http://www.lavozdigital.es/cadiz/prensa/20070127/opinion/propiedad-alquiler_20070127.html
Propiedad y alquiler
El último informe de la OCDE sobre España alerta sobre el peligroso recalentamiento del sector construcción, y del riesgo aún no despejado de que una caída brusca de los precios tenga una seria repercusión negativa sobre el proceso económico, tanto por razones objetivas cuanto por el retraimiento de la demanda subsiguiente al "efecto riqueza negativo" que afectaría psicológicamente a los consumidores. El mensaje de la organización que agrupa a los países más desarrollados no es nuevo, como tampoco lo son las recetas que sus economistas enuncian para facilitar el aterrizaje suave de los precios, que en 2006 crecieron al ritmo del 9,2% anual (el triple que la inflación): eliminar las ventajas fiscales que incentivan la compra de viviendas y estimular el mercado de alquiler.
Es evidente que la vivienda no es sólo un bien económico, y de hecho nuestra Constitución admite su utilidad social al reconocer el derecho de todos los españoles «a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». (El resto del precepto es asimismo ilustrativo: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos»). Así, el sector habitacional no puede quedar exclusivamente sujeto a criterios económicos. Y esta argumentación no justifica que, en un mercado tan dinámico, el Estado siga incentivando la compra de viviendas mediante sustanciosas desgravaciones, que por añadidura no son «sociales», es decir, no se relacionan directamente con la renta del futuro propietario. Los sucesivos ministros de Economía han sido conscientes de esta sinrazón, por lo que la pervivencia de tales beneficios fiscales ha de atribuirse al temor de los gobiernos a incurrir en decisiones impopulares.
La escalada de los precios de la vivienda ha tenido además el efecto paradójico de que, a más viviendas construidas, más personas han quedado económicamente excluidas de acceder a una. La solución, obviamente, es la mencionada por la OCDE: el estímulo del mercado del alquiler, intentado con mérito pero sin éxito significativo por el Ministerio de la Vivienda y por algunas comunidades autónomas. Para fomentar ese mercado, algunas autonomías están intentando implementar ciertas acciones incentivadoras, como la imposición de una tasa sobre las viviendas vacías.
La gradual desaparición de los incentivos a la compra de vivienda debería compaginarse con un mejor tratamiento impositivo de los alquileres, con una reconsideración fiscal de la propiedad inmobiliaria, con el impulso a las sociedades anónimas dedicadas a la promoción de viviendas de alquiler, con una reforma legislativa que facilitara una mayor oferta de suelo urbanizable -lo que frenaría los precios- y con una labor pedagógica encaminada a poner de manifiesto a los ciudadanos las ventajas del alquiler: en muchos casos, les permitirá disfrutar de más renta disponible durante toda su vida, les otorgará una movilidad que puede resultarles muy útil laboralmente, etc. Porque la vivienda en propiedad es uno de los factores de rigidez del mercado laboral: en los países con mayor flexibilidad el trabajador cambia voluntariamente varias veces de residencia a lo largo de toda su vida (tres en promedio en USA), algo que no sucede en España.
Estamos ante un problema complejo que debe acometerse pronto. Porque la situación es mala en todos los sentidos: gravosa en términos macroeconómicos y microeconómicos, fiscalmente absurda, negativa para la realización personal de los ciudadanos, onerosa para el mercado laboral.