la totalidad de la deuda garantizada con la hipoteca de su casa.
La propuesta de los senadores que incluye políticas a las que la industria hipotecaria se ha opuesto en el pasado, es el mayor empeño legislativo para tratar con los problemas de los préstamos concedidos a las personas, en condiciones normales o subprime, con la garantía de sus casas. Desde principios de año, el asunto ha sido el objeto de muchas audiencias en el Congreso pero escasos proyectos de ley.
Lo que no está tan claro es si la propuesta legislativa de los senadores Charles E. Schumer, de Nueva York, Sherrod Brown, de Ohio y Bob Casey de Pennsylvania, devendrá un vehículo legislativo adecuado para enderezar el asunto.
La cosa es que los 300 millones de dólares se destinarán a refinanciar las deudas de los jovenlandesesos que están en peligro de perder sus casas por la ejecución de la garantía. Pero, de acuerdo con las previsiones de los tres senadores, hay en EE.UU. del orden de los 900.000 propietarios en peligro, por lo que apelan a los financieros a que ellos aporten a su vez, otros 600 millones de dólares para que alcance para todos.
No hay nada tan doloroso como perder la propia casa por no poder atender el pago de la hipoteca. Pero eso no es lo único. Dada la situación inmobiliaria del país, la subasta de las casas de las que se haya ejecutado la garantía hipotecaria, no generará el importe del crédito pendiente de cobrar, con toda probabilidad. Con lo que los propietarios jovenlandesesos las habrán perdido y los acreedores no recuperarán su dinero.
Se avecina el fin de la bonanza y volverán tiempos duros, aunque sea únicamente por la teoría de los ciclos económicos y en España ha comenzado ya a detectarse una retracción del consumo. Si será o no debida al repecho final de la cuesta de enero y las cifras salen ahora, será cosa de analizarlo. Pero si unimos estas circunstancias a la situación inmobiliaria en la que ya estamos inmersos, tal vez y viendo las barbas del vecino americano cortar, no estaría de más ir discurriendo un plan B para poner las nuestras a remojar.
Ya hemos comentado la alegría con la que los españoles –en edad de hacerlo y los que no también– se están hipotecando para hacer también de este país, como la Francia a la que aspira Sarkozy: un país de propietarios. Las hipotecas a tipos de interés variable son hoy la mayoría y dentro de una horquilla normal de fluctuación del Euribor, todo será soportable, pero a partir de ciertos incrementos, se puede poner entre la espada y la pared a los aspirantes a propietario.
Tampoco debemos olvidar los minicréditos al consumo de los que nos hemos ocupado en esta sección el 16-IV-2007 que los publicitan para llegar a final de mes o simplemente para reforzar el hábito de consumo. No puede estirarse permanentemente más el brazo que la manga y cuando no puedan devolverse, habrá que poner la garantía de la propia casa para refinanciar tales créditos, suponiendo que no se haya hecho en el origen.
En EE.UU., están acelerando ese plan B con la propuesta legislativa de los repetidos senadores, para que el país no se descalabre. El truco consistirá en acertar con el procedimiento adecuado para distribuir la ayuda, pues los 300 millones de los fondos federales ahí están para ser utilizados con esa loable finalidad. Y si las instituciones financieras y en ellas se incluye también a los proveedores de hipotecas subprime, son capaces de aportar el doble de esa cifra, ya sólo queda establecer en qué forma van a repartirse esos fondos entre los propietarios jovenlandesesos. Qué entidad sin ánimo de lucro y bajo qué estándares, como proponen los senadores, va a ocuparse de analizar caso por caso con el objetivo de hacer un reparto equitativo de las ayudas.
Los tres senadores se esfuerzan para que los financieros, los intermediarios, los prestamistas y todos los implicados del mismo lado del dinero, actúen en el mejor interés de los prestatarios que es, en definitiva, actuar en el interés de todo el país en su conjunto. No sé si esta misión sea una sinrazón, pero en alguna forma, viajan en el mismo barco financieros y acreditados, prestamistas y prestatarios.
A ver si lo mantienen a flote entre todos y aquí nos fijamos bien en cómo lo consiguen, pues no tardará el tiempo en el que las autoridades deban tomar cartas en este asunto para evitar un infortunio masivo, pues no podrán dejarse todas las soluciones en manos de la industria financiera del país exclusivamente
