Strangelove
Madmaxista
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http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia.asp?id=18385&edicion=24/10/2006
Habla de la corrupcion municipal en urbanismo y tb de la burbuja inmobiliaria, que curiosamente no esta seguro de que exista:
Hay que retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos”
Ricardo Aroca, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, tiene fama de no morderse la lengua. Lleva años bregando contra los disparates urbanísticos. Una realidad que atribuye al hecho de que los ayuntamientos sean competentes en materia de suelo. Está convencido de que la corrupción ha anidado en muchos municipios debido a que, cuando hay en juego millones de euros, lo lógico es que algunos ediles caigan en la tentación. No es una cuestión de legalidad sino de moralidad, asegura.
P.- ¿Habría que quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos?
R.- La reforma constitucional más urgente que tenemos que hacer es quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos, pero para dárselas al Gobierno alemán o al sueco... No es broma. La experiencia ha demostrado que la tutela por parte de las comunidades autónomas no ha servido para nada. Cuando hay miles de millones en torno a una recalificación es evidente que todo el mundo no va a ser tan puro y tan honrado como para no aceptar un soborno.
P.- ¿Cuál es el problema?
R.- No es verdad que cuanto más suelo salga al mercado, será más barato. Se ha demostrado que determinados promotores han acaparado el suelo. Probablemente, la mayoría del suelo que rodea Madrid esté ya comprado en expectativa de destino. Es decir, en espera de que pueda ser urbanizado. El suelo no es un bien que pueda moverse de sitio. Lo que está ya comprado estrangula el mercado.
P.- ¿Y por qué no se cambia la Constitución?
R.- En España es muy difícil tocar la Constitución. Si se quiere tocar es para cosas que yo creo que a la gente le importan un pito, como si vamos a tener una reina o un rey dentro de 80 años. El que los ayuntamientos controlen el urbanismo impide que haya una planificación regional. Fue un error de la Constitución creer en la bondad de los ayuntamientos. El término municipal no es un espacio idóneo a efectos de ordenación urbana. Ni siquiera lo es la comunidad autónoma. Ahora mismo, Madrid, como poco, llega desde Guadalajara hasta Toledo. Por eso, cualquier planificación del territorio supera el ámbito de la Comunidad de Madrid. De ahí que nos encontremos con actuaciones tan brutales como las de Seseña o Ávila, bordeando la región. Los asentamientos no se hacen en función del acceso a Madrid por transporte público, sino privado, cuando ya están entrando a la capital entre 700.000 y un millón de vehículos diarios, lo que es una auténtica burrada.
P.- ¿Qué remedios hay?
R.- El tema merecería una solución semejante a la que aplicaron en Holanda en los años 20 a raíz de un proceso especulativo semejante: que el derecho a construir no sea de los particulares, sino del Estado. Usted es dueño de su terreno, pero no es dueño del derecho a construir.
P.- ¿En qué medida la financiación de los ayuntamientos está detrás de los escándalos urbanísticos?
R.- El problema ha sido que en los 80 se empezaron a firmar convenios urbanísticos y eso ha abierto la caja de Pandora. Los ayuntamientos tienen que entender que si es necesario modificar el planeamiento urbanístico lo que hay que hacer es, precisamente, hacerlo, pero no firmar acuerdos con los particulares. Pongamos como ejemplo lo que pasó con las torres del Real Madrid, donde el presidente de la Comunidad, el alcalde y el presidente del club decían, sentados en una sofá, que se iban a saltar el PGOU a la torera. Fue una cosa verdaderamente fantástica. Antes de cambiar el plan, lo que tenían firmado era un acuerdo con un particular. La Operación Chamartín es otro disparate. Las infraestructuras se pagarán con las plusvalías obtenidas, lo que obligará a aumentar los volúmenes de edificabilidad. Así es como va creciendo y creciendo la espiral especulativa, como aquel personaje de Ionesco. En Madrid hay algunos municipios que ya se han comido todo el suelo.
P.- ¿Qué opina de la reforma de la M-30 y su modelo de financiación?
R.- Gallardón ha hipotecado la gestión de los gobiernos municipales durante las siguientes siete u ocho legislaturas, porque se va a pagar en 35 años. No sé si llegaremos a saber realmente lo que ha costado, ya que al tratarse de una empresa privada se ha saltado la Ley de Contratos del Estado. Esa obra es de una dimensión nacional. Los que menos la van a usar son los vecinos de Madrid. Hay millones de coches que pasan por la M-30 que solo cruzan Madrid, pero los madrileños son los que van a pagar esa infraestructura. La primera M-30 la pagó el Gobierno central. Ese afán de recibir la vía para pagarla con nuestro dinero es sorprendente. Se dice que las dos tuneladoras gigantescas estaban contratadas desde hacía dos años, lo que significa que las constructoras sabían que se iban a hacer esas obras. El problema no es que haga la reforma, el problema es lo que se deja de hacer porque no hay dinero para otras partidas.
P.- ¿Por qué ninguna empresa extranjera ha participado en la reforma de la M-30?
R.- La construcción es un negocio muy local. En Europa, las constructoras son más pequeñas porque las grandes infraestructuras ya se hicieron en los años 50 y 60. Y yo diría que hasta los constructores no están muy bien vistos, no les miran bien. En España ocurre lo contrario. En el caso de la M-30 lo que cabría preguntarse en si fue primero el huevo o la gallina. Si realmente las empresas han sido seleccionadas por el ayuntamiento o el ayuntamiento ha sido puesto por las empresas. Y no digo nada más.
P.- ¿Qué le parece la nueva Ley de Suelo? Dice el Gobierno que se va a acabar la especulación debido a que el precio se va a fijar no en función de las expectativas de revalorización sino en función de su valor real.
R.- Otras leyes anteriores han planteado lo mismo, pero luego los tribunales han dicho otra cosa. Con el margen que deja la Constitución, dudo que esa medida vaya a tener impacto. El problema que tenemos es que las competencias del Estado en materia de urbanismo son tan escasas que es muy difícil actuar. La realidad es que los justiprecios que fijan los tribunales suelen ir a favor de los propietarios del suelo.
P.- ¿En qué medida la corrupción ha anidado en el sector de la construcción?
R.- La corrupción inmobiliaria siempre ha existido. Lo que pasa es que en estos últimos 30 años la corrupción se ha democratizado muchísimo. Las cosas se hacen con mucha menos finura que cuando eran muy pocos los corruptos y los corruptores. Estamos confundiendo ilegalidades con inmoralidades, eso es lo más tremendo del caso. El problema es que cuando hay miles de millones en juego es muy difícil ser honesto, resistir.
P.- ¿Bajará el precio de los pisos?
R.- El problema es que una vez que alguien ha hipotecado su vida y la de sus hijos, cómo hacer para que valga menos. Lo ideal es que se estabilice. Aquí todo el mundo quiere que sus hijos tengan acceso a una vivienda barata, pero nos negamos a que bajen las nuestras. Estamos encantados de que el precio suba y suba.
P.- ¿Se pinchará la burbuja inmobiliaria?
R.- Si la hubiera, ya habría explotado hace muchos años. Hay datos objetivos. Uno de ellos es que a España le ha tocado jugar en la Unión Europea el papel que en Estados Unidos le corresponde a Florida. Y en Florida ha habido especulación inmobiliaria y también mucha corrupción. En el mundo financiero ya cada vez hay menos alternativas de inversión, lo que provoca que mucho dinero llegue al ladrillo. Ya no hay apenas ampliaciones de capital, pagarés de empresa e incluso las emisiones de títulos públicos son cada vez más reducidas debido a la contracción de los déficit públicos.
P.- ¿Qué le parece el pacto de Estado sobre urbanismo propuesto por el PSOE al PP?
R.- Me parece mal que se diga no a un pacto para acabar con la corrupción, pero supongo que un pacto para acabar con estas cosas no se hace a través de la prensa, sino en privado, buscando apoyos. El camino es hablar si de verdad lo que se quiere es un pacto, pero no a través de los periódicos. Si lo que se quiere es hacer al PP valedor de la corrupción dígaselo, pero no mediante este tipo de planteamientos. Una de las cuestiones que son realmente de Estado es el asunto del urbanismo.
Habla de la corrupcion municipal en urbanismo y tb de la burbuja inmobiliaria, que curiosamente no esta seguro de que exista:
Hay que retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos”
Ricardo Aroca, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, tiene fama de no morderse la lengua. Lleva años bregando contra los disparates urbanísticos. Una realidad que atribuye al hecho de que los ayuntamientos sean competentes en materia de suelo. Está convencido de que la corrupción ha anidado en muchos municipios debido a que, cuando hay en juego millones de euros, lo lógico es que algunos ediles caigan en la tentación. No es una cuestión de legalidad sino de moralidad, asegura.
P.- ¿Habría que quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos?
R.- La reforma constitucional más urgente que tenemos que hacer es quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos, pero para dárselas al Gobierno alemán o al sueco... No es broma. La experiencia ha demostrado que la tutela por parte de las comunidades autónomas no ha servido para nada. Cuando hay miles de millones en torno a una recalificación es evidente que todo el mundo no va a ser tan puro y tan honrado como para no aceptar un soborno.
P.- ¿Cuál es el problema?
R.- No es verdad que cuanto más suelo salga al mercado, será más barato. Se ha demostrado que determinados promotores han acaparado el suelo. Probablemente, la mayoría del suelo que rodea Madrid esté ya comprado en expectativa de destino. Es decir, en espera de que pueda ser urbanizado. El suelo no es un bien que pueda moverse de sitio. Lo que está ya comprado estrangula el mercado.
P.- ¿Y por qué no se cambia la Constitución?
R.- En España es muy difícil tocar la Constitución. Si se quiere tocar es para cosas que yo creo que a la gente le importan un pito, como si vamos a tener una reina o un rey dentro de 80 años. El que los ayuntamientos controlen el urbanismo impide que haya una planificación regional. Fue un error de la Constitución creer en la bondad de los ayuntamientos. El término municipal no es un espacio idóneo a efectos de ordenación urbana. Ni siquiera lo es la comunidad autónoma. Ahora mismo, Madrid, como poco, llega desde Guadalajara hasta Toledo. Por eso, cualquier planificación del territorio supera el ámbito de la Comunidad de Madrid. De ahí que nos encontremos con actuaciones tan brutales como las de Seseña o Ávila, bordeando la región. Los asentamientos no se hacen en función del acceso a Madrid por transporte público, sino privado, cuando ya están entrando a la capital entre 700.000 y un millón de vehículos diarios, lo que es una auténtica burrada.
P.- ¿Qué remedios hay?
R.- El tema merecería una solución semejante a la que aplicaron en Holanda en los años 20 a raíz de un proceso especulativo semejante: que el derecho a construir no sea de los particulares, sino del Estado. Usted es dueño de su terreno, pero no es dueño del derecho a construir.
P.- ¿En qué medida la financiación de los ayuntamientos está detrás de los escándalos urbanísticos?
R.- El problema ha sido que en los 80 se empezaron a firmar convenios urbanísticos y eso ha abierto la caja de Pandora. Los ayuntamientos tienen que entender que si es necesario modificar el planeamiento urbanístico lo que hay que hacer es, precisamente, hacerlo, pero no firmar acuerdos con los particulares. Pongamos como ejemplo lo que pasó con las torres del Real Madrid, donde el presidente de la Comunidad, el alcalde y el presidente del club decían, sentados en una sofá, que se iban a saltar el PGOU a la torera. Fue una cosa verdaderamente fantástica. Antes de cambiar el plan, lo que tenían firmado era un acuerdo con un particular. La Operación Chamartín es otro disparate. Las infraestructuras se pagarán con las plusvalías obtenidas, lo que obligará a aumentar los volúmenes de edificabilidad. Así es como va creciendo y creciendo la espiral especulativa, como aquel personaje de Ionesco. En Madrid hay algunos municipios que ya se han comido todo el suelo.
P.- ¿Qué opina de la reforma de la M-30 y su modelo de financiación?
R.- Gallardón ha hipotecado la gestión de los gobiernos municipales durante las siguientes siete u ocho legislaturas, porque se va a pagar en 35 años. No sé si llegaremos a saber realmente lo que ha costado, ya que al tratarse de una empresa privada se ha saltado la Ley de Contratos del Estado. Esa obra es de una dimensión nacional. Los que menos la van a usar son los vecinos de Madrid. Hay millones de coches que pasan por la M-30 que solo cruzan Madrid, pero los madrileños son los que van a pagar esa infraestructura. La primera M-30 la pagó el Gobierno central. Ese afán de recibir la vía para pagarla con nuestro dinero es sorprendente. Se dice que las dos tuneladoras gigantescas estaban contratadas desde hacía dos años, lo que significa que las constructoras sabían que se iban a hacer esas obras. El problema no es que haga la reforma, el problema es lo que se deja de hacer porque no hay dinero para otras partidas.
P.- ¿Por qué ninguna empresa extranjera ha participado en la reforma de la M-30?
R.- La construcción es un negocio muy local. En Europa, las constructoras son más pequeñas porque las grandes infraestructuras ya se hicieron en los años 50 y 60. Y yo diría que hasta los constructores no están muy bien vistos, no les miran bien. En España ocurre lo contrario. En el caso de la M-30 lo que cabría preguntarse en si fue primero el huevo o la gallina. Si realmente las empresas han sido seleccionadas por el ayuntamiento o el ayuntamiento ha sido puesto por las empresas. Y no digo nada más.
P.- ¿Qué le parece la nueva Ley de Suelo? Dice el Gobierno que se va a acabar la especulación debido a que el precio se va a fijar no en función de las expectativas de revalorización sino en función de su valor real.
R.- Otras leyes anteriores han planteado lo mismo, pero luego los tribunales han dicho otra cosa. Con el margen que deja la Constitución, dudo que esa medida vaya a tener impacto. El problema que tenemos es que las competencias del Estado en materia de urbanismo son tan escasas que es muy difícil actuar. La realidad es que los justiprecios que fijan los tribunales suelen ir a favor de los propietarios del suelo.
P.- ¿En qué medida la corrupción ha anidado en el sector de la construcción?
R.- La corrupción inmobiliaria siempre ha existido. Lo que pasa es que en estos últimos 30 años la corrupción se ha democratizado muchísimo. Las cosas se hacen con mucha menos finura que cuando eran muy pocos los corruptos y los corruptores. Estamos confundiendo ilegalidades con inmoralidades, eso es lo más tremendo del caso. El problema es que cuando hay miles de millones en juego es muy difícil ser honesto, resistir.
P.- ¿Bajará el precio de los pisos?
R.- El problema es que una vez que alguien ha hipotecado su vida y la de sus hijos, cómo hacer para que valga menos. Lo ideal es que se estabilice. Aquí todo el mundo quiere que sus hijos tengan acceso a una vivienda barata, pero nos negamos a que bajen las nuestras. Estamos encantados de que el precio suba y suba.
P.- ¿Se pinchará la burbuja inmobiliaria?
R.- Si la hubiera, ya habría explotado hace muchos años. Hay datos objetivos. Uno de ellos es que a España le ha tocado jugar en la Unión Europea el papel que en Estados Unidos le corresponde a Florida. Y en Florida ha habido especulación inmobiliaria y también mucha corrupción. En el mundo financiero ya cada vez hay menos alternativas de inversión, lo que provoca que mucho dinero llegue al ladrillo. Ya no hay apenas ampliaciones de capital, pagarés de empresa e incluso las emisiones de títulos públicos son cada vez más reducidas debido a la contracción de los déficit públicos.
P.- ¿Qué le parece el pacto de Estado sobre urbanismo propuesto por el PSOE al PP?
R.- Me parece mal que se diga no a un pacto para acabar con la corrupción, pero supongo que un pacto para acabar con estas cosas no se hace a través de la prensa, sino en privado, buscando apoyos. El camino es hablar si de verdad lo que se quiere es un pacto, pero no a través de los periódicos. Si lo que se quiere es hacer al PP valedor de la corrupción dígaselo, pero no mediante este tipo de planteamientos. Una de las cuestiones que son realmente de Estado es el asunto del urbanismo.
